Gretel Mejía Bonifazi
La maleabilidad de la justicia transicional
La justicia transicional, entendida tanto como campo teórico como ámbito de práctica, ocupa hoy una posición profundamente paradójica. Un campo que surgió de la movilización de las víctimas y supervivientes que buscaban hacer frente al legado de las dictaduras y los conflictos armados es descrito actualmente como un proyecto que se encuentra en un «callejón sin salida».¹ Cuestionada por su marcado juridicismo, su orientación vertical y su dependencia del paradigma de la paz liberal, la justicia transicional continúa siendo, sin embargo, reivindicada, movilizada y reformulada por las mismas comunidades que contribuyeron a su surgimiento. Sostengo que la justicia transicional constituye una manifestación de aquello que Philipp Dann y Florian Jeßberger proponen denominar «globalización reflexiva» (reflexive globalisation). Se trata de una nueva etapa de la globalización en la que «la exportación unidireccional desde el Norte Global da paso a una renegociación multidireccional de los conceptos jurídicos por parte de actores que, en un principio, habían sido situados en la posición de receptores y no de autores».²
La justicia transicional no se desarrolló como un marco normativo preestablecido destinado simplemente a ser aplicado en diferentes contextos. Su surgimiento respondió, en parte, a las reivindicaciones de la sociedad civil del Sur Global, aunque posteriormente fue objeto de un proceso de estandarización mediante el derecho internacional de los derechos humanos y la consolidación de un campo profesionalizado de alcance mundial. No obstante, este proceso de estandarización no ha impedido que el campo continúe experimentando transformaciones profundas. Desde una perspectiva crítica, atenta a las insuficiencias de su implementación institucional, examino cómo los actores locales siguen apropiándose estratégicamente de su lenguaje y de sus instrumentos, reinterpretándolos y dotándolos de epistemologías del daño y de la reparación que trascienden los límites dentro de los cuales fue originalmente codificado.
En esta contribución, reconstruyo dicha trayectoria hasta llegar a los esfuerzos contemporáneos orientados a flexibilizar y redefinir sus fronteras normativas. Posteriormente, analizo estas dinámicas a partir del caso de Guatemala, basándome en mi experiencia como investigadora y asesora jurídica de organizaciones de supervivientes del pueblo maya ixil, cuyas iniciativas buscan construir espacios comunitarios de memoria y reparación. Finalmente, reflexiono sobre las posibilidades emancipadoras y los límites inherentes a la maleabilidad de la justicia transicional.³ Sostengo que examinar estas dinámicas desde una perspectiva reflexiva permite comprender cómo las víctimas y supervivientes pueden relacionarse con un campo institucionalizado y, simultáneamente, impulsar formas de reparación que operan más allá del Estado e incluso, en determinadas circunstancias, a pesar de él.
De las reivindicaciones de la sociedad civil a la estandarización y sus descontentos
Los orígenes de la justicia transicional se encuentran en las reivindicaciones de actores de la sociedad civil que, frente a la violencia estatal, la falta de voluntad política o la impunidad, construyeron espacios desde los cuales formular, con los recursos disponibles, sus demandas de verdad, justicia y reparación. América Latina constituyó uno de los escenarios fundamentales de estas primeras experiencias. En Argentina, las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, movilizadas colectivamente bajo la represión autoritaria, fueron pioneras en prácticas de movilización jurídica, protesta e investigación forense que posteriormente serían reconocidas como contribuciones esenciales al desarrollo de los estándares internacionales de derechos humanos.⁴ En distintos países de la región, entre ellos Chile, Guatemala y Perú, las personas supervivientes y sus organizaciones contribuyeron a configurar la arquitectura de la justicia transicional mucho antes de que esta se consolidara como un campo teórico. Esta primera etapa estuvo marcada por una característica fundamental: la práctica precedió a la teoría. En contextos en los que los Estados carecían de voluntad o capacidad para actuar, la sociedad civil documentó las violaciones de derechos humanos, promovió la sensibilización pública, impulsó procedimientos judiciales allí donde resultaba posible y exigió reconocimiento. De este modo, las demandas de justicia formuladas por las víctimas y sus familiares abrieron el camino a las reivindicaciones de verdad y justicia que terminarían por definir los objetivos del campo.⁵
Por consiguiente, la justicia transicional no nació como una exportación unidireccional desde las democracias consolidadas hacia las sociedades que emergían de conflictos armados. Por el contrario, fue el resultado de un proceso de interacciones multidireccionales, en el cual la sociedad civil del Sur Global articuló reivindicaciones que posteriormente influirían de manera decisiva en la elaboración de normas internacionales. Una segunda etapa de su desarrollo estuvo marcada por la consolidación de la justicia transicional como un campo estandarizado.
A partir de las experiencias iniciales de América Latina, así como de África y Europa del Este, la justicia transicional fue codificada como un sistema organizado en torno a distintos pilares e institucionalizada mediante el derecho internacional de los derechos humanos y la actuación de organismos multilaterales. El campo adquirió así la forma de un conjunto de instrumentos articulados alrededor de pilares específicos: verdad, enjuiciamiento penal incluido el internacional—, reparación, garantías de no repetición y, más recientemente, conmemoración.⁶ Impulsada por las Naciones Unidas y por una comunidad transnacional de promotores de la justicia transicional, esta estandarización contribuyó a profesionalizar el campo y a transformarlo en un marco global administrado por especialistas internacionales, concebido para su aplicación en contextos diversos de conflicto armado y autoritarismo.⁷ Sin embargo, la estandarización también dio lugar a profundas críticas. El sistema basado en pilares fue cuestionado, especialmente, por privilegiar los derechos civiles y políticos en detrimento de los derechos económicos, sociales y culturales.
Según sus críticos, una concepción fija y lineal de la «transición» terminaba por invisibilizar la continuidad de la violencia estructural arraigada en los legados coloniales, así como su influencia sobre las formas contemporáneas de desposesión y daño estructural.⁸ Más recientemente, diversas investigaciones han cuestionado también el antropocentrismo del campo. Al ignorar las formas de daño que trascienden lo estrictamente humano, la justicia transicional excluye concepciones del sufrimiento y de la reparación que resultan fundamentales para numerosas comunidades afectadas, particularmente aquellas sustentadas en epistemologías indígenas y en cosmovisiones ecológicas y relacionales.⁹ Estas críticas, sin embargo, no han extinguido el atractivo de la justicia transicional.¹⁰ Su maleabilidad, es decir, su capacidad para albergar simultáneamente múltiples paradigmas de justicia tanto en espacios institucionales como comunitarios ha permitido que las víctimas y supervivientes continúen utilizando su lenguaje y sus instrumentos como actores estratégicos, adaptándolos a sus contextos locales y reorientándolos hacia sus propias reivindicaciones.¹¹
Existen ejemplos contemporáneos particularmente significativos. En la actualidad, el lenguaje de la justicia transicional se utiliza en democracias consolidadas para abordar los daños derivados del colonialismo. Entre estos esfuerzos destacan la comisión parlamentaria belga encargada de examinar los crímenes coloniales cometidos en el Congo, Burundi y Ruanda,¹² así como las iniciativas encaminadas a establecer en Estados Unidos una comisión de la verdad destinada a abordar el racismo y el legado histórico de la esclavitud.¹³ Asimismo, las comisiones de la verdad han sido utilizadas en contextos poscoloniales y de colonialismo de asentamiento, como Canadá, para investigar los abusos perpetrados contra los pueblos indígenas en los internados residenciales, y Australia, para abordar los abusos cometidos en instituciones de acogida y cuidado.¹⁴ La justicia transicional también está siendo reformulada en escenarios de conflicto armado. En Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada tras el Acuerdo de Paz de 2016, ha incorporado epistemologías indígenas y principios de pluralismo jurídico en un mecanismo formal de rendición de cuentas. Entre sus avances destacan el nombramiento de magistrados indígenas y la adopción de decisiones que reconocen a los territorios como víctimas del conflicto armado y sujetos de derechos, admitiendo una relación «biocultural» entre lo humano y lo no humano.¹⁵ Estos desarrollos judiciales muestran cómo la justicia transicional puede convertirse en un instrumento para ampliar sus propios horizontes ontológicos y epistemológicos: quién puede ser reconocido como sujeto de derechos, qué constituye un daño y de qué manera puede repararse.
Guatemala: memoria, survivance y reparación comunitaria
El caso de Guatemala ofrece una expresión particularmente reveladora de estas dinámicas. El país atravesó un conflicto armado interno de treinta y seis años (1960-1996), cuya violencia alcanzó su punto más álgido a comienzos de la década de 1980, cuando las comunidades indígenas mayas fueron objeto de una persecución sistemática. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) concluyó que el conflicto dejó aproximadamente 200.000 personas muertas, 45.000 víctimas de desaparición forzada y 1,5 millones de desplazados internos. Asimismo, determinó que el Ejército había cometido actos de genocidio contra grupos del pueblo maya.¹⁶ Durante las primeras etapas de institucionalización de la justicia transicional, Guatemala llegó a convertirse en un caso emblemático. Los acuerdos de paz de la década de 1990, negociados precisamente cuando el campo adquiría una configuración internacional más definida, incorporaron disposiciones relativas a la verdad, la responsabilidad penal, la reparación y la memoria histórica.¹⁷
Estas reivindicaciones fueron impulsadas principalmente por las personas supervivientes y sus organizaciones. No obstante, los resultados fueron profundamente contradictorios. El Programa Nacional de Resarcimiento (2003-2023) evidenció deficiencias estructurales y experimentó un deterioro progresivo hasta su supresión. Investigadores y supervivientes documentaron, además, una persistente incompatibilidad entre las concepciones comunitarias de la reparación y los marcos institucionales diseñados para materializarla.¹⁸ Aunque los procesos penales lograron avances históricos en casos emblemáticos de genocidio y violencia sexual, durante la última década se han visto obstaculizados por una crisis del sistema judicial, agravada por la criminalización de defensores de los derechos humanos. En un contexto marcado por la decepción ante los mecanismos oficiales y por el agotamiento derivado de décadas de participación, emerge una nueva dinámica, casi treinta años después de la firma de los acuerdos de paz.
En la región maya ixil, uno de los territorios más profundamente afectados por la violencia genocida, las víctimas y supervivientes están movilizando nuevamente el lenguaje y los instrumentos de la justicia transicional para construir espacios de memoria bajo sus propios términos. Estas iniciativas comprenden archivos y museos comunitarios impulsados por víctimas y organizaciones locales que buscan preservar el trabajo realizado durante décadas de movilización jurídica. Pero su propósito trasciende la mera conservación documental. Estos espacios permiten visibilizar dimensiones del daño que otros mecanismos de justicia transicional, como los procesos judiciales y las comisiones de la verdad, han tendido a relegar: la devastación de la tierra y de la naturaleza, así como las consecuencias comunitarias del genocidio, entre ellas el hambre, las enfermedades y la desposesión. Los espacios de memoria también se configuran a partir de narrativas históricas ixiles que sitúan el genocidio de la década de 1980 dentro de temporalidades mucho más amplias del daño.
Desde esta perspectiva, aquella violencia no constituye un episodio aislado, sino un capítulo de una historia de dominación que se remonta a la colonización española y que mantiene profundas conexiones con fenómenos contemporáneos como la migración, el despojo territorial y el extractivismo.¹⁹ Lo que distingue estas prácticas de una simple incorporación simbólica del lenguaje de la justicia transicional es su autonomía política. En un simposio anterior de RefLex, Julia Eckert sostuvo que una verdadera transformación jurídica anticolonial no surge de la mera adopción o reformulación nominal de los marcos existentes, sino de movimientos sociales capaces de cuestionar las estructuras fundamentales del derecho mediante una «relacionalidad normativa no sistemática», que pone en interacción diversas fuentes de normatividad.²⁰ Las prácticas de las personas supervivientes ixiles encarnan precisamente esta cualidad. A partir de mi acompañamiento a sus iniciativas como investigadora y asesora jurídica, sostengo que sus reivindicaciones no se limitan a reproducir la lógica de los pilares que estructuran los mecanismos estandarizados de justicia transicional.
Por el contrario, producen una forma de entrelazamiento normativo en la que convergen epistemologías del daño arraigadas en la tierra y en las relaciones comunitarias, conocimientos ancestrales sobre la alimentación, la medicina y las tradiciones orales, así como reivindicaciones fundamentadas en los derechos humanos. Todos estos elementos se articulan en espacios comunitarios cuya complejidad no puede reducirse a un único marco interpretativo. En sus relaciones con distintos actores, las personas supervivientes deciden activamente cómo movilizar recursos y con quién establecer alianzas. En ocasiones rechazan el apoyo estatal debido a experiencias históricas de desconfianza y al riesgo de cooptación. Sin embargo, continúan interpelando al Estado para exigir reparaciones, pues siguen reconociéndolo como el principal sujeto obligado a garantizarlas.²¹ Esta capacidad de acción colectiva en la creación de espacios de memoria constituye una expresión de aquello que el intelectual indígena Gerald Robert Vizenor denomina survivance: una presencia activa y una resistencia frente al borramiento colonial, sostenidas mediante la continuidad de las historias, las memorias y las narrativas de los pueblos indígenas.²²
Estos espacios comunitarios trascienden las formas convencionales de conmemoración de un pasado traumático. Se transforman en lugares de afirmación identitaria, preservación de los sistemas ancestrales de conocimiento y diálogo intergeneracional, donde la transmisión de las historias compartidas se convierte en una forma de prolongar las luchas por la justicia social. Al representar el daño y la supervivencia desde cosmovisiones arraigadas en las propias comunidades, y al situar en primer plano las largas historias de desposesión y genocidio, estos espacios cuestionan los relatos hegemónicos del pasado y abren nuevos horizontes para imaginar la justicia.²³ Su potencial emancipador no reside en situarse completamente al margen del marco estandarizado de la justicia transicional, sino en ocupar estratégicamente sus fronteras. Desde esa posición, las comunidades impulsan reivindicaciones que trascienden y reorientan las aspiraciones normativas originales del campo, al tiempo que preservan su autoridad colectiva sobre los procesos de movilización destinados a proteger la memoria histórica.
La maleabilidad y sus límites
Estos desarrollos revelan una dinámica multidireccional que puede comprenderse con mayor profundidad mediante la noción de globalización reflexiva propuesta como marco analítico por el Centro RefLex. Los instrumentos de la justicia transicional son adoptados y reinterpretados en contextos locales, donde se nutren de epistemologías y concepciones del daño y de la reparación que desbordan los límites ontológicos y temporales del modelo estandarizado. Posteriormente, estas experiencias regresan al campo más amplio de la justicia transicional, transformadas o, cuando menos, enriquecidas por los conocimientos y las prácticas que emergen desde las comunidades.
En casos como el colombiano, esta dinámica ha penetrado en los espacios institucionales. Los magistrados indígenas actúan como mediadores interculturales entre los sistemas jurídicos occidentales y las epistemologías indígenas, mientras las instituciones comienzan a reconocer concepciones relacionales de la responsabilidad y la rendición de cuentas. En Guatemala, en cambio, este proceso se desarrolla principalmente en el ámbito comunitario. Las víctimas y supervivientes movilizan el lenguaje de la justicia transicional para rechazar o negociar con el Estado las formas de reparación simbólica y, simultáneamente, fortalecer sus propios espacios de acción colectiva como parte de un movimiento más amplio por la justicia social, que vincula los daños coloniales con las manifestaciones contemporáneas de opresión.
Sin embargo, como advierte Julia Eckert, no toda invocación de alternativas anticoloniales se traduce necesariamente en una transformación auténtica. Si no se mantiene una vigilancia crítica y constante sobre las estructuras de poder que perpetúan las jerarquías coloniales —en sus dimensiones económicas, epistémicas, jurídicas y culturales—, los esfuerzos por transformar el campo de la justicia transicional corren el riesgo de quedar reducidos a un vocabulario legitimador que, lejos de cuestionar y desestabilizar las relaciones de dominación existentes, termina por conciliarlas, reproducirlas y conferirles una renovada apariencia de legitimidad.²⁴ La justicia transicional, estandarizada mediante los marcos del derecho internacional, no se encuentra plenamente preparada para asumir las exigencias radicalmente transformadoras de la descolonización entendida como proyecto político, jurídico y epistemológico.
Lo que sí puede hacer, y el caso guatemalteco así lo demuestra, es acompañar, fortalecer y otorgar visibilidad a las luchas impulsadas por las propias comunidades. Puede contribuir a incorporar temporalidades más amplias de la violencia y sus legados dentro de un horizonte compartido de justicia, así como favorecer la movilización en favor del reconocimiento de sistemas de conocimiento históricamente marginados. No obstante, permanece abierta una cuestión fundamental: ¿podrán las posibilidades emancipadoras que hoy se manifiestan en el florecimiento de los espacios comunitarios de memoria y en el diálogo intergeneracional de la región maya ixil traducirse en formas de reparación más duraderas? Responder a esta pregunta exige mantener abiertos los espacios de investigación, reflexión y diálogo junto a las comunidades que, lejos de limitarse a recibir pasivamente los instrumentos de la justicia transicional, continúan transformando sus significados, cuestionando sus límites y redefiniendo, desde sus propias experiencias históricas, los horizontes de lo que significa reparar, recordar y hacer justicia.
Notas a pie de página
1. Vasuki Nesiah, Transitional Justice Practice: Looking Back, Moving Forward: Scoping Study, Impunity Watch Research Report, mayo de 2016; Selbi Durdiyeva, Transitional Justice and Decolonisation, Virtual Encyclopaedia – Rewriting Peace and Conflict, 13 de febrero de 2024, https://rewritingpeaceandconflict.net/transitional-justice-and-decolonisation/, última consulta: 9 de octubre de 2026; Caitlin Biddolph y Caitlin Mollica, Reimagining Transitional Justice for a Less Violent, More Inclusive World, The International Journal of Human Rights, vol. 30 (2025), DOI: 10.1080/13642987.2025.2602144.
2. Philipp Dann y Florian Jeßberger, Reflexive Globalisation, Law and Placemaking, Verfassungsblog, 5 de febrero de 2026, https://verfassungsblog.de/reflexive-globalisation-law-and-placemaking/, última consulta: 9 de octubre de 2026, DOI: 10.59704/f8e7edc0c8a2351b.
3. El concepto de maleabilidad ha sido empleado por investigadores del campo de la justicia transicional para señalar las limitaciones existentes a la hora de transformar las estructuras socioeconómicas de desigualdad en las sociedades que emergen de conflictos armados. Véase Padraig McAuliffe, Transformative Transitional Justice and the Malleability of Post-Conflict States (Edward Elgar Publishing, 2017), DOI: 10.4337/9781783470044. En el presente artículo, entiendo la maleabilidad como la capacidad del campo de la justicia transicional para modificarse, adaptarse y adquirir nuevas configuraciones bajo la influencia de distintos actores, prácticas y contextos.
4. Valeria Vegh Weis, The Relevance of Victims’ Organizations in the Transitional Justice Process: The Case of the Grandmothers of Plaza de Mayo in Argentina, Intercultural Human Rights Law Review, vol. 12 (2017), pp. 1-70.
5. Ezequiel A. Gonzalez-Ocantos, The Politics of Transitional Justice in Latin America: Power, Norms, and Capacity Building (Cambridge University Press, 2020), DOI: 10.1017/9781108869973.
6. Secretario General de las Naciones Unidas, The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies: Report of the Secretary-General, documento S/2004/616, 23 de agosto de 2004.
7. Tshepo Madlingozi, On Transitional Justice Entrepreneurs and the Production of Victims, Journal of Human Rights Practice, vol. 2 (2010), pp. 208-228, DOI: 10.1093/jhuman/huq005.
8. Rosemary Nagy, Transitional Justice as Global Project: Critical Reflections, Third World Quarterly, vol. 29 (2008), pp. 275-289, DOI: 10.1080/01436590701806848.
9. Janine Natalya Clark, Harm, Relationality and More-than-Human Worlds: Developing the Field of Transitional Justice in New Posthumanist Directions, International Journal of Transitional Justice, vol. 17 (2023), pp. 15-31, DOI: 10.1093/ijtj/ijac025.
10. Tine Destrooper, The Intuitive Appeal of Learning from the Past to Alter the Present, Jewish Historical Studies, vol. 52 (2020), pp. 18-36, DOI: 10.14324/111.444.jhs.2021v52.003.
11. Peggy Levitt y Sally Merry, Vernacularization on the Ground: Local Uses of Global Women’s Rights in Peru, China, India and the United States, Global Networks, vol. 9 (2009), pp. 441-461, DOI: 10.1111/j.1471-0374.2009.00263.x; Anita Ferrara, Reconceptualising Transitional Justice as a Pluralistic Theory of Justice, Social & Legal Studies, vol. 35 (2026), DOI: 10.1177/09646639261422354.
12. Tine Destrooper, Belgium’s “Truth Commission” on Its Overseas Colonial Legacy: An Expressivist Analysis of Transitional Justice in Consolidated Democracies, Journal of Human Rights, vol. 22 (2023), pp. 158-173, DOI: 10.1080/14754835.2022.2042220. Véase también Johannes Socher, African Truth Commissions Addressing Colonial Legacies: The Experiences of Mauritius, Tunisia and Burundi and Some Lessons for Future Initiatives with Similar Mandates, en Pilisano Harris Masake y Florian Jeßberger (eds.), International Criminal Law and the Legacy of Colonialism (Humboldt-Universität zu Berlin, 2024), pp. 105-124.
13. Brianne McGonigle Leyh, Transitional Justice in the United States of America: Justice for All? (Routledge, 2025), DOI: 10.4324/9781032660172.
14. Augustine S. J. Park, Settler Colonialism, Decolonization and Radicalizing Transitional Justice, International Journal of Transitional Justice, vol. 14 (2020), pp. 260-279, DOI: 10.1093/ijtj/ijaa006.
15. Rachel Killean y Elizabeth Newton, Transitional Justice and Other-than-Human Harm: Lessons from Colombia, The International Journal of Human Rights, vol. 30 (2026), pp. 145-169, DOI: 10.1080/13642987.2025.2502561.
16. Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia que Han Causado Sufrimientos a la Población Guatemalteca, Guatemala: Memoria del silencio, informe final, DP/OPS(02)/G918, 1999.
17. Naomi Roht-Arriaza, Guatemala: Lessons for Transitional Justice, en Cheryl Lawther, Luke Moffett y Dov Jacobs (eds.), Research Handbook on Transitional Justice (Edward Elgar Publishing, 2017), pp. 445-465, DOI: 10.4337/9781781955314.00032.
18. Alison Crosby, M. Brynton Lykes y Brisna Caxaj, Carrying a Heavy Load: Mayan Women’s Understandings of Reparation in the Aftermath of Genocide, Journal of Genocide Research, vol. 18 (2016), pp. 265-283, DOI: 10.1080/14623528.2016.1186952.
19. Giovanni Batz, The Fourth Invasion: Decolonizing Histories, Extractivism, and Maya Resistance in Guatemala (University of California Press, 2024).
20. Julia Eckert, Reflexive Law as Anti-Colonial Practice, Verfassungsblog, 13 de febrero de 2026, https://verfassungsblog.de/reflexive-law-as-anti-colonial-practice/, última consulta: 9 de octubre de 2026, DOI: 10.59704/717c48861c3cacb7.
21. Gretel Mejía Bonifazi, Envisioning a Memory Museum for Historical Memory for the Victims of the Ixil Genocide in Guatemala: Reflections from an Ongoing Collaborative Project, en Commemoration for the Future: Contesting and Sustaining Museum Narratives (De Gruyter/Brill, en proceso de publicación).
22. Gerald Robert Vizenor, Survivance: Narratives of Native Presence (University of Nebraska Press, 2008).
23. Brigitte Herremans y Tine Destrooper, Stirring the Justice Imagination: Countering the Invisibilization and Erasure of Syrian Victims’ Justice Narratives, International Journal of Transitional Justice, vol. 15 (2021), pp. 576-595, DOI: 10.1093/ijtj/ijab025.
24. Eckert, op. cit.
Gretel Mejía Bonifazi es investigadora posdoctoral en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Gante (Bélgica), institución en la que también obtuvo su doctorado en Derecho. Su labor académica se centra en los procesos locales de construcción de memoria, la justicia transicional y la movilización de las víctimas y supervivientes en Guatemala. Su investigación aborda, desde una perspectiva crítica e interdisciplinaria, las relaciones entre memoria histórica, reparación, derechos humanos y las formas de resistencia y organización comunitaria frente a los legados de la violencia. Desarrolla investigaciones sociojurídicas colaborativas y basadas en la cocreación junto con colectivos de supervivientes, especialmente en la región ixil de Guatemala. A través de este trabajo, acompaña y apoya iniciativas comunitarias de memoria y prácticas archivísticas impulsadas por las propias comunidades, contribuyendo a la preservación de sus experiencias históricas, sus conocimientos y sus reivindicaciones de justicia.
Fuente:https://verfassungsblog.de/the-malleability-of-transitional-justice/
