Rastreando el ciclo histórico del colonialismo

La impugnación de la legitimidad de la Corte Penal Internacional (CPI), formulada hoy especialmente por los Estados africanos y los académicos vinculados a las Aproximaciones del Tercer Mundo al Derecho Internacional (TWAIL), se encuentra intrínsecamente ligada a la incapacidad fundamental del Estatuto de Roma para abordar las injusticias históricas perpetradas bajo el colonialismo.El sesgo desproporcionado que caracteriza la actuación persecutoria de la Corte, y que ha suscitado su condena como instrumento de dominación neocolonial, constituye, con toda probabilidad, la manifestación visible de una deficiencia estructural mucho más profunda.
noviembre 20, 2026
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Historia de tres momentos de reflexividad

El presente artículo examina cómo los representantes del Sur Global ante las Naciones Unidas (ONU) intentaron redefinir el concepto de crímenes internacionales mediante la reivindicación de la inclusión del colonialismo y de las prácticas neocoloniales entre los crímenes contra la paz y la seguridad. Más concretamente, los debates históricos en torno a la criminalización del colonialismo ponen de manifiesto la distribución profundamente desigual del poder y de la autoridad discursiva en este ámbito, al tiempo que permiten comprender las impugnaciones reflexivas actuales formuladas por los actores del Sur Global frente al vocabulario jurídico y a los mecanismos punitivos que estructuran la justicia penal internacional. Desde esta perspectiva, los momentos de reflexividad forman parte de un ciclo recurrente: las normas jurídicas concebidas en el Norte Global son recibidas críticamente y renegociadas por el Sur, reintroducidas posteriormente en el ordenamiento jurídico internacional y, finalmente, reapropiadas por el Norte, de modo que su potencial transformador termina diluyéndose.

Primer momento de reflexividad: después de la Segunda Guerra Mundial

El primer gran momento de reflexividad en el desarrollo del derecho penal internacional durante la posguerra surgió con la elaboración de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Los delegados del Sur Global respaldaron la propuesta de Raphael Lemkin de incluir el «genocidio cultural» dentro del ámbito de aplicación de la Convención, al considerar que constituía un imperativo anticolonial destinado a proteger a los grupos minoritarios frente a la coerción imperial. Sin embargo, esta iniciativa encontró una férrea resistencia por parte de las potencias coloniales occidentales, que lograron eliminar del proyecto la disposición relativa al genocidio cultural durante las deliberaciones de la Sexta Comisión (Asuntos Jurídicos) de la Asamblea General de las Naciones Unidas.[1]

Los trabajos emprendidos posteriormente por la Comisión de Derecho Internacional (CDI) sobre el «Código de Delitos contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad» ofrecieron un terreno más propicio para la contestación. El Proyecto de Código de 1954 reconocía, además de los tres crímenes de Núremberg y el genocidio, una infracción adicional: la intervención coercitiva en los asuntos internos o externos de otro Estado mediante medidas de carácter político o económico destinadas a imponer la voluntad del Estado interventor con el propósito de obtener ventajas.[2] Esta figura delictiva fue propuesta por Francisco García-Amador, miembro cubano de la CDI, tras las iniciativas presentadas por los gobiernos socialistas para criminalizar la «agresión económica». García-Amador sostuvo que, dado que la Carta de la Organización de los Estados Americanos de 1948 ya prohibía tales conductas, una disposición de esta naturaleza reflejaba una convicción jurídica consolidada entre los veintiún Estados americanos que, por entonces, representaban aproximadamente un tercio de los miembros de las Naciones Unidas.[3]

Esta innovación suscitó intensas controversias tanto en el seno de la CDI como en la Sexta Comisión. Los argumentos de sus defensores descansaban sobre una premisa compartida: la paz y la seguridad, tal como se encontraban consagradas entre los propósitos de las Naciones Unidas, podían verse amenazadas no solo por el empleo de la fuerza armada, sino también por medidas económicas coercitivas capaces de menoscabar la independencia política o la igualdad soberana de los Estados. En la Asamblea General, la oposición procedió principalmente de los representantes del Reino Unido y de los Estados Unidos, quienes consideraban que la propuesta resultaba incompatible con el texto de la Carta de las Naciones Unidas y entrañaba riesgos para el sistema de seguridad colectiva.[4]

Dos destacados miembros de la CDI, Hersch Lauterpacht y Jean Spiropoulos, este último relator especial sobre la cuestión de la agresión, objetaron que, aunque las presiones políticas y económicas pudieran resultar moralmente cuestionables, su criminalización terminaría por desvirtuar el propio concepto de delito. En respuesta, Radhabinod Pal, antiguo magistrado del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, les recordó que el chantaje también constituía una conducta penalmente sancionable.[5] Pese a las objeciones, la propuesta de García-Amador fue aprobada por mayoría e incorporada al párrafo 9 del artículo 2 del Proyecto de Código de 1954.

Aunque el Proyecto de Código de 1954 mantuvo, en última instancia, un alcance prudente, logró captar la dinámica fundamental de aquel primer momento de reflexividad. Dejó constancia de una tentativa temprana de traducir las experiencias de dominación no militar a las categorías jurídicas reconocidas en la época. Estados y juristas de Europa Oriental y América Latina se apropiaron del lenguaje de los tribunales de Núremberg y Tokio para reinterpretar las relaciones de dependencia impuestas desde el exterior mediante presiones políticas y económicas persistentes, presentándolas como prácticas comparables a aquellas que habían sido castigadas en los procesos judiciales pioneros de la posguerra. De este modo, no solo pusieron al descubierto los límites del vocabulario incipiente del derecho penal internacional, sino que demostraron también cómo ese mismo lenguaje podía ser reutilizado estratégicamente para impugnar las estructuras de dominación hegemónica. El Proyecto de Código anticipó así los debates posteriores sobre el neocolonialismo y la dominación económica, fenómenos que el derecho internacional apenas comenzaría a afrontar de manera gradual.

No obstante, los habituales promotores de la coerción económica encontraron la manera de neutralizar las consecuencias de un sistema de justicia penal internacional que no respondía a sus intereses. Sin duda, la modificación de los Principios de Núremberg impulsada por García-Amador les proporcionó un argumento adicional para suspender el proyecto de justicia penal internacional antes de que escapara a su control. Invocando la ausencia de consenso sobre el contenido del crimen de agresión, la Asamblea General relegó el Proyecto de Código a un segundo plano, donde permanecería hasta que las victoriosas luchas de liberación de los pueblos colonizados propiciaran un segundo momento de reflexividad.

Segundo momento de reflexividad: después de la descolonización

La transformación del sistema internacional provocada por la descolonización alteró radicalmente el panorama institucional. En apenas unos años, la incorporación de decenas de Estados recientemente independizados produjo una expansión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estos nuevos miembros llevaron consigo experiencias políticas y prioridades jurídicas profundamente distintas de las que habían caracterizado a los Estados fundadores del orden internacional de posguerra. La emergente mayoría de países anteriormente colonizados consiguió impulsar numerosas resoluciones anticoloniales y reincorporar a la agenda de las Naciones Unidas el Código de Delitos contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad. Unidos tanto por sus trayectorias históricas como por su posición en la geografía del poder mundial, los Estados del Sur Global insistieron en que cualquier codificación moderna de los crímenes internacionales ya no podía sustentarse exclusivamente en los Principios de Núremberg. Por el contrario, debía afrontar el legado del colonialismo y contribuir a su desmantelamiento. Los Estados de Europa Oriental y otros países socialistas se alinearon con las reivindicaciones del Sur Global.[6]

Estas dinámicas más amplias encontraron una expresión directa en los debates celebrados a mediados de la década de 1970 en la Sexta Comisión de la Asamblea General. Numerosas delegaciones sostuvieron que el Proyecto de Código debía reflejar explícitamente los instrumentos internacionales adoptados en fechas recientes, entre ellos la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de 1960, que condenaba la dominación colonial y reafirmaba el derecho de los pueblos a la libre determinación.[7] Varios Estados del Sur Global subrayaron que la criminalización debía abarcar no solamente las formas clásicas de dominación territorial, sino también las prácticas neocoloniales, como la explotación de los recursos naturales. Un grupo más reducido defendió, asimismo, el reconocimiento de la «agresión económica» como delito autónomo.[8]

Cuando la CDI retomó finalmente el Proyecto de Código en la década de 1980, estas cuestiones pasaron a ocupar un lugar central en los trabajos del relator especial senegalés Doudou Thiam. En su segundo informe, presentado en 1984, Thiam observó que la condena del colonialismo había adquirido ya el carácter de norma de ius cogens. Destacó que el sometimiento de los pueblos a una dominación extranjera suponía la negación de derechos fundamentales y constituía un obstáculo para la paz y la seguridad internacionales. Sin embargo, consideraba que la expresión «agresión económica» pertenecía más al discurso político que al «lenguaje riguroso del derecho» y que sus contornos conceptuales seguían siendo demasiado imprecisos para permitir su codificación.[9]

Las deliberaciones posteriores de la CDI revelaron una profunda fractura en torno a la condición penal del colonialismo y de la agresión económica. Por una parte, una amplia coalición de miembros procedentes del Sur Global sostuvo que el colonialismo constituía ya un crimen per se, en virtud de las normas imperativas del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de los principales instrumentos jurídicos de la descolonización. Estos representantes insistieron en que el colonialismo no debía entenderse como un vestigio histórico, sino como una estructura persistente de dominación que continuaba reproduciéndose mediante la ocupación militar, la negación del derecho a la libre determinación y las nuevas modalidades de control económico neocolonial. Desde esta perspectiva, el colonialismo no solo resultaba moralmente abominable, sino que representaba una amenaza para la paz y la seguridad, en la medida en que había engendrado sistemáticamente guerras de liberación nacional y crisis internacionales. Asimismo, sostenían que su criminalización, junto con la de la agresión económica, era indispensable para restablecer la igualdad soberana de los Estados y culminar el proyecto inconcluso de la descolonización.[10]

En el extremo opuesto, miembros de la CDI procedentes de poderosos Estados occidentales, como Ian Sinclair, del Reino Unido, y Stephen McCaffrey, de los Estados Unidos, argumentaron que los términos «colonialismo» y «agresión económica» no eran más que etiquetas políticas y consignas populares carentes de la precisión jurídica necesaria para fundamentar su criminalización internacional. Sus detractores consideraban, además, que el colonialismo constituía un fenómeno históricamente superado. Por su parte, Christian Tomuschat, de Alemania, señaló que, aunque el colonialismo tradicional desaparecería con la independencia de Namibia, la persistencia de situaciones de dominación y explotación extranjeras hacía necesaria la incorporación de una disposición apropiada en el Código.[11]

Estas posiciones antagónicas continuaron manifestándose en los debates de las Naciones Unidas durante los años siguientes. Ya desde su tercer informe, presentado en 1985, Thiam parecía plenamente consciente de que participaba en un proceso de reflexividad. «Parece que ha llegado un buen momento para reflexionar sobre el vocabulario del derecho internacional», observó.[12] En 1989, la CDI consiguió finalmente aprobar de manera provisional un artículo relativo a la «dominación colonial y otras formas de dominación extranjera», disposición que volvió a figurar en el conjunto de proyectos de artículos aprobados provisionalmente en primera lectura por la Comisión en 1991. El artículo 18 tipificaba como delito el establecimiento o mantenimiento por la fuerza de «la dominación colonial o de cualquier otra forma de dominación extranjera contraria al derecho de los pueblos a la libre determinación consagrado en la Carta de las Naciones Unidas». El Proyecto de Código incluía, además, otras infracciones de particular relevancia para los Estados que habían experimentado el colonialismo, entre ellas el apartheid, el «reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios» y los «daños intencionales y graves al medio ambiente».[13]

La creación, a comienzos de la década de 1990, de tribunales ad hoc dotados de competencias jurisdiccionales limitadas para la antigua Yugoslavia y Ruanda asestó un duro golpe a las aspiraciones progresistas del Proyecto de Código. En realidad, el establecimiento de estos tribunales brindó al Norte Global una oportunidad excepcional para reapropiarse del conjunto del proyecto de justicia penal internacional. Poco después, la CDI comenzó a ceder ante las presiones políticas del recién constituido Comité ad hoc para el Establecimiento de una Corte Penal Internacional, integrado por representantes estatales. Dado que el propósito original del Proyecto de Código consistía en delimitar la futura competencia material de la Corte, Thiam se vio obligado a excluir el colonialismo, la intervención extranjera, el apartheid, las actividades mercenarias y la destrucción grave del medio ambiente. El relator no ocultó que aquella drástica reducción obedecía a factores políticos: señaló principalmente la enérgica resistencia de los Estados del Norte, al tiempo que reprochó al Tercer Mundo su silencio.[14]

Fueron muy pocos quienes expresaron objeciones de consideración, ya fuera en el seno de la CDI o en la Sexta Comisión. Entre ellos destacó el mexicano Alberto Székely, quien calificó aquella operación de «mutilación». Tampoco resultó suficiente el argumento relativo al valor simbólico y disuasorio que habría tenido el reconocimiento del colonialismo como crimen contra la paz y la seguridad.[15] En 1996, el Proyecto de Código de Delitos contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad fue aprobado en segunda lectura con un catálogo de infracciones que reproducía esencialmente las categorías de Núremberg y las competencias de los tribunales ad hoc para la antigua Yugoslavia y Ruanda, al que se añadió, a petición de los Estados Unidos, el delito de «crímenes contra el personal de las Naciones Unidas y el personal asociado».[16] Dos años después, el Estatuto de la Corte Penal Internacional mantuvo una competencia material reducida a un mínimo de categorías delictivas. Resulta particularmente revelador que, durante la Conferencia de Roma, la única referencia al colonialismo proviniera de una breve y genérica intervención de la Organización de la Unidad Africana, que participaba en calidad de observadora.[17]

Tercer momento de reflexividad: en la actualidad

A juicio del autor de estas líneas, la impugnación contemporánea de la legitimidad de la Corte Penal Internacional (CPI), formulada especialmente por los Estados africanos y por los académicos vinculados a las Aproximaciones del Tercer Mundo al Derecho Internacional (TWAIL, por sus siglas en inglés), se encuentra intrínsecamente relacionada con la incapacidad fundamental del Estatuto de Roma para afrontar las injusticias derivadas del colonialismo. El sesgo desproporcionado que ha caracterizado la orientación de las actuaciones penales de la Corte, y que ha alimentado su condena como instrumento de dominación neocolonial, constituye probablemente el síntoma visible de una deficiencia estructural mucho más profunda. Al codificar la criminalidad internacional casi exclusivamente en torno a las atrocidades propias de los conflictos armados y excluir la violencia sistémica inherente a las prácticas coloniales y neocoloniales, la arquitectura sustantiva del Estatuto de Roma orienta, en la práctica, el foco de la persecución penal hacia África. Incluso en escenarios recientes de gran repercusión internacional, como Ucrania y Palestina, la CPI carece de instrumentos adecuados para abordar las dimensiones sistémicas de la violencia.

Esta insuficiencia en la competencia material de la Corte parece haber sido reconocida por quienes elaboraron el Protocolo de Malabo de 2014, adoptado por la Unión Africana y concebido para establecer una jurisdicción penal africana. Aunque el colonialismo per se no figura como delito autónomo, una omisión que, por sí misma, merece un examen más detenido, el Protocolo contempla la responsabilidad penal de las empresas y tipifica conductas vinculadas a manifestaciones del neocolonialismo, entre ellas la explotación ilícita de los recursos naturales, el tráfico de desechos peligrosos y el mercenarismo.[18]

Como demuestra este estudio de caso sobre los tres momentos de reflexividad que han marcado la trayectoria del colonialismo como crimen contra la paz y la seguridad, las fricciones actuales revelan que la justicia penal internacional se encuentra, una vez más, ante el comienzo de un ciclo histórico recurrente. Un ciclo en el que las reivindicaciones del Sur Global vuelven a cuestionar los fundamentos normativos de un orden jurídico internacional cuya pretendida universalidad continúa atravesada por las asimetrías de poder heredadas del pasado colonial.

Referencias;

[1] William Schabas, Genocide in International Law: The Crime of Crimes (Cambridge University Press, 2.ª edición, 2009), DOI: 10.1017/CBO9780511575556, pp. 206-213.

[2] United Nations, Report of the International Law Commission to the General Assembly, en: United Nations, Yearbook of the International Law Commission, vol. II (1954), DOI: 10.18356/ab68db6b-en, pp. 140-173.

[3] United Nations, Summary Records of the Sixth Session: 3 June – 28 July 1954, en: United Nations, Yearbook of the International Law Commission, vol. I (1954), DOI: 10.18356/88c1515d-en, p. 127, párrs. 47 y 49.

[4] United Nations, Report of the Special Committee on the Question of Defining Aggression: 24 August – 21 September 1953, documento de las Naciones Unidas A/2638, 1954.

[5] United Nations, Summary Records of the Sixth Session: 3 June – 28 July 1954, en: United Nations, Yearbook of the International Law Commission, vol. I (1954), DOI: 10.18356/88c1515d-en, pp. 139-140, párrs. 58 y 59; p. 151, párr. 20.

[6] Taxiarchis Fiskatoris, «The Global South and the Drafting of the Subject-Matter Jurisdiction of the International Criminal Court», en: Florian Jeßberger, Leonie Steinl y Kalika Mehta (eds.), International Criminal Law – A Counter-Hegemonic Project? (TMC Asser Press, 2022), DOI: 10.1007/978-94-6265-551-5_9, pp. 177-190.

[7] Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, documento de las Naciones Unidas A/RES/1514(XV), 14 de diciembre de 1960.

[8] Taxiarchis Fiskatoris, The Exclusion of Transnational Crimes from the Jurisdiction of the International Criminal Court: A Travaux Préparatoires Study (Middlesex University Research Repository, 2021), pp. 133-136.

[9] Doudou Thiam, Second Report on the Draft Code of Offences against the Peace and Security of Mankind, en: United Nations, Yearbook of the International Law Commission, vol. II (1984), DOI: 10.18356/2ebdda9e-en, p. 96, párrs. 47-49; p. 100, párr. 80.

[10] United Nations, Summary Records of the Thirty-sixth Session: 7 May – 27 July 1984, en: United Nations, Yearbook of the International Law Commission, vol. I (1984), DOI: 10.18356/efa2f1ef-en; United Nations, Summary Records of the Thirty-seventh Session: 6 May – 26 July 1985, en: United Nations, Yearbook of the International Law Commission, vol. I (1985).

[11] United Nations, Summary Records of the Thirty-seventh Session: 6 May – 26 July 1985, en: United Nations, Yearbook of the International Law Commission, vol. I (1985), p. 72, párr. 17.

[12] Doudou Thiam, Third Report on the Draft Code of Offences against the Peace and Security of Mankind, en: United Nations, Yearbook of the International Law Commission, vol. II, A/CN.4/387, 8 de abril de 1985, DOI: 10.18356/5b8de035-en, p. 76, párr. 21.

[13] Comité de Redacción de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, Report of the International Law Commission to the General Assembly, A/CN.4/L.459/Add.1, 5 de julio de 1991, DOI: 10.18356/bdf8c8ed-en, p. 96.

[14] Doudou Thiam, Thirteenth Report on the Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind, A/CN.4/466, 24 de marzo de 1995; Taxiarchis Fiskatoris, «The Global South and the Drafting of the Subject-Matter Jurisdiction of the International Criminal Court», en: Florian Jeßberger, Leonie Steinl y Kalika Mehta (eds.), International Criminal Law – A Counter-Hegemonic Project? (TMC Asser Press, 2022), DOI: 10.1007/978-94-6265-551-5_9, pp. 177-190.

[15] Taxiarchis Fiskatoris, op. cit.

[16] United Nations, Report of the International Law Commission to the General Assembly, en: United Nations, Yearbook of the International Law Commission, vol. II (1996), DOI: 10.18356/524b9dc7-en, p. 17.

[17] United Nations, United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court, Summary Records of the Plenary Meetings and of the Meetings of the Committee of the Whole, documento de las Naciones Unidas A/CONF.183/13 (vol. II), 2002, p. 114, párr. 127.

[18] Unión Africana, Protocolo de Enmiendas al Protocolo sobre el Estatuto de la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos (adoptado el 27 de junio de 2014; aún no ha entrado en vigor); véase Gerhard Werle y Moritz Vormbaum (eds.), The African Criminal Court: A Commentary on the Malabo Protocol (TMC Asser Press, 2017), DOI: 10.1007/978-94-6265-150-0.

Fuente:https://verfassungsblog.de/tracing-the-colonialism-as-a-crime/