Simone Urbani Grecchi
La declaración sobre Groenlandia en Davos redujo la tensión, pero dejó sin resolver cuestiones fundamentales como la soberanía, el derecho a la autodeterminación y el frágil equilibrio entre el poder de Estados Unidos, la cohesión de la OTAN y la vulnerabilidad estratégica de Europa.
El Foro Económico Mundial de 2026 concluyó con el anuncio de un sorprendente entendimiento sobre posibles vías de cooperación entre países de la OTAN en relación con Groenlandia. Gracias a los esfuerzos diplomáticos del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, la opción del uso de la fuerza por parte de Estados Unidos parece haber quedado descartada una solución que había sido sugerida inicialmente por Trump, pero rechazada por numerosas figuras en Washington, entre ellas el vicepresidente J.D. Vance, el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson y el asesor senior Steven Miller. No obstante, aunque el anuncio logró calmar el debate inmediato sobre el futuro de la isla ártica, los detalles del acuerdo y la forma en que se abordarán los asuntos aún pendientes siguen siendo inciertos.
¿En qué consistirá este acuerdo? Por ahora, con la opción militar apartada, es posible que Washington intente negociar en la isla un margen de maniobra más amplio que el que ya posee en virtud de los acuerdos de 1951. Trump no parece inclinado a esta vía y sostiene que sería difícil convencer al electorado estadounidense de la necesidad de defender una concesión (“¿quién defiende un contrato de arrendamiento?”). Más allá de esta frase llamativa, la historia está llena de soluciones similares; por ejemplo, la defensa de Hong Kong por parte de Londres durante el período de control británico. Alternativamente, no puede descartarse que Estados Unidos “compre” soberanía sobre áreas más amplias o más limitadas de la isla ártica, como ocurre con la soberanía absoluta del Reino Unido sobre sus bases militares en Chipre. Sin embargo, en las condiciones actuales, una compra de este tipo por parte de Washington parece poco probable, ya que la Constitución establece que el presidente no puede gastar fondos no asignados por el Congreso.
Sea cual sea la naturaleza del acuerdo anunciado, la cuestión del derecho de autodeterminación de la isla seguirá sobre la mesa. Si se permitiera la aplicación de este principio utilizado de manera flexible por Occidente según convenga a sus objetivos, fuentes informadas señalan que un referéndum convocado por Nuuk podría implicar el riesgo de que Groenlandia se aleje de la UE y de la OTAN. No obstante, como también sostiene Europa, en un mundo regido por una política exterior basada en valores, tal riesgo no debería siquiera considerarse. En la práctica, y como otra señal de que los intereses suelen prevalecer sobre los principios, tanto Estados Unidos como la UE parecen querer mantener a Groenlandia dentro de la órbita occidental y temen recurrir a una consulta popular.
Como subrayó el primer ministro canadiense Mark Carney, “el orden basado en reglas ha funcionado hasta ahora como una ficción útil”. Por ello, como argumenta Justina Budginaite-Frohely del Atlantic Council, “si Europa quiere asegurarse de que nadie haga en Groenlandia lo que Estados Unidos hizo en Venezuela, debe dejar de apoyarse únicamente en las reglas y empezar a construir una realidad que haga incluso impensable la coerción”. Hasta qué punto la Unión Europea tiene la capacidad de construir tal “realidad” dentro del marco actual de los Tratados de la UE sigue siendo una cuestión abierta. Contrariamente a lo que sostienen algunos académicos, la vulnerabilidad de Europa no radica en su dependencia de Estados Unidos, sino en la debilidad de sus instituciones, la ausencia de una política exterior y de defensa común y su dependencia energética.
También se ha sugerido que el enfoque de Trump podría haber dañado de forma duradera las relaciones transatlánticas. Por un lado, esto parece poco probable: el interés estratégico de Estados Unidos en Groenlandia fue expresado repetidamente incluso por presidentes favorables a la cooperación internacional como Wilson en 1916, Truman en 1946 o Eisenhower en 1956 sin que ello perjudicara las relaciones. Por otro lado, en la gestión del asunto de Groenlandia se han cometido al menos tres errores. Primero, a diferencia de demandas anteriores, la Casa Blanca introdujo la amenaza del uso de la fuerza. Aunque las relaciones de poder siempre han influido en la resolución de disputas internacionales, amenazar con una intervención militar contra un aliado antes de agotar las vías diplomáticas habría sido una novedad preocupante. Segundo, este enfoque corre el riesgo de alienar a la población groenlandesa, lo que podría perjudicar gravemente los propios planes de Estados Unidos. Tan solo en abril pasado, un referéndum en Groenlandia reveló un claro deseo de independencia. Hoy, el hecho de que la opción militar no haya sido completamente descartada podría haber provocado un cambio de percepción entre los groenlandeses. Tercero, según los acuerdos con Nuuk, cualquier referéndum sobre la independencia de la isla debe ser aprobado por Copenhague. Hasta hace poco, las autoridades danesas parecían abiertas a autorizarlo; hoy, conceder ese permiso podría interpretarse como ceder a la presión estadounidense, convirtiéndose en una cuestión políticamente tóxica. Por ello, la celebración de un referéndum parece ahora menos probable que hace apenas unas semanas, con consecuencias negativas tanto para la administración Trump como, sobre todo, para el pueblo groenlandés, que ve debilitarse sus aspiraciones independentistas, tal como indican las encuestas recientes.
Las capitales europeas parecen haber quedado sorprendidas por el anuncio de Davos. Aunque esto no es nuevo basta recordar el papel marginal de la UE en las negociaciones sobre Ucrania, el hecho de que Trump considere a Rutte un socio fiable podría hacer viable un acuerdo en formato Estados Unidos-OTAN-Dinamarca. No obstante, conviene no perder de vista varios aspectos. Primero, el acuerdo entre Trump y Rutte ha sido anunciado, pero sus detalles aún no se han hecho públicos. Segundo, cualquier decisión de retirada de Estados Unidos de la OTAN requeriría la aprobación por una mayoría de dos tercios en el Congreso. Sin embargo, en su relación con la Casa Blanca, Rutte parece asumir el papel de un CEO que lidia con un accionista mayoritario frustrado por la inacción de sus socios, con todas las implicaciones que ello podría tener para la estabilidad de la alianza. Tercero, el avance de los países europeos miembros de la OTAN hacia el objetivo de destinar el 5 % de su PIB al gasto en defensa está lejos de ser seguro, lo que podría descarrilar las negociaciones en algún momento.
Aunque resulta imposible prever la postura de Trump sobre Groenlandia dentro de unos meses, parece poco probable que dicha posición se vea afectada por el resultado de las elecciones intermedias de noviembre. Además, la Constitución de Estados Unidos concede al presidente un amplio margen para celebrar acuerdos y tratados internacionales incluso sin la aprobación formal del Senado. Aunque la popularidad de Trump está en descenso, a medida que se acerca el final de su último mandato presidencial podría (a) sentirse aún más libre para “dejar su huella” y (b) continuar oponiéndose a la actividad legislativa del Congreso, vetando proyectos de ley y emitiendo órdenes ejecutivas, como hizo con frecuencia durante su primer año.
