Richard Falk
Después del 7 de octubre
Durante este período, para quienes cuestionaron la insuficiencia de la ONU frente al genocidio, existían algunos motivos para pensar en la posibilidad de que la institución recuperara su credibilidad. Entre ellos destacaba la creciente conciencia de un hecho fundamental: la ONU había rehusado respetar las decisiones adoptadas por los principales tribunales internacionales, en particular la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional.
En este contexto, conviene comprender con mayor claridad que, cuando la ONU fue creada hace ochenta años, el diseño de su Carta no otorgó la última palabra en materia de seguridad global al derecho internacional como creen algunos de sus defensores más entusiastas, sino a los cinco Estados vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Pese a que el Preámbulo de la Carta proclama explícitamente la prioridad de prevenir la guerra, la capacidad de la ONU para actuar de manera coercitiva frente a la agresión, el apartheid o el genocidio fue deliberadamente excluida de su arquitectura institucional. En su lugar, los vencedores de la guerra contra el fascismo es decir, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (P5) se aseguraron un derecho de veto ilimitado dentro del único órgano político de la ONU con potestad para adoptar decisiones vinculantes.
Esta disposición no solo concedía a cada uno de esos Estados la facultad de bloquear resoluciones contrarias a su voluntad; incluso cuando los otros catorce miembros votaran a favor, bastaba un solo veto para impedir cualquier acción del Consejo. En la práctica, ello significó que las esperanzas de paz y seguridad en los conflictos de gran escala quedaban subordinadas a los cálculos geopolíticos y a las alianzas de los miembros más poderosos y potencialmente más peligrosos de la organización.
Entre 1945 y 1991, durante la Guerra Fría, la parálisis de la ONU en la gestión de la seguridad global se debió principalmente a la discrecionalidad ejercida por alianzas opuestas en ambos polos del sistema internacional: por un lado, las fuerzas de la OTAN lideradas por Estados Unidos; por otro, el Pacto de Varsovia encabezado por la Unión Soviética.
En conflictos como la guerra de Vietnam, las intervenciones de Moscú en Europa Oriental y otros episodios de violencia vinculados a los intereses estratégicos del P5, la ONU se limitó a actuar como espectadora o como escenario de acusaciones propagandísticas cruzadas. Esta situación derivaba en parte de su marco constitucional, pero también reflejaba la renuencia de muchos Estados influyentes a ceder soberanía en asuntos de seguridad nacional.
Dicha renuencia se manifestó de forma especialmente dramática en el rechazo al desarme nuclear y en la primacía concedida a la disuasión, decisiones que evidenciaban la orientación militarista de las élites de política exterior de las potencias dominantes. El resultado fue una concepción dura de la seguridad global, basada en la fuerza militar, combinada con las ambiciones estratégicas del P5 de reconstruir la hegemonía occidental en un período marcado por el colapso del colonialismo europeo.
A la luz de este trasfondo, el papel decepcionante de la ONU en Oriente Medio no resulta sorprendente, aunque sí profundamente desalentador. En una región de enorme importancia estratégica, los estrechos vínculos entre el Occidente blanco e Israel, frente a una Palestina de mayoría musulmana, hacían prácticamente inevitable este desenlace. Esta dinámica confirió al conflicto una dimensión civilizatoria y, al mismo tiempo, lo vinculó a desafíos más amplios a la hegemonía occidental en materia de recursos energéticos, comercio, inversión y ventas de armamento.
Esta lectura fue reforzada por Hamas, actor no estatal de orientación religiosa y abiertamente antioccidental, caracterizado en los medios occidentales y en la propaganda estatal únicamente como una “organización terrorista”. Tal enfoque, sin embargo, omitía dos hechos fundamentales: la victoria política de Hamas en las elecciones de 2006, celebradas bajo supervisión internacional, y su papel central en la resistencia palestina jurídicamente fundamentada frente a una ocupación israelí que vulnera de manera sistemática el derecho internacional humanitario, tal como lo define la Cuarta Convención de Ginebra de 1949.
Durante dos años, varios Estados miembros de la ONU colaboraron con Israel en el sostenimiento del genocidio en Gaza. Solo cuando la campaña israelí de destrucción comenzó a transgredir todos los límites legales y morales, estos Estados retiraron parcialmente su apoyo, presionados principalmente por las crecientes protestas de sus propias sociedades.
Un punto de inflexión decisivo se produjo el 19 de julio de 2024, cuando la Corte Internacional de Justicia, por una mayoría casi unánime, declaró ilegal la ocupación israelí de Gaza y Cisjordania incluida Jerusalén Oriental y ordenó su finalización. Esta decisión fue respaldada formalmente por la Asamblea General de la ONU, pero Israel y sus aliados optaron por ignorarla por completo.
Este contexto político explica tanto los seis intentos de alto el fuego vetados en el Consejo de Seguridad como la incapacidad, especialmente de Estados Unidos y de otros Estados cómplices, para emplear su poder blando con el fin de persuadir a Israel de detener su ofensiva en Gaza y atender las reclamaciones legítimas del pueblo palestino.
La ausencia de tal voluntad responde a una adhesión persistente al realismo político de la era pre-nuclear, a los intereses particulares de la industria armamentística y a la inercia de burocracias estatales profundamente militarizadas.
La Respuesta Vergonzosa De La ONU Al Plan Trump
A mi juicio, los quince miembros del Consejo de Seguridad adoptaron de manera vergonzosamente unánime, el 17 de noviembre de 2025, la resolución presentada por Estados Unidos que avalaba el llamado Plan Trump para la “estabilización” de Gaza, aprobándola como la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad. Este plan, elaborado con el consentimiento de Israel, fue anunciado públicamente durante una conferencia de prensa conjunta, coincidiendo con una visita de Netanyahu a la Casa Blanca.
La característica central del plan consistía en recompensar a los responsables de un genocidio prolongado que comenzó con un régimen de apartheid y culminó en la devastación total de Gaza. El texto de la resolución no contiene ni una sola referencia al desprecio sistemático de Israel por las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, de la Asamblea General de la ONU o por las evaluaciones de académicos independientes y especialistas en genocidio.
Ni Israel, ni Estados Unidos, ni los demás Estados cómplices fueron obligados a pagar reparaciones por la destrucción ilegal infligida a Gaza. La reconstrucción fue dejada en manos del capitalismo depredador, tratado como si se tratara de una oportunidad inmobiliaria, y financiada en gran medida por contribuciones de gobiernos árabes. A los palestinos no solo se les impuso un marco diplomático ajeno, sino que Estados Unidos fue reconocido como un “mediador legítimo”, pese a haber colaborado abiertamente con Israel en la elaboración del plan y a haber excluido deliberadamente a los propios palestinos del proceso, incluso negando visados a delegados de la Autoridad Palestina que intentaban participar en instancias de la ONU.
Si el objetivo hubiera sido realmente como debería construir un acuerdo futuro justo, duradero y basado en la paz, con la participación de representantes palestinos legítimos, resultaría evidente por qué esta resolución constituye un retroceso. En su lugar, la Resolución 2803, considerada en su conjunto, exonera indirectamente a los perpetradores de sus actos pasados y lleva la impunidad a un extremo sin precedentes. Además, reconoce explícitamente que los esfuerzos diplomáticos para contener la violencia israelí mediante un supuesto alto el fuego quedan totalmente bajo control estadounidense.
El resultado ha sido sangriento. Según el Ministerio de Salud de Gaza, más de 400 palestinos han muerto como consecuencia de cientos de violaciones mortales del alto el fuego. A pesar de ello, Israel no ha recibido ni siquiera una advertencia por parte de Washington, mucho menos una condena.
Conclusión
Que los Estados actúen guiados por sus intereses antes que por los valores comunes supuestamente encarnados en la Carta de la ONU y en el derecho internacional no es, desde la perspectiva de la historia de las relaciones internacionales, un fenómeno inesperado. Sin embargo, dada la gravedad del desprecio por la justicia y los derechos inherentes al Plan Trump y al poder diplomático-militar de Estados Unidos, el desenlace resulta profundamente inquietante.
La aprobación de la Resolución 2803 revela que la gestión geopolítica de la seguridad global no se limita al veto del P5. En nombre de la “estabilidad”, la ONU ha legitimado de forma unánime un futuro neocolonial para Gaza y una impunidad sin límites para Israel y sus aliados. El mensaje transmitido al mundo es inequívoco y vergonzoso: incluso ante un genocidio, un Estado respaldado por actores geopolíticos o por el P5 puede seguir recibiendo recompensas diplomáticas y territoriales.
En definitiva, pese a sus consecuencias devastadoras, las dinámicas del poder siguen moldeando la historia.
Fuente:https://www.counterpunch.org/2025/12/29/shaming-the-un-by-ratifying-genocide/
