Joze Pelayo - Kirsten Fontenrose - Ellie Sennett
Las críticas a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Washington y a la apertura de un proceso penal en su contra han llevado a establecer paralelismos con otras operaciones estadounidenses de cambio de régimen en Oriente Medio. En este contexto, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, declaró en el programa Face the Nation de CBS:
“Todo el aparato de política exterior cree que todo es Libia, todo es Irak, todo es Afganistán. Esto no es Oriente Medio. Y nuestra misión aquí es muy diferente. Este es el Hemisferio Occidental.”
Rubio subrayó además que Venezuela “ya no puede acercarse a Hezbolá e Irán dentro de nuestro propio hemisferio”.
La detención de Maduro tiene consecuencias claras en el marco de la política estadounidense hacia Irán y en los cálculos del presidente Donald Trump sobre maniobras estratégicas frente a los adversarios de Washington. Según organizaciones de derechos humanos, el presidente estadounidense afirmó estar evaluando opciones “muy contundentes” contra Irán ante la escalada de protestas y el fuerte aumento del número de muertos durante el fin de semana.
Como señaló Rubio, esta operación puede afectar de forma más directa a los intereses y actividades de Teherán en el extranjero, ya que Venezuela funciona como una plataforma de proyección para Irán y sus fuerzas aliadas en el Hemisferio Occidental.
Nuestros analistas examinan los vínculos de Irán con Venezuela y las implicaciones que la captura de Maduro tiene para los intereses de Teherán dentro y fuera de sus fronteras.
Relaciones Irán–Venezuela: Del Petróleo Al “Eje De La Resistencia”
Las relaciones entre Venezuela e Irán se han fortalecido en los últimos años: ambos países son productores de petróleo, ambos enfrentan severos regímenes de sanciones occidentales y Teherán, al profundizar sus vínculos con Caracas, ha posicionado a fuerzas aliadas como Hezbolá dentro del territorio venezolano, creando así un punto de apoyo estratégico en el Hemisferio Occidental.
Ambos países son miembros fundadores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y mantenían relaciones diplomáticas formales incluso antes de la revolución iraní de 1979. Tras la caída del sha y el ascenso de la República Islámica, Venezuela fue uno de los primeros países en reconocer al nuevo gobierno iraní.
Sin embargo, la relación se profundizó notablemente con la llegada al poder del fallecido líder venezolano Hugo Chávez en 1999.
Entre 2001 y la muerte de Chávez en 2013, Chávez y sus homólogos iraníes realizaron decenas de visitas diplomáticas y, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), “los dos países firmaron aproximadamente trescientos acuerdos de diversa importancia, que iban desde proyectos de vivienda social hasta fábricas de cemento y producción automotriz”.
Durante el mandato de Chávez, los proyectos de desarrollo iraníes en Venezuela “reforzaron la imagen de Chávez y promovieron su agenda antiimperialista en toda la región”. Teherán utilizó esta asociación para consolidar su posición en Sudamérica, incluyendo países como Bolivia y Nicaragua.
Según el CSIS, hacia 2012 el valor total de las inversiones y créditos iraníes en Venezuela rondaba los 15.000 millones de dólares.
Más allá del petróleo y de los acuerdos diplomáticos, el contrabando de oro también configuró el modelo de relación entre Teherán y Caracas. Venezuela posee una de las mayores reservas de oro de América Latina (considerando únicamente las reservas del banco central), lo que la sitúa en el quinto lugar mundial. Diversos informes indican que Irán ha recibido pagos en oro de contrabando durante años a cambio de su apoyo para reactivar el sector petrolero venezolano.
Una Base Para Hezbolá y La Guardia Revolucionaria
Joze Pelayo, subdirector de iniciativas estratégicas y políticas en la Iniciativa de Seguridad de Oriente Medio Scowcroft del Atlantic Council, explica:
En este contexto, Hezbolá y organizaciones vinculadas, respaldadas por Irán, han utilizado Venezuela como un centro estratégico en el Hemisferio Occidental. El país ha servido como refugio para evadir sanciones, como centro de operaciones y lavado de dinero, y como base para redes de crimen transnacional y narcotráfico.
Hezbolá se afianzó en zonas clave de Venezuela como la isla de Margarita y la península de Paraguaná— con acceso costero y redes comerciales que albergan importantes comunidades de la diáspora libanesa.
Irán también utilizó el mercado del oro venezolano para financiar las actividades de Hezbolá.
En 2022, una orden de incautación firmada por el entonces ministro de Defensa israelí Gallant y publicada por la Oficina Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo reveló una red de contrabando mediante la cual oro transportado en vuelos iraníes sancionados era transferido a Hezbolá.
Más allá de estas transacciones, según un informe de diciembre de 2025, la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica —responsable de guerra asimétrica, operaciones encubiertas e inteligencia mantiene una presencia significativa en Venezuela para apoyar a Maduro en tiempos de crisis.
A la cabeza de esta estructura jerárquica se encuentra Ahmad Asadzadeh Goljahi, quien supervisa operaciones y dirige los “Departamentos 11000 y 840”. El primero se asocia con complots terroristas internacionales; el segundo es conocido por su implicación en asesinatos en el extranjero. No sorprende, por tanto, que agentes iraníes planearan pasar por Venezuela antes de trasladar a Irán a la periodista estadounidense Masih Alinejad durante un intento de secuestro en Nueva York.
La captura de Maduro y un eventual realineamiento de Venezuela con Estados Unidos suponen un duro golpe para las operaciones y la financiación de la Fuerza Quds. Un giro de este tipo podría interrumpir gravemente redes de crimen transnacional, narcotráfico, contrabando de petróleo y otras actividades ilícitas vinculadas a Hezbolá y a la República Islámica de Irán.
Aun así, surge una posible ventana de oportunidad: un Maduro bajo supervisión estadounidense (y posiblemente la presidenta interina Delcy Rodríguez) podría aportar información crítica como testigo y colaborador, revelando la magnitud de estas redes, cómo desmantelarlas y a quiénes podría apuntar Washington en la siguiente fase.
Una Señal De Washington A Teherán
Kirsten Fontenrose, investigadora sénior visitante en la Iniciativa Scowcroft, sostiene:
El caso Maduro es estratégicamente importante no como plantilla, sino como señal. Demuestra la disposición de EE. UU. a actuar con determinación contra líderes ya acusados y sancionados, y a no permitir que los estancamientos persistan bajo la suposición de que el riesgo de escalada disuadirá la acción.
La administración Trump describió la captura de Maduro no como una operación militar, sino como una detención policial. Washington no invocó intervención humanitaria, defensa colectiva ni hostilidades interestatales, ni solicitó autorización del Congreso. En su lugar, se apoyó en procesos penales de larga data y en facultades sancionatorias. Maduro enfrentaba cargos por narcotráfico y narcoterrorismo en EE. UU. desde el 26 de marzo de 2020 y estaba sujeto a amplias sanciones del Departamento del Tesoro antes de la operación de enero de 2026. La base legal de estas operaciones transfronterizas no es el derecho de los conflictos armados, sino facultades de derecho interno una distinción controvertida, pero no inédita en la práctica estadounidense.
Para Teherán, lo crucial no es la justificación jurídica, sino el mensaje político implícito. La planificación estratégica iraní había asumido que la sensibilidad estadounidense al riesgo de escaladaespecialmente ante acciones que pudieran interpretarse como ataques a líderes impondría límites prácticos a Washington. El caso Maduro complica esa suposición. Refuerza además otra idea: la influencia de EE. UU. no depende solo de operaciones militares. La combinación de sanciones prolongadas, presión financiera, cargos penales y aislamiento diplomático mostró que incluso en situaciones de alto riesgo pueden lograrse resultados decisivos sin recurrir a la fuerza militar.
Esta secuencia coincide con evaluaciones recientes sobre el momento de intensificar la presión sobre Irán. Un análisis publicado a finales de 2025 por Scott Modell, director ejecutivo de Rapidan Energy Group, señaló que el inicio de 2026 ofrecía condiciones de mercado excepcionalmente favorables para aumentar la presión sobre las exportaciones petroleras iraníes: débil crecimiento de la demanda, aumento de la oferta fuera de la OPEP, capacidad ociosa dentro de la OPEP+ y expectativas de precios moderadas. Si esta evaluación es correcta, los responsables estadounidenses no enfrentarían obstáculos significativos del mercado para aplicar presión económica adicional a Irán en ese periodo.
Las declaraciones públicas de Trump tras la operación en Venezuela respaldan esta lectura. Presentó la acción en términos de rendición de cuentas y disuasión, no de cambio de régimen o construcción nacional. Su énfasis en la rapidez y la determinación es coherente con decisiones previas de EE. UU. que privilegiaron el uso limitado y temporal de la fuerza sobre campañas militares prolongadas.
Este enfoque también concuerda con las orientaciones de los actores que moldean la política de la administración: el asesor de Seguridad Interior Stephen Miller defiende la claridad mediante la coerción; el enviado especial para Oriente Medio Steve Witkoff impulsa una diplomacia transaccional basada en el apalancamiento; y el vicepresidente JD Vance se muestra escéptico ante compromisos militares indefinidos. Informes de prensa indican además que la dirección de la CIA favorece una recopilación de inteligencia más agresiva y operaciones de disrupción.
Acciones recientes de EE. UU. en otros escenarios aportan contexto adicional: ataques contra milicias proiraníes en Irak tras agresiones a personal estadounidense en 2024 y bombardeos contra el ISIS en Nigeria en diciembre de 2025, realizados con el consentimiento del país anfitrión, reflejan una preferencia por respuestas rápidas a amenazas definidas, sin advertencias prolongadas ni escaladas graduales. Aunque estos ejemplos no constituyen una doctrina formal, refuerzan una pauta de acción temprana y limitada. En este sentido, la Operación Resolución Absoluta resulta significativa porque socava una suposición clave en Teherán: que el aislamiento de los líderes y el riesgo de escalada restringen de forma fiable la acción estadounidense.
En consecuencia, para Irán la conclusión principal es estratégica, no operativa. La captura de Maduro indica que EE. UU. está dispuesto a actuar con determinación contra líderes ya acusados, sometidos a sanciones amplias y políticamente aislados, y que puede hacerlo durante periodos de tensión interna, en lugar de esperar a que la presión se disipe.
Nada de esto implica que Washington vaya a apuntar automáticamente a líderes iraníes. Pero sí muestra claramente que Estados Unidos está revisando sus supuestos sobre el momento oportuno, el uso del apalancamiento y la vulnerabilidad de los líderes.
