Caleb H. Wheeler
Esto no es el fin de la justicia
El presidente estadounidense Donald Trump nunca ha ocultado su hostilidad hacia la Corte Penal Internacional (CPI). Desde que emitió la Orden Ejecutiva 14203 en febrero de 2025, su administración ha impuesto varias rondas de sanciones contra personal de la CPI, entre ellos el anterior fiscal, Karim Khan, varios fiscales adjuntos y nueve de los 18 magistrados de la Corte. No satisfecha con interferir en la vida del personal de la Corte, la administración Trump anunció el 13 de julio de 2026 que desmantelaría la CPI «ladrillo por ladrillo, si fuera necesario».
Para avanzar en ese objetivo, el 9 de octubre de 2026 Estados Unidos impuso sanciones económicas a la CPI como institución. La Corte fue incluida en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas de Estados Unidos («Lista SDN»), con lo que entraron en vigor las sanciones contempladas en la Orden Ejecutiva 14203. Estas comprenden el bloqueo de todos los bienes y derechos sobre bienes de la CPI que se encuentren en Estados Unidos o bajo el control de una persona estadounidense (según la definición de la Orden), así como el bloqueo de cualquier transacción de personas estadounidenses que involucre tales bienes o derechos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia general de 180 días que permite a la Corte seguir funcionando y que pretende dar a los Estados Parte tiempo para atender las preocupaciones de Estados Unidos.
Cuando la licencia expire, las sanciones impedirán a la CPI acceder a sus activos en Estados Unidos o hacer negocios con ciudadanos estadounidenses, residentes en Estados Unidos o entidades constituidas conforme a la legislación estadounidense. Ello limitará gravemente su acceso a cuentas bancarias, a otros sistemas financieros y a la tecnología de la información, y dificultará enormemente que la CPI mantenga sus operaciones cotidianas. En consecuencia, las sanciones podrían obligar a la Corte a cesar por completo sus actividades.
Las injerencias pasadas de Estados Unidos en la Corte Penal Internacional
No es la primera vez que Estados Unidos intenta obstaculizar el curso de la justicia penal internacional. A comienzos de la década de 2000, durante la presidencia de George W. Bush, adoptó una postura amenazante y obstruccionista hacia la CPI mediante la aprobación de la Ley de Protección de los Miembros del Servicio de los Estados Unidos (ASPA, por sus siglas en inglés). Aunque la ASPA se centraba sobre todo en impedir toda cooperación con la CPI a nivel federal, estatal o local, también autorizaba al presidente a utilizar «todos los medios necesarios» para liberar a ciudadanos estadounidenses detenidos por la CPI o a petición de esta. La expresión «todos los medios necesarios» parecía permitir al presidente emplear la fuerza militar contra la sede de la Corte en La Haya, lo que llevó a algunos a referirse a la ley como la «Ley de Invasión de La Haya». Aunque tal invasión nunca se produjo, el episodio mostró hasta dónde podía estar dispuesto a llegar Estados Unidos para interferir en la labor de la CPI.
La expresión «todos los medios necesarios» de la ASPA volvió a la escena durante el primer mandato de Trump. El asesor de seguridad nacional John Bolton afirmó en un discurso que Estados Unidos usaría «todos los medios necesarios» para impedir que la CPI procesara a estadounidenses o a ciudadanos de países aliados. Amenazó además con sancionar a funcionarios de la Corte, incluidas prohibiciones de viaje y restricciones económicas. La administración cumplió después esa amenaza al sancionar a la entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, y a uno de sus adjuntos, Phakiso Mochochoko, en respuesta a la investigación de la Corte sobre los presuntos crímenes cometidos por soldados estadounidenses en Afganistán. Karim Khan relegó posteriormente esa investigación a un segundo plano, al considerar más graves los presuntos crímenes de los talibanes y del Estado Islámico que los atribuidos a ciudadanos estadounidenses. Las sanciones fueron finalmente levantadas por el presidente Biden.
La oposición de Estados Unidos a la jurisdicción universal
Estados Unidos también desempeñó un papel importante en la limitación de la forma en que los tribunales nacionales pueden juzgar a los presuntos autores de atrocidades sobre la base de la jurisdicción universal. La jurisdicción universal es la idea de que ciertos crímenes (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, agresión y tortura) afectan a los intereses comunes de todos los Estados, por lo que todos ellos están facultados para procesar a los acusados de cometerlos, si disponen de los medios para hacerlo. Lo que la distingue de otras formas de jurisdicción es que un Estado puede optar por procesar a una persona acusada de uno de esos crímenes sin que importe si el acusado, sus presuntas víctimas o la comisión del delito tienen vínculo alguno con el Estado que procesa. En su forma más pura, a menudo denominada jurisdicción universal amplia, los Estados pueden dictar una orden de detención contra una persona acusada que no tiene ningún vínculo formal con ellos, que nunca ha estado físicamente en su territorio y que no tiene intención de ir. La jurisdicción universal existe también en una forma más condicionada, la llamada jurisdicción universal estricta, que por lo general exige que el acusado se encuentre físicamente en el territorio del Estado que procesa al inicio del procedimiento, aunque la manera de entender el requisito de presencia puede variar de un Estado a otro.
Varios Estados, entre ellos Bélgica y España, promulgaron leyes que les permitían procesar a personas sobre la base de la jurisdicción universal amplia. La ley belga, conocida como Ley contra las Atrocidades (Anti-Atrocity Law), fue examinada en profundidad por la Corte Internacional de Justicia en el caso relativo a la Orden de detención de 11 de abril de 2000 (República Democrática del Congo c. Bélgica). La Corte falló finalmente en contra de Bélgica, al considerar que el funcionario congoleño cuya detención pretendía este país gozaba de inmunidad en su calidad de ministro de Relaciones Exteriores, pero evitó pronunciarse sobre si la jurisdicción universal amplia se ajustaba al derecho internacional. En su lugar, varios magistrados abordaron la cuestión en opiniones separadas y concurrentes, sin que surgiera un consenso claro sobre la licitud de la práctica. Esto dejó abierta la posibilidad de que una persona sin vínculo alguno con Bélgica y sin intención de entrar en su territorio pudiera, no obstante, ser procesada allí.
Estados Unidos se opuso a la ley belga de jurisdicción universal y en 2003 se propuso acabar con ella. En marzo, el secretario de Estado estadounidense Colin Powell sugirió que los funcionarios estadounidenses podrían dejar de asistir a las reuniones en la sede de la OTAN por temor a ser detenidos. En aquel momento se interpretó como una amenaza dirigida a la condición de Bélgica como capital diplomática y Estado anfitrión de la OTAN. Poco después, la Ley contra las Atrocidades fue modificada y se restringieron los supuestos y la forma en que podían iniciarse causas conforme a ella.
Eso no aplacó a Estados Unidos. En mayo de 2003 se presentó en la Cámara de Representantes un proyecto de ley, conocido por lo general como «Ley de Rechazo de la Jurisdicción Universal». Aunque no apuntaba específicamente a la ley belga, estaba claramente redactado como respuesta a ella, como se desprende de su sección de «Conclusiones», que detalla cómo se había utilizado la ley belga contra diversos funcionarios del gobierno y de las fuerzas armadas estadounidenses. Después, en junio de 2003, el secretario de Defensa estadounidense Donald Rumsfeld declaró que Bélgica debía «reconocer que sus actos tienen consecuencias» al promulgar la Ley contra las Atrocidades. Sostuvo que, debido a la ley, los funcionarios estadounidenses quizá ya no podrían visitar Bélgica y que podrían retenerse los fondos destinados a una nueva sede de la OTAN en Bruselas. La presión estadounidense, sumada a la creciente oposición nacional e internacional a la Ley contra las Atrocidades, llevó finalmente al gobierno belga a derogarla y a sustituirla por una nueva ley que exigía algún tipo de vínculo territorial o de nacionalidad para que existiera jurisdicción.
La capitulación de Bélgica ante Estados Unidos, junto con un retroceso similar del gobierno español en 2009 y 2014, alimentó sombrías predicciones sobre el futuro de la jurisdicción universal como base de los procesos nacionales. Tras la derogación de la Ley contra las Atrocidades belga, Antonio Cassese sostuvo que la jurisdicción universal podía estar «en sus últimas, o incluso agonizando». En 2011, Luc Reydams entonó otra elegía por este concepto en su capítulo «El auge y la caída de la jurisdicción universal». Parecía que los esfuerzos de Estados Unidos podían haber dado resultado y que la jurisdicción universal quedaría reducida a una nota a pie de página en el desarrollo de la justicia penal internacional.
Lo ocurrido en realidad fue muy distinto. Lejos de desaparecer del panorama del derecho internacional, la jurisdicción universal ha experimentado un aumento de su uso en los últimos 15 años. En el periodo de cinco años comprendido entre 2005 y 2010 hubo en todo el mundo un solo caso documentado de jurisdicción universal que produjera alguna decisión judicial. En cambio, entre 2020 y 2025 se registraron 85 investigaciones y procesos de este tipo. Esta tendencia la confirman también Maximo Langer y Mackenzie Eason, cuya investigación muestra un aumento sostenido del número de denuncias presentadas ante tribunales nacionales, con base en la jurisdicción universal, por violaciones de crímenes internacionales fundamentales. El ejercicio de la jurisdicción universal por los tribunales nacionales es claramente una práctica en expansión, no una al borde de la extinción. Ello aporta mayor credibilidad a la tesis arraigada de que el futuro del derecho penal internacional es nacional.
Debe señalarse que el tipo de jurisdicción universal que Bélgica y España ejercieron a comienzos de la década de 2000 difiere del que se aplica predominantemente hoy. Mientras que Bélgica y España ejercían una jurisdicción universal amplia, los procesos recientes son en su mayoría ejemplos de jurisdicción universal estricta. Por ello, el reciente aumento de los procesos basados en la jurisdicción universal no debe entenderse como una aceptación de la práctica anterior de Bélgica y España. Refleja, más bien, un reconocimiento más general de que los Estados tienen la responsabilidad de asegurar que se exijan cuentas a las personas acusadas de crímenes atroces que se encuentran en su territorio. La práctica se ha generalizado tanto que incluso Estados Unidos adoptó legislación que le permite ejercer la jurisdicción universal estricta en casos de crímenes de guerra o de tortura.
También es importante reconocer que el Estatuto de Roma influyó en que varios Estados adoptaran la jurisdicción universal respecto de los crímenes internacionales fundamentales. El Estatuto no exige expresamente que los Estados promulguen legislación nacional para aplicarlo. Sin embargo, muchos Estados Parte lo hicieron para adecuarse mejor al régimen de complementariedad de la Corte. Uno de sus componentes fue tipificar los crímenes internacionales fundamentales en sus ordenamientos internos, lo que en algunos casos generó la obligación de procesar a nivel nacional a quienes cometan esos crímenes y queden bajo la jurisdicción del Estado. El aumento de los procesos nacionales por jurisdicción universal puede atribuirse, por tanto, en parte, a la existencia del Estatuto de Roma.
El hecho de que las sanciones estadounidenses puedan clausurar la CPI suscita el temor de que también restrinjan el uso de los procesos nacionales por jurisdicción universal. Sin embargo, los Estados no han asumido la responsabilidad de perseguir los crímenes internacionales a nivel nacional únicamente como una forma de garantizar el cumplimiento del régimen de complementariedad del Estatuto de Roma. Muchos lo hacen también para evitar ser percibidos como un refugio seguro para criminales internacionales. Lo demuestran los numerosos procesos por jurisdicción universal llevados a cabo en contextos en los que no existe posibilidad de enjuiciamiento por la CPI y, por tanto, no hay preocupación por contravenir el régimen de complementariedad. El mejor ejemplo es la multitud de causas nacionales por jurisdicción universal derivadas de la guerra en Siria, una situación que queda fuera de la jurisdicción de la CPI.
Conclusión
El actual régimen de sanciones no es la primera vez que Estados Unidos interfiere en los esfuerzos internacionales para exigir responsabilidades. La historia demuestra que las ofensivas estadounidenses no resultan necesariamente letales para la justicia penal internacional. La postura beligerante de la administración de George W. Bush frente a la CPI y a la jurisdicción universal no puso fin a la justicia penal internacional; tampoco lo hizo el régimen de sanciones dirigido contra los funcionarios de la Corte durante la primera administración de Trump. Los esfuerzos actuales de Estados Unidos por obstaculizar la labor de la CPI son más severos que los desplegados en el pasado y bien podrían acabar con la Corte, pero no acabarán con la justicia penal internacional. La justicia penal internacional ya ha estado antes bajo ataque y ha demostrado reiteradamente la resiliencia y la capacidad de adaptación necesarias para seguir garantizando que los autores de crímenes atroces rindan cuentas. Es una disciplina que sobrevivirá a esta tormenta y seguirá desarrollándose incluso sin la participación de la Corte Penal Internacional.
Caleb H. Wheeler es profesor titular (Senior Lecturer) de Derecho en la Escuela de Derecho y Política de la Universidad de Cardiff. Su trabajo se centra en la justicia penal internacional, con especial énfasis en la equidad en los procesos y procedimientos penales internacionales.
Fuente:https://voelkerrechtsblog.org/this-is-not-the-end-of-justice/
