Alastair Crooke
Los cimientos sobre los que se sostiene Europa comienzan a resquebrajarse
La Comisión Europea propone incrementar en un 81 % las contribuciones anuales de los Estados miembros al presupuesto de la Unión Europea para el próximo año.
La construcción de una hostilidad generalizada hacia Rusia en el conjunto de Europa ha constituido, al menos desde la década de 1990, uno de los proyectos estratégicos más persistentes del continente. Durante décadas, los responsables de la seguridad estadounidense consideraron la expansión europea hacia el este como uno de los objetivos fundamentales del orden surgido de la posguerra. En un primer momento, esta estrategia respondió a la necesidad de contener el comunismo en la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, la ampliación de la OTAN y, más tarde, de la Unión Europea sirvió para integrar a los Estados europeos en una arquitectura de seguridad estructurada bajo el liderazgo de Washington. Esta ingeniería geopolítica terminó por debilitar las estructuras de política exterior y seguridad de la Unión Europea, que quedaron prácticamente paralizadas ante el avance de la denominada «Nueva Europa» sobre la «Vieja Europa», por utilizar la expresión con la que el entonces secretario de Defensa estadounidense, Donald Rumsfeld, se refirió despectivamente a esta división en 2003, en la sede de la OTAN en Bruselas. Aquella transformación socavó, en la práctica, cualquier intento de construir una política exterior europea verdaderamente autónoma.
La expansión hacia el este también contribuyó a vaciar de contenido el proyecto político de la Unión Europea. La aspiración original consistía en que Europa pudiera consolidarse como un «actor geopolítico global», capaz de ejercer cierto contrapeso frente a la unipolaridad estadounidense. Sin embargo, el resultado fue una estructura que apenas logró trascender su condición de gran espacio comercial y regulatorio, caracterizada por una escasa coherencia política y por la ausencia de una visión integradora sobre el significado mismo de la identidad europea. La incorporación de nuevos Estados miembros, cuyas lealtades estratégicas en materia de seguridad y política exterior se orientaban más hacia Washington que hacia los intereses de las sociedades de los principales países europeos, profundizó esta pérdida de propósito. La Unión quedó así atrapada en una contradicción estructural que dificultó la consolidación de un proyecto europeo coherente y políticamente reconocible.
En ausencia de una identidad europea compartida —fuera esta la de la «Nueva Europa» o la de la «Vieja Europa» y de un sistema de valores verdaderamente arraigado en la conciencia pública, la defensa de la «democracia liberal» en Ucrania terminó convirtiéndose en el último recurso para preservar una apariencia de cohesión continental. Ucrania pasó a representar el proyecto alrededor del cual las élites europeas creyeron poder reconstruir, al menos parcialmente, la unidad política de la Unión. Mantener vivo el «proyecto ucraniano» se transformó, de este modo, en una auténtica tabla de salvación.
Ucrania debía proporcionar a Europa una finalidad y una orientación estratégica, especialmente después de la profunda fractura transatlántica provocada por la invasión estadounidense de Irak en 2003, cuando Francia y Alemania se negaron a respaldar aquella intervención militar. El ambiente político de entonces era extraordinariamente tóxico, como recuerdo de mi etapa como asesor de Javier Solana, responsable de la política exterior de la Unión Europea, entre 1997 y 2023.
Sin embargo, lo que en su momento fue concebido como una solución se ha convertido ahora en un problema. La división entre la «Nueva Europa» y la «Vieja Europa», que el proyecto ucraniano pretendía superar, quizá ya no resulte tan pronunciada, pero ha sido sustituida por una fractura de naturaleza mucho más profunda: la que separa a las élites gobernantes y oligárquicas europeas, cada vez más distanciadas de la ciudadanía, de unas poblaciones que experimentan una creciente sensación de impotencia económica y política. Esta nueva división representa una crisis cualitativamente distinta, pues amenaza los propios fundamentos existenciales de la Unión Europea.
Ningún dirigente europeo de relevancia parece disponer de un plan viable para poner fin al atolladero ucraniano. Tampoco existe una estrategia clara que permita continuar financiando la guerra sin comprometer la arquitectura financiera sobre la que descansa la propia Europa «liberal». La prolongación del conflicto amenaza así con erosionar uno de los mitos fundacionales de la integración europea: la promesa de garantizar a sus ciudadanos un nivel de vida próspero, estable y progresivamente creciente.
La contradicción resulta evidente. Sostener a Ucrania como símbolo de la «democracia liberal» se vuelve paradójico cuando los fundamentos de la propia modernidad liberal parecen encontrarse en proceso de descomposición. Incluso las credenciales democráticas de Europa son objeto de cuestionamientos cada vez más intensos. Los acontecimientos recientes en Polonia ofrecen un ejemplo de ello, particularmente la insistencia del primer ministro Donald Tusk, firme defensor de la integración europea, en afirmar la primacía del derecho de la Unión Europea sobre la Constitución polaca.
La situación se ha vuelto todavía más compleja ante la insistencia de Washington en que Europa continúe actuando como su representante en la prolongación de una guerra de desgaste contra Rusia. El dilema ha adquirido así las características de una auténtica «elección de Hobson»: la Unión Europea puede intentar preservar su arquitectura financiera o continuar financiando la guerra de Zelenski, pero, dentro de su actual marco institucional y presupuestario, no puede sostener indefinidamente ambas opciones.
Los desembolsos destinados a Zelenski continúan realizándose mediante el mecanismo europeo de préstamos de apoyo a Ucrania, dotado con 90.000 millones de euros para el período 2026-2027. Sin embargo, según el propio presidente ucraniano, gran parte de estos recursos ya se ha consumido, lo que hace necesaria una aportación adicional urgente de otros 70.000 millones de euros. Su petición fue inequívoca:
«Necesitamos al menos otros 70.000 millones de euros de ustedes: para nuestra defensa, para armamento y para nuestra capacidad de resistencia. Es una cantidad realista. Y les pido que encuentren la manera de proporcionarnos este apoyo».
Lo verdaderamente sorprendente es que el mecanismo europeo de préstamos por valor de 90.000 millones de euros nunca apareció como una partida ordinaria de gasto dentro del presupuesto vigente de la Unión Europea. No existieron cheques por esa cantidad emitidos por los Estados miembros a favor de Bruselas. Lo que el presupuesto proporcionó fue, esencialmente, una garantía: si Ucrania no pudiera devolver el préstamo, la Unión Europea asumiría la obligación de reembolsar la deuda a los tenedores de bonos. Incluso bajo este esquema, varios Estados miembros se negaron a participar en la garantía europea y han advertido que volverían a rechazar cualquier intento de comprometerlos en un nuevo mecanismo crediticio semejante.
En realidad, los 90.000 millones de euros tampoco fueron registrados formalmente como «gasto» dentro del presupuesto comunitario. La Comisión se limitó a señalar que el préstamo quedaba comprendido dentro del denominado margen presupuestario disponible, conocido en la terminología financiera europea como headroom. La Unión define este concepto como la diferencia entre el límite máximo absoluto de recursos que los Estados miembros han acordado poner a disposición de la Comisión y las asignaciones presupuestarias nominales previstas para el período financiero de siete años. Hasta ahora, el apoyo a Ucrania ha sido facilitado mediante este procedimiento de ingeniería presupuestaria, que permite presentar compromisos financieros extraordinarios sin reflejarlos inmediatamente como desembolsos ordinarios. Sin embargo, semejante mecanismo no puede prolongarse indefinidamente.
La razón es que cualquier nuevo programa de apoyo de dimensiones comparables deberá incorporarse al marco financiero plurianual de la Unión Europea, cuyo diseño para los próximos siete años ya se ha convertido en objeto de una intensa controversia política.
La propuesta presupuestaria actual contempla que los Estados miembros incrementen sustancialmente sus contribuciones durante cada uno de los próximos siete ejercicios, incluso si el objetivo fuera únicamente mantener el nivel actual de gasto comunitario. La Comisión Europea propone elevar las contribuciones nacionales anuales hasta los 235.000 millones de euros, lo que representa un aumento del 81 % a precios corrientes. Incluso el embajador alemán calificó esta exigencia de «absolutamente inasumible».
Sin un acuerdo sobre el presupuesto septenal de la Unión Europea, resulta imposible encontrar una solución financiera sostenible a las crecientes demandas de Ucrania.
Y ese acuerdo presupuestario se encuentra todavía muy lejos de materializarse. A Alemania, cuya situación fiscal atraviesa dificultades considerables, la Comisión le exige elevar su contribución anual de aproximadamente 40.000 millones a 60.000 millones de euros. Francia, cuya posición financiera es aún más precaria, tendría que aumentar su aportación de unos 30.000 millones a 40.000 millones de euros anuales durante los próximos siete años. Se trata de exigencias de una magnitud extraordinaria. En definitiva, la Unión Europea no puede permitirse continuar financiando a Ucrania sin recurrir a políticas de austeridad que terminarían debilitando su propia estructura económica y agravando la descomposición social y política que ya se manifiesta en diferentes partes del continente.
El analista económico Walter Münchau ha señalado un obstáculo todavía más profundo:
«Me cuesta imaginar cómo podría surgir en Francia un gobierno capaz de conseguir simultáneamente cuatro objetivos: (1) controlar el déficit presupuestario; (2) evitar el malestar social; (3) cumplir las normas europeas y (4) permanecer dentro de la eurozona». Algo tendrá que sacrificarse». Marine Le Pen, en caso de alcanzar la Presidencia de Francia el próximo año, ha rechazado la posibilidad de incrementar las contribuciones francesas al presupuesto comunitario. Por el contrario, ha manifestado su intención de reducir la aportación del país desde los aproximadamente 30.000 millones de euros propuestos hasta apenas 10.000 millones, además de suspender todas las contribuciones francesas destinadas a Ucrania. Si llegara a ocupar la Presidencia, el desenlace podría conducir a Francia a solicitar un programa de rescate financiero al Banco Central Europeo (BCE). Si esa solicitud fuera rechazada, el país podría verse abocado a una situación de impago de su deuda soberana frente a los tenedores de bonos.
La gravedad de este escenario radica en sus posibles repercusiones sistémicas. Como advierte Münchau:
«Un impago de la deuda francesa conduciría, con toda probabilidad, a la salida de Francia del euro. Si algún día llegáramos a ese punto, la crisis financiera resultante eclipsaría todo lo que hemos vivido hasta ahora. Instituciones financieras de todo el mundo quebrarían. La eurozona podría no sobrevivir, a medida que otros países incurrieran también en impagos y fueran abandonando sucesivamente la unión monetaria. La ironía es que uno de los países europeos más perjudicados por semejante escenario sería el Reino Unido. Aunque no pertenece a la Unión Europea y mucho menos a la eurozona, su mercado de capitales sería extraordinariamente vulnerable al caos financiero desencadenado al otro lado del canal de la Mancha».
Münchau subraya, no obstante, que no está sugiriendo que semejante desenlace constituya la opción preferida de Marine Le Pen. Aun así, sus amenazas de reducir drásticamente la contribución francesa al presupuesto europeo y abandonar a Ucrania a su propia suerte difícilmente permiten considerarla una defensora incondicional de la integración comunitaria, aunque haya negado expresamente su intención de sacar a Francia de la eurozona. Si el impago de la deuda soberana llegara a convertirse en una circunstancia inevitable, la salida francesa de la moneda única podría producirse no como resultado de una decisión política deliberada, sino como consecuencia de una situación de fuerza mayor. Aunque semejante desenlace tendría consecuencias extraordinariamente graves para Europa, tal como advierte Münchau, también permitiría a Francia adoptar un tipo de cambio más competitivo y establecer tipos de interés mejor adaptados a las necesidades específicas de su economía.
Bruselas dispone, por tanto, de un margen de maniobra cada vez más reducido. Continúe financiando a Kiev o decida interrumpir su apoyo, la guerra ya está perdida. Pero más allá del conflicto ucraniano se perfila una amenaza todavía más profunda, cuyas consecuencias podrían transformar de manera irreversible la estructura económica y política del continente. Basta con observar la evolución de los principales indicadores económicos desde el estallido de las guerras en Ucrania e Irán: el precio del gas natural ha aumentado un 206 %; el del diésel, un 39 %; el de la gasolina, un 27 %; y el del petróleo crudo, un 50 %. Entretanto, la inflación en la eurozona ha pasado del 1,9 % al 3,8 %. El invierno se aproxima, esta vez en toda la profundidad de su significado político, económico y social. Y mientras las élites gobernantes de Europa intentan mantener la apariencia de que nada esencial está cambiando, todo está a punto de cambiar.
Fuente:https://strategic-culture.su/news/2026/11/03/the-ground-on-which-europe-stands-is-shaking/
