Vera Songwe
La reestructuración de la deuda sigue ocupando un lugar central en las agendas políticas de toda África. Las fluctuaciones de más de 11.000 millones de dólares en las posiciones de servicio de deuda de Etiopía y Ghana lo demuestran claramente: como las negociaciones de reestructuración suelen prolongarse durante años, los países quedan vulnerables a choques externos y su resiliencia depende en gran medida de las monedas que utilizan.
El cedi ghanés se apreció aproximadamente un 40 % frente al dólar estadounidense en 2025, gracias a los recientes esfuerzos del gobierno por aumentar las reservas de oro del país. Esto redujo la carga de la deuda externa en 14.000 millones de dólares, más del 24 % del total. La deuda de Ghana se acerca ahora al objetivo del FMI del 55 % del PIB, tres años antes de lo previsto.
El FMI, sin embargo, sigue considerando a Ghana en alto riesgo de endeudamiento, argumentando que estas ganancias cambiarias podrían ser temporales. Aunque el oro ha mostrado una tendencia alcista, el dólar podría fortalecerse nuevamente. Aun así, los mercados aplican actualmente a los eurobonos de Ghana tasas inferiores al 7 %, una caída de 300 puntos básicos desde mayo, aunque es poco probable que estos beneficios lleguen a una población que ha soportado años de fuerte ajuste fiscal.
Los países de África Occidental y Central que utilizan el franco CFA, vinculado al euro, se han beneficiado de relativa estabilidad y baja inflación; su deuda en dólares disminuyó alrededor de un 12 % el año pasado. Para Camerún, esto significó un alivio automático de 2.800 millones de dólares, y para Chad podría traducirse en una mejora de la calificación crediticia de alto a medio riesgo. Estos avances no se deben tanto a reformas estructurales como a estar, por ahora, en la “zona monetaria correcta”.
No ocurre lo mismo con Etiopía. Aunque el país alcanzó un acuerdo preliminar con acreedores privados sobre parte de su bono internacional de 1.000 millones de dólares con vencimiento en 2024, su situación fiscal se deterioró significativamente durante las negociaciones. A pesar de ajustes fiscales similares a los de Ghana, la depreciación del birr en un 25 % frente al dólar en 2025 incrementó la deuda en 4.800 millones de dólares. Se espera que la reestructuración con acreedores oficiales, tras cinco años de negociaciones, reduzca el valor presente de la deuda externa solo en un 1,5 %, apenas una fracción del aumento causado por la depreciación.
La experiencia etíope muestra cómo negociaciones prolongadas pueden convertir problemas manejables en crisis graves. Cuando Etiopía inició conversaciones en 2021, enfrentaba principalmente un problema de liquidez: el servicio de la deuda externa superaba la disponibilidad de divisas, aunque el FMI proyectaba un crecimiento superior al 5 %. Sin embargo, en cinco años la crisis de liquidez se transformó en una crisis de solvencia. Factores internos, como conflictos regionales, debilitaron las exportaciones, pero el retraso en la reestructuración permitió que condiciones externas adversas agravaran la situación: entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, el birr cayó de 55 a 154 por dólar.
La deuda externa en relación con las exportaciones aumentó rápidamente, mientras las reservas internacionales cayeron a menos de 0,6 meses de importaciones. Cuando se firmó un memorando de entendimiento en julio pasado, el alivio ofrecido apenas compensaba las pérdidas cambiarias. Hoy el FMI clasifica la deuda etíope como insostenible debido a prolongadas violaciones de los indicadores vinculados a exportaciones.
Incluso una aceleración moderada de los procesos de reestructuración puede generar grandes beneficios. Zambia, tras entrar en default en noviembre de 2020, alcanzó un acuerdo con acreedores oficiales en junio de 2023 y con el sector privado en 2024. A inicios de 2025 había reestructurado el 94 % de su deuda externa. Junto con el alza del precio del cobre, la apreciación del kwacha en un 20 % redujo la deuda del 150 % del PIB en 2020 a alrededor del 80 %. Fitch elevó su calificación a B- y S&P a CCC+.
La lección es clara: acelerar las negociaciones de reestructuración es crucial. Debe establecerse un plazo máximo de dos años —preferiblemente 18 meses para resolver crisis de deuda. El FMI y los gobiernos deben mejorar la detección temprana de riesgos de liquidez y solvencia, y adoptar políticas coherentes frente a fluctuaciones cambiarias. Si una depreciación del 20 % empeora la evaluación macroeconómica, una apreciación similar debería mejorarla y reflejarse en las calificaciones de riesgo.
Además, los países deben adoptar estrategias más activas de gestión de deuda y diversificación monetaria, mientras los bancos multilaterales de desarrollo aceleran instrumentos de crédito en moneda local que ayuden a gestionar la volatilidad cambiaria.
Como muestran las experiencias opuestas de Ghana y Etiopía, en 2025 la sostenibilidad de la deuda dependía en gran medida de la suerte. En 2026, gobiernos y acreedores deben adoptar un nuevo marco de acción que distinga entre problemas de liquidez y solvencia, detecte deudas ocultas antes de que se descontrolen y ofrezca reestructuraciones lo suficientemente rápidas como para generar un alivio real.
Vera Songwe es investigadora visitante sénior en el Programa de Economía Global y Desarrollo de la Brookings Institution y copresidenta del Grupo Independiente de Alto Nivel sobre Financiamiento Climático.
