Joaquim Sá Couto
El ascenso de China sigue siendo uno de los mayores enigmas de nuestra época.
Para los europeos, este enigma resulta especialmente difícil. Fuimos testigos del colapso de la Unión Soviética bajo el peso de la planificación centralizada. Vimos cómo los países de Europa Central y Oriental abandonaron el gobierno comunista y adoptaron con éxito la democracia liberal, mientras que los partidos comunistas de Europa Occidental fueron perdiendo progresivamente su relevancia política. Al llegar los albores del siglo XXI, parecía que la historia había zanjado este debate.
Sin embargo, mientras el comunismo desaparecía en Europa, el Partido Comunista Chino lideraba uno de los procesos de transformación económica más extraordinarios jamás registrados. Cientos de millones de personas salieron de la pobreza. China se convirtió primero en el centro manufacturero del mundo y, posteriormente, en una potencia tecnológica en ámbitos que van desde los ferrocarriles de alta velocidad hasta la inteligencia artificial.
Si las categorías ideológicas heredadas del siglo XX pudieran explicar por completo los resultados políticos y económicos, sería difícil comprender la trayectoria de desarrollo seguida por China.
Esta contradicción suele abordarse intentando encajar a China a la fuerza en categorías que nos resultan familiares. Sus admiradores la presentan como una prueba de que el socialismo funciona. Sus críticos sostienen que es capitalista en todos los aspectos salvo en el nombre. Otros la definen como capitalismo de Estado, capitalismo autoritario o socialismo de mercado. Cada una de estas etiquetas capta un aspecto de la realidad; sin embargo, ninguna explica adecuadamente por qué China ha superado sistemáticamente las expectativas durante casi medio siglo.
Tal vez el problema no esté tanto en China como en la lente a través de la cual la observamos.
El pensamiento político occidental sigue estando profundamente ligado a las clasificaciones ideológicas. Se espera que los países pertenezcan de manera clara y definida a una de las familias ideológicas: capitalista o socialista, liberal o autoritaria, basada en el libre mercado o en la planificación centralizada. Sin embargo, la realidad rara vez resulta tan conveniente. Las sociedades prosperan no porque se ajusten a modelos ideológicos abstractos, sino porque sus instituciones cumplen determinadas funciones fundamentales.
Desde esta perspectiva, el Estado chino parece menos paradójico.
La primera función del Estado chino es reducir la incertidumbre. Las familias, los emprendedores y los inversores necesitan un entorno suficientemente predecible para tomar decisiones cuyos beneficios pueden tardar años en materializarse. Las reglas importan; pero también importa, en igual medida, la confianza en que los objetivos estratégicos no serán reescritos radicalmente en cada ciclo electoral. Independientemente de lo que se piense sobre el sistema político chino, ha demostrado una capacidad extraordinaria para mantener políticas industriales a largo plazo, desarrollar infraestructuras, invertir en educación y perseguir objetivos tecnológicos.
Lo que se convierte en un factor productivo no es la ideología, sino la previsibilidad. La economía institucional moderna ha demostrado repetidamente que unas reglas estables y unas expectativas fiables a largo plazo fomentan la inversión y la innovación, con independencia de la naturaleza ideológica del Estado.
Sin embargo, la estabilidad por sí sola nunca ha sido suficiente. La historia ofrece innumerables ejemplos de sociedades ordenadas que, con el tiempo, se estancaron porque otorgaron más importancia a la preservación del orden existente que a la experimentación. Un exceso de orden termina asfixiando la capacidad de adaptación.
China, sin embargo, ha evitado en gran medida esta trampa. Durante la era de Deng Xiaoping, las reformas no comenzaron con un plan nacional integral. En su lugar, Pekín fomentó experimentos controlados, expresados en la célebre metáfora de Deng de “cruzar el río tanteando las piedras”. En lugar de intentar rediseñar toda la economía de la noche a la mañana, las reformas se implementaron primero a escala local, se observaron cuidadosamente y solo se extendieron a una escala más amplia después de demostrar su eficacia.
Las Zonas Económicas Especiales se convirtieron en laboratorios, más que en un modelo ya terminado. Shenzhen, que en otro tiempo era un pueblo pesquero situado en la frontera con Hong Kong, recibió libertades regulatorias que políticamente no habría sido posible conceder en toda China. Las políticas exitosas se fueron extendiendo gradualmente con el tiempo. Las iniciativas fallidas, en cambio, permanecieron limitadas al ámbito local.
Este proceso se parecía más a una evolución que a una revolución. Los observadores occidentales, comprensiblemente centrados en la autoridad central del Partido Comunista Chino, suelen pasar por alto este enfoque experimental y descentralizado. Sin embargo, una parte importante del dinamismo económico de China ha surgido de la competencia entre provincias, municipios y zonas de desarrollo.
Guangdong, Zhejiang, Jiangsu, Shanghái y otras regiones entraron en una intensa competencia para atraer inversiones, desarrollar clústeres industriales, mejorar las infraestructuras logísticas, fortalecer los ecosistemas tecnológicos y atraer mano de obra altamente cualificada. Los gobiernos provinciales experimentaron con frecuencia con distintos enfoques regulatorios antes de que las prácticas exitosas fueran adoptadas en otras regiones. Este federalismo competitivo, de carácter administrativo y no constitucional, se ha convertido en una de las características menos apreciadas del desarrollo económico de China. Los gobiernos regionales gozan de un margen de discrecionalidad considerable a la hora de aplicar los objetivos nacionales, lo que genera una notable diversidad institucional bajo una estructura política aparentemente unificada.
Lo irónico es que este sistema recuerda más a una idea asociada con Friedrich Hayek que a una asociada con Karl Marx.
Hayek admiraba la Europa medieval no porque estuviera políticamente unificada, sino porque estaba compuesta por numerosas jurisdicciones que competían entre sí. Ciudades, principados, reinos y puertos francos experimentaban con diferentes normas jurídicas, instituciones comerciales y sistemas de gobierno. La competencia entre unidades políticas permitía el surgimiento de nuevos descubrimientos. Las instituciones exitosas se extendían sin necesidad de que fueran diseñadas por una única autoridad. Una parte importante de la prosperidad histórica de Europa surgió no de la uniformidad administrativa, sino de siglos de competencia institucional.
Lo que Hayek admiraba no era la fragmentación política en sí misma, sino una civilización capaz de generar descubrimientos institucionales mediante la competencia. Según este criterio, la China actual es mucho más hayekiana de lo que muchos europeos estarían cómodos admitiendo.
China ha creado, dentro de una estructura estatal unificada, un sistema funcionalmente similar. Sus provincias no poseen soberanía independiente; sin embargo, a menudo compiten entre sí como si fueran ecosistemas económicos distintos. Las innovaciones locales surgen dentro de un marco nacional inclusivo que garantiza la coherencia estratégica y, al mismo tiempo, permite un grado considerable de diversidad institucional.
El contraste con la Unión Europea actual resulta llamativo.
La integración europea ha producido logros extraordinarios. La paz entre rivales históricos, el mayor mercado común del mundo, la libre circulación y los estándares comunes han proporcionado beneficios innegables a cientos de millones de europeos.
Sin embargo, la integración también lleva consigo una tendencia natural hacia la armonización. Las regulaciones uniformes facilitan el comercio; pero también reducen el espacio disponible para la experimentación institucional. Las normas que se convierten en universales disminuyen inevitablemente las oportunidades de descubrir soluciones alternativas.
Por ello, puede plantearse una pregunta incómoda: ¿podría surgir un Shenzhen en la Europa del siglo XXI?
¿Podría concederse a cualquier región de Europa una amplia exención en materia de legislación laboral, fiscalidad, normativa urbanística, procedimientos medioambientales u obligaciones administrativas para experimentar con un modelo de desarrollo completamente diferente? ¿Podrían las regiones vecinas competir entre sí adoptando diferentes estructuras institucionales, permitiendo que las prácticas exitosas fueran imitadas y que los fracasos permanecieran limitados geográficamente?
La cuestión que debe plantearse no es si Europa debe imitar a China. Las tradiciones políticas, el legado constitucional y la concepción de la libertad en Europa son profundamente diferentes de los de China.
La pregunta verdaderamente interesante es la siguiente: al vincularse cada vez más a la uniformidad institucional, ¿ha debilitado Europa, aunque sea involuntariamente, la competencia entre jurisdicciones, uno de los principales motores de su éxito histórico?
Tal vez el ascenso de China, después de todo, no constituya una excepción ideológica. Quizá simplemente nos recuerde que las sociedades exitosas cumplen simultáneamente dos funciones fundamentales. Estas sociedades crean un orden suficiente para que la planificación a largo plazo tenga sentido, al tiempo que preservan una diversidad institucional suficiente para permitir la adaptación y el surgimiento de la innovación. Los distintos sistemas políticos pueden alcanzar este equilibrio de maneras diferentes.
Que Europa decida o no extraer lecciones de China es, en última instancia, una cuestión política.
Que Europa esté dispuesta o no a comprender por qué China ha tenido éxito es una cuestión intelectual.
El mayor obstáculo nunca fue el sistema político de China. El verdadero obstáculo ha sido nuestra persistente costumbre de buscar respuestas ideológicas a una cuestión que, en esencia, es de carácter funcional.
*El Dr. Joaquim Sá Couto, MD, MBA, es médico y ejerce en Niza, Francia. Es un escritor independiente con un interés de larga trayectoria en la economía política, las instituciones y el desarrollo de las civilizaciones.
