Taha Özhan
El problema de “quién gobierna Irán” no es únicamente una cuestión surgida tras el elevado costo inicial de la guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Teherán mediante asesinatos selectivos. Tampoco es un problema que haya emergido únicamente con la muerte de Larijani, quien encabezaba el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. Por el contrario, se trata de una crisis que alcanzó su punto álgido o que fue finalmente nombrada como tal cuando, tras los ataques de junio de 2025 contra Irán, Larijani comenzó a ejercer de facto el gobierno del país. De hecho, el origen de esta cuestión puede rastrearse, si se desea, hasta mediados de la década de 2000. En cualquier caso, su existencia puede identificarse en el propio funcionamiento del sistema político posrevolucionario, caracterizado por tensiones en torno a la “voluntad última” que detenta el poder. Sin embargo, si nos limitamos al marco de la crisis actual, puede afirmarse que el problema de “quién gobierna el país” ha alcanzado su punto máximo desde el periodo posterior a Raisi, durante los últimos dos años.
Tras los ataques de junio de 2025, el sistema iraní no buscó la solución en enfoques que obtuvieran legitimidad de la sociedad, sino que, actuando con reflejos de un “Estado paralelo”, posicionó a Larijani como líder de facto. Este desarrollo no se explica únicamente por la debilidad personal o la falta de carisma de Pezeshkian. En efecto, este último fue elegido en unos comicios con baja participación ni siquiera acudió la mitad del electorado y con un apoyo inicial que apenas alcanzó el 17 % del total de votantes. Así, asumió la presidencia con una legitimidad social mínima. En este contexto, incluso si Said Jalili representante del Líder Supremo en el Consejo de Seguridad Nacional sustituyera a Larijani, la crisis de gobernabilidad persistiría bajo nuevas formas. Jalili no posee la capacidad de llenar el vacío dejado por Larijani, quien, pese a la desconfianza entre los distintos centros de poder, lograba cierto equilibrio dentro del sistema.
Esta situación revela, en realidad, que quienes detentan el poder en Irán tampoco han logrado resolver el problema de quién gobierna el país. Si el Líder Supremo constituye la máxima autoridad, ¿por qué se requiere una figura de gestión de facto propia de estructuras casi organizacionales? Y si el presidente posee legitimidad electoral, ¿por qué esta no se traduce en un capital político efectivo? En la coyuntura actual, incluso el sistema de tutela militar enfrenta crecientes limitaciones para gobernar mediante figuras intermediarias. La complejidad del entramado institucional con múltiples capas, estructuras paralelas y actores delegados ha demostrado ser incapaz de generar un mecanismo de defensa integral ante una guerra abierta y una crisis existencial.
En consecuencia, el principal desafío de Teherán no es únicamente hacer frente militarmente a la presión de Estados Unidos e Israel, sino gobernar eficazmente un país de 90 millones de habitantes en todas sus dimensiones. La tradicional dicotomía entre “conservadores” y “reformistas” encubre en realidad una tensión más profunda: por un lado, quienes buscan preservar sus espacios de poder dentro del sistema; por otro, quienes intentan encontrar soluciones a la crisis estructural del Estado iraní. Esta fractura ha erosionado progresivamente el vínculo entre quienes gobiernan “para sí mismos” y una sociedad que espera ser gobernada, debilitando la legitimidad del sistema a lo largo de los años.
Liderazgo En La Sombra y Bloqueo Sistémico
Un elemento clave a considerar es que, especialmente en los últimos años, el sistema ha alcanzado una fase terminal de rigidez estructural. Ante este bloqueo, tanto actores internos como observadores externos han intentado interpretar la política iraní a través de figuras no electas, atribuyéndoles un papel decisivo. Así surgieron nociones como la del “comandante en la sombra”, que, en algunos casos, llegaron a rozar la construcción de un culto personalista en la búsqueda de una autoridad real dentro del sistema.
Se pensaba que figuras como Qasem Soleimani dirigían con gran precisión el equilibrio regional, que Larijani coordinaba las estructuras paralelas internas, o que el Líder Supremo controlaba plenamente el sistema. Sin embargo, el protagonismo de estas figuras respondía, en gran medida, al bloqueo sistémico existente. De hecho, ni el acercamiento entre Riad y Teherán, ni las relaciones con China o Rusia, ni siquiera el dossier nuclear han producido avances sustanciales y duraderos. Del mismo modo, los beneficios aparentes de las guerras por delegación resultaron ser, en muchos casos, ganancias circunstanciales derivadas de vacíos creados por otros actores, que con el tiempo se transformaron en cargas estratégicas.
En lugar de confrontar esta realidad, el sistema ha preferido explicar su crisis estructural mediante la ausencia de figuras clave, como Soleimani, evitando así enfrentar las raíces profundas de su disfuncionalidad.
28 De Febrero: Una Ruptura Histórica En La Política Iraní
Antes del 28 de febrero, Irán aún tenía la capacidad de gestionar sus problemas dentro de su propio mundo de aislamiento casi perfecto internacional, regional y nacional. El régimen autoritario había desarrollado mecanismos híbridos para administrar el alto coste del círculo vicioso político en el que se encontraba, en medio de tensiones regionales y sanciones internacionales. Más que centrarse en “quién debía gobernar Irán”, el sistema se enfocaba en “quiénes no debían hacerlo”, apoyándose en un umbral de resistencia acumulado a lo largo de un siglo para sobrellevar sus tensiones.
Sin embargo, el 28 de febrero marca una ruptura estructural en la historia política contemporánea de Irán. Al igual que ocurrió en Türkiye donde esa misma fecha abrió, sin que se percibiera plenamente en su momento, el proceso que cerraría su siglo XX, Irán podría haber alcanzado el inicio del fin de su propio siglo. Más allá de sus diferencias históricas, guerras y posicionamientos, tanto Turquía como Irán han atravesado crisis similares durante el siglo XX, intentando completar una modernización marcada por profundas tensiones. Sus trayectorias comparadas revelan mucho más de lo que suele suponerse.
En este sentido, el 28 de febrero puede constituir para Irán una ruptura de enorme coste que obligue a cerrar definitivamente un siglo XX inconcluso: desde la Revolución Constitucional, el bombardeo de su Parlamento, el derrocamiento de Mosaddeq mediante un golpe angloestadounidense tras la nacionalización del petróleo, hasta la Revolución Islámica, la guerra con Irak y el periodo posterior al 11 de septiembre. El significado de esta ruptura es claro: el cambio en Irán es inevitable. Y dicho cambio no guarda relación con el “cambio de régimen” imaginado por el establishment iraní, por Occidente o por actores regionales.
Ni Estados Unidos ni Europa, ni tampoco el eje Israel-Golfo que mantiene una crisis existencial con Teherán muestran un interés real por la naturaleza del sistema político iraní o por su relación con la sociedad. Su único interés radica en la forma en que Irán se relaciona con ellos. Este nudo constituye también el núcleo de la solución. Cuando Occidente, Israel o los países del Golfo hablan de “cambio de régimen”, en realidad se refieren a un cambio en el régimen de relaciones con ellos. Y es precisamente en este punto donde comienza la verdadera encrucijada para Irán.
Tras semanas de guerra, es inevitable que Teherán sea plenamente consciente de los límites de sus capacidades y del entorno regional y global. En este marco restringido, su margen de maniobra es extremadamente reducido. Sin embargo, la ausencia de una voluntad política clara, formal y dotada de legitimidad real constituye una crisis aún más profunda que cualquier limitación material.
Además, la propia dinámica de la guerra iniciada tras el 28 de febrero revela el alcance de la crisis de gobernanza. Las fuerzas armadas, organizadas de forma descentralizada bajo una lógica casi organizacional, no han logrado articular una respuesta integral y escalonada frente a la agresividad estadounidense, caracterizada por su falta de objetivos claros. Los ataques dirigidos hacia Incirlik en un momento en que Estados Unidos buscaba una justificación en la OTAN, o las acciones improvisadas contra bases estadounidenses en el Golfo, no pueden interpretarse únicamente como respuestas inevitables dentro de una lógica de confrontación. Más bien evidencian una crisis de liderazgo: la ausencia de una autoridad política central capaz de integrar la dimensión militar en una estrategia coherente.
En este contexto, la adopción de tácticas como la dispersión territorial de las capacidades militares tras junio o la designación de líderes sustitutos ante escenarios de asesinato político reflejan una lógica defensiva de carácter táctico, no estratégico. Se trata de un sistema que ni siquiera ha podido preservar su liderazgo central tras el primer gran golpe, lo que evidencia un bloqueo estructural profundo.
Asimismo, la respuesta basada en reflejos de “parae-Estado” tampoco parece ofrecer una solución viable. La eliminación sistemática de figuras de liderazgo y la reiteración de que “hay sustitutos preparados” constituyen respuestas organizativas, no estratégicas. En el punto actual, Irán no puede gestionar esta crisis ni mediante estructuras informales ni bajo la idea de un liderazgo ausente o casi mítico, comparable al del “Imán Oculto”.
Por otra parte, el conflicto actual también puede interpretarse como una convergencia de lógicas ideológicas. Considerando la influencia de los evangélicos en Estados Unidos y del sionismo en Israel, no resulta descabellado sugerir que esta guerra refleja, en cierto modo, la confrontación de tres mesianismos. En este marco, la ausencia de una justificación clara sobre el origen del conflicto también se vuelve significativa.
Por tanto, Teherán debe reconocer que los actores a los que se enfrenta hoy no actuarán con la misma paciencia estratégica ni con la racionalidad que él mismo ha desplegado frente a sus adversarios en la región tras el 11 de septiembre.
Las Dos Salidas De Irán
En estos días, casi todo el mundo habla de una única salida para Irán. De hecho, se repite que no solo para Irán, sino también para Estados Unidos, Israel y el Golfo, la única vía es poner fin a la guerra. Se asume que la guerra evolucionará de tal manera que otorgará algún tipo de victoria a todos. Sin embargo, no disponemos de un marco analítico coherente que explique cómo Estados Unidos e Israel pondrán fin al conflicto. Un actor que realmente pretende terminar una guerra de forma planificada o incluso permitir que concluya de manera natural no se sometería al mundo de los asesinatos selectivos de Israel. Tampoco prolongaría una guerra que determina el destino de un pueblo, de toda una región y del equilibrio global mediante discursos impulsivos y carentes de responsabilidad. Por ello, resulta prácticamente imposible prever cuándo y cómo podría abrirse la primera vía de salida para Irán: la puerta de Washington. La inestabilidad en el suministro y en los precios de la energía, que se esperaba ayudara a sofocar el incendio, también puede interpretarse tras los ataques del 19 de marzo como la superación de líneas rojas. Aun así, en el mundo inconsistente de Trump, la guerra podría terminar en cuestión de días.
Si dejamos momentáneamente de lado estas proyecciones, Irán dispone también de una salida propia. Y esta salida podría, al mismo tiempo, responder a la pregunta de quién gobierna el país. En Irán no existe un vacío formal en los cargos de poder: la institución del Velayat-e Faqih está ocupada, existe un Líder Supremo; la presidencia también está en funciones; los consejos que sostienen el sistema de tutela operan; el Parlamento electo y su presidencia siguen en pie; y, pese a los asesinatos, cada figura eliminada ha sido sustituida. Sin embargo, a pesar de que todas las posiciones están formalmente cubiertas, Irán parece encontrarse en un estado de vacío político. No logra transmitir ni a su propia sociedad ni al mundo la sensación de que existe una voluntad clara que gobierne el país.
Para que Irán pueda concluir la guerra con un coste relativamente manejable y en una posición geopolítica favorable, y posteriormente reconstruir una economía devastada, un Estado debilitado, sus capacidades de defensa y, sobre todo, su tejido social, existe una única vía: la emergencia de una voluntad gobernante auténtica. Se ha vuelto evidente que las élites actuales en Teherán no pueden producir tal voluntad. Tampoco es posible que el liderazgo existente gestione la profunda crisis política y social generada en el país. En este contexto, Larijani podría haber surgido como una figura experimentada capaz de administrar la crisis. De hecho, desde el verano de 2025, el propio Jamenei le había transferido de facto una autoridad significativa. Sin embargo, una vez más se ha comprobado que con una figura no elegida, como mucho, puede administrarse una organización o ejecutarse funciones burocráticas, pero no gobernar un país.
Hoy resulta evidente que ninguna fuerza, salvo una voluntad elegida, puede sacar a Irán de la crisis en la que se encuentra. No obstante, para el aparato de seguridad iraní que lleva más de cuarenta años operando dentro de su propia lógica de poder y economía política reconocer esta realidad, o actuar en consecuencia, no será sencillo. En un contexto donde la necesidad más urgente es la legitimidad, el sistema cometió un error fundamental al intentar reintroducir una lógica de sucesión hereditaria algo que no ocurría en Irán desde hacía 85 años. A pesar de esta desconexión, la dura realidad geopolítica seguirá presionando para que emerja una autoridad capaz de gobernar.
Tras la muerte de Jomeini, el sistema iraní demostró un notable pragmatismo. En 1989, frente a la incertidumbre, los actores buscaron una salida, reformaron la Constitución y construyeron un nuevo orden de liderazgo. Esta experiencia muestra que el sistema político iraní puede, en momentos críticos, trascender sus rigideces ideológicas. Hoy, una búsqueda similar no solo es posible, sino necesaria. Irán podría reactivar canales indirectos de negociación para poner fin a la guerra, recurriendo a figuras con experiencia en la gestión estatal y reconocimiento internacional. Su participación en contactos diplomáticos podría contribuir tanto a generar legitimidad interna como a reconstruir la confianza externa.
Ni los resultados electorales ni los actuales equilibrios de poder ofrecen una base suficiente de legitimidad para que el presidente en funciones supere la crisis. Incluso si la guerra terminara mañana, Irán no podría responder adecuadamente a la pregunta de quién y cómo gobernará el país con los actores actuales. En cambio, dispone de la posibilidad legal, política y psicológica de convocar rápidamente elecciones con figuras que ya han ejercido la presidencia y han contado con el respaldo popular. Aunque en condiciones normales esta decisión sería irracional en medio de una guerra, para Irán, dadas las circunstancias, podría ser una opción más viable que los costes logísticos y políticos que implicaría. Tras asegurar una transición, la apertura de elecciones competitivas permitiría canalizar y “descargar” la acumulación de tensiones sociales mediante la producción de consenso.
Un giro pragmático de este tipo no solo podría aliviar el bloqueo interno, sino también contribuir a encauzar la crisis regional hacia un marco más gestionable. En definitiva, independientemente de cómo evolucione la guerra, la única salida es la emergencia de una voluntad capaz de gobernar tanto el conflicto como el propio Estado iraní. Esto no solo es crucial para Teherán, sino también para los países de la región especialmente Ankara en su capacidad para gestionar las amenazas potenciales.