El dilema de la víctima: la ilusión de un Estado fuerte en tiempos de guerra

Imaginemos a una persona que regenta una pequeña tienda en un barrio controlado por una banda dedicada a la extorsión. Cuando una banda rival ataca el establecimiento con el propósito de ampliar su territorio, el comerciante, incapaz de defenderse por sus propios medios, acude a sus extorsionadores habituales y les pide mayor protección a cambio de pagarles un tributo más elevado y aceptar un control más estricto sobre su negocio. Impulsada por el miedo, la víctima termina fortaleciendo precisamente el poder coercitivo del que antes había intentado protegerse, con la esperanza de librarse de la agresión procedente del exterior.

Las sociedades modernas pueden cometer el mismo error cuando se enfrentan a amenazas existenciales. Bajo la presión de la guerra, los ciudadanos y los responsables políticos pueden reclamar un Estado más grande y centralizado, convencidos de que una movilización bélica eficaz exige decretos impuestos desde arriba y una dirección centralizada de la economía. Sin embargo, los principios fundamentales de la economía no dejan de operar en tiempos de guerra. La expansión del poder estatal, la imposición de controles de precios y la consolidación de monopolios burocráticos pueden debilitar los cimientos económicos de una sociedad y, con ello, su capacidad para resistir a un agresor externo.

La falacia de los controles de precios: destruir el capital precisamente cuando más se necesita

Una de las reacciones más habituales ante la escasez provocada por la guerra consiste en reclamar la imposición de precios máximos para bienes esenciales como los alimentos, el agua embotellada y el combustible. Cuando los ataques enemigos destruyen infraestructuras críticas, la oferta disponible puede desplomarse mientras la demanda permanece elevada. En condiciones normales de mercado, los precios aumentan como respuesta a la creciente escasez. Ante esta situación, los gobiernos pueden recurrir a la fijación de precios máximos con el propósito de mantener los bienes esenciales al alcance de la población.

Sin embargo, esta política no elimina la escasez. Por el contrario, puede transformar una perturbación temporal de la oferta en una situación de desabastecimiento prolongado y obstaculizar la recuperación por varias razones.

En primer lugar, los controles de precios pueden reducir los ingresos que las empresas afectadas necesitan para recuperarse con rapidez. Reconstruir almacenes, sustituir maquinaria y asegurar rutas logísticas de alto riesgo exige inversiones considerables. Cuando el Estado obliga a una empresa a vender sus existencias menguantes a precios regulados, mientras sus costes operativos y logísticos se han incrementado, puede impedir que obtenga los ingresos necesarios para reponer el capital destruido y reanudar la producción.

En segundo lugar, los precios máximos debilitan los incentivos de mercado que podrían atraer a proveedores externos hacia las zonas afectadas. Los precios elevados en una región en crisis transmiten a los productores de las zonas circundantes la señal de que transportar mercancías hasta allí puede compensar comercialmente los costes y riesgos adicionales. Cuando los precios se limitan artificialmente, esa señal pierde fuerza y disminuye la disposición de los proveedores externos a asumir los costes de abastecer de bienes esenciales a la población.

En tercer lugar, la escasez en tiempos de guerra puede poner al descubierto las vulnerabilidades generadas por las barreras regulatorias y la excesiva concentración de la oferta. Los requisitos de licencias y otras restricciones de acceso pueden dificultar que las pequeñas y medianas empresas entren en sectores esenciales o amplíen su actividad dentro de ellos. Cuando un gran proveedor queda destruido, un mercado excesivamente concentrado puede carecer de pequeños productores capaces de incrementar rápidamente la producción.

Por último, los controles de precios pueden ejercer una presión adicional sobre las empresas cuando se combinan con los costes fiscales y regulatorios existentes. Mientras el Estado limita los ingresos que las compañías pueden obtener de la venta de bienes esenciales, estas siguen afrontando impuestos, costes de cumplimiento normativo y otras obligaciones. Los controles de precios restringen los ingresos, pero dejan muchos costes intactos o incluso los incrementan, debilitando así la capacidad productiva de la que dependen, en última instancia, tanto el consumo civil como la defensa.

El mito de la eficiencia centralizada: el conocimiento local frente a la parálisis burocrática

Quienes defienden un Estado fuerte en tiempos de guerra suelen argumentar que las circunstancias excepcionales exigen un mando centralizado capaz de actuar con rapidez y determinación. Sin embargo, este planteamiento pasa por alto un problema económico fundamental identificado por F. A. Hayek: la dificultad de aprovechar el conocimiento disperso. La información esencial sobre producción, logística, asignación de recursos y condiciones locales se encuentra distribuida entre individuos que poseen conocimientos específicos acerca de circunstancias cambiantes en el tiempo y el espacio.

Un gobierno central no puede disponer plenamente del conocimiento local y actualizado que poseen las comunidades que operan en condiciones cambiantes, ni procesarlo en su totalidad. Cuando la asignación de recursos se organiza mediante una jerarquía de arriba abajo, pueden surgir dos problemas recurrentes.

En primer lugar, la distribución centralizada puede provocar una asignación inadecuada de los recursos. Los materiales pueden enviarse a lugares donde su necesidad es menos urgente o distribuirse de acuerdo con prioridades distintas de las que consideran fundamentales quienes se enfrentan directamente al problema. Los múltiples niveles de la administración estatal también pueden generar demoras, costes administrativos y oportunidades de corrupción. Cuando una decisión central llega finalmente al ámbito local, es posible que las circunstancias ya hayan cambiado.

En segundo lugar, las instituciones burocráticas no están sometidas al mismo cálculo de pérdidas y ganancias que los actores privados. Una empresa privada que fracasa sistemáticamente a la hora de satisfacer a sus clientes corre el riesgo de perder ingresos y, finalmente, abandonar el mercado. Por el contrario, una institución estatal suele evaluarse mediante mecanismos administrativos y políticos, y no a través de un proceso continuo de beneficios y pérdidas propio del mercado. Esta diferencia puede debilitar los incentivos para adaptarse con rapidez.

Esta dinámica adquiere especial relevancia en la guerra moderna, donde la adaptación tecnológica puede estar condicionada por el tiempo. Imaginemos una situación hipotética en la que un equipo privado de ingenieros desarrolla y prueba un dron innovador. Si esta tecnología debe atravesar largos procesos de certificación, supervisión regulatoria y procedimientos burocráticos de adquisición antes de entrar en servicio, su incorporación puede demorarse considerablemente. Para cuando se conceda la autorización, las condiciones del campo de batalla podrían haber cambiado y la tecnología podría haber perdido parte de su ventaja.

El mismo problema puede surgir en situaciones de emergencia civil. Un conductor local que disponga de un vehículo adecuado puede identificar inmediatamente una necesidad de transporte y utilizar su conocimiento de las carreteras de la zona para evacuar a los residentes. En una estructura altamente centralizada, los requisitos de licencias y los procedimientos administrativos podrían retrasar esa actuación. Tales requisitos pueden responder a objetivos legítimos en circunstancias normales; sin embargo, cuando los actores locales poseen información que no puede transmitirse con suficiente rapidez a las autoridades centrales, los mecanismos de autorización centralizada pueden añadir nuevos obstáculos.

Defensa voluntaria frente al servicio militar obligatorio: la propiedad de uno mismo y el mercado de la seguridad

Una de las tensiones más importantes entre el poder estatal y la libertad individual en tiempos de guerra gira en torno al servicio militar obligatorio. Para defender su soberanía territorial, el Estado puede recurrir a la movilización forzosa, tratando la fuerza de trabajo y la capacidad física de los individuos como recursos sometidos a su disposición. Desde una perspectiva libertaria, esta práctica plantea objeciones tanto éticas como económicas.

Desde el principio de la autopropiedad, el servicio militar obligatorio constituye una vulneración directa del derecho exclusivo del individuo sobre su propio cuerpo. Si una persona no posee la autoridad primordial sobre su cuerpo y su trabajo, resulta difícil defender de manera coherente los fundamentos de la propiedad privada y de los demás derechos individuales. En consecuencia, el servicio militar obligatorio supone la apropiación forzosa del trabajo de una persona para fines estatales, bajo la amenaza de sanciones legales.

Las objeciones económicas, por su parte, están relacionadas con la distribución del trabajo y del capital humano. El servicio obligatorio no asigna a los individuos en función de sus preferencias, sus ventajas comparativas o el conocimiento que poseen acerca de sus propias capacidades. Las personas pueden ser apartadas de profesiones civiles en las que disponen de conocimientos especializados de gran valor y destinadas a funciones militares que no aprovechan plenamente sus aptitudes. Por tanto, el problema económico no consiste únicamente en determinar cuántas personas están disponibles para la defensa, sino también en establecer si los recursos humanos se distribuyen de acuerdo con los conocimientos y los incentivos que poseen los propios individuos.

Frente a este modelo, una sociedad organizada en torno a asociaciones voluntarias procuraría garantizar su defensa mediante el servicio militar voluntario, acuerdos contractuales de seguridad y proveedores privados de defensa.

Los críticos cuestionan la fiabilidad de una defensa basada en el mercado y plantean una pregunta fundamental: ¿qué impediría que un proveedor privado de servicios de defensa se pasara al bando del agresor a cambio de una remuneración más elevada? Una posible respuesta reside en la reputación, los compromisos contractuales y las relaciones comerciales reiteradas. Una empresa de seguridad que abandone sus obligaciones se arriesgaría a perder futuros clientes, cobertura de seguros, financiación y relaciones institucionales. Esto no demuestra que cambiar de bando sea imposible, pero sí que las instituciones competitivas pueden elevar considerablemente el coste de incumplir los compromisos contractuales.

En un orden basado en un sistema jurídico policéntrico y en jurisdicciones privadas, la defensa podría financiarse mediante acuerdos de seguros, mancomunación voluntaria de recursos y relaciones contractuales entre proveedores de seguridad y quienes desean protegerse. La defensa dejaría de concebirse como una apropiación coercitiva del trabajo y pasaría a organizarse como un servicio contractual sustentado en el consentimiento, la especialización, la reputación y la competencia.

Conclusión: libertad y resiliencia en tiempos de guerra

La creencia de que la seguridad en tiempos de guerra exige necesariamente una expansión extraordinaria del poder del Estado central puede conducir a las sociedades a lo que he denominado el dilema de la víctima. Ante la agresión externa, una sociedad puede responder ampliando mecanismos de control centralizado que debilitan su propia capacidad de adaptación económica interna. Así, las medidas adoptadas para reforzar la resiliencia durante la guerra pueden, en determinadas circunstancias, erosionar los fundamentos productivos e institucionales de los que esa misma resiliencia depende.

Las restricciones económicas fundamentales que rigen la acción humana no desaparecen en tiempos de guerra. Los controles de precios no pueden recrear el capital productivo destruido y pueden debilitar los incentivos para la recuperación y el abastecimiento externo. Las burocracias centralizadas no pueden eliminar la dispersión del conocimiento y pueden generar demoras, pérdidas de información y asignaciones inadecuadas de los recursos. Asimismo, desde una perspectiva basada en la autopropiedad, el servicio militar obligatorio plantea una cuestión fundamental acerca de la transferencia al Estado del control sobre el trabajo individual.

Por consiguiente, la resiliencia en tiempos de guerra no depende únicamente de la cantidad de recursos sometidos al control central, sino también de la capacidad para coordinar el conocimiento, preservar los incentivos productivos y movilizar los recursos humanos sin destruir innecesariamente la autonomía individual. Los mercados descentralizados, las asociaciones voluntarias, la defensa contractual y los derechos de propiedad garantizados pueden permitir que los individuos se adapten a circunstancias cambiantes sin necesidad de someter cada decisión a una autoridad central.

*Maksym Vlasenko es un investigador independiente radicado en Ucrania.