Desde 2018, el Arab Center for Social Media Advancement (7amleh), una organización de derechos humanos dedicada a la defensa de los derechos digitales de la población palestina, ha documentado cómo las prácticas de moderación de Facebook, actualmente Meta, han afectado de manera desproporcionada a los contenidos relacionados con Palestina. En 2020, 7amleh puso en marcha una campaña contra una propuesta de política de Facebook en materia de discurso de odio que contemplaba considerar el término «sionista» como un posible sustituto de «judío». Más recientemente, en 2024, la organización recopiló veinte testimonios de primera mano de personas influyentes palestinas, periodistas y medios de comunicación, en los que se documentaban sus experiencias con las prácticas discriminatorias de moderación de contenidos de Meta. En 2023, Human Rights Watch también denunció la existencia de una «censura sistemática en línea» dirigida contra las voces que expresaban su apoyo a Palestina y a los derechos humanos del pueblo palestino.
En 2022, el político belga y eurodiputado Tom Vandendriessche, representante del partido de extrema derecha Vlaams Belang (Interés Flamenco), obtuvo una victoria judicial parcial en su demanda contra Meta por la restricción de visibilidad, conocida como shadow banning o «bloqueo en la sombra», aplicada a su cuenta en 2021, después de que la compañía eliminara varias publicaciones alegando infracciones de sus Condiciones del Servicio (ToS) y de las Normas Comunitarias de Facebook (FCG). Un tribunal belga determinó que las actuaciones de la empresa habían restringido considerablemente la capacidad del político para participar en el debate político en línea y que Meta no había garantizado niveles adecuados de transparencia ni mecanismos efectivos de recurso. En consecuencia, ordenó a la compañía indemnizar al eurodiputado por los daños materiales y reputacionales ocasionados.
En 2026, Meta se convirtió en objeto de severas críticas por parte de organizaciones de vigilancia de los derechos digitales, tanto en Brasil como en el ámbito internacional, debido a las acusaciones de supresión selectiva de contenidos, manipulación algorítmica y parcialidad política percibida a favor del candidato de extrema derecha Flávio Bolsonaro durante las elecciones presidenciales brasileñas de octubre de ese año.
La narrativa: ¡Meta, no interfieras en nuestras elecciones!
Mediante un juego de palabras con el término portugués meta, derivado del verbo meter («entrometerse» o «intervenir»), los defensores de los derechos digitales, junto con los seguidores y aliados del presidente en ejercicio, Luiz Inácio Lula da Silva, adoptaron la consigna Meta não se meta que podría traducirse como «Meta, no te metas». Su propósito no consistía únicamente en denunciar las presuntas prácticas de restricción encubierta de visibilidad ejercidas por la plataforma durante las elecciones presidenciales brasileñas de 2026, sino también en movilizar colectivamente a la ciudadanía en favor de un entorno digital más justo y equitativo.
En octubre de 2026, durante la campaña correspondiente a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas, una coalición integrada por organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y colectivos de defensa de los derechos digitales entre ellos CTRL+Z, Código Não Binário, ARTIGO 19 (Article 19 Brasil), Sleeping Giants Brasil y otras entidades— puso en marcha el sitio web naosemeta.com.br como parte de una iniciativa destinada a denunciar la presunta injerencia electoral y los sesgos algorítmicos.
La plataforma ofrecía a los ciudadanos tres vías para exigir públicamente responsabilidades a Meta: enviar un correo electrónico a la compañía, dirigir un mensaje a través de LinkedIn a su director general en Brasil y publicar un comentario en la publicación más reciente de Instagram del director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg.
Asimismo, el sitio habilitó un espacio para quienes desearan participar mediante la firma de una petición dirigida al Tribunal Superior Electoral (TSE) y de una notificación extrajudicial. Esta última consistía en una comunicación formal escrita, remitida el 19 de octubre, cuyo objetivo era requerir a Meta que reconociera las deficiencias técnicas de sus sistemas publicitarios, de moderación de contenidos y de inteligencia artificial (IA), así como las irregularidades relacionadas con la distribución y accesibilidad en Brasil de los contenidos generados por los usuarios y de los materiales de campaña. Según las organizaciones impulsoras de la iniciativa, dichas deficiencias perjudicaban particularmente al candidato Luiz Inácio Lula da Silva.
La estrategia digital orientada a exigir responsabilidades a Meta estuvo acompañada por una manifestación celebrada el 19 de octubre frente a las oficinas de la compañía. Durante la protesta, los participantes reclamaron el respeto a la soberanía digital de Brasil, y el Centro de Tecnología del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) destacó entre las voces más activas de la movilización.
Para quienes reivindicaban la recuperación de la soberanía digital brasileña, las actuaciones de la compañía estaban vinculadas a la relación política entre el presidente estadounidense Donald Trump y el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, padre de Flávio Bolsonaro, así como a la influencia que la actual Administración estadounidense ejercería sobre los propietarios de las grandes empresas tecnológicas. Desde esta perspectiva, Meta estaría facilitando formas de injerencia extranjera en el proceso electoral brasileño.
La narrativa condensada en la consigna «¡Meta, no interfieras en nuestras elecciones!» adquirió una dimensión adicional. Después de que la primera vuelta electoral, celebrada a comienzos de octubre, otorgara una ligera ventaja al candidato Flávio Bolsonaro, el congresista de izquierda André Janones relanzó el canal de WhatsApp Exército do Lula («Ejército de Lula»), una iniciativa que rápidamente reunió a millones de seguidores y cuyo propósito era movilizar al electorado tanto en los espacios digitales como fuera de ellos, además de ampliar la visibilidad de los mensajes y las propuestas de Lula da Silva.
Además de procurar recuperar los símbolos nacionales brasileños que habían sido apropiados políticamente por la extrema derecha —incluida la invitación a sus seguidores a vestir la camiseta amarilla de la selección nacional de fútbol—, el canal de WhatsApp coordinó las interacciones en las redes sociales con el objetivo de incrementar la presencia digital de Lula da Silva.
Janones impartió instrucciones a sus «tropas» sobre cuándo y cómo interactuar con los contenidos producidos por la campaña de Lula da Silva, articulando así una narrativa implícita según la cual era posible «domesticar» el algoritmo, recuperar el control del ecosistema mediático digital brasileño y, en última instancia, ganar las elecciones y restablecer la moral de la campaña.
Tras la remontada sin precedentes protagonizada por Lula da Silva en la segunda vuelta del 25 de octubre, esta narrativa evolucionó hacia la expresión dobramos a Meta («doblegamos a Meta»), una referencia al popular meme brasileño dobrar a meta («duplicar la meta»), originado a partir de unas declaraciones de la expresidenta Dilma Rousseff durante un discurso pronunciado en julio de 2015 sobre el Programa Nacional de Acceso a la Enseñanza Técnica y al Empleo (PRONATEC).
En este nuevo contexto, la expresión adquirió un significado político particular: «Hemos conseguido superar las políticas de moderación de contenidos y las prácticas de gobernanza de Meta».
El contexto que rodea la narrativa
Brasil ocupa el segundo lugar mundial por número de usuarios de WhatsApp, con aproximadamente 148 millones, y el tercero por tamaño de audiencia potencial alcanzable en Instagram, con cerca de 147 millones de personas.
El país es considerado uno de los referentes internacionales en materia de gobernanza de internet y regulación digital, gracias, especialmente, a su sólida tradición de enfoques abiertos y multiparticipativos para la protección de los derechos digitales. Un ejemplo fundamental de esta trayectoria es la Ley Federal n.º 12.965/2014, conocida como Marco Civil da Internet, que constituye el principal marco jurídico brasileño en materia de derechos y responsabilidades en el entorno digital.
Durante más de una década, el Marco Civil da Internet protegió a las plataformas digitales frente a la responsabilidad jurídica derivada de contenidos publicados por terceros, salvo cuando incumplieran una orden judicial específica que exigiera su retirada. Este modelo buscaba preservar la libertad de expresión y, al mismo tiempo, evitar que las plataformas se vieran desbordadas por solicitudes de eliminación de contenidos.
Sin embargo, esta situación cambió en junio de 2025, cuando el Supremo Tribunal Federal de Brasil, reconociendo las transformaciones experimentadas por los ecosistemas de comunicación digital, declaró parcialmente inconstitucional la Ley Federal n.º 12.965/2014, al considerar que su marco normativo ya no ofrecía una protección suficiente a los derechos fundamentales y a la democracia.
La decisión amplió la responsabilidad de las plataformas digitales por los contenidos publicados por terceros en Brasil. No obstante, diversos especialistas sostienen que el cumplimiento efectivo de esta resolución resulta inviable mientras las compañías no garanticen una transparencia real en sus políticas de moderación de contenidos y en sus prácticas de gobernanza.
En octubre de 2026, Sleeping Giants Brasil publicó un informe en el que presentó lo que consideraba pruebas de «favoritismo algorítmico» de Meta hacia los aliados políticos de la familia Bolsonaro. El documento se centraba en el caso de Nikolas Ferreira, político de derecha vinculado al Partido Liberal (PL), elegido en 2022 para un mandato de cuatro años y actualmente integrante de la Cámara de Diputados.
El 14 de octubre, el medio independiente brasileño Núcleo publicó una investigación según la cual la inteligencia artificial de Meta favorecía la generación de imágenes de Flávio Bolsonaro en WhatsApp. De acuerdo con el medio, Meta reconoció el problema mediante un correo electrónico y aseguró que adoptaría las medidas necesarias para evitar que volviera a producirse.
El 15 de octubre, el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil resolvió que Meta debía abstenerse de interferir en la distribución de contenidos políticos y electorales publicados por Lula da Silva o Flávio Bolsonaro hasta la conclusión de la segunda vuelta electoral. Asimismo, estableció que el incumplimiento de la resolución acarrearía una multa diaria de 500.000 reales brasileños, equivalentes aproximadamente a 91.942 dólares estadounidenses.
La decisión se produjo después de que el equipo de campaña para la reelección de Lula da Silva denunciara ante el TSE que Meta había restringido reiteradamente el alcance de publicaciones vinculadas al candidato oficialista y a sus seguidores.
El 16 de octubre, el periódico Folha de S.Paulo informó que empleados de Meta habían reconocido, en comunicaciones internas de la compañía, que las restricciones aplicadas durante el proceso electoral brasileño habían afectado negativamente a las cuentas de Instagram de Lula da Silva.
Ese mismo día, Meta admitió que sus plataformas habían experimentado problemas técnicos, aunque rechazó que estos fueran consecuencia de una actuación políticamente sesgada.
En un comunicado oficial, la compañía declaró: «La cuenta publicitaria de la campaña de Lula estuvo desactivada durante algo más de una hora debido a un error, y no por motivos políticos». Asimismo, señaló que varios de los problemas denunciados formaban parte de una incidencia técnica de alcance «global».
Durante su discurso de victoria, Lula da Silva se comprometió a dar prioridad a nuevas regulaciones destinadas a garantizar la rendición de cuentas de las grandes plataformas digitales.
El mandatario afirmó que, durante los últimos comicios, tanto él como sus aliados habían tenido que «superar la injerencia extranjera ejercida a través de las plataformas digitales». Asimismo, sostuvo que Brasil no podía permitir la existencia de «empresas monstruosas que ganan miles de millones, no pagan impuestos y pretenden dirigir las elecciones del país».
Las redes sociales y la desinformación han desempeñado un papel central en los procesos electorales celebrados anteriormente en Brasil. En este sentido, una investigación publicada en Misinformation Review, revista académica de la Harvard Kennedy School, sostiene que, durante las elecciones de 2022, «la susceptibilidad a la desinformación electoral estuvo condicionada por factores como la ideología política, la confianza en el proceso electoral y en las instituciones democráticas, así como los hábitos de consumo informativo». Asimismo, el estudio señala que «quienes participaban en grupos de carácter político en aplicaciones de mensajería presentaban una mayor propensión a creer en informaciones falsas relacionadas con las elecciones».
Al igual que en 2022, aunque esta vez sin un plan golpista, la familia Bolsonaro ha vuelto a denunciar un supuesto fraude electoral.
Tras abandonar el país, mientras seguían abiertas investigaciones que lo vinculaban con presuntas operaciones de blanqueo de capitales, Flávio Bolsonaro publicó una primera carta en la que se autoproclamaba «presidente electo». Posteriormente, eliminó esa versión y la sustituyó por una segunda, en la que se presentaba como el «líder» legítimo de Brasil.
En el documento, Flávio Bolsonaro argumentaba que había tenido que abandonar el territorio brasileño para evitar lo que describía como una persecución política.
Aunque Flávio Bolsonaro insistió en su intención de lograr la anulación de las elecciones presidenciales, su partido posteriormente se distanció de esa postura mediante un comunicado oficial. En él, la formación optó por reconocer los resultados electorales, aunque mantuvo su intención de continuar denunciando las presuntas irregularidades registradas durante el proceso.
