Adnan Boynukara
La guerra en Sudán ha superado ya los tres años. Durante este tiempo, millones de personas han sido desplazadas, ciudades enteras han quedado reducidas a escombros y el hambre se ha convertido en un arma de guerra. Sin embargo, Sudán continúa ocupando un lugar marginal en la agenda internacional. Mientras las guerras en Oriente Medio, las tensiones entre las grandes potencias y las fracturas geopolíticas dominan las pantallas, el grito de auxilio procedente de Sudán se vuelve cada vez más tenue. En realidad, este silencio es también el resultado de una elección política.
Interpretar lo que ocurre en Sudán simplemente como una «guerra civil» resulta analíticamente insuficiente. Hoy, Sudán se ha convertido en un escenario de guerra por delegación donde el país ha perdido en gran medida la capacidad de determinar su propio destino. Los cálculos de los actores internos se entrelazan con la competencia de diversos actores externos que operan sobre el terreno impulsados por intereses divergentes.
¿Quién gana y quién pierde en esta guerra?
Las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) recuperaron Jartum de manos de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). Este avance militar fue presentado por algunos como una señal del fin de la guerra. Sin embargo, aunque las SAF controlen la capital, el verdadero centro de gravedad del conflicto permanece intacto. La distancia entre los avances militares y una solución política no ha desaparecido; simplemente se ha vuelto menos visible.
Desde hace años mantengo conversaciones con sudaneses en distintas circunstancias. Lo más doloroso que he aprendido de esos encuentros es que ni las palabras «guerra», ni «crisis», ni siquiera «catástrofe» bastan para describir la situación de Sudán. Quizás el término más preciso sea «abandono». Abandono por parte de la comunidad internacional y, al mismo tiempo, abandono por parte de sus propios gobernantes.
Después de cada conversación, una misma pregunta permanece en mi mente: ¿es esta situación una tragedia o una elección deliberada?
Dos generales, pero el problema real es otro
La guerra en Sudán suele interpretarse como una simple lucha por el poder entre dos generales. Esta lectura no solo es engañosa, sino también peligrosa. Oculta las fracturas estructurales que dieron origen al conflicto y, al hacerlo, dificulta cualquier posibilidad de construir una gobernanza efectiva o una paz duradera.
Las raíces de la guerra son mucho más profundas. Durante el período poscolonial, la estructura estatal construida por las élites militares y burocráticas concentradas en Jartum marginó sistemáticamente a las regiones periféricas y reprimió la diversidad étnica y cultural del país. Mientras la política, la economía, el ejército y la burocracia quedaban concentrados en el centro, las regiones periféricas fueron condenadas a la pobreza, la falta de infraestructura y la exclusión política.
La tradición de los golpes de Estado consolidó estas desigualdades. El ejército se instaló en el corazón de la vida política y ningún actor desarmado pudo encontrar espacio en la mesa de negociaciones. Este sistema generó un círculo vicioso en el que la violencia se convirtió simultáneamente en un instrumento de gobierno y en una herramienta de negociación política.
Para gestionar los conflictos internos, el Estado instrumentalizó milicias tribales y estructuras armadas subsidiarias. Con el tiempo, esta estrategia provocó la fragmentación del sector de la seguridad. A este escenario se sumaron los conflictos no resueltos de Darfur y una intervención extranjera cada vez más profunda. Como consecuencia, la guerra terminó desbordando ampliamente las dinámicas internas del país.
El proceso iniciado en 2019 ofreció una oportunidad para transformar esta estructura. Sin embargo, el movimiento civil carecía de la capacidad institucional necesaria para dirigir una transformación social de gran alcance. Además, este vacío de capacidades se vio agravado por la estrategia de los actores militares, que nunca estuvieron realmente dispuestos a compartir el poder y que buscaron constantemente retrasar, debilitar y diluir el proceso de transición.
Por ello, la transición democrática permaneció inevitablemente subordinada a los actores armados. El Acuerdo de Paz de Juba de 2020 logró incorporar a diversos grupos armados al sistema político, pero no consiguió desarmarlos. Estas organizaciones conservaron simultáneamente su presencia política y militar. La frontera entre la política y la fuerza armada se volvió todavía más difusa.
En consecuencia, la narrativa que reduce el conflicto a una mera lucha por el poder entre dos generales puede ofrecer una explicación superficial sobre cómo estalló la guerra. Sin embargo, cuando se ignora este trasfondo estructural, resulta imposible comprender por qué Sudán vuelve una y otra vez a ciclos de fragmentación armada y violencia recurrente.
Un escenario abarrotado, una mesa vacía
Si estas fragilidades estructurales se limitaran únicamente a las dinámicas internas, quizás la solución sería más accesible. Sin embargo, Sudán no solo debe lidiar con sus propias contradicciones internas, sino también con la rivalidad de múltiples actores externos. Al observar el mapa de actores involucrados, se percibe una escena inusualmente concurrida.
Se ha debatido ampliamente sobre el impacto que el apoyo logístico proporcionado por los Emiratos Árabes Unidos ha tenido en el desarrollo de la guerra. Detrás de este respaldo no solo se encuentran cálculos económicos relacionados con el acceso al mar Rojo, sino también la voluntad de reconfigurar los equilibrios de poder regionales. Sin embargo, interpretar la crisis sudanesa exclusivamente a través del prisma emiratí supone reducir excesivamente la complejidad del problema.
Sudán se ha convertido, al mismo tiempo, en un escenario donde se proyectan las rivalidades internas del Golfo. Según informes del Panel de Expertos de las Naciones Unidas y numerosas investigaciones publicadas por medios internacionales, el apoyo de Riad a las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y el respaldo de Abu Dabi a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) reflejan también la profunda competencia estratégica existente entre ambos países. En cierto sentido, Sudán está pagando el precio de una lucha por la influencia regional que las monarquías del Golfo no han logrado resolver.
En síntesis, de acuerdo con una interpretación ampliamente compartida por diversos analistas regionales, los Emiratos Árabes Unidos consideran a Sudán como una pieza dentro de una arquitectura más amplia de influencia regional, y la prolongación del conflicto no necesariamente contradice ese objetivo estratégico.
La posición de Egipto se configura a partir de un dilema más complejo. El Cairo mantiene una proximidad política y estratégica con las SAF, intentando contener la inestabilidad en su frontera meridional y evitar nuevas presiones migratorias. La cuestión de las aguas del Nilo y las persistentes tensiones con Etiopía convierten a un Jartum relativamente controlable en una necesidad estratégica para Egipto.
Sin embargo, el mismo Egipto procura evitar una confrontación abierta con sus socios del Golfo, consciente de la importancia de las inversiones emiratíes para su propia economía. Esta contradicción ha encerrado a El Cairo en una posición de vulnerabilidad dual, dificultando la definición de una postura completamente coherente.
Arabia Saudí, por su parte, intenta desempeñar un papel mediador a través del denominado Proceso de Yeda. Aunque la intención saudí consiste en crear un espacio para la negociación, la distancia entre esa voluntad diplomática y la realidad del campo de batalla limita considerablemente la eficacia de sus esfuerzos.
Riad promueve llamamientos al alto el fuego, pero carece de mecanismos efectivos para imponerlos a los actores armados sobre el terreno. Al mismo tiempo, para Arabia Saudí la cuestión sudanesa forma parte de un cálculo estratégico directamente vinculado a la seguridad y al control de las rutas comerciales del mar Rojo. Sus iniciativas diplomáticas reflejan tanto una búsqueda de la paz como el deseo de preservar su propio peso regional.
Esta dualidad dificulta que la mediación saudí encuentre una traducción vinculante en la realidad del conflicto. Para que la presión saudí fuera realmente efectiva, Riad tendría que utilizar instrumentos de influencia más contundentes sobre los actores sudaneses. Sin embargo, ejercer esa presión implicaría también asumir riesgos dentro del delicado equilibrio de poder existente en el Golfo.
Cada uno de los actores regionales involucrados en Sudán opera fundamentalmente en función de sus propios intereses. Pero cuando las potencias globales entran en escena, la ecuación se vuelve todavía más compleja.
Para Rusia, Sudán representa una cabeza de puente estratégica que podría garantizar un acceso militar permanente al mar Rojo. La presencia inicial del Grupo Wagner constituyó una de las manifestaciones más visibles de esta estrategia. Desde la perspectiva de Moscú, Sudán es un nuevo frente en su competencia geopolítica con Occidente, y son los sudaneses quienes terminan pagando el coste de esa confrontación.
Junto a Rusia, otro actor que intenta ampliar su presencia es Irán. Teherán se hizo visible en el terreno mediante el suministro de vehículos aéreos no tripulados. Esta implicación forma parte de un esfuerzo más amplio por consolidar un eje de influencia que se extiende desde el mar Rojo hacia el interior del continente africano.
La presencia iraní en Sudán no responde a motivaciones humanitarias ni diplomáticas. Se trata, más bien, del primer paso en la construcción de un corredor de influencia geopolítica hacia el mar Rojo, siendo Sudán simplemente el terreno sobre el cual dicho proyecto intenta asentarse.
Occidente, por su parte, procura definir la forma de la mesa de negociación. Sin embargo, cuando son otros actores quienes suministran armas y determinan la dinámica del conflicto sobre el terreno, la pretensión de controlar las reglas del proceso político resulta cada vez menos convincente.
La paradoja central es que muchos de los actores que alimentan el conflicto intentan simultáneamente ocupar un lugar en la mesa destinada a resolverlo. Esta contradicción constituye uno de los principales obstáculos estructurales para la construcción de una base política estable y duradera en Sudán.
Porque en este escenario abarrotado cada actor tiene sus propios intereses, cálculos y posiciones. Pero el elemento más llamativo de esta compleja escena no es quién está presente, sino quién está ausente: Türkiye.
A pesar de ser uno de los escasos actores que gozan de legitimidad regional y que mantienen canales de comunicación aceptables con la mayoría de las partes implicadas, Ankara no ha desempeñado hasta ahora un papel decisivo en este proceso.
La oportunidad de Ankara
Desde los primeros días de la guerra, Ankara fue uno de los escasos actores cuya mediación era vista con buenos ojos por ambas partes. Türkiye había construido durante décadas relaciones profundas con el Estado sudanés. Al mismo tiempo, los vínculos humanitarios y económicos desarrollados a lo largo de los años le habían otorgado una considerable legitimidad social ante amplios sectores de la sociedad sudanesa. Además, antes del estallido del conflicto, Ankara mantenía canales de comunicación con el líder de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), quien entonces ocupaba el cargo de vicepresidente del Estado sudanés. Estos tres pilares convertían a Türkiye en uno de los pocos países capaces de dialogar simultáneamente con todos los actores relevantes del conflicto.
Sin embargo, Türkiye no supo aprovechar esta oportunidad. Las razones son múltiples.
La necesidad de equilibrar sus relaciones con los países del Golfo ocupa un lugar central entre ellas. En el contexto del proceso de normalización con los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, Ankara optó por mantener una postura cuidadosamente equilibrada. A ello se sumó la carga diplomática impuesta por otros expedientes prioritarios, como Siria, Ucrania y Gaza. Sudán quedó relegado en medio de esa acumulación de crisis.
No obstante, el factor determinante fue otro: Ankara terminó considerando la cuestión sudanesa como un ámbito de actuación subordinado a otras prioridades estratégicas. En otras palabras, no se trató únicamente de una cuestión de preferencias diplomáticas, sino del resultado de una ecuación estructural en la que las posiciones regionales de Türkiye condicionaron significativamente su margen de maniobra.
Aun así, esta ventana de oportunidad no se ha cerrado por completo. Mientras Sudán intenta gestionar un eventual proceso de transición política, seguirá necesitando actores con capacidad de mediación. Türkiye continúa siendo uno de los países que podrían responder a esa necesidad. Sin embargo, para ello Ankara deberá actualizar tanto su posición respecto a Sudán como sus relaciones con los distintos actores involucrados.
¿Quién pierde?
Pierden los sudaneses.
En 2026, 33,7 millones de personas necesitan asistencia humanitaria; 14 millones han sido desplazadas de sus hogares y 29 millones enfrentan condiciones de inseguridad alimentaria extrema. Esos son los números.
La estructura estatal se ha desmoronado. Los actores civiles han sido desplazados de la escena política. La búsqueda de una solución política ni siquiera ocupa un lugar central en la agenda. Y la indiferencia que percibo en los rostros de quienes deberían estar produciendo respuestas consume cada vez más las escasas esperanzas que quedan.
Entonces surge la pregunta inevitable: ¿quién gana?
Si se responde con honestidad, la realidad es que, por ahora, nadie está ganando. Pero algunos tampoco están perdiendo.
Egipto, por ejemplo, aunque mantiene una posición ambigua debido a sus relaciones con los Emiratos Árabes Unidos, ha convertido esa ambigüedad en una estrategia. Quizás por ello una parte de los sudaneses percibe a El Cairo como un actor que antepone sus propios intereses regionales a la estabilidad de Sudán.
Los países del Golfo, aunque absorbidos por sus prioridades internas y por sus rivalidades mutuas, continúan obteniendo beneficios estratégicos derivados del sistema de guerra por delegación que se ha consolidado en territorio sudanés.
Rusia intenta afianzar su posicionamiento estratégico en el mar Rojo. Irán, por su parte, permanece concentrado en sus propias prioridades regionales, aunque mantiene intactas sus ambiciones de influencia.
Occidente procura moldear el formato del proceso de negociación sin asumir un compromiso costoso sobre el terreno. Washington insiste en cada foro internacional en que no ha olvidado a Sudán. Sin embargo, cuando el discurso no se traduce en voluntad política efectiva, tales declaraciones terminan sirviendo más a los futuros cálculos estratégicos de Estados Unidos que a las necesidades inmediatas del pueblo sudanés.
En esta ecuación, la rendición de cuentas prácticamente no existe. Ninguno de los actores que alimentan el conflicto es sometido a mecanismos internacionales de responsabilidad. Las plataformas de las Naciones Unidas producen declaraciones de condena, pero carecen de impacto tangible sobre la realidad del terreno. Esta ineficacia no es únicamente un problema institucional; es, sobre todo, un problema de voluntad política.
De hecho, el proyecto de ley H.R. 1939, titulado Ley de Participación de Estados Unidos en el Proceso de Paz de Sudán, debatido en la Cámara de Representantes estadounidense el 9 de junio de 2026, identifica precisamente este déficit de voluntad. El texto contiene diagnósticos acertados, pero aún no ha sido aprobado. Y, en el caso de Sudán, el problema fundamental nunca ha sido la falta de conocimiento sobre la crisis, sino la ausencia de una voluntad real para resolverla.
Un alto el fuego. La llegada sin obstáculos de la ayuda humanitaria. La creación de un parlamento provisional y de un gobierno transitorio. El establecimiento de condiciones para la organización política y, posteriormente, la celebración de elecciones.
Ninguna de estas medidas es desconocida. Todas forman parte del repertorio habitual de las soluciones de posconflicto. Sin embargo, a pesar de ser ampliamente conocidas, no se implementan.
La razón es sencilla: cada uno de estos pasos afecta los intereses de algún actor relevante.
Para la parte que ha conseguido ventajas militares sobre el terreno, un alto el fuego puede significar la congelación de esa ventaja. Para quienes utilizan el asedio como instrumento de presión, la apertura de corredores humanitarios debilita una herramienta estratégica fundamental. Para los actores cuyo poder deriva de su capacidad armada, una transición civil puede equivaler a una amenaza directa de pérdida de influencia.
Por ello, la hoja de ruta hacia la paz no constituye únicamente una cuestión técnica o administrativa. Es, ante todo, una cuestión de voluntad política.
Sudán espera. El mundo, mientras tanto, mira hacia otro lado.
Naturalmente, el panorama descrito aquí no es tan simple ni tan lineal como podría parecer. La realidad sobre el terreno es mucho más compleja y estratificada. Los cálculos de cada actor están entrelazados con los de los demás, y cada posible avance se enfrenta a numerosos obstáculos técnicos, políticos y estratégicos.
Sin embargo, aun siendo plenamente conscientes de esta complejidad, existe una razón poderosa para simplificar el problema. Porque, cuando se habla de Sudán, demasiados actores invocan constantemente la complejidad del conflicto y terminan utilizándola como justificación para la inacción.
Frente a esa tendencia, quizá lo más necesario sea precisamente lo contrario: optar por la claridad y la simplicidad moral.
Porque, más allá de todas las complejidades geopolíticas, una realidad permanece inalterable: millones de personas continúan pagando el precio de una guerra que nadie parece realmente dispuesto a detener.
La catástrofe silenciosa
El silencio frente a la tragedia que se desarrolla en Sudán es la expresión de una elección política, de una indiferencia estratégica y de la progresiva inoperancia de los mecanismos de rendición de cuentas. La invisibilidad de Sudán no es un accidente ni una anomalía; es el resultado producido por un sistema determinado. Mientras ese sistema continúe funcionando sin asumir responsabilidades, Sudán no será un caso excepcional, sino apenas uno más entre muchos otros.
Los sudaneses no esperan milagros de la comunidad internacional. Aspiran, simplemente, a ser tenidos en cuenta. Quieren tener un lugar en la mesa donde se decide su futuro. Quieren que sus nombres sean pronunciados correctamente. Quieren que los rostros ocultos detrás de las estadísticas vuelvan a ser visibles. Nada más.
Y, sin embargo, incluso eso les ha sido negado.
Nuestra mirada sobre Sudán rara vez ha logrado superar el reflejo humanitario. Hemos contemplado al país principalmente como un receptor de ayuda, como un objeto de asistencia. Pero Sudán no es un objeto humanitario. Es un pueblo que intenta ejercer su derecho a determinar su propio destino y que paga un precio enorme por ello.
Mientras seamos incapaces de reconocer esta diferencia fundamental, poco importará lo que digamos o las declaraciones que produzcamos. Porque en un orden internacional donde nadie rinde cuentas, la invisibilidad de Sudán no resulta sorprendente.
Lo verdaderamente inquietante es que hayamos comenzado a considerarla normal.
Y quizá esa sea la dimensión más profunda de esta tragedia: no solo el sufrimiento de quienes han sido abandonados, sino la acostumbrada indiferencia de quienes han dejado de percibir el abandono como un problema moral.
Cuando una catástrofe deja de escandalizar, el problema ya no reside únicamente en la catástrofe misma. Reside también en la mirada que ha aprendido a convivir con ella.
Sudán espera. Y el mundo, cada vez más habituado al ruido de otras crisis, sigue mirando hacia otro lado.