Hua Bin
En una intervención realizada en noviembre ante el parlamento japonés, la nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, afirmó que un conflicto en Taiwán constituiría para Japón una “situación que amenaza la supervivencia”. En términos prácticos, ello implicaba la entrada directa y proactiva de Japón en una guerra contra China.
Esta declaración se produjo inmediatamente después de la importante reunión celebrada a finales de octubre en Corea del Sur entre el presidente Xi Jinping y Donald Trump, destinada a reordenar las relaciones comerciales entre ambas potencias. Durante dicho encuentro, la cuestión de Taiwán había sido explícitamente apartada por ambas partes.
Calificar esta declaración de provocadora sería tan insuficiente como describir a Tiger Woods como “un buen golfista”.
Con una analogía burda pero ilustrativa, sería equivalente a que Mark Carney declarara que, en caso de que Canadá se separara de Estados Unidos, cualquier intento estadounidense de reincorporar Alaska constituiría una amenaza existencial para Canadá, y que, por tanto, Ottawa atacaría preventivamente a Estados Unidos.
Puede imaginarse cómo reaccionaría Washington ante semejante afirmación, máxime cuando Canadá no arrastra ningún legado histórico de crímenes cometidos contra Estados Unidos o Alaska.
Lo que Takaichi sugiere es que, si el gobierno separatista de Taiwán declarara de jure su independencia y Pekín se preparara para una acción militar, Japón podría lanzar un ataque preventivo contra China sin necesidad de que esta atacara primero a fuerzas o territorios japoneses.
La expresión “situación que amenaza la supervivencia” no es una frase casual. En la terminología oficial japonesa posee un significado preciso y letal. El Japón imperial empleó exactamente el mismo lenguaje antes de invadir Manchuria en 1931 y antes de atacar Pearl Harbor en 1941, con el fin de legitimar sus agresiones.
La Constitución japonesa de posguerra permite a las Fuerzas de Autodefensa participar en una guerra exterior únicamente en caso de una “amenaza a la supervivencia”.
Incluso Estados Unidos, en el contexto de Taiwán, ha seguido durante décadas una política de denominada “ambigüedad estratégica” para no cruzar directamente las líneas rojas de China. Washington reconoce la política de “Una sola China” y, al mismo tiempo, rechaza cualquier alteración unilateral del statu quo, manteniéndose deliberadamente ambiguo sobre su respuesta ante un eventual intento de reunificación por la fuerza.
Aunque existen escasas dudas de que Washington discuta en privado escenarios de guerra en Taiwán con sus vasallos regionales, una claridad estratégica abierta se considera peligrosa.
Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ningún primer ministro japonés en ejercicio había invocado públicamente el argumento de la “amenaza existencial” respecto a Taiwán antes de Takaichi, independientemente de sus opiniones personales. Incluso Shinzo Abe, mentor político de Takaichi, solo abordó la cuestión de manera velada tras abandonar el cargo, afirmando que “una emergencia en Taiwán sería también una emergencia para Japón”. Aunque sustancialmente similar, el lenguaje empleado era mucho más ambiguo.
En el delicado contexto de las relaciones chino-japonesas, extremadamente sensibles en lo que respecta a Taiwán, los juegos semánticos de Takaichi resultan profundamente peligrosos.
Pekín condenó de inmediato estas declaraciones, calificándolas de violación flagrante del orden internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial y de desafío directo de una nación derrotada a una potencia vencedora. China respondió con una serie de medidas de represalia diplomáticas, económicas y culturales.
Más significativo aún, China presentó una comunicación formal ante las Naciones Unidas invocando los artículos 53, 77 y 107 de la Carta de la ONU, conocidos como las “Cláusulas del Estado Enemigo”. Estas disposiciones están dirigidas a los Estados fascistas o militaristas derrotados en la Segunda Guerra Mundial principalmente Japón y Alemania y buscan impedir que vuelvan a emprender guerras de agresión.
Su finalidad es establecer excepciones a la prohibición general del uso de la fuerza, proporcionando una base jurídica específica para medidas adoptadas contra los antiguos Estados del Eje. El artículo 107 establece que ninguna disposición de la Carta invalida o impide las acciones emprendidas contra un Estado enemigo como resultado de la Segunda Guerra Mundial, sin necesidad de autorización del Consejo de Seguridad.
Asimismo, el artículo 77 contempla la posibilidad de someter al Sistema de Fideicomiso de la ONU los territorios que puedan separarse de los Estados enemigos como consecuencia de la guerra.
Autoridades y juristas chinos han señalado explícitamente que, en caso de una intervención militar japonesa en la cuestión de Taiwán, estas cláusulas podrían activarse, proporcionando una base jurídica plenamente compatible con la Carta de la ONU para adoptar medidas militares preventivas contra Japón.
En este contexto, se ha planteado incluso la posible invalidación de la soberanía japonesa sobre las islas Ryukyu, incluida Okinawa, mediante la aplicación del Sistema de Fideicomiso. Japón anexó el Reino de Ryukyu en 1879, creando la prefectura de Okinawa, una anexión que China nunca ha reconocido formalmente como legítima. Además, las Declaraciones de El Cairo y Potsdam establecieron que el territorio japonés legítimo se limitaba estrictamente a sus cuatro islas principales.
Desde el inicio de la crisis, Pekín ha mantenido consultas con Moscú. Ambos países, como potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, consideran las declaraciones de la primera ministra japonesa como un desafío directo al orden de posguerra. Rusia ha respaldado la referencia china a las cláusulas del “Estado Enemigo”, posición reafirmada durante la reunión del 2 de diciembre entre el ministro chino Wang Yi, el canciller ruso Serguéi Lavrov y el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Serguéi Shoigú.
La imprudencia y temeridad demostradas por Takaichi rozan lo irracional. Ningún líder chino podría conservar legitimidad interna si mostrara indulgencia alguna frente al resurgimiento del militarismo japonés.
Desde el punto de vista de la preparación militar, el poder económico, la escala y los recursos, Japón no tiene ninguna posibilidad de prevalecer en un enfrentamiento militar contra China. En una guerra a gran escala, Japón sería aniquilado.
Para muchos chinos, el cruce de la línea roja por parte de Takaichi fue recibido incluso con un cierto alivio: ofrecía la oportunidad perfecta para exigir cuentas por los crímenes cometidos por Japón entre 1895 y 1945. Encuestas en redes sociales chinas muestran un apoyo casi unánime a una acción militar contra Japón en caso de una nueva amenaza.
Para comprender la profundidad de la hostilidad china hacia Japón, basta multiplicar por mil la ira estadounidense tras el 11 de septiembre. Mientras aquel atentado causó 3.000 muertos, solo en la masacre de Nankín fueron asesinados 300.000 chinos, y entre 1937 y 1945 murieron entre 17 y 20 millones de personas.
A diferencia de Alemania, Japón nunca ha mostrado un arrepentimiento genuino ni ha ofrecido una reparación plena por sus crímenes de guerra, incluyendo el sufrimiento de cientos de miles de “mujeres de consuelo”.
Si China interviniera militarmente en Taiwán tras una declaración formal de independencia, dicha acción probablemente se concebiría como una Operación Militar Especial, con especial cuidado para evitar víctimas civiles. Sin embargo, una participación proactiva de Japón eliminaría cualquier restricción, dando lugar a una guerra total que se extendería hasta Tokio, Osaka y las islas principales.
En este escenario, Japón se convertiría en la verdadera “Ucrania” de Asia: devastado, aislado y reducido a un Estado residual, mientras Taiwán, como Donbás, sería preservado y reconstruido.
Como observó con agudeza Henry Kissinger:
“Ser enemigo de Estados Unidos es peligroso; ser su amigo es mortal.”
Fuente:https://huabinoliver.substack.com/p/what-happens-if-japan-joins-the-war
