Doç. Dr. Mehmet Rakipoğlu
Desde hace tres años, la atención de la opinión pública mundial permanece concentrada en la espiral de violencia cuyo epicentro es Israel. Mientras la agresividad sionista ha generado sucesivas crisis en Irán, Palestina, Siria y diversos puntos de Asia Occidental, Sudán, el tercer país más extenso de África, atraviesa silenciosamente desde 2023 una de las guerras civiles más devastadoras de su historia. En efecto, la mitad de sus cincuenta millones de habitantes se encuentra al borde del hambre, más de trece millones de personas han sido desplazadas y las Naciones Unidas califican esta crisis como «la mayor catástrofe humanitaria del mundo». Pese a ello, Sudán continúa siendo prácticamente invisible tanto para los grandes medios internacionales como para la diplomacia mundial.
El curso de la guerra
Las raíces del conflicto que hoy desgarra Sudán se remontan, en realidad, al amplio movimiento popular que en 2019 derrocó a Omar al-Bashir. La administración de transición establecida tras la caída de Bashir se sustentó sobre un equilibrio extremadamente frágil entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). Cuando ambas fuerzas eliminaron conjuntamente al gobierno civil mediante el golpe de Estado de 2021, pusieron en marcha, paradójicamente, el proceso que acabaría enfrentándolas entre sí. La disputa sobre cómo y bajo qué condiciones debían integrarse las FAR en el ejército nacional terminó convirtiéndose, en abril de 2023, en una guerra abierta que estalló en las calles de Jartum.
La primera fase del conflicto tuvo como principal escenario la capital. Mientras el ejército sudanés recuperaba, entre finales de 2024 y comienzos de 2025, buena parte del territorio perdido en el triángulo formado por Jartum, Omdurmán y Bahri, el centro de gravedad de la guerra comenzó a desplazarse progresivamente hacia el oeste, en dirección a Darfur. La toma de El Fasher por las FAR en octubre de 2025, después de dieciocho meses de asedio, constituyó uno de los grandes puntos de inflexión de la guerra. Diversas organizaciones internacionales documentaron que, en cuestión de días, miles de civiles fueron asesinados en la ciudad y que la violencia sexual fue empleada de manera sistemática.
Tras la caída de El Fasher, el conflicto se desplazó hacia El Obeid, capital de Kordofán del Norte y estratégico centro logístico que abre un corredor directo hacia Jartum. A lo largo del verano de 2026, las FAR mantuvieron la ciudad bajo asedio mediante intensos ataques con drones que se prolongaron durante meses. La red eléctrica, las estaciones de bombeo de agua y los depósitos de combustible de la ciudad fueron deliberadamente atacados. Aunque la recuperación de la carretera El Obeid-Jartum por parte del ejército sudanés en julio de 2026 proporcionó un alivio temporal, las FAR volvieron a intensificar sus ofensivas a mediados de agosto y ampliaron los bombardeos hasta alcanzar ciudades bajo control del ejército sudanés, entre ellas Jartum, Atbara y Bahri.
La pregunta acerca del «porqué» de esta guerra, sin embargo, no admite una explicación tan sencilla como reducirla a las ambiciones de poder de dos generales. Los recursos auríferos de Sudán, su litoral sobre el mar Rojo y su posición como puerta de entrada al Sahel han convertido al país en un espacio estratégico indispensable para distintas potencias regionales. Por ello, es posible interpretar esta guerra no solo a partir de sus dinámicas internas, sino también como una lucha por delegación alimentada desde el exterior.
La sombra de Darfur y el umbral del genocidio
La caracterización de la violencia en Sudán como genocidio no constituye, en realidad, un debate nuevo. Las milicias yanyauid, de las que proceden históricamente las FAR, fueron acusadas de genocidio durante la guerra de Darfur de 2003-2005 por sus ataques contra las comunidades no árabes fur, zaghawa y masalit. Se estima que alrededor de 300.000 personas perdieron la vida durante aquel conflicto. Hoy, en la misma geografía y siguiendo prácticamente las mismas líneas de fractura étnica, asistimos a la reproducción de un ciclo de violencia inquietantemente similar.
En el informe publicado en febrero de 2026 por la misión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas encargada de investigar los acontecimientos en Sudán, se concluyó que las acciones perpetradas por las FAR en El Fasher presentaban «indicios de genocidio». Según el informe, la privación sistemática de alimentos, agua y asistencia médica a la población civil durante el asedio; la masacre de personas atrapadas después de que se levantaran terraplenes en las rutas de escape; y la retórica racista empleada por los perpetradores reúnen los tres elementos exigidos por la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio: la identificación y persecución de un grupo protegido, la comisión de los actos prohibidos por la Convención y la intención de destruir total o parcialmente a dicho grupo.
En este caso, el elemento intencional no se desprende de confesiones explícitas de los perpetradores, sino de la aplicación del criterio de la «única inferencia razonable», deducida del lenguaje empleado por los autores, del patrón sistemático de los ataques y de la selección de sus objetivos. Este enfoque coincide, asimismo, con los criterios empleados por la Corte Internacional de Justicia en los procedimientos relativos a la responsabilidad de los Estados.
Existe aquí una distinción fundamental que conviene subrayar: según los informes de Naciones Unidas y los registros recopilados sobre el terreno, son las FAR las que han cruzado el umbral que permite hablar de genocidio. Aunque también existen acusaciones contra el ejército sudanés por presuntas violaciones del derecho internacional humanitario, las denuncias de exterminio sistemático de civiles, limpieza étnica y violaciones sexuales masivas tienen como principal protagonista a las FAR. Se trata de una diferencia esencial que no debe perderse de vista a la hora de evaluar las responsabilidades de los distintos actores de esta guerra.
Pese a ello, el proceso jurídico continúa siendo extraordinariamente frágil. Las órdenes de detención de la Corte Penal Internacional se han limitado, en la práctica, a los crímenes correspondientes al periodo 2003-2005 y, de los acusados procesados, solo una persona ha sido condenada. Numerosos sospechosos, incluido el propio Bashir, siguen sin comparecer ante la justicia.
La demanda presentada por Sudán contra los Emiratos Árabes Unidos ante la Corte Internacional de Justicia en marzo de 2025, bajo la acusación de «complicidad en genocidio», también ha sido considerada en gran medida una iniciativa de carácter simbólico, debido a que la reserva formulada por los Emiratos a la Convención sobre el Genocidio hacía previsible que el tribunal se declarara incompetente para conocer del caso.
Todo este panorama pone de manifiesto hasta qué punto la fuerza vinculante de la palabra «genocidio» puede quedar vaciada de contenido cuando no existe la voluntad política necesaria para traducirla en responsabilidad jurídica y acción internacional. Es una dinámica que evoca inevitablemente a Ruanda en 1994, cuando funcionarios estadounidenses se refugiaron en juegos semánticos destinados a distinguir entre «actos de genocidio» y «genocidio», como si la elección de las palabras pudiera alterar la realidad de las matanzas.
La política de patronazgo y la anatomía de una conciencia selectiva
La extraordinaria prolongación de la guerra en Sudán depende, en gran medida, del flujo constante de armas, municiones y recursos financieros procedentes del exterior. Sin embargo, situar en un mismo plano a todos los actores que integran esta red de apoyos significaría ignorar uno de los aspectos más decisivos del conflicto. La posición de los Emiratos Árabes Unidos, acusados por numerosos paneles de expertos de las Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos de suministrar armas y drones a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) a través de Chad, contribuyendo así de manera decisiva a su supervivencia operativa, no puede equipararse a la de Türkiye, Egipto y Arabia Saudí, países que respaldan al ejército sudanés. Si las FAR son el actor al que se atribuyen los actos de carácter genocida, resulta evidente que apoyar a las fuerzas armadas de un Estado reconocido no equivale, por definición, a situarse del lado de quienes sostienen al presunto perpetrador de un genocidio.
Egipto, movido tanto por sus históricos vínculos militares con Sudán como por su preocupación ante la creciente influencia regional de los Emiratos Árabes Unidos, proporciona al ejército sudanés apoyo aéreo, municiones e inteligencia. Türkiye, por su parte, destaca no solo por el suministro de vehículos aéreos no tripulados, sino también por el peso de su capacidad diplomática. Arabia Saudí, mientras mantiene formalmente una posición de neutralidad en consonancia con sus prioridades de seguridad en el mar Rojo y los objetivos de su Visión 2030, respalda en la práctica la legitimidad del ejército sudanés. Irán actúa siguiendo una lógica semejante: a cambio de la posibilidad de establecer una base naval en el mar Rojo, suministra al ejército sudanés drones Mohajer-6.
La posición de Rusia constituye, entretanto, una de las relaciones de patronazgo más intrincadas de toda la guerra. Durante las primeras etapas del conflicto, el Grupo Wagner estableció con las FAR una relación basada en el intercambio de armas por acceso al negocio de la minería aurífera. Informes internacionales documentaron que este circuito clandestino de oro habría generado para Moscú aproximadamente 2.500 millones de dólares, recursos que habrían contribuido directamente a financiar los gastos de la guerra rusa en Ucrania.
Sin embargo, en la primavera de 2024 el Kremlin modificó su línea oficial y prometió asistencia militar al ejército sudanés a cambio de la posibilidad de establecer una base naval en Port Sudan. Actualmente, el Cuerpo Africano, considerado sucesor de Wagner en el continente, se mantiene en este contexto más próximo a las fuerzas armadas sudanesas. El hecho de que Moscú respalde oficialmente al ejército sudanés sin haber desmantelado por completo las redes vinculadas al comercio de oro con las FAR convierte a Rusia en un patrón capaz de preservar vínculos con ambos bandos y de modificar sus lealtades de acuerdo con sus propios intereses estratégicos. Las acusaciones de que Etiopía habría proporcionado entrenamiento y apoyo logístico a las FAR, por su parte, comenzaron a adquirir visibilidad pública en 2026.
El papel de Türkiye en la región debe situarse dentro de este panorama más amplio. En los últimos años, Ankara se ha convertido en uno de los actores capaces de alterar profundamente los equilibrios sobre el terreno en Siria. En Libia emergió igualmente como uno de los principales artífices de una transformación estratégica. Ahora, el Acuerdo de La Meca, firmado junto con Arabia Saudí y Pakistán, plantea la posibilidad de trasladar esa capacidad de iniciativa a escenarios como Libia, Yemen y Sudán.
En consecuencia, si esta nueva arquitectura logra aplicarse con éxito, el pacto articulado en torno a una visión de apropiación regional en la que Türkiye ocupa una posición central podría convertirse también en un instrumento de acción conjunta en Sudán. La eventual incorporación de Egipto al Acuerdo de La Meca ofrecería, además, una plataforma desde la cual ampliar la cooperación turco-egipcia a la cuestión sudanesa. Por mucho que el mundo permanezca en silencio ante el genocidio que se desarrolla en Sudán, Türkiye continúa posicionándose allí del lado que considera justo.
La invisibilidad global de Sudán responde, en última instancia, a una contradicción estratégica. El país es lo suficientemente vasto y rico como para que las potencias compitan por sus recursos, pero no lo bastante central como para quedar comprendido dentro de aquello que Occidente define como sus «intereses fundamentales». El capital mediático y diplomático, absorbido por Gaza y Ucrania, apenas alcanza a Sudán. Los cortes de las comunicaciones, las enormes dificultades de acceso que enfrentan los periodistas y la tendencia estructural a conceder menor valor informativo a los conflictos que tienen lugar en países de bajos ingresos profundizan aún más esta invisibilidad.
Sudán se ha convertido así en algo más que el escenario de una catástrofe humanitaria. Es también una prueba moral y política para el orden internacional: un espejo en el que queda reflejado hasta qué punto la comunidad internacional aplica de manera selectiva su solemne promesa de «nunca más».