Una vez más, deportados a Liberia

En 1816, un grupo de blancos estadounidenses fundó la Sociedad Americana para la Colonización de las Personas Libres de Color de Estados Unidos, posteriormente conocida simplemente como Sociedad Americana de Colonización, con el propósito de resolver el supuesto «problema» que representaba la creciente población negra libre del país. Tanto los propietarios de esclavos, que temían que la presencia de un número considerable de personas negras libres pudiera desencadenar insurrecciones de esclavos, como ciertos abolicionistas blancos, que consideraban su existencia una amenaza para la seguridad o un obstáculo para la emancipación, aunaron esfuerzos en un proyecto destinado, literalmente, a deportar a los afroamericanos libres y a los esclavos emancipados hacia un asentamiento que aspiraban a establecer en su ancestral continente africano.

Esta es la historia fundacional de Liberia, un Estado africano cuyos orígenes se encuentran en la confluencia de la raza, el racismo y la esclavitud de la población negra con otra modalidad de movilidad forzada: la deportación. En una continuidad histórica que se remonta a siglos anteriores, el continente africano, que había servido para resolver la escasez de mano de obra (gratuita) de las élites blancas y los terratenientes estadounidenses, volvió a proporcionar, esta vez a sus descendientes, una solución a otro problema que percibían como tal: la existencia de una población negra libre a la que consideraban indeseable. Como ha demostrado Jonathan Ort, el actual sistema de deportaciones reactualiza este mismo patrón colonial.

Poco más de doscientos años después, el poder ejecutivo estadounidense, integrado de manera abrumadoramente mayoritaria por personas blancas, vuelve a utilizar el territorio liberiano como depósito de aquellos a quienes considera indeseables. Existe, sin embargo, una diferencia fundamental: el enemigo construido discursivamente y expulsado de la nación blanca es ahora otra figura racializada, la del inmigrante. Históricamente, Estados Unidos ha aplicado una política migratoria estructurada sobre criterios raciales, restringiendo el acceso a la nación en función de la raza y la clase social, al tiempo que obtenía beneficios económicos de la mano de obra barata e indocumentada generada por esas mismas restricciones. Una proporción considerable de estos trabajadores está constituida por inmigrantes no blancos procedentes de América Latina, una dinámica configurada tanto por la proximidad geográfica como por la prolongada presencia imperial estadounidense en la región. Las constantes intervenciones políticas y económicas de Washington han alimentado los conflictos, la violencia generalizada y el caos socioeconómico en América Latina, mientras contribuían al enriquecimiento de Estados Unidos. Quienes huían de esas circunstancias terminaban conformando, en el norte, una fuerza laboral barata integrada por trabajadores temporales, personas indocumentadas y solicitantes de asilo. Paradójicamente, los inmigrantes acabaron convirtiéndose en chivos expiatorios de todo aquello que cuestionaba la propia concepción estadounidense de su «grandeza». Aunque Estados Unidos lleva décadas deteniendo y expulsando a ciudadanos latinoamericanos, la actual Administración no solo ha inaugurado una nueva etapa de intervenciones en la región, sino que también ha intensificado considerablemente las expulsiones forzosas.

Hasta la fecha, la segunda Administración de Donald Trump (Trump 2.0) ha suscrito acuerdos bilaterales de devolución (forzosa), mantenidos en gran medida bajo secreto, con al menos 35 países, situados en su inmensa mayoría en el Sur Global. Los inmigrantes, incluidos los solicitantes de asilo y quienes los tribunales estadounidenses han concedido protección contra la devolución a sus países de origen, se han convertido en instrumentos de negociación en estos acuerdos profundamente asimétricos. Los países asociados terminan así participando en una de las prácticas de expulsión más despiadadas empleadas por Estados Unidos: trasladar a personas, prácticamente sin previo aviso y con escasas oportunidades de defenderse, hacia países con los que no mantienen vínculo alguno y donde podrían verse expuestas a tratos inhumanos o torturas, tal como advirtieron en septiembre expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas.

En un inquietante giro de la historia, Liberia vuelve a convertirse en un territorio a cuyas costas llegan personas deportadas consideradas indeseables, sin que estas tengan apenas o absolutamente ninguna capacidad de decisión sobre su destino y sin que exista una planificación a medio plazo que garantice su protección y bienestar, ni los de las comunidades locales. El 18 de agosto de 2026, el Gobierno liberiano anunció que aceptaría hasta 1.200 ciudadanos de terceros países, en lo que constituye uno de los acuerdos de mayor envergadura alcanzados por la Administración Trump 2.0. Dos días después, aproximadamente veinte personas aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Roberts; catorce de ellas, procedentes de Camerún, Eritrea, Venezuela, Honduras, Colombia, Brasil y Guatemala, permanecieron en el país. La mayoría había obtenido de los tribunales estadounidenses medidas de protección contra su devolución a sus países de origen, donde corrían el riesgo de sufrir persecución o torturas. Algunos, incluso, no supieron cuál era su destino hasta encontrarse en pleno vuelo.

Ninguno de los latinoamericanos entrevistados desea permanecer en Liberia. Alojados en un hotel y alimentados por la Organización Internacional para las Migraciones, estas personas pueden presentar solicitudes de asilo, pero carecen de autorización para trabajar. Separadas de sus familias, anhelan un lugar seguro donde mantengan vínculos personales, compartan una lengua común, tengan derecho al trabajo y puedan sentirse parte de una comunidad. ¿Puede Liberia ofrecerles ese lugar? Y, por otra parte, ¿qué implica su llegada para la población liberiana?

La asimetría de poder entre Liberia y Estados Unidos constituye una parte esencial de la respuesta. En junio de 2025, un memorando del Departamento de Estado estadounidense incluyó a Liberia entre los 36 países susceptibles de verse afectados por una posible prohibición de entrada a Estados Unidos y planteó la aceptación de personas deportadas como una vía para evitar dicha medida. Washington ya había recortado su asistencia, mientras que el acuerdo sanitario que sustituyó a los programas de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) contempla una financiación de 124 millones de dólares durante cinco años, aproximadamente un 63 % inferior a la anterior. Desde la firma del acuerdo en septiembre de 2025, Liberia ha obtenido cinco millones de dólares para gestionar la recepción de ciudadanos de terceros países, así como la ampliación de la validez de los visados estadounidenses de visitante concedidos a los liberianos, de doce a treinta y seis meses.

Sin embargo, concentrar el análisis exclusivamente en la capacidad de presión de Estados Unidos supone relegar a un segundo plano las decisiones adoptadas por el propio Gobierno liberiano. Las autoridades insisten en que no existe ningún intercambio de favores y presentan el acuerdo como una iniciativa de carácter humanitario. No obstante, la académica liberiana Robtel Neajai Pailey sostiene que el poder ejecutivo ha eludido la intervención del legislativo, cuya aprobación resulta constitucionalmente necesaria para este tipo de acuerdos, y ha mantenido sus condiciones ocultas a la ciudadanía. Esta circunstancia plantea, además, interrogantes sobre la distribución de los beneficios y los costes derivados del pacto. Mientras que una mayor facilidad de movilidad y el estrechamiento de las relaciones con Washington pueden favorecer al Estado y a los liberianos que viajan al extranjero, las consecuencias inmediatas recaen sobre las personas deportadas, separadas de sus familias. Si el número de llegadas se aproxima a las 1.200 previstas, el acceso a la vivienda, los servicios sanitarios y el empleo también se convertirá en una cuestión de especial relevancia para las comunidades liberianas.

Desde el principio, los liberianos han manifestado su preocupación por el acuerdo, particularmente por el secretismo que lo rodea y sus posibles repercusiones sobre las comunidades locales. Muchos tuvieron conocimiento de su existencia por primera vez a través de los medios de comunicación. William Sando, presidente de la Unión de Estudiantes de la Universidad de Liberia, declaró a Al Jazeera que había conocido la noticia a través de Facebook y cuestionó dónde vivirían las personas deportadas y si quienes permanecieran en el país recibirían autorización para trabajar. Yarssah Jallah, vendedora de alimentos en Monrovia, calificó el acuerdo de «arriesgado para nosotros», aludiendo a sus inquietudes relacionadas con el consumo de drogas y a la falta de información sobre las personas que serían acogidas.

Por su parte, Clara Mallah, del Centro Liberiano para la Transparencia y la Rendición de Cuentas, cuestionó por qué Estados Unidos no podía hacerse cargo directamente de las personas que deportaba. El senador Samuel Kogar, entretanto, preguntó si el acuerdo había sido sometido a la consideración de ambas cámaras del poder legislativo y subrayó que no se trataba de «un asunto menor». Todas estas reacciones ponen de manifiesto la falta de transparencia, la omisión de los procedimientos democráticos, el trato pasivo dispensado a los liberianos por su propio Gobierno y la escasa información previa que recibieron. Una comunicación anticipada y adecuada podría haber contribuido, además, a contrarrestar algunos de los prejuicios y estereotipos ampliamente extendidos sobre la migración y las personas migrantes.

Estas inquietudes se extienden también a la capacidad de Liberia para acoger a los recién llegados. Eddie Jarwolo, de la organización de la sociedad civil NAYMOTE Partners for Democratic Development, criticó la inexistencia de un plan público que explicara cómo garantizaría el Gobierno el alojamiento de estas personas sin agravar la presión sobre los servicios públicos. En términos similares, el diputado Anthony Williams planteó interrogantes sobre la vivienda, la atención sanitaria y los procedimientos de evaluación y control. Asimismo, el político opositor Joshua Tom Turner advirtió de que la llegada de un número elevado de personas deportadas, sin consultas públicas suficientes ni garantías adecuadas, podría incrementar la presión sobre el mercado laboral y exacerbar las tensiones sociales. Se trata de preocupaciones razonables en un país que ya afronta el desempleo y las consecuencias de los recortes de la ayuda estadounidense al desarrollo.

Aunque el Gobierno sostiene que Estados Unidos y un socio internacional asumirán los gastos de alojamiento, alimentación y desplazamiento hacia otros destinos, persisten numerosas incógnitas sobre la duración de ese apoyo y las disposiciones previstas para quienes finalmente permanezcan en Liberia. Esta incertidumbre resulta especialmente preocupante si se consideran las necesidades particulares que pueden presentar los inmigrantes latinoamericanos debido a las barreras lingüísticas, las diferencias culturales y la ausencia de redes de apoyo social. Un océano entero los separa de los liberianos, una distancia geográfica, lingüística y cultural que configura necesidades a las que Liberia quizá no esté en condiciones de responder.

Existe, además, el riesgo de que el descontento ciudadano provocado por un acuerdo alcanzado sin consultas suficientes termine dirigiéndose contra las propias personas deportadas, quienes tampoco tuvieron capacidad alguna de decisión sobre su traslado. Por el momento, tanto los liberianos como quienes han sido enviados a su territorio se ven obligados a afrontar las consecuencias de decisiones sobre las que apenas han podido ejercer influencia. En este juego entre Estados nacionales, los deportados latinoamericanos, por un lado, y los liberianos, por otro, permanecen relegados a los márgenes del proceso de toma de decisiones: un mecanismo que los silencia e invisibiliza estructuralmente, al tiempo que les exige soportar directamente las consecuencias de esas mismas decisiones.

Los liberianos conocen bien esta incertidumbre por experiencia propia. Cuando, en 2012, se puso fin al estatuto de refugiado de los ciudadanos liberianos en toda África Occidental, a muchos de quienes permanecían en países como Nigeria se les prometieron permisos de residencia por parte de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO). Sin embargo, esos documentos nunca llegaron a expedirse plenamente. La propia Liberia no puso fin al estatuto de refugiado de los ciudadanos marfileños que acogía hasta 2022 y, según Third Country Deportation Watch, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) no mantiene actualmente operaciones en el país. Una oferta de asilo formulada sin las instituciones necesarias para hacerla efectiva corre el riesgo de reproducir un patrón histórico: el de una protección prometida sobre el papel que, posteriormente, no se traduce en ninguna garantía real de seguridad.

El pasado dista mucho de haber quedado atrás. En virtud de una ley promulgada en 1819, Estados Unidos envió a Liberia a los africanos rescatados de los barcos negreros que operaban ilegalmente, con independencia de sus lugares de origen. Los colonos, por su parte, se establecieron en territorios que un oficial de la Marina estadounidense había obtenido mediante coacción de un gobernante local, y durante años se enfrentaron a la resistencia armada de las comunidades autóctonas.

Christina Sharpe denomina a esta condición «vivir en la estela de la esclavitud». Dos siglos después, tanto las personas deportadas desde América Latina como los liberianos a quienes se exige acogerlas continúan habitando esa misma estela histórica. A través de las experiencias de quienes ven sus vidas determinadas por decisiones adoptadas en otros lugares, unos y otros entrelazan el pasado con el presente y tienden un puente entre el continente americano y África, poniendo de manifiesto la persistencia de las huellas de la esclavitud y su proyección sobre las realidades contemporáneas.

Natalia Cintra es investigadora sénior especializada en raza y migración en la Universidad de Southampton, donde también ejerce como codirectora del Centro de Etnografía Política.

Fuente:https://africasacountry.com/2026/10/deported-to-liberia-again