Claudia Cárdenas Aravena
¿Cómo determinamos hoy la existencia de tortura?
Una de las cuestiones fundamentales en la literatura jurídica sobre la tortura consiste en establecer los criterios que permitan distinguirla de otras formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes. El presente artículo examina las diversas maneras en que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos puede contribuir a dar respuesta a esta compleja interrogante. Una de ellas radica en la necesidad de considerar tanto los factores «intrínsecos» como los «extrínsecos» al determinar la gravedad del sufrimiento infligido. Otra consiste en comprender la tortura como una agresión estrechamente vinculada con la personalidad y las facultades de la persona que la padece.
La consideración de los factores «intrínsecos» y «extrínsecos»
La amplitud de la definición de tortura contenida en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (UNCAT), que comprende «todo acto» mediante el cual se inflijan intencionadamente dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, permite reconocer la multiplicidad de métodos a través de los cuales pueden provocarse tales padecimientos. Asimismo, posibilita tomar en consideración todos los factores pertinentes para alcanzar una conclusión jurídicamente fundamentada. Esta amplitud conceptual permite, por ejemplo, prestar especial atención a determinados grupos de personas que, durante las últimas décadas, han adquirido una protección jurídica reforzada, como los niños y las personas mayores. Del mismo modo, favorece la adopción de una perspectiva culturalmente sensible en la valoración del dolor y del sufrimiento.
Al interpretar la primera parte de la definición de tortura establecida en el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (CIPST), cuya formulación presenta similitudes con el artículo 1.1 de la UNCAT, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) desarrolló la concepción según la cual resulta indispensable considerar tanto los denominados factores «intrínsecos» como los «extrínsecos» para determinar la intensidad del sufrimiento infligido deliberadamente. Esta perspectiva parte del reconocimiento de que, para evaluar la gravedad del dolor y del sufrimiento, no basta con examinar las características inherentes a la conducta en cuestión los factores intrínsecos, sino que también deben contemplarse otras circunstancias, como la edad y el origen étnico de la persona sometida a malos tratos, así como su relación con el perpetrador o con quienes presencian los actos de violencia los factores extrínsecos.
Se ha demostrado que tales circunstancias pueden influir decisivamente en la capacidad de una determinada conducta para provocar un dolor o sufrimiento que, en un contexto específico, deba considerarse grave.¹ Este desarrollo jurisprudencial reconoce la importancia del contexto cultural en la evaluación de la intensidad del dolor y del sufrimiento, una consideración particularmente relevante cuando se trata de padecimientos psicológicos vinculados, por ejemplo, con la transgresión de tabúes culturales.
Al mismo tiempo, permite explicar, al menos parcialmente, por qué las valoraciones acerca de lo que constituye un sufrimiento grave pueden transformarse con el paso del tiempo, a medida que evolucionan las culturas y sus respectivos sistemas de valores.² La idea de considerar todas las circunstancias pertinentes para determinar la gravedad de una conducta es anterior a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Por ejemplo, los jueces Zekia y Fitzmaurice, en sus opiniones separadas en el asunto Irlanda contra el Reino Unido, examinado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, establecieron una distinción entre factores «objetivos» y «subjetivos».³
Sin embargo, la diferenciación entre factores intrínsecos y extrínsecos posee un enfoque más específico. Pueden existir factores extrínsecos de naturaleza objetiva, como la edad de la persona maltratada o su posición subordinada dentro de un determinado sistema social, del mismo modo que pueden identificarse factores intrínsecos de carácter subjetivo, como la crueldad inherente a la mutilación de cuerpos mediante machetes. Al tomar en consideración ambas dimensiones, la Corte IDH responde a una preocupación esencial para una región caracterizada por una extraordinaria diversidad cultural: garantizar una protección jurídica equitativa a personas procedentes de contextos históricos, sociales y culturales diferentes.⁴ Esta concepción ha trascendido progresivamente el ámbito interamericano y ha encontrado recepción en otras jurisdicciones y organismos internacionales, entre ellos el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional.⁵ Su aplicación en distintos casos individuales pone de manifiesto la creciente aceptación internacional tanto de esta terminología clasificatoria como del razonamiento jurídico que la sustenta.
La consideración de la personalidad y las facultades de la persona agredida
Además de incorporar una definición de tortura que comparte, en términos generales, las características fundamentales de la establecida en la UNCAT, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura contiene una segunda concepción del fenómeno que, pese a haber estado vigente durante más de cuatro décadas, ha recibido una atención relativamente limitada.
La disposición establece:
«Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica». Aunque esta disposición ha sido ampliamente desatendida, diversos autores de distintas regiones del mundo han alcanzado conclusiones semejantes al interpretar el concepto jurídico de la tortura como un delito de naturaleza relacional. Bernstein, por ejemplo, concibe la tortura como un procedimiento orientado a la destrucción de la personalidad de la víctima, lo que implicaría «la pérdida de su condición de ser humano, tanto ante sí misma como ante los demás».⁶ Por su parte, Daverio sostiene que «la tortura se manifiesta estructuralmente como una forma de acción dirigida contra el “ser uno mismo” de la víctima, es decir, contra su identidad y su potencial vital y personal», y que «la tortura impide el reconocimiento de la condición ontológica común de la existencia humana».⁷
De manera semejante, incluso antes de la adopción de la CIPST, el informe sobre la tortura publicado por Amnistía Internacional en 1975 señalaba:
«En el concepto de tortura se encuentra implícito el intento del torturador de obligar a la víctima a someterse mediante la imposición de sufrimiento, de “quebrarla”».⁸ Otro elemento que ha adquirido una relevancia creciente en la doctrina jurídica sobre la tortura es la situación de indefensión de la víctima.⁹ A la luz de estas consideraciones, podría sostenerse que, incluso cuando instrumentos como la UNCAT y el Estatuto de Roma constituyen el punto de referencia para la interpretación jurídica, el dolor y el sufrimiento solo adquieren la condición de tortura cuando pueden comprenderse como una agresión dirigida contra la personalidad de la persona afectada y/o contra sus facultades. La CIPST destaca expresamente esta dimensión en su definición y, por consiguiente, puede servir como una herramienta interpretativa particularmente valiosa para esclarecer esta cuestión. El examen de los antecedentes históricos de la disposición que establece la definición de tortura en la CIPST revela que los Estados participantes en las negociaciones la aceptaron sin controversias significativas.
El único aspecto que destacó el Comité Jurídico Interamericano, encargado de elaborar el proyecto, fue que esta disposición pretendía contemplar nuevas modalidades de tortura desarrolladas, o susceptibles de desarrollarse, mediante la utilización de tecnologías emergentes:
«Este nuevo elemento, incluido originalmente en el anteproyecto, pretende responder a los avances de la tecnología moderna que, lamentablemente, en numerosos casos no se orientan al bienestar del ser humano, sino que se ponen al servicio de su propia destrucción en aquello que constituye su dimensión más valiosa e insustituible: su personalidad y, con ella, su libre albedrío».¹⁰
El representante de Guatemala ante el Comité expresó esta preocupación en los siguientes términos:
«A primera vista, podría afirmarse que la tortura se dirige únicamente contra el individuo y, sobre todo, contra su integridad física. Sin embargo, incluso en este sentido, cabe preguntarse si atenta realmente más contra la integridad corporal que contra la libertad: esa libertad interior que permite querer o decidir por voluntad propia».¹¹
Conclusiones
El presente artículo ha puesto de manifiesto dos características distintivas de la concepción de la tortura desarrollada en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como sus contribuciones, tanto efectivas como potenciales, a la configuración conceptual y a la aplicación jurídica de esta noción. La perspectiva que sostiene la necesidad de considerar no solo los factores intrínsecos, sino también los extrínsecos, ha trascendido ya el ámbito regional y ha encontrado acogida en otras jurisdicciones y organismos internacionales, entre ellos el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional.
Ambas instancias han hecho referencia a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que emplean esta terminología clasificatoria, lo que demuestra la influencia de la jurisprudencia interamericana en la evolución del derecho internacional relativo a la prohibición de la tortura. Por otra parte, la segunda definición de tortura contenida en la CIPST, que no exige necesariamente la existencia de dolor o sufrimiento, puede interpretarse como una temprana codificación de una comprensión más profunda de la naturaleza de la tortura. Asimismo, puede considerarse una manifestación anticipada de la preocupación por determinados riesgos que hoy adquieren una presencia cada vez más significativa en el debate contemporáneo, como la denominada «guerra cognitiva».¹²
Esta dimensión resulta especialmente relevante en un contexto caracterizado por la velocidad abrumadora, la complejidad y el alcance de las posibilidades tecnológicas, así como por los riesgos derivados de su utilización indebida. La disposición pone en primer plano la vulneración de la integridad del ser humano. Además, puede ofrecer herramientas interpretativas a los juristas contemporáneos que examinan otros instrumentos jurídicos, como la UNCAT y el Estatuto de Roma, al contribuir a esclarecer el significado del criterio de «dolores o sufrimientos graves». Desde esta perspectiva, podría entenderse que dicho umbral de gravedad se alcanza cuando la personalidad de una persona es destruida deliberadamente o cuando sus facultades físicas o mentales son intencionadamente disminuidas. En consecuencia, cabe sostener que el dolor o sufrimiento infligido deliberadamente alcanza la gravedad necesaria para constituir tortura cuando posee una intensidad suficiente para destruir la personalidad de la víctima o menoscabar sus capacidades físicas o mentales.
Esto no supone aplicar directamente el estándar establecido en la CIPST, donde la tortura se configura mediante la utilización de métodos concebidos para producir tales efectos. Sin embargo, reconocer que el dolor o sufrimiento que, en circunstancias ordinarias, provoca esas consecuencias alcanza la gravedad necesaria para ser considerado tortura resultaría compatible con otras definiciones jurídicas de este fenómeno. Una interpretación de esta naturaleza favorecería una comprensión armónica y sistemática del derecho internacional relativo a la prohibición de la tortura. Finalmente, esta perspectiva permitiría tener en cuenta que el compromiso asumido por los Estados de prevenir y sancionar la tortura tiene como finalidad fundamental la protección de la dignidad y la integridad humanas. El concepto de tortura ha recorrido un itinerario intelectual y jurídico que lo ha llevado del Norte Global al Sur Global y, posteriormente, de regreso al primero, en un proceso de transformación y configuración recíproca. A través de ese recorrido, ambas regiones han contribuido reflexivamente a su desarrollo, poniendo de manifiesto la etapa contemporánea de la globalización reflexiva en el ámbito del derecho.
Referencias bibliográficas y notas
- Para consultar el primer caso en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) empleó esta expresión, véase: Corte IDH, Loayza Tamayo vs. Perú (Serie C, n.º 33), 17 de septiembre de 1997, párr. 57. Para un análisis de otros casos, véase: Corte IDH, Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos n.º 10: Integridad Personal (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2021).
- OHCHR, Interpretation of Torture in the Light of the Practice and Jurisprudence of International Bodies (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2010), https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Torture/UNVFVT/Interpretation_torture_2011_EN.pdf, última consulta: 16 de octubre de 2026, p. 8; TEDH, Selmouni c. Francia (25803/94), 18 de julio de 1999, párr. 101; Metin Başoğlu, Torture and Its Definition in International Law: An Interdisciplinary Approach (Oxford University Press, 2017), DOI: 10.1093/med/9780199374625.001.0001, p. 11.
- TEDH, Case of Ireland v. The United Kingdom (5310/71), 18 de enero de 1978.
- Juan E. Méndez, Report of the Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (A/HRC/28/68/Add.1), 5 de mayo de 2015, https://digitallibrary.un.org/record/793910?v=pdf, última consulta: 16 de octubre de 2026.
- CPI, Trial Judgment in the Case of the Prosecutor v. Ali Kushayb (ICC–02/05–01/20), 6 de octubre de 2025, párr. 748.
- J. M. Bernstein, Torture and Dignity: An Essay on Moral Injury (University of Chicago Press, 2015), DOI: 10.7208/chicago/9780226266466.001.0001, p. 71.
- Margherita Daverio, Perché la Tortura? Un’Interpretazione Filosofica (Giappichelli, 2023), pp. 146-147 y 149-151.
- Amnistía Internacional, Report on Torture (Duckworth, 2.ª ed., 1975), https://www.amnesty.org/en/documents/act40/001/1975/en/, última consulta: 16 de octubre de 2026, p. 34.
- Sobre la relevancia de la situación de indefensión como criterio para determinar la existencia de tortura, véase: Metin Başoğlu, Torture and Its Definition in International Law: An Interdisciplinary Approach (Oxford University Press, 2017), DOI: 10.1093/med/9780199374625.001.0001, pp. 5, 8, 18 y 30.
- OEA, Comité Jurídico Interamericano: Recomendaciones e Informes 1978-1980 (Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, 1982), https://www.oas.org/es/sla/cji/docs/Informes_Recomendaciones_1978-1980.pdf, última consulta: 16 de octubre de 2026, p. 334 y ss.
- OEA, ibid., p. 354.
- La guerra cognitiva consiste en la utilización de tecnologías destinadas a influir, perturbar o modificar el comportamiento humano y los procesos de toma de decisiones. Sobre esta cuestión, véase: OTAN, Cognitive Warfare: NATO Chief Scientist Research Report, https://www.sto.nato.int/wp-content/uploads/chief-scientist-report-cognitive-warfare-final.pdf, última consulta: 16 de octubre de 2026; Bernard Claverie, Cognitive Warfare: The New Battlefield Exploiting Our Brains, Polytechnique Insights, 5 de febrero de 2025, https://www.polytechnique-insights.com/en/columns/geopolitics/cognitive-warfare-the-new-battlefield-exploiting-our-brains/, última consulta: 16 de octubre de 2026.
Claudia Cárdenas Aravena es profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Entre enero y junio de 2026, se desempeñó como investigadora sénior en el Centro de Estudios Avanzados sobre Globalización Reflexiva y Derecho (RefLex) de la Universidad Humboldt de Berlín.
Fuente:https://verfassungsblog.de/how-do-we-determine-the-existence-of-torture-today/
