Doç. Dr. Mehmet Rakipoğlu
En los movimientos populares que comenzaron en diciembre de 2010 en Sidi Bouzid y que, en poco tiempo, se extendieron por todo el mundo árabe, Túnez destacó no solo por haber encendido la chispa de la revolución, sino también por haber sido el único caso capaz de institucionalizar el proceso de democratización. La Constitución de 2014, junto con un Parlamento pluralista y unas elecciones competitivas, representó para la calle árabe la prueba de que “lo posible” era realmente posible. Sin embargo, la decisión del presidente Kais Saied, el 25 de julio de 2021, de suspender el Parlamento y concentrar en sus manos las competencias del poder ejecutivo sacudió esa esperanza hasta sus cimientos. Túnez volvió a ocupar un lugar destacado en la agenda internacional con el encarcelamiento de Rached Ghannouchi, una de las figuras más importantes de la política posterior a la revolución, y el progresivo deterioro de su estado de salud. En un Túnez que atraviesa una experiencia aún más compleja que la vivida en Egipto con Mohamed Morsi, asistimos hoy a la consolidación de un régimen de poder personal legitimado mediante el lenguaje jurídico, mientras Occidente mantiene, en gran medida, un silencio ante esta deriva.
Golpe constitucional e instrumentalización del derecho
El rasgo fundamental que distingue el caso de Kais Saied de otras rupturas autoritarias similares es que la usurpación del poder no fue presentada como un golpe de Estado abierto, sino revestida de un discurso jurídico. Saied sostuvo que actuaba al amparo del artículo 80 de la Constitución de 2014, invocando una situación de “peligro inminente”, y afirmó que las medidas adoptadas tenían como finalidad garantizar la plena aplicación de la Constitución. Como profesor de Derecho constitucional, su trayectoria académica contribuyó, sin duda, a conferir a este discurso una determinada credibilidad ante la opinión pública. Sin embargo, resulta significativo que el propio Saied haya redactado los artículos más autoritarios de la nueva Constitución. De este modo, lo que terminó configurándose no fue un modelo en el que el derecho pusiera fin al poder arbitrario, sino un modelo de poder monopolístico construido mediante el lenguaje del derecho.
Este proceso no se limitó al deterioro del equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino que se profundizó mediante una transformación sistemática del poder judicial. La purga judicial iniciada en febrero de 2022 culminó con una nueva arquitectura constitucional que, además de permitir la destitución de jueces, contemplaba el nombramiento directo de los magistrados de los tribunales superiores por parte del presidente. En última instancia, Saied neutralizó de antemano cualquier órgano constitucional capaz de ejercer un control efectivo sobre su poder y convirtió la justicia en un instrumento para depurar a sus adversarios. Desde esta perspectiva, el caso tunecino confirma un patrón ampliamente debatido en la literatura sobre el “autoritarismo electivo”: las instituciones democráticas pueden ser instrumentalizadas para poner fin a la propia democracia. En otras palabras, como demuestra el caso de Túnez, las instituciones democráticas pueden convertirse en herramientas destinadas a desmantelar el orden democrático desde dentro.
El panorama económico tampoco contribuye a reforzar la legitimidad de este modelo monopolístico. Tras cinco años, el crecimiento económico de Túnez y sus niveles de desempleo continúan por debajo de los registros de 2018, mientras que la deuda pública ha pasado de aproximadamente el 73 % a más del 81 % del PIB. Saied, que rechazó como una “imposición extranjera” la reforma de los subsidios negociada con el FMI, no ha sido capaz de presentar un programa coherente para gestionar la crisis económica. Los cortes de electricidad y de agua, sumados al endeudamiento crónico de empresas públicas como STEG y SONEDE, muestran que la estabilidad prometida por la usurpación “jurídica” del poder no era más que una ilusión.
Justicia, represión y el caso Ghannouchi
El objetivo más visible del aparato represivo del régimen de Saied ha sido el partido Ennahda y su histórico líder, Rached Ghannouchi. La condena de Ghannouchi a tres años de prisión, dictada en febrero de 2024 por un tribunal financiero bajo la acusación de haber recibido financiación extranjera, constituye en realidad el inicio simbólico de una estrategia de depuración mucho más amplia. En el juicio colectivo celebrado en abril de 2025, basado en una acusación jurídicamente ambigua y arbitraria —la de “intentar cambiar la naturaleza del Estado”—, cerca de cuarenta personas, entre ellas figuras procedentes de sectores liberales, socialistas e islamistas, fueron condenadas a penas de hasta 66 años de prisión. Todo ello demuestra que Saied ha construido a la oposición no únicamente en función de su identidad ideológica, sino como una amenaza transversal que engloba a cualquiera que cuestione su poder.
El caso de Ghannouchi permite observar, asimismo, cómo los movimientos islamistas pueden ser transformados en la figura del “enemigo interno” durante los períodos de restauración autoritaria en el mundo árabe. La conclusión de los procesos judiciales en cuestión de minutos, la privación de facto de los acusados de su derecho a la defensa y la extendida convicción de que las sentencias habían sido determinadas de antemano revelan que el derecho ha quedado reducido a una mera coraza de legitimidad. La condena en ausencia a 22 años de prisión del expresidente tunecino Moncef Marzouki y la acusación de terrorismo contra el juez jubilado Ahmed Souab por haber denunciado públicamente las presiones ejercidas sobre el poder judicial muestran que el sistema no pretende infundir temor únicamente entre los sectores islamistas, sino construir una verdadera economía del miedo dirigida contra todos aquellos que defienden el Estado de derecho.
No obstante, el impacto social de esta estrategia represiva presenta profundas contradicciones. Los procesos judiciales y las detenciones de la primavera de 2025 desencadenaron protestas abiertas por parte de cerca de cuarenta académicos vinculados a los ámbitos del derecho y las ciencias políticas, así como de empresarios y estudiantes universitarios residentes en los principales centros urbanos. Sin embargo, para que esta reacción pueda transformarse en una dinámica de “desintegración del Estado” capaz de sacudir al régimen, todavía no se han dado simultáneamente las tres condiciones necesarias: una movilización social sostenida, una fractura dentro del propio régimen y la disposición de las fuerzas de seguridad a abstenerse del uso de la violencia. Esto demuestra que, hasta el momento, el régimen de Saied ha logrado preservar el frágil equilibrio que ha establecido entre la represión y el agotamiento social.
El silencio de Occidente y la crisis de legitimidad internacional
Uno de los aspectos más llamativos del golpe constitucional en Túnez es la naturaleza de la respuesta de los actores occidentales ante este proceso. Aunque, tras 2021, la Administración estadounidense redujo simbólicamente a la mitad su asistencia militar, esta medida no se tradujo en un aislamiento político integral. La cooperación en materia de seguridad en forma de subvenciones, capacitación y ejercicios conjuntos continuó sin interrupción e incluso se presentó, al margen de las críticas suscitadas por las condiciones del FMI, como un canal de asistencia “sin imposiciones”. Esta situación revela hasta qué punto el discurso democrático ha quedado relegado a un papel secundario frente a los intereses de seguridad.
En el frente europeo, el panorama no es diferente. La prioridad de Francia y de otros Estados miembros de la UE no es tanto las violaciones de los derechos humanos como el control de la migración irregular que, a través de Túnez, se dirige hacia Europa. Esta convergencia de intereses ha otorgado a Saied un amplio margen de maniobra para desplegar su discurso sobre la “soberanía” y ha permitido que la consolidación autoritaria no se produzca frente a la presión externa, sino, por el contrario, al amparo de la tolerancia de los actores internacionales. Iniciativas como la Ley de Restauración de la Democracia en Túnez, planteada en el Congreso de Estados Unidos, no han logrado trascender la amenaza de sanciones simbólicas; además, sigue siendo objeto de debate hasta qué punto este tipo de intervenciones externas terminan cumpliendo otra función que la de reforzar el relato de Saied sobre una supuesta “conspiración extranjera”.
La cuestión crucial, llegados a este punto, es si el silencio de Occidente obedece únicamente a cálculos de interés estratégico o si, por el contrario, las formas de autoritarismo que conservan una apariencia “constitucional” generan una percepción de legitimidad distinta de la que producen los golpes de Estado clásicos. La manera en que Saied se ha presentado como el único intérprete legítimo de la voluntad popular y ha articulado esta pretensión mediante el lenguaje del derecho constitucional ha contribuido a neutralizar, en buena medida, la reacción de la opinión pública internacional. Sin embargo, la experiencia tunecina demuestra que esta fractura entre la forma jurídica y la sustancia democrática no constituye una mera excepción local, sino una tendencia general de la actual ola de restauración autoritaria.
En última instancia, la trayectoria de Túnez durante estos cinco años demuestra con claridad que la democratización no es un proceso irreversible; por el contrario, los propios instrumentos de legitimidad jurídica pueden ser reinterpretados y utilizados para desmantelar la democracia desde dentro. El encarcelamiento de Ghannouchi y la eliminación política de Ennahda constituyen un símbolo no solo de la desaparición de un partido, sino también del desmantelamiento de las garantías institucionales del pluralismo. Aunque el creciente descontento social, alimentado por el fracaso económico del régimen de Saied, pone de manifiesto su fragilidad, la renuencia de los actores internacionales a adoptar una posición basada en principios dificulta que esta fragilidad pueda transformarse en una verdadera transición política. El modelo tunecino, en el que la calle árabe depositó en otro tiempo sus esperanzas, se presenta hoy como la prueba más tangible de que el derecho puede convertirse en un instrumento al servicio de la deriva autoritaria.