Dr. Mehmet Rakipoğlu
El rasgo fundamental que distingue a los Estados de las organizaciones terroristas es su uso legítimo del monopolio de la violencia y el respeto a mecanismos de control que limitan dicho uso. Aunque el derecho internacional representa la dimensión global de estos mecanismos, un examen histórico muestra que nunca ha sido un instrumento capaz de restringir de manera absoluta a las grandes potencias. No obstante, el orden establecido tras 1945 impuso, al menos, la necesidad de justificar, legitimar y encuadrar institucionalmente el uso de la fuerza. La Carta de las Naciones Unidas, las resoluciones del Consejo de Seguridad, los acuerdos multilaterales y los tribunales internacionales, si bien no lograron detener por completo las acciones de las grandes potencias, sí funcionaron como herramientas que las obligaban a producir un relato jurídico. En el punto al que hemos llegado hoy, incluso esa obligación parece haber desaparecido. En efecto, las medidas adoptadas por la administración de Donald Trump en relación con Venezuela y Gaza no solo constituyen violaciones del derecho internacional; también señalan una nueva fase en la que el derecho ya ni siquiera se considera necesario. En esta fase, el poder no se limita a violar el derecho: abandona incluso la necesidad de explicarlo, interpretarlo o instrumentalizarlo.
El Caso De Venezuela
El ataque ilegal de Estados Unidos contra Venezuela el 3 de enero de 2026 y el traslado forzoso del presidente Nicolás Maduro, junto con su esposa, a territorio estadounidense constituyen un desafío abierto a los principios más básicos del derecho internacional. Que un Estado bombardee la capital de otro Estado soberano y secuestre a su jefe de Estado en funciones representa la violación más flagrante de la prohibición del uso de la fuerza consagrada en el artículo 2(4) de la Carta de la ONU. Sin embargo, el aspecto más llamativo de este episodio no es tanto la violación en sí, sino la forma en que se llevó a cabo. En el periodo posterior a la Guerra Fría, Estados Unidos solía justificar intervenciones similares mediante prolongadas preparaciones diplomáticas, la búsqueda de resoluciones en el Consejo de Seguridad o, al menos, marcos discursivos como la “intervención humanitaria” o la “lucha contra el terrorismo”. La invasión de Irak es un ejemplo particularmente ilustrativo en este sentido. Aunque su base jurídica fuera débil o incluso profundamente problemática, durante ese proceso existió un esfuerzo por producir una legitimación jurídica por parte de Estados Unidos y de los actores occidentales que lo siguieron.
En el caso de Venezuela, incluso ese esfuerzo ha sido abandonado. Estados Unidos no ha defendido esta operación en nombre de la legítima defensa ni ha buscado una autorización o legitimación internacional como una resolución de la ONU. En su lugar, el derecho interno estadounidense ha sido sustituido por el derecho internacional, optándose por el uso directo de la fuerza y el secuestro del jefe de Estado de otro país. Esto no significa simplemente la violación del derecho, sino su inutilización. La violación presupone que el derecho sigue siendo un referente; aquí, en cambio, el derecho ha sido completamente ignorado. Normas como la inmunidad de los jefes de Estado, el principio de igualdad soberana y la prohibición de la detención arbitraria son invalidadas sin siquiera ser objeto de debate. Esto demuestra que la “excepción” se ha convertido en la regla dentro del sistema internacional. En otras palabras, Estados Unidos ya no intenta adaptar el derecho internacional a la ocupación, sino que lo ignora por completo, produciendo una nueva forma de excepcionalismo estadounidense.
Gaza y Palestina
Lo ocurrido en Venezuela no debe entenderse como una desviación aislada del derecho internacional, sino como la continuación de una ruptura en curso. El proceder de Estados Unidos en Venezuela puede leerse como la prolongación de una práctica construida durante años en el contexto de Gaza y Palestina. Con su apoyo incondicional al genocidio israelí en Gaza, la administración Trump ha suspendido de facto los principios más básicos del derecho internacional humanitario. Frente a los ataques contra objetivos civiles, la destrucción sistemática de infraestructuras y las prácticas de castigo colectivo, Estados Unidos no solo ha guardado silencio, sino que ha respaldado estas políticas en los planos diplomático y militar. Esta actitud vuelve a poner de manifiesto que el derecho internacional no se aplica de manera universal, sino que opera según jerarquías de poder. Mientras en el mismo periodo se puede señalar a líderes de otros países por “violaciones de derechos humanos”, la ausencia de una respuesta jurídica equivalente ante el genocidio en Gaza erosiona el carácter normativo del derecho. El derecho deja de ser un marco universal y se convierte en un instrumento político selectivo. En este sentido, la cuestión palestina no es solo una crisis humanitaria, sino una crisis de legitimidad del derecho internacional. Los mecanismos diseñados precisamente para prevenir los crímenes más graves están siendo conscientemente desactivados. Esto no cuestiona la existencia del derecho, sino para quién existe.
La Retirada De Estados Unidos Del Multilateralismo
La línea de alejamiento del derecho internacional seguida por la administración Trump en Venezuela y Gaza no se limita a las maniobras militares y políticas sobre el terreno. A nivel institucional, el orden internacional también está siendo socavado. A partir de enero de 2026, la decisión de Estados Unidos de retirarse de 66 instituciones internacionales revela la dimensión estructural de esta transformación. Numerosos organismos vinculados al sistema de las Naciones Unidas que operan en ámbitos como el cambio climático, la población, los derechos de las mujeres, el desarrollo y los derechos humanos han sido calificados por Estados Unidos como “amenazas a la soberanía”, “despilfarro” o “contrarios a los intereses nacionales”. Aunque estas justificaciones puedan parecer ideológicas a primera vista, reflejan una elección estratégica más profunda: Estados Unidos ya no siente la necesidad de producir legitimidad a través de las instituciones internacionales. En el pasado, estas instituciones constituían pilares del poder blando de la hegemonía estadounidense. A través de normas, estándares y marcos jurídicos, los intereses estadounidenses podían presentarse como valores universales. Hoy, en cambio, se considera que esos mecanismos de legitimación indirecta ya no son necesarios. El poder se ejerce de manera directa y sin filtros. Esta retirada no se produce porque el derecho internacional “no funcione”, sino porque ya no se considera necesario. Como demuestra el caso venezolano, ya no hace falta ocupar un país, establecer una presencia militar prolongada o producir resoluciones de la ONU para alcanzar los objetivos. Operaciones quirúrgicas, secuestros de líderes y estrategias de hechos consumados han sustituido al proceso jurídico.
En conclusión, las acciones emprendidas por la administración Trump en relación con Venezuela, Gaza y las instituciones internacionales nos conducen a una nueva era: una era de impunidad institucionalizada. Al igual que Israel, Estados Unidos no enfrenta sanciones penales pese a la continuidad y adopción institucional de políticas ilegales; envalentonado por esta ausencia de consecuencias, extiende su agresividad a otros ámbitos. De este modo, el derecho no solo es violado, sino vaciado de significado; las normas se disuelven frente a las preferencias de los actores más poderosos.
Este panorama entraña graves riesgos no solo para los países directamente afectados, sino para todo el sistema internacional. Cuando la fuerza vinculante del derecho desaparece, la seguridad también se convierte en una excepción. Lo que hoy ocurre en Venezuela o Gaza puede repetirse mañana en otras regiones. Una vez legitimada, la ausencia de reglas no es selectiva. En última instancia, la cuestión no es si el derecho internacional es defectuoso, sino si está siendo deliberadamente abandonado. Los acontecimientos actuales ofrecen una respuesta cada vez más clara. El mundo avanza desde un orden en el que el derecho trazaba límites hacia otro en el que el poder no reconoce fronteras. Y ello empuja al sistema internacional hacia una realidad no solo más injusta, sino también más inestable.