Mariana Mazzucato
Este año, antes de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la única noticia que logró sobresalir del ruido general fue que el Banco Mundial había adoptado finalmente las políticas industriales a las que se opuso durante décadas. Sin embargo, mientras gran parte del debate emergente se concentró en si este “giro en U” era positivo o negativo, tardío o peligroso, muy pocos se detuvieron a pensar en la cuestión más importante: ¿qué ha cambiado realmente?
El Banco confirmó algo que muchos de nosotros hemos sostenido durante mucho tiempo: el marco que defendió desde el informe El Milagro de Asia Oriental de 1993, en el que advertía contra los instrumentos de política industrial, no sirvió adecuadamente a los países en desarrollo. Como señaló recientemente el economista jefe del Banco Mundial, Indermit Gill, ese tipo de recomendaciones “hoy tienen tanta utilidad práctica como un disquete”. Sin embargo, al defender el informe, también dejó claro cuán limitado sigue siendo el cambio. Argumentó que la política industrial debe ser “selectiva y temporal”, como una excepción dentro de un modelo centrado en el mercado, y no una herramienta para orientar transformaciones económicas más amplias.
El trabajo más reciente del Banco confirma que la política industrial, contrariamente al antiguo consenso, es más replicable entre distintos niveles de ingresos y contextos institucionales, y que su conjunto de herramientas va mucho más allá de los aranceles y subsidios. El Banco ahora sostiene que el apoyo público al sector privado debe incluir incentivos y sanciones, incluyendo el retiro de financiamiento a empresas de bajo rendimiento. Este nuevo enfoque coincide con los argumentos que presentamos en The Entrepreneurial State (El Estado Emprendedor) y en trabajos más recientes sobre el papel de las misiones y las condicionalidades.
Sin embargo, nuevas conclusiones no generan automáticamente una nueva comprensión de la economía. El Banco sigue considerando al Estado no como un creador y configurador de mercados, sino únicamente como una institución que corrige fallas de mercado. La verdadera cuestión no es si los gobiernos deben intervenir después de que los mercados fracasen. La verdadera cuestión es qué tipo de economía queremos construir desde el principio. ¿Qué objetivos públicos deben orientar las inversiones y cómo deben las instituciones gestionar la cooperación público-privada para que el valor sea creado colectivamente y distribuido de manera justa?
Desde esta perspectiva, el Banco sigue siendo insuficiente porque continúa tratando el espacio de política fiscal no como un conjunto de capacidades institucionales que pueden desarrollarse, sino como una restricción fija que debe optimizarse. Como resultado, sigue diseñando la política industrial únicamente en torno a sectores específicos y evaluaciones de ventaja comparativa. Pero la transición energética, la seguridad hídrica y alimentaria, la salud pública y la resiliencia económica no son cuestiones sectoriales. Son desafíos que requieren misiones a escala de toda la economía.
Por ello es importante que el Banco haya comenzado a adoptar el lenguaje de las “misiones”. Mission 300, centrada en el acceso a la electricidad en África, y Water Forward, la iniciativa sobre seguridad hídrica lanzada durante las Reuniones de Primavera, abordan problemas grandes, sistémicos e intersectoriales. Sin embargo, nuestra evaluación de los acuerdos energéticos nacionales de 30 países africanos revela una carencia importante: los objetivos son sistémicos, pero el funcionamiento de la estructura sigue siendo sectorial.
El Banco Mundial no es el único ejemplo. Los economistas del FMI también han demostrado que las políticas de austeridad y liberalización no produjeron los resultados esperados. Sin embargo, estos hallazgos todavía no se han traducido de manera coherente en nuevas prácticas.
Esto debe cambiar. El FMI y el Banco Mundial se encuentran en el centro de un orden internacional cuya comprensión económica básica sigue reflejando principios que no están respaldados por datos del mundo real. Lo que modelan, miden y recomiendan determina cómo se implementan las políticas de desarrollo y macroeconómicas en todo el mundo. Sus decisiones influyen en quién accede a la liquidez y bajo qué condiciones; qué deuda es considerada sostenible; qué inversiones públicas son vistas como creíbles y qué países ven restringida su autonomía política.
Los países ricos que financian y controlan estas instituciones tampoco están exentos de las consecuencias de esta misma visión económica. Durante décadas, las mismas suposiciones erróneas moldearon las políticas en Europa y Estados Unidos: reprimieron la inversión pública, debilitaron los servicios públicos, trataron los salarios como un costo y no como motor de la demanda agregada, y dejaron a los hogares vulnerables frente a shocks que los mercados no podían gestionar.
La crisis económica emergente ya se ha transformado en una crisis política. Los factores económicos que restringieron las políticas de desarrollo fuera de los países centrales debilitando la capacidad pública y reduciendo el margen de acción de los gobiernos también alimentaron el ascenso de la extrema derecha dentro de esos mismos países.
La respuesta europea al shock energético de 2022 demuestra la importancia del problema. Entre 2022 y 2025, los Estados miembros de la UE y el Reino Unido asumieron un costo adicional de 1,8 billones de dólares; gran parte de esa carga fue soportada por los hogares y los presupuestos públicos, mientras que los accionistas de las empresas que aplicaron precios más altos se beneficiaron de ello. España, en cambio, ofreció una alternativa. Al tratar la seguridad energética no como una categoría de subsidios sino como una misión estratégica de inversión, el país produce ahora más de la mitad de su electricidad a partir de fuentes renovables, lo que le permitió protegerse mejor del último shock energético que muchos de sus vecinos.
Convertir este tipo de resiliencia en la norma y no en la excepción requiere un marco económico que los gobiernos puedan aplicar de manera coherente. La Movilización Progresista Global (The Global Progressive Mobilisation), impulsada por el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, comenzó recientemente a reunir gobiernos progresistas de todo el mundo para sentar las bases de un nuevo consenso económico.
Esas bases son claras. Se necesitan instituciones públicas con capacidad para invertir, coordinar y orientar los mercados en función del interés público. Necesitamos financiamiento basado en misiones y no en ratios de apalancamiento; marcos de política que consideren el espacio fiscal no como un techo impuesto por el mercado, sino como algo que puede construirse mediante inversiones productivas. También son necesarios nuevos enfoques que midan el valor en torno al bien común.
El Consejo Global sobre una Nueva Economía para el Siglo XXI (A Global Council on New Economics for the 21st Century), una iniciativa copresidida por Mazzucato y el vicepresidente primero del Gobierno de España, Carlos Cuerpo, reunirá precisamente estos elementos. Nuestro objetivo es transformar la nueva comprensión económica en principios aplicables basados en la justicia, la igualdad, la sostenibilidad y la solidaridad global. La lucha por una nueva economía se está ganando; ahora toca demostrar qué debe hacerse después.
*Mariana Mazzucato es profesora en University College London y directora fundadora del Instituto de Innovación y Propósito Público de la UCL. Es autora de numerosos libros, entre ellos: The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths (Penguin, 2023), The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy (Penguin Books, 2019), Mission Economy: A Moonshot Guide to Changing Capitalism (Penguin Books, 2022), The Big Con: How the Consulting Industry Weakens Our Businesses, Infantilizes Our Governments and Warps Our Economies (Penguin Press, 2023), así como del próximo libro The Common Good Economy: A New Compass (Allen Lane, junio de 2026).
*Lara Merling es investigadora especializada en estrategia industrial en el Instituto de Innovación y Propósito Público de la UCL.
