Un orden mundial más allá de la polaridad

Queridos amigos:

Reciban un cordial saludo desde la mesa de trabajo del Instituto Tricontinental de Investigación Social.

Durante las tres décadas posteriores al colapso de la Unión Soviética, publicaciones y reportajes informativos nos repitieron incesantemente que el mundo había pasado a tener un único centro: Estados Unidos. Cuando la Guerra Fría llegaba a su fin, el presidente estadounidense George H. W. Bush habló, en 1990, de un «nuevo orden mundial». En el orden que comenzaba a configurarse, Washington definiría los límites de lo políticamente aceptable, su aparato militar se encargaría de hacerlos cumplir y sus instituciones financieras impondrían las políticas económicas de países cuya independencia había sido conquistada mediante arduas luchas. Se nos dijo que las grandes controversias ideológicas de la historia habían llegado a su fin, y la expresión «momento unipolar» confirió a aquel orden la apariencia de una realidad histórica incontestable. Detrás de esta afirmación subyacía una pretensión política: el socialismo y el comunismo habían quedado obsoletos, mientras que el modelo estadounidense de capitalismo liberal constituía el único futuro posible.

Hoy, esa pretensión ha perdido buena parte de su credibilidad, pues la capacidad de Washington para dirigir el mundo se ha erosionado en determinados ámbitos y ha encontrado una resistencia considerable en otros. Desde el Instituto Tricontinental de Investigación Social hemos recurrido al marco conceptual de los «cinco monopolios del centro», desarrollado por Samir Amin en su libro Capitalism in the Age of Globalization (1997): la tecnología, las finanzas globales, el acceso a los recursos naturales, las comunicaciones y los medios de información internacionales, y las armas de destrucción masiva. A partir de este marco, observamos que la hegemonía de Estados Unidos y sus aliados sobre las materias primas, las finanzas y la ciencia y la tecnología se enfrenta a dificultades considerables, mientras que su predominio militar e informativo conserva una solidez mucho mayor. El debilitamiento del poder liderado por Estados Unidos en estos tres ámbitos refleja, en gran medida, el avance industrial y tecnológico de China, la capacidad de resistencia de los países sometidos a sanciones occidentales y otras formas de coerción, así como la aparición de un nuevo clima político favorable al desarrollo soberano en el Sur Global. La ampliación de los BRICS+, por compleja que sea, expresa la aspiración de ampliar las posibilidades de aquellos países a los que las potencias coloniales y neocoloniales han exigido durante mucho tiempo aceptar una posición subordinada.

La erosión del poder de Washington ha devuelto al debate el concepto de multipolaridad como instrumento para describir estas transformaciones. La posibilidad de que ningún Estado por sí solo pueda determinar el futuro del mundo es real; sin embargo, el anhelo de un mundo multipolar no debe sustituir al análisis. Nuestro nuevo dossier, Más allá de la polaridad: hacia una teoría marxista del orden mundial (octubre de 2026), parte precisamente de esta advertencia y nos invita a mirar más allá del cambiante mapa del poder mundial para examinar las relaciones sociales que mantienen cohesionado el sistema. Se pregunta de qué manera la producción y la tecnología, la acumulación de capital, las relaciones y luchas de clase, así como las normas que regulan el comercio y las finanzas internacionales, configuran el poder tanto dentro de los Estados como en sus relaciones mutuas. Consideradas en conjunto, estas dinámicas revelan dimensiones del sistema mundial que el lenguaje de la polaridad no alcanza a explicar suficientemente. Asimismo, permiten hacer visibles las continuidades del poder que un enfoque centrado exclusivamente en los Estados tiende a pasar por alto.

No cabe duda de que el centro de gravedad de la economía mundial se está desplazando hacia Asia y de que China ocupa el epicentro de esta transformación. Al mismo tiempo, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN mantienen en pie una arquitectura militar hiperimperialista, sustentada en una extensa red de bases y alianzas, mientras que el dólar conserva su posición central en las finanzas mundiales. Pese a todos estos desplazamientos, la redistribución del peso económico entre los países no ha ido acompañada de una redistribución equivalente del poder empresarial. A 31 de marzo de 2026, las diez mayores empresas cotizadas del mundo —ocho de ellas con sede en Estados Unidos— concentraban conjuntamente aproximadamente una sexta parte de la capitalización bursátil mundial: Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Saudi Aramco, Broadcom, Meta, TSMC y Tesla.

La clasificación de 2025 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), basada en datos de 2024 y que ordena las empresas multinacionales no financieras según el valor de sus activos en el extranjero, dibuja un panorama igualmente revelador: las diez primeras tienen su sede en Estados Unidos, Europa occidental o Japón. Se trata de Shell (Reino Unido), Toyota (Japón), Volkswagen (Alemania), TotalEnergies (Francia), Deutsche Telekom (Alemania), BP (Reino Unido), Stellantis (Países Bajos), Microsoft (Estados Unidos), Exxon Mobil (Estados Unidos) y Anheuser-Busch InBev (Bélgica). La producción y las exportaciones de un país pueden aumentar, pero sus empresas pueden seguir dependiendo de tecnologías que no controlan y de redes comerciales cuyas condiciones no están en posición de determinar.

Las empresas no ejercen su poder en un espacio ajeno a los Estados, pues dependen de la investigación pública y de las infraestructuras, de los tribunales que hacen cumplir los derechos de propiedad y de los gobiernos que defienden sus intereses, en ocasiones incluso mediante el uso de la fuerza armada. El capital trasciende las fronteras a través de marcos normativos sostenidos por la autoridad política. El capital internacional está profundamente arraigado en las relaciones de clase internas; determinados sectores de las clases dominantes obtienen beneficios de estructuras que subordinan sus sociedades al capital extranjero y restringen las posibilidades de un desarrollo soberano. Por esta razón, la lucha contra el imperialismo no se libra únicamente entre Estados, sino también en el seno de cada sociedad.

La persistencia del poder empresarial se ve reforzada por una arquitectura institucional internacional que nunca ha sido reconstruida para responder a las aspiraciones del mundo anteriormente colonizado. El Fondo Monetario Internacional (FMI), en lugar de conceder el mismo número de votos a todos sus países miembros, distribuye el poder de voto mediante un sistema ponderado basado en cuotas. La propia explicación del FMI sobre su estructura de gobernanza expone claramente este modelo. Un cálculo realizado por nuestro Instituto a partir de las cuotas de voto y los datos demográficos del FMI muestra que el poder de voto per cápita del Norte Global es nueve veces superior al del Sur Global. Las transformaciones de la economía mundial no han supuesto una transferencia equivalente de autoridad hacia los pueblos cuyo trabajo y cuyos recursos sostienen la economía global.

Por su parte, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC), conocido como ADPIC, obliga a los Estados miembros a mantener unos estándares mínimos de protección de las patentes y otros derechos de propiedad intelectual. Aunque el acuerdo contempla determinadas flexibilidades, la internacionalización de estas protecciones ha otorgado a las empresas un ámbito de protección jurídica transnacional para sus reivindicaciones de propiedad intelectual, del que los países más pobres carecen cuando intentan salvaguardar sus necesidades de desarrollo. El acceso a la tecnología continúa estando condicionado por unas normas que protegen la propiedad y la apropiación de rentas. Este tipo de instituciones reproduce las desigualdades heredadas del colonialismo a través de los propios procedimientos que rigen a Estados formalmente independientes.

Este es el núcleo de nuestro dossier. El debilitamiento de la capacidad de Washington para imponer su voluntad puede abrir oportunidades valiosas, pero estas no desmantelan automáticamente los monopolios empresariales ni los marcos institucionales que reproducen la dependencia neocolonial. La cooperación entre países que resisten las presiones estadounidenses tampoco significa que todos ellos compartan la misma naturaleza social. Las formas de propiedad, los sistemas de planificación y el equilibrio de fuerzas entre los sectores populares y las clases dominantes siguen siendo factores determinantes. Debemos preguntarnos qué posibilidades abre una determinada reivindicación de soberanía y quién adquiere la capacidad de hacerlas efectivas. La recuperación del margen de maniobra de las políticas nacionales y la construcción de normas internacionales capaces de limitar el poder empresarial forman parte de una misma lucha.

En este punto, conviene recuperar un episodio histórico de especial relevancia. En 1974, cuando los países del Tercer Mundo plantearon la exigencia de establecer un Nuevo Orden Económico Internacional, las Naciones Unidas crearon el Centro de las Naciones Unidas sobre las Empresas Transnacionales (UNCTC) y, posteriormente, ese mismo año, la Comisión sobre las Empresas Transnacionales. Ambas instituciones contribuyeron a someter el poder empresarial al escrutinio internacional. El UNCTC recopilaba información, investigaba las actividades de las empresas, elaboraba análisis de políticas públicas y proporcionaba asistencia técnica a los gobiernos. Los países que negociaban con grandes corporaciones necesitaban conocimientos y capacidad institucional para transformar la independencia formal en soberanía económica.

En 1976, la Comisión comenzó a trabajar en un proyecto de Código de Conducta de las Naciones Unidas para las Empresas Transnacionales. Su alcance iba mucho más allá de los llamamientos a la responsabilidad voluntaria de las empresas. El borrador abordaba cuestiones como el respeto de las empresas a la soberanía nacional y a los objetivos de desarrollo de los países anfitriones, la no injerencia en sus asuntos políticos, la fiscalidad y los precios de transferencia, la transferencia de tecnología, la divulgación de información, las condiciones laborales y la protección del medio ambiente. También contemplaba el modo en que los Estados debían relacionarse con las empresas transnacionales. Las negociaciones giraban en torno a qué normas debían regir una relación profundamente marcada por la desigualdad, incluida la cuestión de si las obligaciones establecidas en el Código de Conducta debían ser vinculantes o meramente voluntarias.

Esta concepción política conserva hoy toda su vigencia. Mientras una empresa puede organizar sus actividades en numerosos países conforme a una estrategia común, los gobiernos que intentan regularla permanecen divididos por fronteras y por un acceso desigual a la información. La cooperación entre estos gobiernos puede reducir la capacidad de las empresas para aprovechar tales divisiones. Las obligaciones de transparencia pueden hacer más visibles sus actividades; unas normas fiscales coordinadas pueden proteger los ingresos públicos; y las regulaciones sobre transferencia de tecnología pueden favorecer el desarrollo de capacidades nacionales. La independencia económica exige instituciones capaces de hacer frente a la organización internacional del capital.

El Código de Conducta nunca llegó a aprobarse. Las negociaciones continuaron durante toda la década de 1980 y concluyeron a comienzos de los años noventa sin alcanzar un acuerdo. La oposición de los poderosos intereses empresariales y de los Estados occidentales coincidió con la crisis de la deuda y el debilitamiento de la capacidad negociadora del Tercer Mundo. La transformación neoliberal también reconfiguró el marco institucional en el que se desarrollaba este trabajo. En 1992, el programa de las Naciones Unidas sobre las empresas transnacionales fue trasladado del UNCTC al Departamento de Desarrollo Económico y Social y, en 1993, pasó a la UNCTAD. Aunque continuaron realizándose investigaciones importantes, el fracaso en la aprobación del Código de Conducta marcó el abandono de la iniciativa de establecer un marco internacional integral para regular el comportamiento de las empresas.

El trabajo del UNCTC nos deja una lección fundamental: la cooperación internacional puede convertirse en un instrumento para disciplinar al capital. La agenda actual requiere obligaciones exigibles en materia de fiscalidad, trabajo, rendición de cuentas empresarial, acceso a la tecnología y reparación ecológica, así como un marco de gestión de la deuda que permita a los países desarrollarse. Los trabajadores, los campesinos y las comunidades afectadas también deben participar en la definición de esta agenda y exigir su aplicación.

La promesa de un orden mundial en transformación habrá de medirse por su impacto en la vida de las personas. ¿Podrá un agricultor conservar los frutos de su cosecha? ¿Tendrá un trabajador la capacidad de influir en las condiciones en las que desarrolla su labor? ¿Podrá un país transformar sus recursos en escuelas, hospitales y capacidad productiva? El proyecto aún inconcluso de construir instituciones internacionales capaces de someter al capital a mecanismos efectivos de regulación y control nos recuerda cuánto queda por recorrer para que un desplazamiento del poder entre Estados poderosos pueda traducirse en una verdadera transferencia de poder hacia los pueblos.

Con afecto,