Molly Scott Cato
Desde los archivos de Epstein hasta los paraísos fiscales y las islas privadas, los individuos más ricos del planeta encuentran cada vez más mecanismos para operar fuera del alcance de los gobiernos democráticos. Décadas de globalización y complicidad política han permitido a los oligarcas crear espacios en los que pueden eludir las leyes y escapar de la obligación de rendir cuentas ante la ciudadanía. A medida que aumenta su poder, las instituciones democráticas experimentan un progresivo vaciamiento de su contenido y de su capacidad efectiva de actuación. ¿Pueden los Verdes contribuir a revertir este retroceso democrático devolviendo a los oligarcas al ámbito del control público?
Durante muchos años, la larga y siniestra sombra de los archivos de Epstein ha planeado sobre los titulares de la prensa internacional. Las revelaciones contenidas en estos documentos han puesto de manifiesto que quienes han acumulado poder en la economía globalizada operan ahora como oligarcas situados más allá del alcance efectivo de los gobiernos democráticos. Estos archivos apenas nos permiten vislumbrar una de las múltiples tramas de connivencia entre los grandes patrimonios y los políticos que se encuentran a su servicio. Una década atrás, las filtraciones de información financiera sobre las élites globales, conocidas como los Papeles de Panamá y los Papeles del Paraíso, ya habían dibujado un panorama semejante: el de una clase corrupta, desvinculada de cualquier comunidad política concreta, que manipula a los representantes democráticos como si gobernara desde una especie de Olimpo de alta tecnología.
Estas élites han creado espacios sustraídos al escrutinio público, donde pueden actuar conforme a sus propios deseos y caprichos. Denomino a estos espacios «lagunas» (lacunae): ámbitos en los que los oligarcas pueden ignorar las leyes elaboradas por representantes electos, eludir sus obligaciones tributarias y entregarse a sus fantasías más extravagantes. Esta desvinculación de los hombres más ricos y poderosos del mundo está destruyendo inevitablemente el modelo de democracia que, al menos en Occidente, ha predominado desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Podemos rastrear los orígenes de este debilitamiento democrático hasta el proceso de globalización que, hace aproximadamente tres décadas, permitió a los superricos escapar de los compromisos fundamentales del consenso democrático. Han transcurrido casi treinta años desde que manifestantes salieron a las calles de Seattle, Londres, Washington y Melbourne para protestar frente a reuniones intergubernamentales contra iniciativas políticas destinadas a permitir que las grandes corporaciones gobernaran el mundo. Desde el movimiento verde advertimos entonces que semejante desenlace sería desastroso para nuestras sociedades y para el medioambiente, precisamente porque permitiría la aparición de espacios ajenos al control democrático: las mismas «lagunas» que hoy observamos.
Dirigentes políticos como Bill Clinton y Tony Blair formularon el marco ideológico conocido como la Tercera Vía, que pretendía presentarse como una alternativa a la mercantilización extrema impulsada por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, pero que terminó institucionalizando la globalización corporativa. Las transformaciones jurídicas incorporadas a acuerdos como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), las asociaciones público-privadas y la profunda liberalización financiera formaron parte de una cesión deliberada de poder. Desde entonces, esa renuncia ha servido para legitimar una suerte de impotencia política escenificada frente a un poder corporativo que no ha dejado de expandirse. Las consecuencias devastadoras de esta abdicación de la autoridad democrática son hoy visibles en prácticamente todos los ámbitos de nuestra existencia.
La pregunta es, por tanto, inevitable: ¿qué podemos hacer los Verdes al respecto? Este artículo desarrolla algunas de las ideas expuestas con mayor profundidad en un folleto que he publicado recientemente, en el que identifico cinco grandes lagunas: las del conocimiento, la moral, el derecho, la fiscalidad y el dinero. En las páginas siguientes me concentraré brevemente en las lagunas jurídicas y fiscales. Las restantes se examinan en el propio folleto.
Más allá de las fronteras y del alcance de la ley
Los oligarcas no se han limitado a presionar e intimidar a los dirigentes políticos para conseguir reducciones fiscales y el debilitamiento de las regulaciones destinadas a contener sus comportamientos más extremos. También han comenzado a construir mundos completamente ajenos al alcance de los representantes electos, aprovechando jurisdicciones extraterritoriales caracterizadas por el secreto financiero, que históricamente han permitido a los ricos operar al margen de la ley. Pensemos, por ejemplo, en enclaves como Próspera, impulsado por Peter Thiel en la isla hondureña de Roatán, o en las fantasías de Elon Musk, alimentadas por las drogas, acerca del establecimiento de colonias extraterrestres en Marte. A estos espacios los denomino «lagunas jurídicas».
En su obra pionera Captive State (2000), George Monbiot documentó numerosos ejemplos de la manera insidiosa en que el poder corporativo había penetrado en las estructuras gubernamentales. Monbiot presentó una serie de estudios de caso sobre la transferencia de competencias desde los gobiernos locales y nacionales hacia las empresas. Estos ejemplos abarcaban desde la apropiación corporativa del Servicio Nacional de Salud británico (NHS) hasta la aceptación sumisa de las técnicas de ingeniería genética y la proliferación de acuerdos comerciales favorables a las grandes corporaciones.
Uno de esos acuerdos resultaba particularmente sorprendente: el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI), que constituía, en esencia, un proyecto de dominación corporativa semejante al que hemos visto desplegarse durante las últimas tres décadas. El borrador del acuerdo, negociado en secreto, fue filtrado en 1997, y su firma estaba prevista para octubre de 1998 en París. Para entonces, la ciudadanía francesa había comprendido las amenazas que el acuerdo representaba para leyes especialmente valoradas, entre ellas las destinadas a proteger los sectores alimentario y agrícola, así como la industria cinematográfica nacional. El entonces primer ministro Lionel Jospin retiró a Francia de las negociaciones, una decisión que precipitó el fracaso definitivo del AMI. Conviene insistir en que todo este proceso se había desarrollado en secreto: si una persona valiente no hubiera filtrado el borrador, jamás habríamos tenido conocimiento de su contenido y los políticos habrían podido aprobarlo sin mayores obstáculos.
Al otro lado del Atlántico, Bill Clinton traicionó la confianza de los trabajadores estadounidenses al facilitar un proceso de globalización que terminaría deteriorando sus condiciones laborales y de vida. Mediante el TLCAN, en 1994, y posteriormente a través de una ampliación radical de las competencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), hasta permitirle prevalecer sobre decisiones adoptadas por gobiernos nacionales democráticamente elegidos, Clinton se convirtió en uno de los principales arquitectos de la laguna jurídica en la que prosperaron las corporaciones y los oligarcas. Su acercamiento comercial a Pekín y su respaldo a la incorporación de China a la OMC en 2001, con un estatus especial como país en desarrollo, representaron el último clavo en el ataúd de los estándares laborales y medioambientales estadounidenses.
En aquella época se aseguró a la población que únicamente se trasladarían al extranjero los empleos de baja cualificación y que quienes los perdieran podrían recibir nueva formación para acceder a puestos bien remunerados al servicio de la nueva economía globalizada. Nada de aquello sucedió. Lo que ahora observamos es el pacto tácito que los dirigentes políticos establecieron con los oligarcas: perderíamos empleos cualificados y bien remunerados, pero, a cambio, tendríamos acceso a bienes de consumo más baratos, incluidos productos virtuales. Este intercambio se mantuvo completamente oculto en su momento, probablemente por temor a que la ciudadanía lo rechazara.
Sin duda, políticos de izquierda como Blair y Clinton creían estar haciendo lo mejor posible por los trabajadores al someterse a lo que consideraban la ola «inevitable» de la globalización y garantizarles, al menos, un estilo de vida aparentemente mejorado mediante una oferta más amplia de productos de consumo baratos. Sin embargo, el intercambio implícito que afectaba al empleo de calidad nunca se expuso abiertamente, lo que terminó alimentando una profunda desilusión entre los votantes. Las falsedades que hoy se difunden acerca de la inteligencia artificial presentan inquietantes similitudes: se promete a los ciudadanos que podrán dejar que los ordenadores realicen su trabajo mientras permanecen sentados en el sofá, destinando sus ingresos a recibir alimentos y mercancías directamente en sus hogares.
Detrás de aquella cortina de humo, construida sobre la promesa de una aldea global interconectada, niveles de vida más elevados y empleos cualificados sostenibles, las empresas aprovechaban el carácter global de los nuevos mercados para producir sus mercancías en el extranjero y eludir la legislación protectora de los mercados nacionales en los que posteriormente las comercializaban. Numerosos ecologistas denunciamos abiertamente esta situación, pero fuimos descalificados como radicales, soñadores y «teóricos de la conspiración». Las amenazas que para muchos de nosotros resultaban evidentes hace casi treinta años se han materializado desde entonces. Ha llegado el momento de exigir representantes políticos que no nos entreguen a las grandes corporaciones y a los oligarcas, ya sea por interés personal o por simple indolencia.
Paraíso fiscal, infierno democrático
El paraíso fiscal constituye el prototipo por excelencia de estas lagunas. No hace falta recordar que la mayoría de los individuos extraordinariamente ricos no ha acumulado su fortuna movida por un espíritu de generosidad, ni que muchos de ellos rechazan la obligación de contribuir al bienestar colectivo mediante la tributación de una parte de sus patrimonios. Los paraísos fiscales les enseñaron cómo escapar de sus responsabilidades frente al contrato social y llevar existencias completamente egoístas, orientadas exclusivamente a sus propios intereses. Este es, además, el ámbito que conozco con mayor profundidad, puesto que dediqué cinco años de mi trayectoria como eurodiputada a intentar construir un sistema fiscal mundial más justo.
La historia de los paraísos fiscales comienza durante el proceso de descolonización, cuando europeos ricos y poderosos, que literalmente se habían «apropiado» de territorios ajenos y los habían administrado como feudos personales destinados a su enriquecimiento, se vieron obligados a renunciar a aquella injusticia. Su reacción pública consistió en aceptar lo inevitable con toda la elegancia que pudieron reunir. Sin embargo, lejos de las miradas, crearon lagunas que les permitieron perpetuar siglos de explotación, gracias a los cuales ellos y sus familias habían acumulado enormes fortunas.
Los territorios británicos de ultramar desempeñaron un papel decisivo en este proceso. El Reino Unido conservó una serie de pequeños territorios dispersos, lo suficientemente insignificantes como para pasar inadvertidos, pero suficientemente útiles para que quienes disponían de riqueza, poder y conexiones pudieran ocultar allí sus patrimonios y continuar eludiendo el pago de la parte de impuestos que justamente les correspondía.
Los británicos inventaron también esa engañosa construcción jurídica conocida como trust, una estructura fiduciaria de administración patrimonial. En esencia, el trust constituye un artificio de ocultamiento: el dinero queda temporalmente depositado en una especie de limbo jurídico, aparentemente desprovisto de propietario. A efectos fiscales y regulatorios, parece desaparecer. Los recursos depositados en los trusts aparentan no pertenecer a nadie y quedan prácticamente al margen de toda regulación. El derecho fiduciario juega con el propio concepto de propiedad, permitiendo a los ricos separar formalmente su identidad de los activos colocados bajo la administración de fiduciarios.
Dado que la finalidad de estas estructuras consiste precisamente en ocultar activos, no podemos ofrecer cifras exactas sobre el volumen de impuestos eludidos mediante ellas. No obstante, la Red de Justicia Fiscal (Tax Justice Network, TJN) ha documentado algunos casos particularmente extremos. En Estados Unidos, por ejemplo, Sam y Charles Wyly constituyeron numerosos trusts extraterritoriales para proteger una fortuna familiar superior a los 1.000 millones de dólares. La TJN también menciona al duque de Westminster, en el Reino Unido, quien logró evitar el pago de aproximadamente 3.000 millones de libras esterlinas en impuestos al heredar un patrimonio de 9.000 millones de libras mantenido en estructuras fiduciarias.
Existe una respuesta evidente a este problema: todos los gobiernos deberían estar obligados a establecer registros públicos que identifiquen a los beneficiarios efectivos de todos los trusts sometidos a su jurisdicción. Esta fue precisamente una de las propuestas que defendimos los Verdes en el Parlamento Europeo.
A medida que los oligarcas trasladaban sus capitales a jurisdicciones extraterritoriales, las bases imponibles nacionales se fueron erosionando. Como consecuencia, a los representantes democráticamente elegidos les resultaba cada vez más difícil invertir en los servicios públicos y las infraestructuras que los ciudadanos esperan de una sociedad democrática. La riqueza apropiada por los multimillonarios se extrae, en última instancia, de los recursos económicos de una ciudadanía que termina responsabilizando de su empobrecimiento a los políticos a quienes ha elegido para protegerla. Mientras los representantes democráticos no encuentren el valor y la estrategia necesarios para desafiar a la oligarquía, el futuro de la democracia seguirá siendo incierto. Los jóvenes, en particular, están perdiendo la confianza en las instituciones democráticas y desplazándose hacia los extremos del espectro político, incluidos partidos que exaltan la movilización callejera por encima de la participación democrática.
Durante mi mandato como diputada al Parlamento Europeo, entre 2014 y 2020, participé en diversas comisiones de investigación sobre cuestiones fiscales, todas ellas creadas a iniciativa de los Verdes. Con el apoyo decisivo de periodistas extraordinariamente valientes y de trabajadores del sector financiero extraterritorial, dispuestos a arriesgarlo todo para levantar el velo de secreto que protegía las operaciones económicas de los ricos y poderosos, contribuimos a sacar a la luz prácticas de elusión fiscal a gran escala. Al igual que sucede con los archivos de Epstein, primero los Papeles de Panamá y después los Papeles del Paraíso revelaron ante la opinión pública aquello que los oligarcas y sus servidores habrían preferido mantener oculto.
Conviene insistir en que lo que hemos conocido constituye apenas una pequeña muestra de la corrupción de las élites globales. Si unos cuantos conjuntos de documentos procedentes de apenas un puñado de empresas han permitido implicar a tantas personas, ¿qué revelaría una transparencia verdaderamente completa?
¿Qué debemos hacer?
Como representante política del movimiento verde, he dedicado gran parte de mi vida a intentar conquistar el poder mediante las urnas y utilizarlo para mejorar las condiciones de vida de las personas y del planeta. Pero ¿qué puede hacerse cuando el poder ha escapado por completo del sistema democrático? ¿Qué deberíamos hacer los Verdes ante semejante situación?
Resulta evidente que, en el ámbito nacional, necesitamos dirigentes con el coraje suficiente para recuperar las competencias sobre la legislación interna que los representantes políticos poseían antes del proceso de globalización anteriormente descrito. Sin embargo, el hecho de que la globalización haya permitido a las corporaciones trascender las jurisdicciones nacionales exige necesariamente una respuesta de mayor alcance. La paradoja de nuestra época consiste en que la política democrática está fracasando precisamente cuando más necesitamos dirigentes capaces de actuar con valentía. No obstante, la crisis de la democracia también representa una oportunidad para quienes mantienen un compromiso auténtico con los principios democráticos y están dispuestos a enfrentarse a los oligarcas.
En este momento crítico, considero que los partidos verdes tienen ante sí una responsabilidad histórica. Las lagunas que he identificado son consecuencia directa de generaciones de dirigentes políticos que han colaborado estrechamente con los oligarcas y las jerarquías corporativas. Los votantes han comprendido esta traición democrática y han respondido rechazando a los políticos del establishment. Para muchos, ese rechazo se ha traducido en el apoyo a la extrema derecha. Sin embargo, los Verdes también nos oponemos al orden político establecido y seguimos tan dispuestos como siempre a trabajar en beneficio de la ciudadanía.
Las propuestas necesarias para devolver a los oligarcas al control democrático son conocidas, aunque su aplicación dista de ser sencilla. No podemos esperar que los problemas acumulados durante los últimos treinta años se resuelvan de la noche a la mañana. Pero sí podemos exigir a nuestros representantes que identifiquen el problema, abandonen su actitud de indefensión aprendida y comiencen a colaborar para solucionarlo. Debemos tener el valor de presentar nuestro proyecto político dentro de este marco. Los Verdes ya desempeñamos un papel destacado en la lucha contra el fascismo, pero necesitamos ir más allá y construir una plataforma política coordinada, concreta y viable para desafiar el poder oligárquico.
No estoy defendiendo que debamos convertirnos en populistas ni ofrecer soluciones simplistas a problemas complejos. Todo lo contrario. La política populista conduce reiteradamente a la decepción cuando sus supuestos salvadores revelan tener pies de barro, alimentando finalmente el desencanto con la propia democracia. Los Verdes podemos ser valientes y audaces sin renunciar al pragmatismo. En este momento histórico necesitamos reunir esas tres cualidades.
Cerrar las lagunas exige una serie de reformas jurídicas específicas y detalladas, aunque algunas revisten una urgencia particular. Quizá la más importante consista en establecer la obligación de que todos los territorios del planeta estén sometidos al sistema de las Naciones Unidas como Estados independientes o queden formalmente integrados en Estados soberanos. Como hemos aprendido de los archivos de Epstein, los «territorios de ultramar» han constituido históricamente, y continúan constituyendo, una de las manifestaciones más extremas de las lagunas que intentamos cerrar.
Aunque podemos exigir mucho más a nuestra política interna, resulta inevitable que necesitemos cooperación internacional para someter a control a personas y empresas que deliberadamente han construido su existencia jurídica como si no pertenecieran a ningún lugar. Debemos, en definitiva, devolverlas al mundo de las responsabilidades compartidas. Dado que las democracias organizadas a escala del Estado nación encuentran enormes dificultades para controlar a las corporaciones transnacionales y a los oligarcas que parecen situarse por encima de toda jurisdicción terrestre, necesitamos que los dirigentes comprometidos con la democracia y el Estado de derecho colaboren más allá de las fronteras para recuperar su autoridad.
La huida de los sistemas jurídicos nacionales fue precisamente lo que aceleró la consolidación de la oligarquía global. Por consiguiente, la única manera de recuperar el poder que hemos perdido consiste en articular una cooperación transnacional. Denomino a esta alianza entre países que todavía mantienen su compromiso con la democracia y el Estado de derecho una «coalición de los íntegros». Sin ella, los oligarcas continuarán aplicando su estrategia de dividir para dominar, y todos terminaremos perdiendo.
Una coalición de los íntegros
El primer ministro canadiense, Mark Carney, recibió numerosos elogios por su intervención en la 56.ª edición del Foro Económico Mundial de Davos, donde afirmó que «las potencias medianas, como Canadá, no están indefensas». Estas potencias poseen la capacidad de construir un nuevo orden fundamentado en valores como el respeto a los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la solidaridad, la soberanía y la integridad territorial de los Estados. Aunque su retórica fue recibida favorablemente, Carney se equivoca al suponer que el capitalismo puede atravesar esta «ruptura» sin una reestructuración significativa de sus propias instituciones. Precisamente aquí adquieren una importancia fundamental las propuestas de la política verde.
Mientras Canadá se presenta en el escenario internacional como un bastión de sostenibilidad y virtud, también sirve de sede a algunas de las empresas mineras más destructivas del planeta. Para que su discurso resulte verdaderamente creíble, el país debería suscribir el Tratado Vinculante de las Naciones Unidas[1] y someter a control a las empresas que han provocado miles de muertes en distintas regiones del mundo. En otras palabras, sin políticas verdes no será posible desafiar eficazmente la dominación de los oligarcas y las grandes corporaciones.
¿Hasta qué punto resulta viable semejante cooperación internacional en una época marcada por el auge del nacionalismo? Sería erróneo concluir que, porque numerosas personas votan a partidos nacionalistas y fascistas, la mayoría de la población ha perdido toda esperanza en la cooperación entre países. Los datos muestran claramente lo contrario. A comienzos de este año, la Fundación Rockefeller publicó una amplia encuesta realizada en 34 países para conocer las opiniones de la ciudadanía sobre la cooperación internacional. El 57 % de los participantes consideró que su país debía colaborar en la resolución de los problemas globales, incluso cuando ello implicara realizar concesiones respecto a sus intereses nacionales. Esta proporción representó un incremento de dos puntos porcentuales respecto al año anterior. Según la misma encuesta, una iniciativa internacional semejante a la coalición de los íntegros contaría con el respaldo del 61 % de los ciudadanos del mundo.
Los movimientos fascistas intentan alimentar una política nacionalista egoísta y excluyente, basada en la confrontación, que inevitablemente conduce a la competencia, el empobrecimiento y la guerra. Sin embargo, la mayoría de la población se resiste a esta lógica. Otra encuesta, encargada por la Fundación de las Naciones Unidas y realizada por GeoPoll, consultó a 5.000 personas de 20 países, incluidos los 15 miembros del Consejo de Seguridad, acerca de sus opiniones sobre la cooperación internacional. Casi nueve de cada diez encuestados consideraron que incluso los países más poderosos del mundo necesitan recurrir al sistema internacional, en lugar de intentar afrontar por sí solos los desafíos contemporáneos. La conclusión del estudio fue que la decepción respecto al funcionamiento de las instituciones internacionales no ha debilitado la convicción de que la cooperación entre países sigue siendo indispensable.
Durante décadas, los Verdes hemos desarrollado una propuesta política fundamentada en la justicia social y la defensa del planeta. También hemos cultivado una manera pluralista e inclusiva de entender la acción política, que denominamos «hacer política de otra manera», basada en el reconocimiento de que todos los partidos pueden aportar algo valioso, por difícil que resulte llevar ese principio a la práctica en la intensa realidad de un gobierno de coalición. Esta forma de cooperación será esencial para construir el poder necesario para desafiar a los oligarcas.
Debemos asumir esta realidad mientras intentamos superar décadas durante las cuales quienes gobernaban nuestros países transfirieron su autoridad a la Pax Americana y a las grandes corporaciones. El segundo mandato de Trump ha puesto de manifiesto algo que deberíamos haber comprendido plenamente hace una década: los países que todavía mantienen su compromiso con los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho necesitan transformar urgentemente la arquitectura de nuestros sistemas sociales y económicos, hoy dominados por corporaciones que amenazan nuestro futuro. Esto implica construir autonomía estratégica en ámbitos como las finanzas, las tecnologías de la información, los minerales críticos y las cadenas de suministro.
La propuesta es ambiciosa, pero no irrealizable. Los países que todavía pueden considerarse, en términos generales, respetuosos de los valores democráticos y del Estado de derecho —entre ellos el Reino Unido, la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea, Canadá, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda— representan conjuntamente casi un tercio de la economía mundial. Esta constituye una base sólida sobre la que podría edificarse un nuevo orden internacional, considerablemente más fiable que la dependencia de Estados Unidos o China.
Revitalizar la democracia
Solo podemos esperar que la ciudadanía comparta nuestro compromiso con el Estado de derecho y la gobernanza democrática si somos capaces de demostrar que estos principios producen resultados concretos en beneficio de su vida cotidiana. Ello exige criticar abiertamente a los dirigentes de centroizquierda y centroderecha que transfirieron poder a los oligarcas y presentar propuestas firmes y viables para recuperarlo.
Ya podemos identificar algunos avances significativos en esta dirección. Entre ellos figuran la multa de 890 millones de euros impuesta por la Unión Europea a Google por abuso de mercado y las conclusiones preliminares formuladas contra Meta en relación con el diseño adictivo de Instagram y Facebook, ambas medidas enmarcadas, según el texto, en la Ley de Mercados Digitales (Digital Markets Act, DMA).
No es casualidad que la expansión de estas lagunas haya coincidido con el debilitamiento del diálogo político y la reducción de nuestro espacio público. Tampoco resulta fortuito que algunos de los oligarcas más influyentes sean, al mismo tiempo, promotores de la polarización discursiva y la desinformación. El Escudo Europeo de la Democracia constituye un intento deliberado de hacer frente a esta situación, al igual que la propuesta británica de crear un Centro Nacional para la Defensa de la Información (National Centre for Information Defence). Del mismo modo, la financiación del Observatorio Europeo de los Medios Digitales (European Digital Media Observatory) y de la Red Europea de Normas de Verificación de Datos (European Fact-Checking Standards Network) representa un avance en la dirección adecuada. También lo es el programa británico Amplify: The Local Media Action Plan. Ninguna de estas iniciativas llega suficientemente lejos, pero todas ponen de manifiesto que los legisladores europeos siguen considerando la regulación del espacio público como una responsabilidad propia. Esta situación contrasta con la de Estados Unidos, donde se ha concedido a los oligarcas un poder prácticamente ilimitado.
La lucha por la verdad es importante, pero el terreno en el que se ganará o perderá el futuro de la democracia es el de la economía política. La plataforma de reformas fiscales detalladas que los Verdes propusimos en el Parlamento Europeo resulta fundamental. A ella debería seguirle un acuerdo entre los países integrantes de la coalición de los íntegros para imponer aranceles exteriores a aquellos Estados que incumplan sus compromisos y continúen permitiendo que los oligarcas desprecien el contrato social. Entre las medidas necesarias también se encuentra la introducción de normas que exijan la autorización previa de los productos, incluidos los digitales, en lugar de limitarse a regularlos después de su comercialización. Asimismo, sería imprescindible crear una organización mundial del comercio reestructurada y democratizada que sustituyera a la actual OMC.
Nuestros dirigentes políticos eligieron renunciar al control. También pueden, y deben, elegir recuperarlo. El poder hegemónico del capitalismo estadounidense, así como el de las corporaciones y los oligarcas que lo sustentan, puede parecer abrumador. Sin embargo, los archivos de Epstein han revelado una grieta en su aparente armadura de impunidad. Del mismo modo que aprovechamos las revelaciones sobre el papel del secreto financiero en la financiación de los atentados del 11 de septiembre para impulsar la aprobación de legislación contra el blanqueo de capitales, hoy debemos transformar la profunda repulsión provocada por las sórdidas revelaciones del caso Epstein en una energía política capaz de impulsar el cierre de las lagunas mediante las cuales los oligarcas destruyen las oportunidades de vida de la ciudadanía mundial.
