Othman Regragui
El Acuerdo de Gibraltar de 2026
El año 2026 marca una nueva etapa en la disputa entre España y el Reino Unido sobre Gibraltar, un pequeño Territorio Británico de Ultramar situado en el extremo sur de la Península Ibérica, con una superficie de apenas 6,8 kilómetros cuadrados y una población aproximada de 40.000 habitantes. Tras cinco años de incertidumbre y complejas negociaciones posteriores al Brexit, Londres, Madrid y la Comisión Europea alcanzaron un acuerdo de 1.018 páginas sobre la libre circulación de personas entre Gibraltar y España.
El acuerdo, que entrará provisionalmente en vigor el 15 de julio de 2026, contempla la eliminación de la frontera terrestre con la localidad andaluza de La Línea de la Concepción, así como la supresión de los controles sobre mercancías y de las restricciones que afectan a unos 15.000 trabajadores transfronterizos, en su mayoría españoles. Gibraltar, cuyos habitantes votaron en un 95,9 % a favor de permanecer en la Unión Europea durante el referéndum del Brexit de 2016, no se incorporará a la Unión, pero aplicará las normas fronterizas del espacio Schengen y se integrará en una nueva unión aduanera.
El Brexit otorgó a España una nueva capacidad de negociación. Ya en 2020, Gibraltar conocido popularmente en España como el Peñón o la Roca quedó excluido del Acuerdo de Comercio y Cooperación (TCA) entre la Unión Europea y el Reino Unido, permitiendo así la apertura de negociaciones específicas destinadas a abordar las preocupaciones territoriales y políticas de Madrid.
En un contexto en el que el Gobierno laborista de Keir Starmer negocia la transferencia del archipiélago de Chagos a Mauricio, diversos diputados de la oposición pertenecientes al Partido Conservador (Tories) y a Reform UK han calificado el nuevo acuerdo sobre Gibraltar como una «catástrofe absurda» y una «rendición». Ante esta nueva realidad, resulta legítimo preguntarse si España dispone realmente de la voluntad política y de los instrumentos necesarios para erosionar progresivamente la soberanía británica sobre Gibraltar.
Una Historia Convulsa: Entre la Presión y la Resistencia
Durante el siglo XVIII, en el momento más intenso de la Guerra de Sucesión Española, una flota anglo-neerlandesa tomó Gibraltar. En virtud de las condiciones establecidas por el Tratado de Utrecht de 1713, España se vio obligada a ceder de forma permanente al Reino Unido la ciudad de Gibraltar, su castillo, su puerto, sus fortificaciones y las fortalezas adyacentes. Desde entonces y hasta 1783, Madrid intentó en numerosas ocasiones recuperar este enclave mediante sucesivos asedios, todos ellos infructuosos. El Gran Asedio de Gibraltar (1779-1783), considerado además el asedio más largo de la historia británica, ocupa un lugar destacado en la memoria colectiva de los gibraltareños.
En 1946, Gibraltar fue inscrito en la lista de Territorios No Autónomos de las Naciones Unidas pendientes de descolonización. Aprovechando las resoluciones de la Asamblea General que calificaban la situación como una «cuestión colonial», España trató de presionar a Londres para que iniciara negociaciones bilaterales orientadas a la devolución del Peñón. El Reino Unido, por su parte, sostuvo que cualquier modificación del estatus territorial debía respetar el derecho de autodeterminación de la población gibraltareña. España rechazó esta condición previa argumentando que el Tratado de Utrecht de 1713 no contemplaba disposición alguna en ese sentido.
En 1969, indignado por el resultado prácticamente unánime del referéndum en el que el 99,64 % de los habitantes de Gibraltar votó a favor de seguir siendo británico, el general Francisco Franco impuso un bloqueo económico, cerró la frontera y suspendió todas las comunicaciones con el territorio. Londres respondió mediante una serie de medidas destinadas a sostener la economía local: concedió subvenciones preferenciales, sustituyó a los trabajadores españoles por personal procedente de Marruecos y reforzó las conexiones aéreas con el Reino Unido. Tras el fin de la dictadura franquista, Madrid y Londres retomaron el diálogo político, un proceso que culminó en la Declaración de Lisboa de 1980 y el Acuerdo de Bruselas de 1984, instrumentos que sentaron las bases para la reapertura de la frontera y el restablecimiento de la libre circulación.
A pesar de la democratización de España y del progresivo acercamiento en las relaciones bilaterales con el Reino Unido, la población de Gibraltar mantuvo una firme lealtad a la Corona británica. Durante su mandato como cuarto Ministro Principal de Gibraltar, Joe Bassano impulsó la denominada política de «no dar esperanzas a España», basada en la convicción de que el Gobierno británico no debía realizar ninguna concesión a Madrid en cuestiones de soberanía o territorio.
En 2002, los gibraltareños rechazaron por amplia mayoría un 98 % de los votos el proyecto de soberanía compartida propuesto entre el Reino Unido y España. Desde entonces, las relaciones entre Londres y Madrid han estado marcadas por tensiones periódicas relacionadas con las aguas territoriales, el estatus económico de Gibraltar y la gestión de su aeropuerto.
España sostiene, en particular, que el aeropuerto situado en el istmo de Gibraltar fue construido por el Reino Unido excediendo las disposiciones establecidas en el Tratado de Utrecht de 1713, argumento que continúa alimentando las disputas diplomáticas entre ambos países hasta la actualidad.
Control Fronterizo: ¿Facilitación del Tránsito o Caballo de Troya?
El acuerdo sobre Gibraltar posterior al Brexit evitó un escenario de fronteras rígidas y controles de identidad más estrictos para los trabajadores transfronterizos, que representan aproximadamente el 50 % de la fuerza laboral del territorio. De no haberse alcanzado este acuerdo, el bloqueo habría provocado interminables colas en la frontera y considerables pérdidas económicas tanto para Gibraltar como para el hinterland español circundante.
Aunque el artículo 2 del acuerdo garantiza la soberanía británica sobre el territorio, Londres ha transferido determinadas competencias a Madrid en materia de control de fronteras exteriores. A partir de ahora, toda persona que llegue a Gibraltar por vía aérea o marítima deberá pasar por un sistema de doble control que requerirá la autorización tanto de un funcionario gibraltareño como de un agente español responsable de la aplicación de las normas Schengen. Esta disposición rompe con una práctica establecida durante más de tres siglos y otorga a las autoridades españolas la capacidad de impedir la entrada en Gibraltar incluso a ciudadanos británicos.
Algunos responsables británicos comparan este modelo de gestión compartida con el sistema aplicado en la estación londinense de St Pancras, donde funcionarios franceses realizan controles migratorios a pasajeros del Eurostar directamente en territorio británico. Sin embargo, esta analogía resulta controvertida. A diferencia de Gibraltar, St Pancras nunca ha sido objeto de reclamaciones territoriales por parte de Francia ni ha sido clasificado por las Naciones Unidas como un territorio no autónomo pendiente de descolonización.
En caso de que surgieran tensiones entre España y el Reino Unido, las autoridades españolas podrían utilizar controles fronterizos más estrictos para ralentizar el tránsito de pasajeros y favorecer indirectamente el uso del aeropuerto de la vecina Costa del Sol en detrimento del aeropuerto gibraltareño. Aunque ambos países son aliados firmes dentro de la OTAN, el despliegue de funcionarios españoles en las inmediaciones de instalaciones de la Marina Real británica podría generar inquietud en una zona donde la disputa de soberanía sigue siendo una cuestión abierta.
Al mismo tiempo que desaparecen los controles fronterizos con España, Gibraltar deberá afrontar nuevos desafíos de seguridad relacionados con la gestión de la inmigración irregular y la lucha contra el tráfico de drogas.
Con las elecciones generales españolas de 2027 cada vez más próximas, el Gobierno de Gibraltar se prepara para un posible cambio político en Madrid y para la eventual salida del Ejecutivo socialista encabezado por Pedro Sánchez. La posibilidad de que una coalición menos favorable a los intereses gibraltareños llegue al poder constituye una preocupación creciente para las autoridades locales.
Uno de los factores que alimentan esta inquietud es el ascenso de VOX, partido de derecha radical que figura entre los principales aliados potenciales del Partido Popular (PP), considerado actualmente favorito en las encuestas electorales. VOX rechaza cualquier acuerdo que no garantice explícitamente la soberanía española sobre Gibraltar y defiende la aplicación de la máxima presión posible sobre los intereses británicos en el Peñón.
Más allá de la retórica electoral, las autoridades gibraltareñas consideran esta amenaza con seriedad. De hecho, en 2019 el Gobierno de Gibraltar presentó una denuncia por discurso de odio ante las autoridades judiciales de Madrid contra varios dirigentes de VOX, entre ellos Santiago Abascal, Javier Ortega Smith, Jorge Buxadé Villalba y Agustín Rosety Fernández de Castro. La denuncia hacía referencia a declaraciones en las que Gibraltar era descrito como un «parásito», una «sanguijuela» y un refugio para «blanqueadores de dinero» y «criminales», calificativos considerados profundamente ofensivos y provocadores por las autoridades del territorio.
Economía: ¿Prosperidad para Todos o una Asfixia Diferida?
Gibraltar es una jurisdicción de baja tributación. No aplica impuestos sobre herencias, patrimonio, ganancias de capital ni intereses bancarios. Con un competitivo tipo estándar del impuesto de sociedades de aproximadamente el 15 %, el territorio alberga más de 6.000 empresas especializadas en sectores como el juego en línea, los servicios financieros y los seguros.
Tras la adhesión del Reino Unido a la entonces Comunidad Económica Europea en 1973 cuatro años después de que el general Franco cerrara la frontera con Gibraltar, Londres logró para el Peñón un estatus político singular. En virtud de este acuerdo, Gibraltar quedó excluido del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), así como de la Política Agrícola Común y del Arancel Exterior Común de la Comunidad Europea. España ha criticado durante mucho tiempo este régimen especial, calificando a Gibraltar como un paraíso fiscal.
La ausencia de IVA en Gibraltar permite que numerosos productos, como el tabaco, el alcohol o los combustibles, sean considerablemente más baratos que en el Campo de Gibraltar, el hinterland andaluz que rodea al Peñón y que se encuentra entre las regiones económicamente más desfavorecidas de España. Sin embargo, una eventual adaptación de Gibraltar a las normas aduaneras y fiscales de la Unión Europea podría reducir significativamente su atractivo económico. A pesar de las promesas de crear una zona de prosperidad compartida, si Gibraltar no logra preservar parte de su ventaja competitiva frente a las ciudades andaluzas vecinas, España podría verse tentada a aplicar regulaciones aduaneras más estrictas.
Las dinámicas geopolíticas han cambiado profundamente desde la época franquista. Esta vez, Madrid cuenta con el respaldo de la Unión Europea, mientras que Londres se encuentra fuera de ese marco institucional.
El Efecto Búmeran: España Frente a Sus Propios Desafíos
Desde la perspectiva de Madrid, utilizar el nuevo acuerdo posterior al Brexit para negociar un marco que conduzca a una soberanía compartida o a algún tipo de transferencia bajo un estatus especial podría tener consecuencias internas difíciles de controlar. Tal iniciativa podría reavivar las demandas de mayor autonomía en regiones como Cataluña, el País Vasco o Galicia.
Estas comunidades, que históricamente han defendido el principio de autodeterminación, difícilmente aceptarían que Gibraltar se beneficiara de mayores niveles de autonomía o de un trato privilegiado sin reclamar condiciones similares para sí mismas. Además, España podría verse arrastrada a una compleja crisis institucional, dado que la Constitución de 1978 no contempla un escenario de esta naturaleza.
Al otro lado del Estrecho, Madrid también debe hacer frente a las reivindicaciones territoriales de Marruecos sobre los enclaves de Ceuta y Melilla, así como sobre diversos islotes y una pequeña península situados en el Mediterráneo: las Islas Chafarinas, Alhucemas, Perejil/Leila, Alborán y el Peñón de Vélez de la Gomera.
Aunque España rechaza categóricamente la existencia de cualquier disputa sobre estos territorios, Marruecos sostiene que una eventual descolonización de Gibraltar implicaría inevitablemente la necesidad de encontrar una solución similar para estos dos enclaves y para los pequeños territorios circundantes. Desde la perspectiva marroquí, cualquier cambio en el estatus del Peñón podría sentar un precedente político y jurídico susceptible de ser invocado en futuras reclamaciones territoriales.
De este modo, la cuestión de Gibraltar trasciende ampliamente la relación bilateral entre España y el Reino Unido. El debate sobre la soberanía del Peñón se encuentra entrelazado con complejos equilibrios regionales, sensibilidades nacionales y reivindicaciones territoriales que abarcan todo el espacio mediterráneo occidental. Lo que para algunos representa una cuestión pendiente de descolonización, para otros constituye un asunto de autodeterminación, estabilidad regional y equilibrio estratégico.
Fuente:https://www.geopoliticalmonitor.com/2026-gibraltar-agreement-can-spain-erode-british-sovereignty/
