La crisis de Sudán no constituye únicamente un colapso político interno, sino también un escenario de competencia regional. Estados Unidos desempeñó un papel activo durante el proceso del Acuerdo de Paz de 2005; sin embargo, tras la independencia de Sudán del Sur, redujo significativamente su nivel de implicación. China, por su parte, ha adoptado una posición de neutralidad en el marco de sus políticas energéticas, manteniendo relaciones tanto con Jartum como con Yuba. En contraste, los países del Golfo en particular los Emiratos Árabes Unidos han establecido vínculos económicos con las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) a través del comercio del oro sudanés. Estos lazos han reforzado la autonomía financiera de las RSF, alimentando de forma indirecta la prolongación de la guerra civil.
Sudán: Las Raíces Históricas de una Crisis Prolongada
Sudán, situado en el corazón del continente africano, constituye uno de los ejemplos más claros de la zona de tránsito histórico, cultural y económico entre el mundo árabe y el África subsahariana. Esta condición geográfica híbrida ha sido, a lo largo de su historia, fuente tanto de riqueza cultural como de fragilidad estructural. Desde su independencia en 1956, el país no ha logrado consolidar plenamente su integridad institucional debido a las desigualdades regionales, las divisiones identitarias y la tradición de un poder centralizado heredadas del período colonial.
El actual conflicto interno de Sudán representa una nueva fase de esa continuidad histórica. La guerra que estalló en 2023 entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) no es solo una lucha por el poder, sino también la consecuencia directa del proceso de colapso institucional iniciado con la secesión de Sudán del Sur en 2011. Aquella separación desmanteló la base económica del Estado, debilitó la autoridad central y perpetuó la rivalidad entre las instituciones de seguridad.
El caso sudanés refleja con claridad tres problemas estructurales característicos de los Estados poscoloniales:
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Una crisis de representación basada en la identidad;
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Una dependencia de los recursos naturales que genera vulnerabilidad económica;
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La hegemonía del sector de seguridad sobre la esfera política.
El presente análisis pretende arrojar luz sobre el camino que condujo a la actual crisis, examinando estos factores en su contexto histórico.
Los Fundamentos Históricos y las Raíces de la Fragmentación
La diversidad étnico-religiosa de Sudán es, en gran medida, producto de las políticas deliberadas del régimen colonial. La administración británica impuso sistemas de gobierno diferenciados entre el norte y el sur: mientras el norte fue integrado en la esfera cultural árabe, el sur se abrió a la influencia occidental a través de las misiones cristianas. Este orden dual hizo inviable la cohesión nacional tras la independencia.
A finales de la década de 1950, el proyecto de construcción nacional impulsado por las élites árabes del norte, basado en una identidad islámica homogénea, marginó a las poblaciones africanas del sur. La primera guerra civil, iniciada en 1955, fue consecuencia directa de esta desigualdad representativa. El Acuerdo de Addis Abeba de 1972 otorgó una autonomía temporal al sur; sin embargo, la decisión del presidente Gaafar Nimeiry, en 1983, de imponer la ley islámica en todo el país y suprimir dicha autonomía reavivó el conflicto, dando origen a la segunda guerra civil.
En esta etapa, el conflicto sudanés adquirió una nueva dimensión que lo distinguió de los enfrentamientos étnicos tradicionales: la económica. El descubrimiento de yacimientos petrolíferos en el sur convirtió al territorio en una prioridad estratégica y financiera para el gobierno de Jartum, transformando la lucha en una “guerra de identidades con base en los recursos”. Entre 1983 y 2005, más de dos millones de personas perdieron la vida, y la legitimidad social del Estado quedó profundamente erosionada.
Paz, Secesión y Colapso Económico
El Acuerdo de Paz Integral (Comprehensive Peace Agreement), firmado en 2005 tras veintidós años de guerra con la mediación de la comunidad internacional, representó un momento decisivo para Sudán. El pacto otorgaba un periodo de transición de seis años al término del cual se reconocía el derecho a un referéndum de autodeterminación, además de establecer un mecanismo de reparto de los ingresos petroleros entre ambas partes. En este marco, el principio de autodeterminación, consagrado en el artículo 1(2) de la Carta de las Naciones Unidas, encontró una aplicación concreta como “el derecho de los pueblos a determinar libremente su condición política”. En 2011, con un 98,83 % de votos favorables, Sudán del Sur proclamó su independencia.
Sin embargo, esta separación se tradujo en una catástrofe económica para el norte. La pérdida de aproximadamente el 75 % de los ingresos petroleros provocó el colapso del presupuesto estatal. El gobierno intentó compensar el déficit mediante la minería del oro y el comercio fronterizo, pero estos sectores pronto cayeron bajo el control de grupos armados. El poder económico se desplazó del Estado central hacia estructuras paramilitares, dando origen a un modelo conocido como capitalismo de seguridad, en el cual los aparatos militares controlan los recursos económicos.
Durante este periodo, el régimen de Omar al-Bashir estableció un sistema de patronazgo sustentado en los aparatos de seguridad para mantener su legitimidad política. La formalización, en 2013, de las milicias janyawid bajo el nombre de Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) marcó el fin de facto del monopolio estatal de la violencia. En poco tiempo, la RSF adquirió una autonomía económica y militar significativa, generando un equilibrio de poder que corroía internamente la autoridad central.
De la Secesión a la Guerra Civil
Tras 2011, Sudán experimentó una crisis institucional que superó las pérdidas económicas. A medida que las instituciones públicas se debilitaban, el sector de seguridad se transformó en el verdadero centro de poder. El país se convirtió en una federación de redes de seguridad que actuaban como un Estado dentro del Estado.
A finales de 2018, la crisis económica derivó en una ola de protestas populares. La caída de Omar al-Bashir en 2019 generó esperanzas de cambio, pero estas se desvanecieron rápidamente. No se logró establecer un gobierno civil; en su lugar, el ejército (SAF) y la RSF formaron un Consejo Soberano transitorio, más orientado a la gestión del poder que a la institucionalidad. Las tensiones en torno a la integración de la RSF en las fuerzas armadas desembocaron en una guerra abierta en 2023.
Este conflicto simboliza la autodestrucción de la economía basada en la seguridad que Sudán había construido tras 2011. La RSF, financiándose a través del comercio del oro y el contrabando fronterizo, se consolidó como un centro de poder alternativo al Estado. En consecuencia, la guerra no representa un “cambio de régimen”, sino la militarización de las propias contradicciones internas del régimen.
La presencia de la RSF en Darfur introduce, además, una dimensión regional. La violencia masiva contra civiles, iniciada con la guerra de Darfur en 2003, se repite hoy con trágica familiaridad. Las masacres en regiones como El-Fasher y Nyala no solo evidencian la persistencia de la violencia étnica, sino también la continuidad de una estrategia bélica sostenida por intereses económicos.
El Silencio Mediático
Resulta llamativo que la catástrofe humanitaria de Sudán haya recibido una cobertura limitada en los medios turcos, árabes y, en general, del mundo islámico. Este fenómeno puede explicarse por tres factores estructurales: las prioridades geopolíticas, la dificultad de acceso a la información y los intereses económicos.
En primer lugar, Sudán ocupa una posición marginal dentro del imaginario geopolítico del mundo islámico. Crisis como las de Palestina, Siria o Yemen gozan de una mayor visibilidad mediática debido a la proximidad identitaria, mientras que Sudán se percibe como un “asunto interno de África”.
En segundo lugar, el colapso de las infraestructuras de comunicación y las severas restricciones a la libertad de prensa hacen casi imposible el flujo de información verificable desde el terreno. En tercer lugar, los vínculos económicos entre los países del Golfo en especial los Emiratos Árabes Unidos y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) han generado una forma de autocensura indirecta en los medios de comunicación.
A todo ello se suma el fenómeno del “cansancio informativo”, plenamente aplicable al caso sudanés: la prolongación de las crisis reduce el interés del público y devalúa el criterio de noticiabilidad de las redacciones. Como resultado, la tragedia humanitaria en Sudán ha sido relegada a la categoría de “crisis silenciosa” en la agenda mediática global. Según datos de las Naciones Unidas, más de once millones de personas se han visto desplazadas hasta 2025, y sin embargo la crisis apenas resuena en la opinión pública internacional.
Dimensión Regional y Dependencia Exterior del Estado
La crisis de Sudán no representa solo un colapso político interno, sino también un espacio de competencia regional. Estados Unidos desempeñó un papel activo durante el proceso del Acuerdo de Paz de 2005, pero redujo su implicación tras la independencia de Sudán del Sur. China, en el marco de sus políticas energéticas, ha mantenido una postura de neutralidad, conservando relaciones tanto con Jartum como con Yuba.
Por el contrario, los países del Golfo especialmente los Emiratos Árabes Unidos han desarrollado lazos económicos con la RSF a través del comercio de oro sudanés. Dichos vínculos han reforzado la autonomía financiera de la RSF y, de forma indirecta, han alimentado la guerra civil. Asimismo, la disputa por el reparto de las aguas del Nilo y el proyecto de la presa del Renacimiento Etíope han obligado a Sudán a redefinir su política exterior en torno a los ejes de seguridad energética e hídrica.
Estas condiciones han transformado a Sudán en algo más que un “Estado en guerra civil”: lo han convertido en un nodo frágil dentro de la arquitectura de seguridad regional.
Conclusión
Aunque Sudán constituye uno de los escasos ejemplos poscoloniales en los que las fronteras se modificaron bajo el amparo del derecho internacional, la secesión no trajo la paz, sino una disolución prolongada. La independencia de Sudán del Sur desmanteló la base económica del norte, y este vacío fue ocupado por estructuras paramilitares.
El ascenso de la RSF refleja la pérdida de control del Estado sobre sus aparatos de seguridad y la progresiva militarización de la economía. La guerra civil de 2023 representa la culminación de una erosión institucional que se había gestado durante décadas.
El caso sudanés se sitúa en la intersección entre el fracaso del Estado poscolonial, la dependencia de los recursos y la indiferencia mediática. Esta crisis no es únicamente un problema de seguridad local, sino también una prueba del sistema internacional en términos de justicia, representación y capacidad de intervención.
La reconstrucción de Sudán no será posible mediante treguas temporales, sino a través de un reparto equitativo de los recursos, la creación de una identidad nacional inclusiva y la implicación visible de la comunidad internacional. De lo contrario, Sudán seguirá siendo la “tragedia invisible” de la era contemporánea.
