Tarik M. Yousef- Paul D. Dyer
A lo largo del conflicto que enfrenta a Irán y Estados Unidos, los Estados árabes del Golfo han soportado las consecuencias más graves de los ataques iraníes con drones y misiles, al tiempo que han tenido que afrontar unos costes económicos cada vez más elevados.
Ante las escasas perspectivas de alcanzar un acuerdo entre Washington y Teherán, los Estados del Golfo han entablado negociaciones con Irán, utilizando a Omán como mediador, con el propósito de poner fin al conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz a la navegación comercial. Esta iniciativa refleja una transformación significativa de las dinámicas regionales: los países del Golfo exploran cada vez con mayor interés fórmulas de entendimiento con Irán que permitan restablecer el tráfico marítimo sin necesidad de una participación directa de Estados Unidos.
Sin embargo, alcanzar un acuerdo negociado resultará difícil, incluso sin contar con el consentimiento estadounidense. La desconfianza entre los Estados árabes del Golfo e Irán es profunda y hunde sus raíces tanto en agravios históricos como en una prolongada rivalidad por la hegemonía en Oriente Medio. El conflicto actual no ha hecho sino intensificar la hostilidad y el resentimiento en ambas partes.
No obstante, la confrontación también ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los Estados del Golfo y ha evidenciado las limitaciones del paraguas de seguridad estadounidense. Los recientes ataques de los hutíes y de las milicias iraquíes respaldadas por Irán contra el estrecho de Bab el-Mandeb y el oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí han demostrado los límites de las estrategias orientadas a priorizar rutas alternativas de transporte, así como de los esfuerzos de los países árabes del Golfo por encontrar soluciones técnicas que les permitan superar la crisis. La necesidad de alcanzar una solución se vuelve, por tanto, cada vez más apremiante.
El retorno al statu quo anterior, incluido el restablecimiento del libre tránsito conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), parece cada vez menos probable. Sustituir las normas del derecho marítimo internacional por un régimen que permita a Irán imponer tarifas —una posibilidad que aparentemente constituye la base de las conversaciones entre Omán e Irán— resulta difícilmente defendible. Aunque los derechos de tránsito podrían formar parte de una solución a largo plazo, los Estados árabes del Golfo rechazarían cualquier disposición que implicara el reconocimiento de la soberanía iraní sobre el estrecho. De hecho, semejante planteamiento podría prolongar las tensiones de seguridad si Estados Unidos se sintiera obligado a responder a las pretensiones iraníes de control mediante ataques o, cuando menos, mediante operaciones periódicas de libertad de navegación (FONOP) a través del estrecho.
La historia ofrece ejemplos de enfoques alternativos destinados a preservar el comercio en contextos de rivalidad entre grandes potencias. El precedente al que se recurre con mayor frecuencia es la Convención de Montreux de 1936, que continúa regulando el tránsito por los estrechos turcos del Bósforo y los Dardanelos. Este tratado proporciona enseñanzas valiosas para Ormuz, especialmente en lo relativo al acceso de las armadas extranjeras. Sin embargo, un modelo más adecuado podría encontrarse en un escenario histórico menos evidente: el río Danubio después de la guerra de Crimea.
El Tratado de París de 1856 estableció la Comisión Europea del Danubio en un contexto de intensa rivalidad regional en Europa. Incapaces de alcanzar un acuerdo sobre la utilización del río, los Estados signatarios desarrollaron un mecanismo mediante el cual transfirieron a un organismo internacional independiente la responsabilidad de garantizar la navegabilidad y la seguridad del tráfico fluvial en el bajo Danubio.
Aunque los Estados firmantes conservaron funciones de supervisión a través de un órgano colegiado, la comisión actuó con autonomía e incluso llegó a recaudar derechos de tránsito y contraer préstamos para financiar la ampliación de las infraestructuras comerciales. Al encomendar la administración del río a una institución independiente, las potencias rivales redujeron los posibles focos de tensión y garantizaron que toda Europa pudiera beneficiarse del comercio desarrollado a lo largo del Danubio, desde el suroeste de la actual Alemania hasta la costa del mar Negro, entre los territorios de las actuales Rumanía y Ucrania. Concebida inicialmente como una solución provisional, la comisión perduró durante más de ochenta y cinco años.
Una Comisión del Estrecho de Ormuz inspirada en este precedente podría contribuir a restablecer la estabilidad regional y los flujos comerciales. La institución podría estar supervisada por un consejo integrado por representantes de los ocho países ribereños del Golfo. Los principales socios comerciales de Asia y Europa, junto con Estados Unidos, podrían participar mediante un órgano consultivo, lo que les permitiría ejercer influencia y les ofrecería incentivos para cooperar con el mecanismo, sin otorgarles derecho de veto.
En sus primeras etapas, la comisión tendría un mandato limitado: garantizar el tránsito seguro de los buques comerciales; coordinar los servicios de escolta, salvamento y respuesta ante emergencias ambientales; y mantener las instalaciones necesarias para el desempeño de estas funciones. Con el propósito de reducir el riesgo de errores de cálculo militar, la comisión podría exigir, siguiendo el precedente establecido en Montreux, que los buques de guerra notificaran anticipadamente sus tránsitos previstos y compartir dicha información con los Estados miembros. Los costes operativos podrían sufragarse mediante tarifas razonables por los servicios prestados, derechos de tránsito o aportaciones financieras de los miembros.
El modelo del Danubio permitiría que la estructura institucional y las competencias de la comisión evolucionaran gradualmente. El acuerdo inicial podría establecer los principios y procedimientos relativos al tránsito comercial, la seguridad marítima y la comunicación entre las partes. A medida que aumentara la confianza en la institución, podrían incorporarse funciones más delicadas, desde la coordinación destinada a prevenir enfrentamientos militares en el estrecho hasta el apoyo al desarrollo de infraestructuras regionales de mayor alcance.
El principio rector sería el de una administración compartida sin soberanía compartida. Ni Irán ni Omán tendrían que renunciar a sus reivindicaciones territoriales, y la comisión tampoco adquiriría soberanía alguna sobre el estrecho. Sus atribuciones quedarían estrictamente limitadas a la gestión y la seguridad de la navegación a través de esta vía marítima. El objetivo no consistiría en resolver las rivalidades regionales, sino en preservar un interés común de importancia vital frente a las consecuencias de dichas rivalidades.
Lo más importante es que la creación de una comisión de estas características no tendría por qué esperar a una solución integral de los conflictos más amplios que afectan al Golfo. De hecho, hacerlo frustraría buena parte de su propósito. Concentrarse en un interés compartido más limitado —el restablecimiento de un tránsito comercial previsible— ofrecería a los países de la región una plataforma para la cooperación práctica y la construcción gradual de confianza.
Si tuviera éxito, la comisión podría sentar las bases de un diálogo constructivo sobre cuestiones mucho más controvertidas, como el programa nuclear iraní, el cese de las injerencias políticas y del respaldo a grupos interpuestos, así como la resolución de disputas territoriales de larga data. La institución no tendría competencias para solucionar directamente estas controversias, pero podría contribuir a generar la confianza y los hábitos de cooperación necesarios para abordarlas mediante otros canales diplomáticos.
Los críticos sostendrán que negociar un acuerdo semejante equivaldría a recompensar a Irán por desafiar el derecho marítimo internacional y utilizar su posición geográfica como instrumento para obtener concesiones. Otros expresarán su preocupación por el precedente que podría sentarse para otras vías navegables estratégicas, como el estrecho de Malaca y Bab el-Mandeb.
Ambas preocupaciones son legítimas. Sin embargo, insistir en la vigencia de un régimen jurídico que ya no puede garantizar de manera fiable el tránsito marítimo no bastará, por sí solo, para reabrir Ormuz. La administración conjunta del estrecho tampoco exige renunciar a los principios de libertad de navegación.
En última instancia, en un contexto en el que el orden internacional basado en normas se encuentra sometido a presiones cada vez mayores, la preservación de principios universales como la libertad de navegación podría requerir nuevos mecanismos institucionales que tengan en cuenta las particularidades locales y ofrezcan incentivos a los Estados vecinos, incluidos aquellos que mantienen rivalidades entre sí, para defender colectivamente dichos principios.
Para Irán y los Estados del Golfo, la disyuntiva es, en última instancia, de naturaleza pragmática. Tras décadas de desconfianza mutua y las heridas aún recientes infligidas por el conflicto actual, construir un marco de cooperación no será tarea sencilla. Sin embargo, la creación de una comisión conjunta podría contribuir a atender las principales preocupaciones económicas y de seguridad de las partes implicadas y, al mismo tiempo, permitir la reapertura del estrecho al comercio de manera estable y duradera.
Más importante aún, semejante iniciativa ofrecería un modelo para la configuración de una nueva arquitectura de seguridad en el Golfo: un orden asumido y gestionado por los propios países de la región, respaldado internacionalmente y construido sobre la administración institucional de intereses compartidos, en lugar de depender de una única potencia exterior.
Tarik M. Yousef es investigador sénior del Consejo de Asuntos Globales de Oriente Medio e investigador del Foro de Investigación Económica. Anteriormente, fue investigador sénior del Programa de Política Exterior de la Brookings Institution y director del Brookings Doha Center. Previamente, ejerció como profesor en la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown. Es doctor por la Universidad de Harvard.
Paul D. Dyer es economista del desarrollo y consultor especializado en el apoyo a organizaciones como el Grupo Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo, el Banco Islámico de Desarrollo y Silatech en sus actividades en Oriente Medio y el norte de África. Anteriormente, fue investigador no residente del Consejo de Asuntos Globales de Oriente Medio e investigador de la Escuela de Gobierno de Dubái.
Fuente:https://responsiblestatecraft.org/hormuz-strait-iran-tolls/
