Dario Durigan- Carlos Cuerpo
Los ministros de Hacienda de Brasil y España rechazan la idea de que el crecimiento económico, la responsabilidad fiscal y la inversión social tengan necesariamente que competir entre sí. Para defender un modelo económico que sitúe la vida de las personas en el centro, señalan como ejemplo la trayectoria de sus respectivos gobiernos.
Los gobiernos progresistas de Brasil y España han mejorado la vida de millones de personas al combinar responsabilidad fiscal, crecimiento y desarrollo social, desmintiendo así la vieja creencia de que los conservadores gestionan mejor la economía. Difícilmente podría haber un momento más oportuno para reivindicar un modelo alternativo que ha demostrado semejante capacidad de ofrecer resultados.
Pocas ideas zombi regresan con tanta persistencia como aquella según la cual los gobiernos de derechas son buenos para la economía, mientras que las administraciones progresistas la gestionan mal. Sin embargo, esta convicción refleja una concepción económica que pasa por alto tanto la sostenibilidad del crecimiento como el verdadero balance de las políticas conservadoras.
De hecho, el experimento neoliberal de las últimas cuatro décadas ha ampliado los déficits públicos en numerosos países, profundizado la desigualdad, provocado crisis financieras recurrentes y vuelto las economías más vulnerables. Y, una y otra vez, han sido los gobiernos de izquierdas los que han tenido que reparar esos daños.
A pesar de ello, algunos sectores de la izquierda han cedido a los conservadores las banderas del crecimiento, la sostenibilidad fiscal y la estabilidad de precios, aun cuando la evidencia muestra que los progresistas pueden defender esos objetivos con mayor eficacia. Este tipo de errores autoinfligidos por la propia izquierda ha erosionado su credibilidad ante ciudadanos que, sencillamente, quieren trabajar, emprender y mejorar sus condiciones de vida.
Nuestros dos gobiernos han optado por el camino contrario. En Brasil, tras la derrota de un gobierno de derechas, la administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva retomó la senda de la responsabilidad fiscal y la justicia social que el Ejecutivo anterior había abandonado.
Después de reforzar la transparencia, ampliar las políticas sociales y eliminar beneficios fiscales que favorecían de manera desproporcionada a los grandes grupos empresariales, los resultados están a la vista. El desempleo se encuentra en niveles históricamente bajos, los ingresos de los hogares aumentan y millones de personas están saliendo de la pobreza.
De manera similar, en España, el Gobierno del presidente Pedro Sánchez ha registrado durante tres años consecutivos una de las tasas de crecimiento más elevadas entre las grandes economías avanzadas, al tiempo que ha reducido el déficit presupuestario hasta situarlo cerca de su nivel más bajo en aproximadamente dos décadas. El empleo se encuentra en máximos históricos; cinco de cada diez nuevos puestos de trabajo creados en la zona euro corresponden a España, mientras que las reformas estructurales están mejorando la calidad del empleo, la productividad y la innovación.
La lección que se desprende de ambos casos es la misma. Con una combinación adecuada de políticas audaces y ambiciosas, la responsabilidad fiscal, el crecimiento y el desarrollo social no son objetivos contradictorios; por el contrario, pueden reforzarse mutuamente. En una época en la que los responsables políticos anteponen cada vez con mayor frecuencia los estrechos intereses de los mercados y las finanzas al bienestar colectivo, esta es la vía alternativa que el mundo necesita.
El Consejo Global para una Nueva Economía del Siglo XXI, un foro integrado por destacados economistas que trabajan para impulsar este modelo económico progresista, fue creado con el propósito de diseñar y promover políticas sólidas para un mundo en transformación. Impulsado inicialmente por España, el Consejo celebrará en octubre su primera reunión presencial. El encuentro promete constituir un paso decisivo para dejar atrás una ortodoxia económica que ha defraudado a la mayoría de la población mundial.
Ese fracaso no puede prolongarse. Las tres grandes transformaciones que ya están en marcha, demográfica, ecológica y digital, exigen economías más justas, productivas, resilientes y soberanas.
La transformación demográfica, por ejemplo, está ejerciendo presión sobre los sistemas de protección social a ambos lados del Atlántico. España cuenta con una de las poblaciones más envejecidas del mundo, mientras que Brasil comienza a contemplar el final del dividendo demográfico que durante décadas impulsó su desarrollo.
La respuesta de la derecha ante este desafío consiste en recortar las prestaciones sociales y trasladar el coste hacia quienes menos capacidad tienen para asumirlo. Nuestra respuesta pasa, en cambio, por aumentar la productividad y construir sistemas fiscales más justos y progresivos.
Brasil aprobó recientemente una reforma del impuesto sobre la renta que exime de este tributo a 15 millones de trabajadores de ingresos bajos y medios, al tiempo que establece una carga fiscal efectiva mínima para quienes perciben ingresos extraordinariamente elevados. España, por su parte, gravó los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas y los bancos para financiar las medidas adoptadas frente a la oleada inflacionaria desencadenada tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. Asimismo, ha sido pionera en la introducción de un impuesto sobre las grandes fortunas.
A medida que la transformación ecológica se convierte en uno de los fundamentos del desarrollo del siglo XXI, Brasil cuenta con activos estratégicos excepcionales: la mayor selva tropical del planeta, las mayores reservas de agua dulce y una sólida matriz de generación eléctrica en la que predominan las fuentes renovables.
El Gobierno de Lula ha convertido la protección de la Amazonía en uno de los pilares fundamentales de la política exterior brasileña. El propósito no consiste en renunciar al desarrollo, sino en garantizar que ese desarrollo sea sostenible.
España, por su parte, es un referente mundial en energía limpia. Las fuentes renovables generan más de la mitad de la electricidad del país, que ocupa además el segundo puesto mundial en nuevas inversiones dentro del sector. La reducción de la dependencia de los hidrocarburos ya está protegiendo a los hogares frente a las repercusiones de la guerra en Irán, al tiempo que reduce los costes eléctricos para la industria.
Por último, la transformación digital determinará cada vez en mayor medida las condiciones de vida de las generaciones futuras. Sin embargo, en la actualidad, la infraestructura tecnológica que sustenta el funcionamiento de nuestras economías y democracias está controlada por un reducido número de empresas.
Como también ha advertido el papa León XIV, esta concentración entraña graves riesgos de deshumanización, pues las empresas tecnológicas se orientan hacia la maximización de los rendimientos para sus accionistas, en lugar de priorizar la cohesión social o la integridad democrática.
Esta es la razón por la que Brasil combina la regulación de las plataformas digitales con incentivos a los centros de datos y un marco basado en riesgos para la inteligencia artificial (IA), mientras que España ha propuesto prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.
Ambos países reclaman una mayor responsabilidad a las grandes plataformas y defienden una inteligencia artificial que respete la dignidad humana, la autonomía y la equidad.
El mundo en el que vivimos hoy no es el mundo que nos propusimos construir. La guerra y el extremismo han regresado; el multilateralismo está siendo desmantelado mientras las grandes potencias imponen aranceles unilateralmente, utilizan el acceso a sus mercados como instrumento de presión y sustituyen la diplomacia por las amenazas. Todo ello perjudica a todos.
Como ministros de Hacienda, nuestra responsabilidad consiste en insistir en que las controversias entre los Estados deben resolverse mediante el diálogo y el derecho.
La reciente firma del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, el mayor acuerdo de este tipo de la historia en términos del PIB agregado de las partes involucradas y en cuya consecución nuestros dos gobiernos desempeñaron un papel central, constituye una expresión concreta de ese compromiso.
Lula ha procurado mantener abiertos los canales de comunicación con todos los actores, rechazando los alineamientos automáticos y subrayando que el Sur Global posee una voz propia. Sánchez, de manera similar, ha defendido el derecho internacional frente a las acciones unilaterales y ha instado a la Unión Europea a reforzar su autonomía estratégica. Ambos gobiernos han demostrado que las políticas progresistas no solo pueden favorecer el desempeño económico, sino también contribuir a la construcción de sociedades más estables, cohesionadas y justas.
Algunos de nosotros seguimos defendiendo la lógica del derecho frente a la lógica del poder; la gobernanza multilateral frente a la fragmentación; y una soberanía digital puesta al servicio de la ciudadanía frente a la concentración del poder tecnológico.
La verdadera medida del progresismo no se encuentra en los discursos, sino en sus efectos tangibles sobre la vida cotidiana: en mejores condiciones laborales, en el acceso a una vivienda asequible y en una educación capaz de abrir las puertas a oportunidades reales.
Hoy, más que nunca, las personas necesitan comprobar que sus gobiernos están de su lado; que las instituciones responden a sus necesidades y que el progreso económico puede avanzar de la mano de la dignidad, la justicia social y la igualdad de oportunidades.
Fuente:https://johnmenadue.com/post/2026/09/progressive-economics-is-delivering/
