Roger D. Harris – John Perry
Los logros de Cuba, Nicaragua y Venezuela frecuentemente ignorados por el discurso dominante han sido alcanzados a pesar de constantes y agresivas intervenciones por parte de Estados Unidos. Washington continúa utilizando los derechos humanos como un arma de doble filo, con el objetivo de socavar estos avances y legitimar el cambio de régimen como si se tratase de un proyecto democrático, cuando en realidad encubre una estrategia profundamente hipócrita y geopolíticamente interesada.
Castigar el Progreso: Washington Apunta Contra los Logros Sociales de Cuba, Nicaragua y Venezuela
“Buscamos a los pacientes más pobres”, declaró el médico cubano encargado de una clínica oftalmológica. “Muchas veces nos desplazamos a zonas rurales remotas y traemos a los pacientes en autobús hasta la clínica.” Esta clínica, ubicada en Ciudad Sandino, Nicaragua, formaba parte de la Misión Milagro, un proyecto conjunto de los gobiernos de Cuba y Venezuela. Desde 2004, esta ambiciosa iniciativa ha tratado a más de siete millones de pacientes en 33 países. En la actualidad, la labor en Ciudad Sandino está siendo llevada a cabo por médicos nicaragüenses formados por especialistas cubanos.
La Misión Milagro ha sido objeto de desprecio por parte del senador y ex secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. Washington ha impuesto sanciones a funcionarios de países que colaboran con estas y otras misiones médicas cubanas. Bajo el pretexto de combatir el supuesto “tráfico” de personal médico, el verdadero propósito de estas sanciones es desmantelar servicios altamente valorados por ofrecer atención gratuita y de calidad en regiones donde el acceso a la salud es limitado. Además, Estados Unidos ha calificado de forma falaz estas labores de cooperación como “trabajo forzado”, en un intento por criminalizar una de las principales fuentes de ingresos y solidaridad internacional del asediado país caribeño.
Los “enemigos de la humanidad” y sus logros según Rubio
El ataque de Marco Rubio contra las brigadas médicas forma parte de la guerra híbrida sostenida por sucesivos gobiernos estadounidenses contra Cuba, Venezuela y Nicaragua. En el discurso de Rubio, estos países no solo representan una “amenaza estratégica” para la seguridad de Estados Unidos, sino que ahora son etiquetados como “enemigos de la humanidad”. Sin embargo, la realidad demuestra que a pesar de los constantes embates de Washington, especialmente contra Cuba los tres países han logrado avances notables en desarrollo humano.
Las brigadas médicas cubanas se basan en un modelo de salud comunitario cuyo éxito ha sido reconocido en publicaciones científicas y que ha contribuido a una esperanza de vida tres años mayor que la de los estadounidenses. Este modelo ha influido en los sistemas de salud de Venezuela y Nicaragua. En este último, por ejemplo, 180 casas maternas ofrecen atención a mujeres embarazadas en sus últimas etapas, logrando una drástica reducción de la mortalidad materna.
Venezuela lidera la región de América Latina y el Caribe en construcción de viviendas asequibles. Desde su inicio en 2011, la Gran Misión Vivienda ha entregado cinco millones de hogares. Nicaragua, por su parte, construye más de 7.000 viviendas sociales al año.
Cuba, sin embargo, enfrenta una severa escasez de materiales de construcción debido al bloqueo estadounidense, lo que ha exacerbado una prolongada crisis habitacional. Un tercio de sus viviendas es inhabitable, y el programa anual de construcción de 13.500 casas resulta inevitablemente insuficiente.
Durante los años más prósperos de la Revolución gracias al apoyo solidario de la Unión Soviética, Cuba realizó importantes inversiones en su sistema educativo. Las escuelas cubanas llegan incluso a las comunidades más apartadas y presentan casi una asistencia escolar total. La Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), fundada para estudiantes extranjeros, ha graduado a 31.180 médicos de 122 países.
Venezuela ha destinado grandes recursos a la educación con el fin de empoderar al pueblo, construyendo miles de escuelas en barrios y zonas rurales desatendidas. En 2005, gracias a los métodos pedagógicos cubanos, el analfabetismo fue erradicado. Para 2008, cuatro de cada cinco jóvenes adultos estaban matriculados en estudios superiores, la proporción más alta de la región.
Los tres países garantizan la gratuidad de la educación en todos sus niveles, incluida la universidad. Nicaragua, por ejemplo, ha fundado nuevos institutos técnicos que acogen a unos 46.000 estudiantes.
Cuba y Nicaragua se encuentran entre los países más seguros de América Latina y el Caribe. Esta seguridad se debe, en parte, a la profunda reestructuración de sus fuerzas policiales tras las revoluciones, así como a su capacidad para contener el narcotráfico y las pandillas violentas que azotan a otros países de la región.
Venezuela heredó una criminalidad crónica, pero ha logrado una notable reducción en las tasas de homicidio en los últimos años. Esta mejora fue reconocida no solo por Caracas, sino también por el propio presidente de Estados Unidos. Sin embargo, Donald Trump tergiversó esta realidad al afirmar que la caída de la criminalidad se debía a la supuesta exportación de delincuentes venezolanos hacia EE. UU.
Desde una perspectiva de seguridad nacional, Nicaragua y Venezuela están entre los países con menor gasto militar en la región. En contraste, Cuba bajo constante amenaza estadounidense presenta uno de los más altos. No obstante, su presupuesto anual de defensa ronda los 130 millones de dólares, una cifra ínfima comparada con los más de un billón de dólares que destina Estados Unidos cada año.
Una Política Exterior con Conciencia Social
Quizás lo que más incomoda a Estados Unidos sea la política exterior independiente de estos tres países que aspiran al socialismo y su apuesta por la integración regional. En 2004, Venezuela y Cuba frustraron el proyecto neoliberal del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) impulsado por Washington, fundando exitosamente el ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América). Posteriormente, Venezuela lanzó PetroCaribe, proporcionando petróleo en condiciones preferenciales a países caribeños. En 2010, bajo el liderazgo venezolano, se creó la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), una alternativa política regional que excluye explícitamente a EE.UU. y Canadá, en oposición a la OEA dominada por Washington.
Estos tres Estados de orientación socialista también han sido pioneros en el escenario internacional en su respaldo a Palestina. Cuba fue el primer país de América Latina y el Caribe en romper relaciones diplomáticas con Israel en 1973. Nicaragua hizo lo mismo en 1982. Aunque estas relaciones se restablecieron temporalmente en 1993 bajo un gobierno neoliberal, fueron nuevamente suspendidas en 2010 con el regreso del sandinismo. Venezuela rompió relaciones diplomáticas con el Estado sionista en 2009, y ese mismo año Bolivia miembro del ALBA también lo hizo. Aunque el régimen golpista de Áñez en 2019 restableció brevemente dichos lazos, fueron rotos nuevamente en 2023 por el actual presidente Luis Arce. El año pasado, Nicaragua presentó una demanda contra Alemania ante la Corte Internacional de Justicia por su apoyo militar y político al genocidio perpetrado por Israel.
La instrumentalización de los derechos humanos
Washington, en la línea del exfuncionario de Trump, John Bolton, que denominó a estos tres países como el “eje de la tiranía”, ignora deliberadamente sus logros y prefiere tacharlos de dictaduras autoritarias, empleando de manera cínica los “derechos humanos” como arma política. Esta postura es doblemente hipócrita.
En primer lugar, los historiales en materia de derechos humanos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, según cualquier estándar objetivo, no son peores que los de muchos países de la región; en varios aspectos, incluso superan al de Estados Unidos.
En segundo lugar, las medidas de seguridad adoptadas por estos Estados son en gran medida reacciones a la constante injerencia externa: intentos de golpe de Estado, magnicidios, sanciones y desestabilización. Por ejemplo, el presidente Biden elevó la recompensa por la captura del presidente venezolano a 25 millones de dólares.
Cada vez que en Cuba se disuelve una protesta, o en Venezuela o Nicaragua se proscribe un partido político, Washington reacciona con condenas, como si no estuviera involucrado. Pero en la mayoría de los casos, EE.UU. ha financiado o respaldado directamente a los actores opositores que luego presenta como víctimas.
La preocupación de Washington por los “derechos humanos” es una farsa: desaparece por completo cuando se trata de gobiernos aliados, como el de El Salvador. Si un país representa una “amenaza estratégica” para Estados Unidos, es porque, según las propias Naciones Unidas, ha demostrado avances en los derechos fundamentales: vida, alimentación, educación, trabajo, salud y libertad. En este sentido, Cuba, Venezuela y Nicaragua representan la prueba viviente de que gobiernos progresistas y revolucionarios que rechazan el modelo neoliberal promovido por Washington pueden lograr importantes conquistas sociales.
Las sanciones contra Venezuela provocaron más de 100.000 muertes hasta 2020. El bloqueo contra Cuba genera pérdidas diarias de 13,8 millones de dólares, y ha impulsado la emigración de casi una décima parte de su población en los últimos tres años. Nicaragua, por su parte, ha perdido anualmente 500 millones de dólares en fondos de desarrollo debido al veto de EE.UU. en instituciones como el Banco Mundial.
No podría ser más evidente: Washington busca destruir los logros sociales de cada uno de estos países, empobrecer a sus pueblos y provocar alzamientos internos entre quienes no mueren, enferman ni emigran. Luego, políticos como Marco Rubio tienen el cinismo de proclamar su “inquebrantable solidaridad con el pueblo cubano”.
El objetivo final de Washington
¿Qué buscan realmente los sucesivos gobiernos estadounidenses y los grupos opositores que apoyan al intervenir en estos países?
Hace más de treinta años, destacados exiliados cubanos abogaban por una “transición súbita, dramática y, de ser necesario, contundente hacia el capitalismo libre”. Veinte años atrás, la “Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre”, creada por el presidente George W. Bush, delineaba una visión neoliberal amplia para el país. Las declaraciones más recientes de grupos del exilio, además de consignas vagas como “democracia”, “instituciones transparentes” y “apoyo a la juventud”, también incluyen propuestas concretas pero limitadas: por ejemplo, la restitución de los derechos de propiedad a los cubano-estadounidenses de Miami, cuyas familias abandonaron la isla hace seis décadas y ahora buscan beneficiarse de bienes que consideran valiosos.
La oposición en Nicaragua se encuentra profundamente dividida entre derecha e izquierda. Mientras la derecha busca excluir a la izquierda del poder, la oposición “izquierdista” marginal nunca ha gozado de un respaldo político significativo (el sandinismo ha logrado movilizar con éxito al electorado progresista en las urnas). El partido UNAMOS, conformado en parte por antiguos funcionarios sandinistas de los años 80, presenta un plan de reconstrucción estatal vago y carente de metas claras en materia de desarrollo social.
En Venezuela, la extrema derecha opositora liderada por la favorita de Washington, María Corina Machado, propone una ruptura total con el chavismo, sin concesión alguna de amnistía. Su representante, Edmundo González Urrutia, compite en las elecciones presidenciales de 2024 con un programa que contempla la privatización radical del sistema petrolero nacional y el desmantelamiento de los servicios sociales: educación, salud, vivienda y asistencia alimentaria.
Más allá de los discursos opositores, el resultado previsible de que uno o más de estos gobiernos pierdan el poder ya ha tenido un anticipo: el intento de golpe en Nicaragua en 2018. Este incluyó el asesinato de policías y simpatizantes sandinistas, la proliferación de armas de fuego, el empoderamiento del crimen local, la infiltración de pandillas violentas desde El Salvador, la destrucción de edificios públicos y mucho más.
Un escenario de caos anárquico similar al de Haití no es impensable, lo cual podría desembocar en regímenes autoritarios y represivos pero afines a Washington como el de Bukele en El Salvador.
Los logros de Cuba, Nicaragua y Venezuela frecuentemente ignorados han sido alcanzados a pesar de incesantes y agresivas intervenciones por parte de Estados Unidos. Washington continúa utilizando hipócritamente los derechos humanos como arma para erosionar estos avances y justificar el cambio de régimen bajo el disfraz de un supuesto proyecto democrático.
Roger D. Harris es miembro de Task Force on the Americas, del Consejo de Paz de EE.UU. y de la Red de Solidaridad con Venezuela. John Perry reside en Nicaragua, es miembro de la Coalición de Solidaridad con Nicaragua y colaborador de London Review of Books, FAIR y CovertAction.
