La democracia comienza en las urnas, pero se pone a prueba en las calles

América Latina: anatomía de la desigualdad histórica, la legitimidad política y la crisis de representación

La democracia suele definirse como la posibilidad de que el pueblo elija libremente a sus gobernantes. La urna es el espacio donde la voluntad popular se convierte en poder político, y la elección es el ritual democrático que reproduce la legitimidad de ese poder. Sin embargo, la historia muestra que celebrar elecciones no siempre implica que un pueblo pueda decidir su propio destino. Una sociedad puede elegir a sus gobernantes y, aun así, carecer de una voz real sobre las relaciones económicas, las jerarquías sociales y las instituciones políticas que determinan su vida.

América Latina es una de las regiones donde esta contradicción se ha vivido, históricamente, con mayor intensidad.

El continente ha atravesado una larga experiencia política: desde las desigualdades heredadas del colonialismo hasta las luchas de independencia, desde las dictaduras militares hasta las oleadas de democratización, desde las transformaciones económicas neoliberales hasta las revueltas sociales masivas. Esta experiencia indica que la democracia no puede medirse únicamente por la existencia de instituciones constitucionales, sino también por la capacidad de una sociedad para enfrentarse a sus propias desigualdades históricas. La historia de América Latina es, por ello, no solo la historia de la fundación de la democracia, sino también la del aplazamiento constante de las promesas democráticas y de su reivindicación una y otra vez.

La contradicción de la independencia: de la colonia a la república, de la república a la desigualdad

Para comprender los problemas democráticos de América Latina es preciso remontarse más atrás que las crisis políticas del siglo XX, hasta las luchas de independencia del continente.

Los movimientos independentistas que se desarrollaron a comienzos del siglo XIX contra el dominio colonial español y portugués fueron un hito histórico en la recuperación de la soberanía política. Las ideas de Simón Bolívar sobre la unidad política del continente concebían la independencia no solo como una liberación del yugo colonial, sino como la posibilidad de construir un futuro político común.

Pero la independencia no transformó por completo la estructura social de las sociedades coloniales. El traspaso de la soberanía política no trajo consigo una distribución equitativa de la propiedad de la tierra, de los recursos económicos ni de los privilegios sociales. Tras la independencia, en muchos países los grandes terratenientes, las élites comerciales y los centros de poder local conservaron su influencia sobre la vida política. Los pueblos indígenas, los descendientes de africanos esclavizados y los sectores rurales empobrecidos quedaron fuera de la ciudadanía igualitaria que prometían las nuevas repúblicas, o relegados a sus márgenes.

Así surgió la primera gran contradicción democrática de América Latina: la libertad política conquistada frente al dominio colonial no se tradujo en la emancipación igualitaria de todos los sectores de la sociedad. El ideal bolivariano de unidad tampoco estuvo al margen de esta tensión histórica. Las iniciativas de 1826, en el Congreso de Panamá, para establecer una unión política y diplomática entre las repúblicas latinoamericanas reflejaban el anhelo del continente de construir un futuro común. Sin embargo, los intereses regionales, las luchas por el poder local y los diversos proyectos políticos impidieron que ese ideal cristalizara en una estructura institucional duradera.

Los Estados surgidos tras la independencia generaron, con frecuencia, nuevos centros de soberanía en lugar de ampliar la participación política del pueblo. Por eso, leer la historia democrática de América Latina solo a través de los golpes militares o las crisis electorales resulta insuficiente. Parte de los problemas políticos del continente se edificó desde el principio sobre la distancia entre ciudadanía e igualdad social. La democracia, apenas nacida, chocó con los límites de una sociedad desigual.

Revoluciones y la conversión del pueblo en sujeto político

La América Latina del siglo XX es la historia de movimientos revolucionarios y de movilizaciones políticas masivas contra las desigualdades sociales.

La Revolución Mexicana, iniciada en 1910, ocupa un lugar especial en la memoria política del continente. La reforma agraria, los derechos de los trabajadores y la redistribución del poder político figuraron entre sus dinámicas fundamentales. El lema «Tierra y Libertad» de Emiliano Zapata expresaba que la tierra no es solo un recurso económico, sino la condición material de la libertad. La Revolución Mexicana planteó con fuerza la idea de que la igualdad política no puede completarse sin transformar las desigualdades sociales. Una transformación histórica semejante se produjo con la Revolución Cubana de 1959. El derrocamiento de la dictadura de Batista no fue solo un cambio de régimen en América Latina, sino una ruptura de enorme alcance que influyó en las orientaciones políticas e ideológicas del continente. La Revolución Cubana combinó la búsqueda de justicia social y soberanía nacional con un proyecto político antiimperialista.

Sin embargo, la relación entre emancipación revolucionaria y pluralismo democrático derivó, en el caso cubano, en un debate histórico distinto. Las transformaciones realizadas en nombre de la igualdad social se enfrentaron con el tiempo a cuestiones como el pluralismo político, la libertad de expresión y el control del poder. Esta experiencia planteó una pregunta persistente en el pensamiento político latinoamericano:

¿Cómo puede una sociedad preservar las libertades políticas mientras reduce las desigualdades económicas y sociales?

Esta pregunta sería después una de las cuestiones centrales de los procesos de democratización.

III. Chile 1973: tanques frente a las urnas

Una de las rupturas más impactantes en la historia democrática de América Latina fue el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 en Chile. Salvador Allende había llegado al poder en 1970 mediante elecciones democráticas, con el propósito de llevar a cabo la transformación socialista dentro de las instituciones parlamentarias. La nacionalización de las minas de cobre, la reforma agraria y la redistribución de los recursos económicos estuvieron entre las políticas centrales de su gobierno.

No obstante, el gobierno de Allende debió enfrentar tanto la intensificación de los conflictos de clase y políticos internos como las luchas de poder internacionales de la Guerra Fría. El 11 de septiembre de 1973, el golpe militar encabezado por el general Augusto Pinochet derrocó al gobierno elegido. El Palacio de La Moneda fue bombardeado y Allende perdió la vida. La dictadura que siguió se caracterizó por la represión política, la tortura, las desapariciones forzadas y una reestructuración económica. El caso chileno es una advertencia histórica sobre cuán frágil puede ser la legitimidad democrática. Un gobierno que llega al poder por elecciones puede ser derrocado no solo por sus adversarios políticos, sino también por la intervención de centros de poder económicos y militares. Así, cuando la voluntad popular expresada en las urnas carece de garantías institucionales, la democracia tiene dificultades para preservar su propia existencia.

Las políticas económicas neoliberales aplicadas durante el período de Pinochet constituyeron la segunda dimensión de esta contradicción histórica. La liberalización económica, las privatizaciones y la reestructuración del mercado laboral se llevaron a cabo bajo condiciones de dictadura militar. Esto dejó una herencia institucional y social que, en los años siguientes, también marcó el proceso de democratización de Chile.

La ruptura chilena de 1973 planteó a América Latina la siguiente pregunta: Cuando la democracia no logra impedir la concentración del poder económico y político en ciertos centros, ¿cómo puede preservar su legitimidad?

De las dictaduras a la democracia: el regreso de la libertad, el aplazamiento de la justicia

En las décadas de 1970 y 1980, América Latina vivió un período político marcado por la expansión de las dictaduras militares. El régimen militar instaurado en Brasil en 1964, la dictadura establecida en Argentina con el golpe de 1976, el régimen militar iniciado en Uruguay en 1973 y el gobierno de Pinochet en Chile marcaron profundamente la vida política del continente. Estos regímenes no se limitaron a reprimir a la oposición política: también tuvieron como blanco a los sindicatos, los movimientos estudiantiles, las organizaciones sociales y los espacios de pensamiento independiente. Durante la dictadura militar argentina de 1976 a 1983, miles de personas fueron desaparecidas por la fuerza. Las rondas que las Madres de Plaza de Mayo realizaron cada semana en la plaza se convirtieron en uno de los símbolos más poderosos de la memoria social frente a la violencia estatal.

Su lucha mostraba que la democracia no puede construirse solo con la reanudación de las elecciones. La democratización exigía también investigar los crímenes del pasado, reconocer los derechos de las víctimas y esclarecer la responsabilidad del Estado. El regreso al gobierno civil en Argentina en 1983 y la llegada al poder de Raúl Alfonsín fueron un punto de inflexión importante. El Juicio a las Juntas de 1985 tuvo una trascendencia histórica por haber juzgado a los dirigentes militares por violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, además de ajustar cuentas con el pasado, los procesos de democratización debieron afrontar problemas económicos y sociales. El fin de los regímenes militares permitió restablecer las instituciones democráticas, pero las crisis económicas, la deuda externa, las desigualdades en la distribución del ingreso y la inseguridad social siguieron poniendo a prueba la legitimidad de los gobiernos democráticos. Por eso, en América Latina la democratización no apareció como un logro histórico alcanzado y concluido de una vez, sino como un proceso en constante renegociación.

Mainwaring y Pérez-Liñán, al estudiar la generalización de las transiciones democráticas en América Latina después de 1978, examinan no solo el establecimiento de los regímenes democráticos, sino también su continuidad y las posibilidades de su deterioro, en relación con las decisiones de los actores políticos y con el entorno político regional.

Las décadas de 1980 y 1990: la tensión entre democracia y neoliberalismo

La transición de las dictaduras militares al gobierno democrático coincidió en América Latina con un período en que las transformaciones económicas y políticas se entrelazaron. La década de 1980 se caracterizó en todo el continente por las crisis de deuda, la contracción económica y la alta inflación. En la literatura política latinoamericana, este período suele denominarse la «década perdida».

Mientras las crisis económicas limitaban la capacidad de los gobiernos democráticos para satisfacer las demandas sociales, las políticas económicas neoliberales inauguraron un nuevo proceso de transformación. Las privatizaciones, la liberalización del comercio exterior, la reducción del gasto público y la reestructuración de los mercados laborales se convirtieron en elementos centrales del modelo económico de muchos países. Si bien estas políticas contribuyeron en algunos casos a la estabilidad macroeconómica, también profundizaron las desigualdades sociales y la precariedad. De ahí surgió una paradoja histórica: al pasar del autoritarismo político al gobierno democrático, América Latina se encontró con nuevas restricciones en los procesos de decisión económica. Las elecciones se habían democratizado, pero en la determinación de las políticas económicas las instituciones financieras internacionales, los movimientos de capital y las presiones del mercado eran cada vez más decisivos. Esta situación abrió el debate sobre la capacidad de la democracia para transformar las demandas sociales. Cuando el poder político podía cambiar de manos mientras los elementos fundamentales del modelo económico permanecían inmutables, se debilitaba la creencia de los ciudadanos en que, mediante las elecciones, podían producir una transformación real.

La revisión de la literatura que realiza Gerardo L. Munck sobre los orígenes y la persistencia de la democracia en América Latina subraya que estas cuestiones no pueden explicarse mediante una única variable económica o social, y que es necesario considerar conjuntamente las relaciones de clase, los puntos de inflexión históricos, la cultura política y los arreglos institucionales. La persistencia de la herencia institucional de la época de Pinochet en el período democrático chileno es uno de los ejemplos más importantes de este debate.

Argentina 2001: «¡Que se vayan todos!» y el colapso de la representación

Uno de los ejemplos más contundentes de la tensión entre democracia y desigualdad social en América Latina es la crisis económica y política que vivió Argentina en 2001. Las políticas económicas aplicadas en la década de 1990 habían producido inicialmente resultados favorables, como el control de la inflación y la estabilidad económica. Con el tiempo, sin embargo, la deuda externa, el desempleo y la fragilidad económica se agravaron.

Mientras la crisis económica se profundizaba en 2001, el «corralito», que limitaba el retiro de dinero de las cuentas bancarias, aumentó la ira de amplios sectores de la sociedad. El 19 y el 20 de diciembre de 2001 se produjeron protestas masivas en numerosas ciudades, con Buenos Aires a la cabeza. Los cacerolazos, las manifestaciones callejeras y las huelgas generales aceleraron la transformación de la crisis económica en una crisis de representación política.

«¡Que se vayan todos!» no fue solo una reacción contra el gobierno de turno. Fue también una objeción de fondo a la capacidad de la clase política para representar las necesidades de la sociedad.

Como consecuencia de la dura represión estatal de las protestas, decenas de personas perdieron la vida. El presidente Fernando de la Rúa renunció el 20 de diciembre de 2001. La crisis argentina mostró cuán importante es la relación entre la existencia de instituciones democráticas y la confianza social en ellas.

Un gobierno que llega al poder mediante elecciones puede perder su legitimidad democrática si, ante una crisis económica y social, no logra atender las demandas del pueblo. Pero la importancia fundamental de la experiencia de 2001 radica en que mostró que la representación política no se construye únicamente a través de las elecciones. La calle se convirtió en un espacio donde los ciudadanos, cuyas condiciones de vida se habían deteriorado por la crisis económica, reafirmaron su existencia política. El estudio comparativo de Julián Rebón y Carlos Ruiz Encina aborda las revueltas de Argentina en 2001 y de Chile en 2019 en el marco del malestar social generado por los modelos neoliberales de acumulación y de las objeciones al funcionamiento de los sistemas políticos vigentes. Según los investigadores, la forma de estos movimientos no la determinaron solo las privaciones económicas, sino también las transformaciones sociales del período anterior, los actores de la protesta, las oportunidades políticas y las dinámicas del conflicto con el Estado.

Chile 2019: de un boleto de metro a la crisis constitucional

Las protestas sociales iniciadas en Chile en 2019 constituyen una de las rupturas políticas más importantes de la historia reciente de América Latina. La chispa inicial fue el alza de las tarifas del transporte en el metro de Santiago, a la que respondieron los estudiantes secundarios saltando los torniquetes. Pero en poco tiempo las manifestaciones se transformaron en un movimiento social masivo que abarcó cuestiones más amplias: el sistema de pensiones, la educación, la salud, la distribución del ingreso, el endeudamiento y el orden constitucional.

«Chile despertó» no era solo la expresión de una protesta contra el gobierno, sino la manifestación de un descontento social acumulado durante mucho tiempo. Durante años, Chile había sido presentado como uno de los casos de éxito económico de América Latina. Sin embargo, el crecimiento económico no había generado el mismo grado de seguridad y bienestar para todos los sectores de la sociedad.

Las protestas de 2019 hicieron visible la distancia entre los indicadores económicos y la experiencia social. Un país puede considerarse exitoso en términos económicos; pero si sus ciudadanos viven la precariedad en ámbitos básicos como las pensiones, la salud, la educación y la vivienda, ese éxito no se traduce automáticamente en legitimidad política.

El referéndum de 2020 sobre la redacción de una nueva constitución y la elección de los miembros de la convención constitucional en 2021 fueron importantes para canalizar hacia la transformación institucional la energía social surgida en las calles.

No obstante, el rechazo en referéndum del proyecto de nueva constitución en 2022 mostró que la demanda de cambio social no se había convertido en una voluntad política única y homogénea. La experiencia chilena reveló que la representación democrática no depende solo de criticar las instituciones existentes, sino también de lograr un consenso social sobre cómo construir las nuevas. El estudio de César Guzmán-Concha sobre el estallido social chileno de 2019 no explica esta crisis como un resultado directo de las desigualdades económicas. El investigador llama la atención sobre la relación entre la legitimidad de las instituciones políticas, la distribución social del poder y la capacidad de los ciudadanos para influir en los procesos de decisión.

Según este enfoque, cuando los problemas de legitimidad acumulados durante mucho tiempo se combinan con actores capaces de organizar las demandas sociales, aumenta la probabilidad de un conflicto político masivo. El cierre de las instituciones, la concentración del poder y la falta de respuesta de las decisiones públicas a las demandas de la sociedad profundizan la fragilidad del sistema político. Por ello, las protestas de 2019 pueden interpretarse no como el fin de la democracia, sino como una lucha por redefinir el orden democrático.

Colombia 2021: la revuelta de una juventud sin futuro

Las protestas masivas iniciadas en Colombia en 2021 revelaron otra dimensión de la crisis de representación en América Latina. Las manifestaciones, que comenzaron con la oposición a una reforma tributaria, abarcaron rápidamente la desigualdad económica, el desempleo, la violencia policial, las expectativas de futuro de los jóvenes y la exclusión social. El peso especial de las generaciones jóvenes en las protestas fue una señal importante sobre la capacidad del sistema político para ofrecer un porvenir. Colombia había dado en 2016 un paso histórico hacia el fin de un largo conflicto armado con el acuerdo de paz firmado con las FARC. Pero los problemas en la implementación del acuerdo, la violencia persistente en las antiguas zonas de conflicto y las desigualdades sociales mostraron que la paz no se construye solo con el silencio de las armas.

En este contexto, las protestas de 2021 obligaron a repensar la relación entre paz y democracia. Si el fin de la violencia política no se completa con la seguridad económica y social de los ciudadanos, los fundamentos sociales de la paz siguen siendo débiles. El caso colombiano muestra que la legitimidad democrática depende no solo de que el Estado se constituya mediante elecciones, sino también de que los distintos sectores de la sociedad puedan albergar esperanza en el futuro.

Si un joven no ve en su propio país un futuro realista de educación, empleo y vida segura, la democracia puede no ser para él más que un orden político meramente formal.

Seguridad y libertad: el dilema democrático de El Salvador

Otra dimensión de la crisis de representación en América Latina es el efecto de la cuestión de la seguridad sobre la legitimidad política. Las duras políticas de seguridad que el gobierno de Nayib Bukele aplica contra las pandillas en El Salvador han puesto de manifiesto la tensión entre la demanda social de protección frente a la violencia y la limitación de los poderes del Estado. En una sociedad que durante años luchó contra la violencia de las pandillas, garantizar la seguridad se ha convertido en uno de los factores que refuerzan la legitimidad del poder político. Sin embargo, el hecho de que las políticas de seguridad se ejecuten con facultades extraordinarias plantea nuevas preguntas para el Estado de derecho y los derechos fundamentales.

En este punto cobra nueva importancia la memoria histórica de América Latina. Durante las dictaduras militares, el discurso de la seguridad se había utilizado para legitimar la represión política y la violencia estatal. Hoy, que líderes llegados al poder por elecciones democráticas puedan debilitar los controles institucionales en nombre de la seguridad refuerza los debates sobre la mutación del autoritarismo. En su evaluación de 2023, Mainwaring y Pérez-Liñán describen la tendencia fundamental en América Latina no como el colapso de la democracia en todas partes, sino como un estancamiento democrático caracterizado por deficiencias democráticas importantes y duraderas.

Los investigadores vinculan esta situación con el hecho de que actores poderosos obstaculizan la profundización democrática, con que el mal desempeño de los gobiernos aumenta el descontento y con que las estructuras estatales resultan insuficientes para proteger los derechos y para brindar seguridad y servicios públicos de calidad. Esto apunta a un problema nuevo que la democracia enfrenta históricamente: ¿cómo puede defenderse la democracia de los actores políticos que utilizan sus propias instituciones para eliminar el control democrático?

¿Repetición de la historia o nueva forma de la democracia?

La experiencia histórica de América Latina muestra que democratización y autoritarización no son procesos lineales que se suceden unos a otros.

El continente ha vivido una historia política de múltiples capas: de las luchas de independencia a las dictaduras militares, de las transiciones democráticas a las transformaciones neoliberales, de las protestas masivas a las nuevas formas de representación. Esta historia revela que la democracia no puede protegerse solo mediante disposiciones constitucionales. Tan importante como la existencia de instituciones democráticas es la capacidad de estas para satisfacer las demandas sociales. La celebración regular de elecciones, la protección de las libertades políticas y la garantía del Estado de derecho son condiciones fundamentales del orden democrático. Pero, en una sociedad donde se profundizan las desigualdades sociales y la exclusión política, estas condiciones pueden tener dificultades para conservar su propia legitimidad. El enfoque comparativo que desarrollan Mainwaring y Pérez-Liñán sobre la democratización en América Latina muestra que los regímenes políticos del continente no avanzan en una sola dirección. En algunos países las instituciones democráticas han mantenido su estabilidad; en otros las deficiencias democráticas se han vuelto permanentes; y en otros se ha producido un retroceso democrático.

Estas diferencias indican que la democracia no puede explicarse solo por factores estructurales como el desarrollo económico o la desigualdad social, y que son también determinantes las decisiones de los actores políticos, la calidad de las instituciones y la posibilidad de controlar el poder. La experiencia histórica de América Latina muestra que las tres dimensiones fundamentales de la democracia no pueden pensarse por separado:

• Participación política: que los ciudadanos puedan determinar el poder y participar eficazmente en los procesos de decisión política.
• Justicia social: que los derechos políticos no se vuelvan inejercibles a causa de las desigualdades económicas y sociales.
• Garantía jurídica: que el Estado y el poder político estén limitados por el derecho y que los derechos fundamentales estén protegidos.

Cuando falta una de estas tres dimensiones, la legitimidad democrática comienza a erosionarse.

En una sociedad sin participación política, el poder se vuelve autoritario. En una sociedad sin justicia social, la libertad se convierte en un derecho meramente formal. En una sociedad sin garantías jurídicas, el poder político puede limitar la libertad del ciudadano en nombre de la preservación de su propia legitimidad.

La historia de América Latina recuerda que estos tres ámbitos deben reequilibrarse continuamente.

La democracia no es un día, es una lucha histórica

En América Latina, la democracia ha sido redefinida de diversas maneras desde las luchas de independencia hasta hoy. En el siglo XIX, las luchas contra el dominio colonial apuntaron a la soberanía política. En el siglo XX, los movimientos revolucionarios trataron de transformar las desigualdades económicas y sociales. Las luchas contra las dictaduras militares reconquistaron las libertades políticas. Las protestas masivas del siglo XXI, por su parte, han cuestionado en qué medida las instituciones democráticas pueden representar las demandas de la sociedad.

Esta continuidad histórica muestra que la democracia no es solo una forma de gobierno. Es también la capacidad de una sociedad para enfrentarse a sus propias desigualdades, controlar el poder político y reproducir las condiciones materiales de la libertad. La experiencia de América Latina revela que la legitimidad democrática no puede reducirse a los resultados electorales. Un gobierno puede ganar elecciones; pero si no atiende las demandas sociales, no protege el pluralismo político o debilita el Estado de derecho, puede erosionar su legitimidad democrática.

Por eso la democracia debe ser no solo el derecho del pueblo a elegir el poder, sino un orden que haga posible que el poder rinda cuentas ante el pueblo. La urna hace visible la voluntad popular. La calle, en cambio, recuerda qué vidas abarca esa voluntad, qué voces deja fuera y a qué injusticias debe hacer frente.

La experiencia histórica de América Latina muestra que estos dos ámbitos no se oponen. A veces la calle hace visibles las demandas democráticas que la urna deja incompletas; y la urna puede permitir que la energía social surgida en la calle se transforme en un cambio político duradero. La democracia se fortalece por la calidad de la relación que se establece entre ambos espacios. Quizá esta sea la lección histórica más importante que América Latina ofrece al mundo:

La democracia pregunta no solo en quién reside el poder, sino quién puede hablar frente a él; no solo qué decisiones se toman, sino qué vidas cambian esas decisiones. Porque la democracia comienza en la urna, se pone a prueba en la calle y solo se profundiza con la justicia social.

La historia de América Latina es la historia de esta inconclusión. Es también una advertencia histórica que recuerda que la democracia no puede ganarse de una vez por todas ni preservarse para siempre en ninguna sociedad.

Porque la democracia pregunta no solo en quién reside el poder, sino también quién puede hablar frente a él. Y a veces el futuro democrático de una sociedad se decide menos por el número de votos depositados en las urnas que por cuántas de las voces que se alzan en la calle logran ser escuchadas.

Fuentes: