Doç. Dr. Mehmet Rakipoğlu
Un nuevo umbral jurídico en Cisjordania
Durante muchos años, Cisjordania ha sido percibida por la opinión pública internacional como un territorio sometido a una «ocupación de baja intensidad». El terrorismo de los colonos ha sido presentado, con frecuencia, como el resultado de actuaciones aisladas de grupos descontrolados. El último informe de la Comisión sacude profundamente esta percepción arraigada. Según el documento, los ataques perpetrados por los soldados israelíes y la violencia ejercida por los colonos constituyen elementos complementarios de un mismo entramado. En este sentido, el informe pone de manifiesto que el régimen israelí desarrolla actividades de coordinación y planificación destinadas a provocar la muerte de palestinos en distintas partes de Palestina. Por consiguiente, la Comisión califica los acontecimientos como un «ataque generalizado o sistemático» y subraya que son el resultado de una política de Estado.
Esta calificación reviste una enorme importancia jurídica. Según el Estatuto de Roma, para que un acto pueda ser considerado un crimen de lesa humanidad debe formar parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil. La Comisión afirma explícitamente que se ha cruzado ese umbral. Más significativo aún es que entre los delitos enumerados figure el «exterminio». Por su dimensión de matanza colectiva, el exterminio es uno de los crímenes de lesa humanidad que más se aproxima al genocidio. En palabras del presidente de la Comisión, Muralidhar, los asesinatos, las lesiones y la destrucción de viviendas forman parte de una estrategia más amplia destinada a aniquilar y desplazar a la población palestina.
Las cifras revelan con claridad la magnitud de esta estrategia. La Comisión ha documentado que, entre octubre de 2023 y septiembre de 2026, las fuerzas de ocupación israelíes mataron a 1.080 palestinos e hirieron a otros 10.940 en Cisjordania. Por su parte, UNICEF ha señalado que, durante el mismo período, al menos 1.216 palestinos fueron asesinados por militares o colonos terroristas, entre ellos 263 niños. La muerte de aproximadamente 500 personas en cada uno de los años 2023 y 2024 constituye el balance anual más elevado desde que la ONU comenzó a registrar estos datos en 2005. Los datos relativos a los ataques aéreos resultan todavía más reveladores. Mientras que entre 2008 y octubre de 2023 seis personas perdieron la vida en ataques aéreos en Cisjordania, durante los últimos tres años esa cifra ascendió a 254. Este panorama demuestra que los métodos de guerra ensayados en Gaza se han trasladado también a Cisjordania. Desde enero de 2025, los ataques contra los campos de refugiados han provocado el mayor desplazamiento de población registrado en Cisjordania desde 1967. En agosto de 2026, más de 34.000 personas seguían sin poder regresar a sus hogares.
Los casos examinados por la Comisión confirman igualmente la existencia de este patrón. Uno de ellos es el de Ayşenur Eygi, activista turco-estadounidense que fue asesinada de un disparo en la cabeza en septiembre de 2024 mientras observaba una manifestación pacífica cerca de Beita, en las inmediaciones de Nablus. El informe también recoge el asesinato, en junio de 2026, de un bebé de siete meses que viajaba con su familia en un vehículo en Hebrón. Las imágenes de vídeo desmienten la versión del ejército de ocupación israelí, según la cual el vehículo había acelerado en dirección a los soldados. El documento también registra casos de palestinos abatidos después de haberse rendido. La Comisión concluye que las autoridades israelíes han recurrido reiteradamente a justificaciones infundadas para legitimar el uso de fuerza letal. El hecho de que Israel no haya respondido a ninguna de las dos solicitudes de información formuladas por la Comisión, unido a la ausencia de procedimientos judiciales efectivos en los casos examinados, pone de manifiesto que la impunidad constituye también un elemento indisociable de esta política.
El genocidio continúa bajo la sombra del alto el fuego
El alto el fuego anunciado en octubre de 2025 generó en la opinión pública internacional la percepción de que el genocidio en Gaza había llegado a su fin. El informe de la Comisión demuestra, sin embargo, que dicha percepción no se corresponde con la realidad. Según el documento, las fuerzas de ocupación israelíes han continuado perpetrando actos de genocidio incluso después de la entrada en vigor de la tregua. Desde entonces, al menos 1.400 palestinos han perdido la vida en ataques israelíes. En los ataques del 28 y 29 de octubre de 2025, examinados detalladamente por la Comisión, fueron asesinados 104 palestinos, entre ellos 46 niños. Se ha constatado que, durante estas operaciones, edificios residenciales fueron destruidos mediante bombas pesadas no guiadas.
La cuestión de la ayuda humanitaria también resulta ilustrativa para comprender el verdadero funcionamiento del alto el fuego. El acuerdo contemplaba la entrada diaria de 600 camiones de ayuda en Gaza. Sin embargo, entre octubre de 2025 y abril de 2026, las entregas coordinadas por Naciones Unidas no alcanzaron una media de 100 camiones diarios. En agosto de 2025 se había declarado oficialmente la hambruna por primera vez en Oriente Medio. Aunque las condiciones de hambruna se han atenuado parcialmente, el IPC prevé que, entre julio y diciembre de 2026, más de 1,4 millones de personas —cerca de dos tercios de la población— afrontarán niveles de inseguridad alimentaria de crisis o superiores. De ellas, 212.000 viven en condiciones de emergencia.
Quizá la conclusión más llamativa del informe sea la relativa a la denominada «Línea Amarilla». Esta línea fue concebida inicialmente como una demarcación provisional para establecer la separación durante el alto el fuego. Sin embargo, según la Comisión, está convirtiéndose progresivamente en una frontera territorial permanente. El acuerdo de alto el fuego contemplaba que la zona bajo control israelí comprendiera el 53 % de la Franja de Gaza. En septiembre de 2026, esa proporción había alcanzado al menos el 60 %. El asesinato de once palestinos que viajaban en un vehículo situado, según acreditan las imágenes satelitales, fuera de la Línea Amarilla demuestra cómo se está ampliando esta demarcación en la práctica. La Comisión señala que una parte sustancial de los asesinatos y de los daños causados está directamente relacionada con la expansión del control territorial israelí. Esta conclusión reviste una importancia extraordinaria, pues el informe no interpreta la violencia en Gaza como una mera operación militar, sino como un instrumento al servicio de un proceso de apropiación territorial. Desde esta perspectiva, el alto el fuego ha dejado de ser un proceso destinado a poner fin a la violencia para convertirse en un mecanismo que la administra bajo formas menos visibles.
El panorama general respalda igualmente esta interpretación. Según los datos del Ministerio de Salud palestino, desde octubre de 2023 han muerto 74.570 personas en Gaza y otras 175.808 han resultado heridas. UNICEF ha informado de que, hasta finales de junio de 2026, al menos 21.700 niños habían sido asesinados. De acuerdo con las evaluaciones satelitales de Naciones Unidas, aproximadamente el 82 % de las estructuras de Gaza han sufrido daños o han quedado destruidas. En el momento más intenso de la guerra, cerca del 90 % de la población se encontraba desplazada. En la actualidad, 1,3 millones de palestinos continúan sin poder regresar a sus hogares.
La lógica de «máximo territorio con mínima población»
El elemento fundamental que distingue este informe de los documentos anteriores de Naciones Unidas es que aborda Gaza y Cisjordania desde una misma lógica política. La Comisión sitúa las políticas israelíes de expansión territorial y desplazamiento de la población palestina en una continuidad histórica que se remonta a la guerra de 1947-1948. El objetivo persistente de esta política se define en el informe mediante la fórmula «máximo territorio con mínima población». Esta expresión no es nueva para los investigadores que estudian la cuestión israelí. Sin embargo, el hecho de que una comisión de investigación de la ONU formule explícitamente esta continuidad histórica en un informe oficial refleja una transformación significativa en la manera de encuadrar la cuestión en el ámbito del derecho internacional. Los actos calificados como genocidio en Gaza y como exterminio y persecución en Cisjordania son interpretados como manifestaciones, en distintos espacios geográficos, de un mismo objetivo.
También se observa una progresiva intensificación de las conclusiones formuladas en el seno de Naciones Unidas. En noviembre de 2024, el Comité Especial de la ONU encargado de investigar las prácticas israelíes señaló que los métodos de guerra empleados por Israel eran «compatibles» con las características del genocidio. En septiembre de 2025, la Comisión de Investigación fue un paso más allá al determinar que se habían cometido cuatro de los cinco actos enumerados en la Convención sobre el Genocidio y que existía intención genocida. El informe de 2026 concluye que el genocidio continúa pese al alto el fuego y que también se están cometiendo crímenes de lesa humanidad en Cisjordania. Por su parte, la Corte Internacional de Justicia dictó medidas provisionales en enero, marzo y mayo de 2024, mediante las cuales impuso a Israel obligaciones destinadas a prevenir los actos de genocidio y garantizar la llegada de ayuda humanitaria. En su opinión consultiva de julio de 2024, la Corte determinó asimismo que la ocupación era contraria al derecho internacional y que debía ponerle fin lo antes posible.
Conviene señalar, además, que el informe no se limita a centrar su atención en Israel. La Comisión también concluye que las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina han recurrido ilegalmente al uso de fuerza letal contra palestinos, han reprimido a la oposición política y no han investigado de manera efectiva los asesinatos. Este señalamiento, además de reforzar la credibilidad del informe, vuelve a abrir el debate sobre la posición de la administración de Ramala frente a la población sometida a ocupación.
Sin embargo, el verdadero problema ya no reside en cómo denominar los acontecimientos. La brecha entre el acervo jurídico y la voluntad política se ensancha con cada nuevo informe. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio impone a los Estados parte no solo la obligación de castigar el genocidio, sino también el deber de prevenirlo. La Comisión insta a los Estados miembros a cumplir con estas obligaciones y a respaldar los esfuerzos encaminados a garantizar la rendición de cuentas.
Sin embargo, no se observa ningún cambio significativo en la actitud de los Estados que proporcionan armas y apoyo diplomático a Israel. Por ello, el informe del 26 de octubre constituye una prueba que interpela menos a Israel que a la propia comunidad internacional, confrontándola con sus responsabilidades jurídicas, políticas y morales.