Sinan Tavukçu
Tras la invasión de Irak por las fuerzas de la coalición lideradas por Estados Unidos en febrero de 2003, se instauró en el país un nuevo orden político basado en una alianza entre los árabes chiíes y los kurdos, mientras que los árabes suníes quedaron excluidos del sistema. Una vez completada la ocupación, la Autoridad Provisional de la Coalición fue encargada, conforme a los objetivos de Washington, de reconfigurar Irak como un Estado democrático y federal. Con la Constitución aprobada en 2005 se adoptó oficialmente el sistema federal. Durante el proceso de redacción de dicha Constitución, elaborada por representantes chiíes y kurdos, los árabes suníes defensores de la integridad territorial y del carácter unitario del Estado iraquí— fueron marginados del proceso constituyente.
En el nuevo modelo, el país quedó dividido de facto entre regiones árabes chiíes, árabes suníes y kurdas. Se estableció un sistema político basado en la distribución del poder mediante cuotas étnicas y confesionales, conocido como muhasasa, según el cual el presidente de la República debía ser kurdo, el primer ministro un árabe chií y el presidente del Parlamento un árabe suní. Asimismo, la nueva Constitución otorgó garantías constitucionales a la autonomía de la administración kurda y legitimó jurídicamente a sus fuerzas armadas.
La potencia ocupante, Estados Unidos, permitió que el control del gobierno iraquí quedara en manos de los partidos chiíes estrechamente vinculados a Irán. En particular, el período del Estado de Derecho (State of Law Coalition), encabezado por el primer ministro Nuri al-Maliki (2006-2014), fiel a la doctrina del Wilayat al-Faqih, representó la etapa en la que Irán consolidó una influencia prácticamente hegemónica sobre Irak. Posteriormente, dicha influencia ha tratado de mantenerse mediante las milicias proiraníes agrupadas bajo el denominado «Marco de Coordinación» (Coordination Framework).
Tanto Estados Unidos como las nuevas autoridades iraquíes hicieron recaer sobre los árabes suníes, que representan aproximadamente el 25 % de la población, el costo político del régimen baasista de Saddam Hussein y de las políticas represivas ejercidas durante décadas contra chiíes y kurdos. Tanto durante la ocupación como en los años posteriores especialmente entre 2007 y 2008, más de un millón de iraquíes, en su mayoría suníes, perdieron la vida como consecuencia de las operaciones militares estadounidenses y de los ataques perpetrados por milicias chiíes, mientras que millones de personas fueron sometidas a torturas y diversas formas de represión.
Sin embargo, el nuevo Estado iraquí, sustentado en la alianza chií-kurda y caracterizado por la exclusión de los suníes, no logró consolidar una administración eficaz. Lejos de aportar estabilidad, el nuevo modelo institucional profundizó las divisiones étnicas y sectarias. La inestabilidad política, la corrupción generalizada, la precariedad de los servicios públicos, la persistencia del terrorismo, la incapacidad para impedir el fraude electoral, la creciente desconfianza hacia instituciones políticas fragmentadas y la continua injerencia de potencias extranjeras, principalmente Estados Unidos e Irán, provocaron un deterioro progresivo de la confianza de la población en el sistema político. Mientras los gobiernos de coalición eran escenario de una intensa competencia entre dirigentes chiíes próximos a Irán y otros alineados con Estados Unidos, la corriente liderada por Muqtada al-Sadr defendía una identidad árabe, nacionalista e independiente, tanto de Teherán como de Washington.
La alianza entre chiíes y kurdos, vigente hasta las elecciones provinciales de 2009, llegó a su fin debido a los intentos del gobierno central de Bagdad de limitar la autonomía del Gobierno Regional del Kurdistán (GRK), someterlo a un mayor control y apropiarse de los ingresos derivados del petróleo. A partir de entonces comenzó una nueva etapa marcada por alianzas cambiantes según la coyuntura política: en ocasiones, kurdos y árabes suníes cooperaban frente a los árabes chiíes; en otras, árabes chiíes y suníes actuaban conjuntamente, apelando a una identidad árabe común, frente a las aspiraciones kurdas. Paralelamente, la intensa rivalidad entre las familias Barzani y Talabani por el control político del Kurdistán iraquí se agudizó, mientras que el PKK también pasó a formar parte de la pugna por el poder en la región.
El creciente autoritarismo del gobierno de Nuri al-Maliki y las masacres sufridas por la población suní favorecieron que el Estado Islámico (Daesh) encontrara un importante apoyo social entre determinados sectores suníes. Este proceso facilitó que, en 2014, la organización tomara rápidamente el control de aproximadamente un tercio del territorio iraquí, incluyendo provincias estratégicas como Mosul, Anbar, Saladino, Nínive y Diyala. Solo en 2017, gracias a las operaciones conjuntas de la coalición internacional encabezada por Estados Unidos, el ejército iraquí, las fuerzas Peshmerga y las Fuerzas de Movilización Popular (Hashd al-Shaabi) pudieron derrotar militarmente a Daesh.
El Surgimiento de las Fuerzas de Movilización Popular (Hashd al-Shaabi)
Las Fuerzas de Movilización Popular (Hashd al-Shaabi), que aún hoy mantienen una posición determinante dentro del sistema político iraquí, fueron creadas en 2014 para combatir al Estado Islámico (Daesh), tras la fatua de la «yihad defensiva» (yihad kifā’í) emitida por el gran ayatolá Ali al-Sistani. Esta organización, de carácter heterogéneo, reúne bajo una misma estructura de mando a cerca de cincuenta grupos armados vinculados a distintas corrientes religiosas y políticas, llegando a superar los 200.000 combatientes. En 2016, mediante una ley promulgada por el entonces primer ministro Haidar al-Abadi, las Fuerzas de Movilización Popular fueron reconocidas oficialmente como una institución de seguridad dependiente directamente del primer ministro y comenzaron a recibir financiación del presupuesto estatal.
Tras la pérdida del poder por parte de Nuri al-Maliki, Irán trató de llenar el vacío político surgido en Irak apoyándose en las milicias chiíes de Hashd al-Shaabi leales a Teherán y en sus brazos políticos. El progresivo control y dirección de esta organización por parte de Irán, originalmente constituida para combatir a Daesh, así como su aspiración a consolidarse como una estructura militar paralela al Estado, similar al papel que desempeña el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán, provocaron un creciente malestar entre los sectores chiíes contrarios a la influencia iraní. En diciembre de 2017, Muqtada al-Sadr declaró que la amenaza de Daesh había desaparecido y exigió la completa disolución de Hashd al-Shaabi, así como la entrega de todas las armas al Estado iraquí. Asimismo, anunció que la munición de su propia fuerza armada, Saraya al-Salam, sería entregada a las autoridades estatales.
En enero de 2020, el ataque aéreo llevado a cabo por Estados Unidos en las inmediaciones del aeropuerto de Bagdad, en el que murieron el general iraní Qasem Soleimani considerado el principal arquitecto del denominado «Eje de la Resistencia»— y el vicepresidente de Hashd al-Shaabi, Abu Mahdi al-Muhandis, constituyó un punto de inflexión tanto para la política iraquí como para la estrategia regional de Irán. Este episodio reforzó aún más la lealtad de las milicias chiíes vinculadas a la doctrina del Wilayat al-Faqih hacia Teherán.
El propio gran ayatolá Ali al-Sistani, autor de la fatua que dio origen a Hashd al-Shaabi, manifestó su incomodidad ante el hecho de que la mayoría de las milicias chiíes hubieran pasado a estar bajo la influencia iraní, orientaran sus actividades hacia la obtención de poder político y económico y actuaran como un «Estado dentro del Estado». En abril de 2020, las brigadas Liwa Ali al-Akbar, Firqat al-Abbas al-Qitaliyya, Ansar al-Marjaiyya y Liwa al-Imam Ali, todas ellas leales a Al-Sistani, abandonaron Hashd al-Shaabi y pasaron a depender directamente del Ministerio de Defensa de Irak y del Centro de Mando del Primer Ministro.
El control ejercido por Irán sobre Irak a través de las milicias de Hashd al-Shaabi guarda importantes similitudes con el modelo desarrollado en el Líbano mediante Hezbolá. Con el Acuerdo de Taif, firmado en 1989 para poner fin a los quince años de guerra civil libanesa, se acordó el desarme de todas las milicias participantes en el conflicto. Sin embargo, se permitió que Hezbolá conservara su armamento al no ser formalmente considerado una milicia. En el marco de su estrategia para ejercer influencia sobre el Líbano y Siria y asegurar una proyección geopolítica hacia el Mediterráneo, Irán consolidó a Hezbolá como una estructura político-militar paralela al Estado y subordinada a Teherán. Bajo el mando del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, los combatientes de Hezbolá participaron en Siria en apoyo del régimen de Bashar al-Asad frente a la insurrección, contribuyendo a un conflicto que provocó la muerte de cientos de miles de personas y el desplazamiento de más de la mitad de la población del país. Mientras que en Irak Irán y las milicias bajo su influencia cooperaron con Estados Unidos en la lucha contra los grupos armados suníes, en Siria actuaron conjuntamente con Rusia en apoyo del régimen de Damasco. En la actualidad, inmerso en una confrontación con Estados Unidos e Israel, el liderazgo iraní muestra una especial sensibilidad ante los recordatorios de sus políticas sectarias en Irak y Siria y de las graves consecuencias humanitarias derivadas de dichos conflictos.
La Consolidación de Hashd al-Shaabi como Centro de Poder
Tras las elecciones generales iraquíes de octubre de 2021, en las que el bloque liderado por Muqtada al-Sadr, de orientación contraria a la influencia iraní, obtuvo 73 de los 329 escaños del Parlamento y se convirtió en la principal fuerza política, mientras que los partidos chiíes tradicionales respaldados por Irán y las alas políticas de Hashd al-Shaabi sufrían importantes pérdidas electorales, estos últimos decidieron unirse bajo el liderazgo de Nuri al-Maliki en una alianza denominada «Marco de Coordinación» (Coordination Framework) con el propósito de preservar su influencia en el poder. Las principales milicias que integran este bloque, junto con sus respectivos brazos políticos, son las siguientes:
- Las Brigadas Badr, dirigidas por Hadi al-Amiri, respaldan la Coalición Al-Fatah.
- Asaib Ahl al-Haq, liderada por Qais al-Khazali, apoya al Movimiento Sadiqun.
- Kataib Hezbolá, bajo el mando de Hussein al-Muhammadawi, cuenta con su propio brazo político homónimo.
- El Movimiento Harakat al-Nujaba, dirigido por Akram al-Kaabi, respalda al partido del mismo nombre.
- Kataib Jund al-Imam, encabezado por Ahmed al-Asadi, apoya al Movimiento Jund al-Imam.
- Kataib Sayyid al-Shuhada, liderado por Abu Ala al-Walai, respalda al partido homónimo.
Muqtada al-Sadr, representante de una corriente chií nacionalista y opuesta a la influencia iraní, intentó formar tras las elecciones un «gobierno de mayoría» que excluyera a las formaciones chiíes próximas a Teherán. Sin embargo, al no lograrlo, anunció en junio de 2022 su retirada definitiva de la política e instruyó a sus diputados para que renunciaran a sus escaños. Como consecuencia, el Marco de Coordinación ocupó los puestos vacantes y pasó a convertirse en la mayor fuerza parlamentaria del país. Desde entonces, Hashd al-Shaabi, a través de sus representantes políticos, consolidó su posición como uno de los principales actores del poder ejecutivo, de la vida política y de la esfera económica iraquí.
En agosto de 2022 estallaron intensos enfrentamientos armados en la Zona Verde de Bagdad entre las milicias Saraya al-Salam, leales a Muqtada al-Sadr, y las facciones proiraníes integradas en Hashd al-Shaabi. Tras estos combates, el Movimiento Sadrista rompió todos sus vínculos con la cadena de mando de Hashd al-Shaabi. En mayo de 2026, Al-Sadr anunció que Saraya al-Salam se había «separado completamente» de dicha organización y había pasado a integrarse en la estructura estatal. Asimismo, hizo un llamamiento a todas las formaciones de Hashd al-Shaabi para que dejaran de actuar siguiendo directrices partidistas o sectarias y entregaran sus armas al Estado iraquí.
Tras el período de gobierno provisional encabezado por Mustafa al-Kadhimi, en octubre de 2022 se constituyó un nuevo ejecutivo de consenso entre partidos chiíes, suníes y kurdos, bajo la dirección de Mohammed Shia al-Sudani, candidato del Marco de Coordinación. Frente a las nuevas realidades geopolíticas, el gobierno de Al-Sudani adoptó una política de equilibrio, procurando fortalecer simultáneamente las relaciones con Estados Unidos, los países del Golfo y Türkiye, sin romper sus vínculos con Irán.
La principal iniciativa económica y de infraestructura impulsada por el gobierno de Al-Sudani fue el Proyecto de la Ruta del Desarrollo (Development Road Project). El acuerdo para la construcción del gran corredor logístico que conectará el Puerto de Gran Faw, en el sur de Irak, con la frontera turca fue firmado en Bagdad el 22 de abril de 2024 por Irak, Türkiye, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Pese a los intentos de Irán por obstaculizar el proyecto, este acuerdo inauguró una nueva etapa de cooperación regional con potenciales repercusiones geopolíticas de alcance global para Oriente Medio.
El 8 de diciembre de 2024, tras una ofensiva militar de doce días lanzada por los grupos opositores encabezados por Hayat Tahrir al-Sham (HTS) y el Ejército Nacional Sirio, el régimen de Bashar al-Asad fue derrocado. Como consecuencia, Irán, Hezbolá y Rusia se vieron obligados a retirar gran parte de su presencia y de sus capacidades militares de Siria. La caída del régimen sirio constituyó un profundo trauma estratégico tanto para Irán como para sus aliados en Irak y el Líbano. Aunque algunos grupos iraquíes alineados con Teherán reclamaron una intervención militar del gobierno iraquí en apoyo del régimen sirio, el primer ministro Al-Sudani optó por reforzar la seguridad de los aproximadamente 600 kilómetros de frontera compartida con Siria e impidió que las milicias armadas cruzaran hacia territorio sirio. Esta decisión supuso una profunda decepción para los partidarios del denominado Eje de la Resistencia y fue interpretada como una señal de que el equilibrio político y estratégico en Oriente Medio estaba entrando en una nueva fase de transformación.
Una Nueva Etapa Bajo el Gobierno de Ali al-Zaydi
En las elecciones parlamentarias celebradas en Irak el 11 de noviembre de 2025, ninguna fuerza política logró obtener la mayoría absoluta. Tras varios meses de negociaciones para la formación de un nuevo gobierno, el empresario Ali al-Zaydi, sin una base partidista propia, recibió el 14 de mayo el voto de confianza del Parlamento iraquí como candidato a primer ministro respaldado por el Marco de Coordinación (Coordination Framework).
Nada más asumir el cargo, Al-Zaydi declaró que uno de los principales objetivos de su política de seguridad sería garantizar que no existiera ninguna organización armada al margen del Estado. En este contexto, el gobierno iraquí anunció un calendario mediante el cual los grupos armados deberán, antes de finales de septiembre de 2026 fecha fijada para la retirada de las tropas estadounidenses desplegadas en Irak, entregar sus armas al control del Estado o integrarse plenamente en la estructura oficial de mando. Paralelamente, el primer ministro presentó un programa centrado en las reformas económicas, la lucha contra la corrupción, la mejora de las infraestructuras y los servicios públicos, así como en el fortalecimiento de la unidad nacional. A finales de julio, el Consejo de Seguridad Nacional de Irak reiteró igualmente su determinación de que el monopolio de las armas corresponda exclusivamente al Estado.
El 28 de julio de 2026, el nuevo primer ministro iraquí realizó una visita oficial a Ankara por invitación del presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan. Este viaje, que tuvo lugar después de sus contactos en Washington y Teherán, marcó el inicio de una nueva etapa histórica en las relaciones entre Irak y Türkiye. Entre los acuerdos suscritos destacaron el impulso al Proyecto de la Ruta del Desarrollo (Development Road Project), la adquisición por parte de TPAO del 15 % de la participación de BP en los yacimientos petrolíferos de Kirkuk, el incremento del flujo de petróleo desde Irak hacia Türkiye hasta un millón de barriles diarios, la cooperación bilateral en la lucha contra el terrorismo y el suministro a Irak de productos de la industria turca de defensa. En conjunto, estos acontecimientos reflejan que Irak, tras más de dos décadas marcadas por la inestabilidad desde 2003, busca reducir la influencia hegemónica de Irán y desarrollar una política exterior orientada a la estabilidad, la cooperación con sus vecinos y la defensa de sus intereses nacionales.
Conclusión
Tras la operación «Inundación de Al-Aqsa» del 7 de octubre, el genocidio perpetrado por Israel en Gaza, sus intensos ataques contra distintos países de la región y el apoyo o la pasividad mostrado por numerosas potencias occidentales, especialmente Estados Unidos, reforzaron la voluntad de los Estados de Oriente Medio de estrechar su cooperación, establecer nuevas alianzas y afrontar conjuntamente las amenazas comunes. En este contexto, el desmantelamiento de las organizaciones terroristas y de las estructuras armadas no estatales se convirtió en uno de los principales objetivos compartidos.
Los ataques lanzados el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, así como las posteriores represalias iraníes llevadas a cabo junto con milicias chiíes iraquíes y dirigidas contra países del Golfo e incluso contra territorios de Jordania y Egipto—, hicieron aún más evidente la necesidad de configurar una alianza regional contraria al eje conformado por Estados Unidos, Israel e Irán.
Oriente Medio está entrando rápidamente en una nueva etapa caracterizada por el desarme de las organizaciones armadas no estatales utilizadas por potencias extranjeras y por la consolidación del monopolio de las armas en manos de los ejércitos nacionales. El ejemplo más representativo de esta transformación es el proceso de desarme del PKK. Türkiye ha logrado importantes avances en el desarme de la organización terrorista PKK/YPG, responsable de desestabilizar tanto a Türkiye como a Irak y Siria y que, en distintos momentos, recibió apoyo de Estados Unidos, Israel e Irán. Asimismo, ha impulsado la integración de las YPG en el ejército oficial sirio, estableciendo un precedente para la región. En esta nueva fase, el siguiente desafío para la estabilidad regional será el desarme de los grupos de milicianos que continúan resistiéndose a abandonar las armas tanto dentro de Hezbolá en el Líbano como en las Fuerzas de Movilización Popular (Hashd al-Shaabi) en Irak.
El denominado Eje de la Resistencia, construido por Irán desde la década de 1980 mediante la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en el Líbano, Irak, Siria y Yemen con el objetivo de proteger sus fronteras y sus intereses nacionales a través de una estrategia de proyección regional, se encuentra hoy profundamente debilitado. Tras la operación «Inundación de Al-Aqsa», Hezbolá sufrió importantes pérdidas como consecuencia de las operaciones israelíes, que pusieron de manifiesto graves deficiencias en sus capacidades de inteligencia, impidiéndole recuperar posteriormente su capacidad operativa. Después del derrocamiento del régimen de Bashar al-Asad, miles de milicianos chiíes trasladados por Irán desde Afganistán, Pakistán y otros países, junto con efectivos de Hezbolá, fueron expulsados de Siria. Aunque el territorio iraquí sigue siendo un corredor estratégico esencial para que Irán mantenga sus líneas logísticas hacia Siria y el Líbano, las milicias chiíes proiraníes en Irak no pudieron intervenir para frenar los acontecimientos adversos a Teherán en Siria ni prestar apoyo efectivo al llamado Eje de la Resistencia en el Líbano. En consecuencia, las fuerzas milicianas chiíes en las que Irán invirtió durante décadas no lograron cumplir la misión estratégica para la que habían sido concebidas.
En el escenario actual comienza a configurarse una nueva etapa en la que, al igual que el desarme del PKK y la integración de las YPG en el ejército oficial sirio, también avanzan los procesos de desarme de Hezbolá en el Líbano y de las Fuerzas de Movilización Popular (Hashd al-Shaabi) en Irak. Se perfila así un nuevo orden regional en el que los ejércitos paralelos desaparecen, los ejércitos nacionales se consolidan como la única autoridad legítima para ejercer el monopolio de la fuerza y se fortalecen la cooperación y la solidaridad entre los Estados de la región.