Zulker Naeen
No hay justicia para los trabajadores bangladesíes reclutados para la guerra de Rusia
Maksudur Rahman tenía 31 años cuando un intermediario de empleo llegó a su localidad natal, en el distrito de Lakshmipur, en el sureste de Bangladés, con una oferta de trabajo: limpiador en Rusia. Casi todas las familias de la zona tienen a alguien trabajando en el extranjero, de modo que la oferta encontró eco. Según una investigación internacional, Rahman pidió dinero prestado y pagó al intermediario 1,2 millones de takas bangladesíes (unos 9.800 dólares). Para un hogar como el suyo, una fortuna; pero los salarios prometidos hacían parecer asumible la deuda. Firmó el contrato y subió al avión.
Lo que siguió no tuvo nada que ver con una escoba. En cuestión de semanas estaba en la línea del frente de la guerra rusa en Ucrania. A él y a otros tres trabajadores bangladesíes les entregaron un papel escrito en ruso, una lengua que no entendían, y les ordenaron firmarlo. Después vino un campamento militar donde se instruye a los soldados en tácticas con drones, evacuación médica y armamento pesado. Cuando Rahman protestó, un comandante ruso le dijo, a través de una aplicación de traducción, que había sido su propio intermediario quien lo había enviado allí. Según el relato de Rahman, los trabajadores de su grupo fueron amenazados con diez años de cárcel y golpeados.
Su historia es un caso ejemplar de cómo opera esta insidiosa cadena: un intermediario local, una fortuna conseguida a base de deudas, un contrato que nadie podía leer y una guerra que jamás formó parte del trato. Pero, para entender cómo un hombre de Lakshmipur acabó en ese campamento, importa examinar la realidad rusa y aquello que alimenta estas trampas de reclutamiento.
Una guerra que agota a sus hombres
Rusia tiene un problema de efectivos humanos y las cifras son difíciles de eludir. Según informaciones internacionales recogidas por medios ucranianos, el alistamiento por contrato cayó cerca de un 20 % en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo período del año anterior. Este déficit persiste pese a que Moscú ofrece primas de firma de hasta 80.000 dólares y condonaciones de deuda de hasta 140.000.
Entretanto, periodistas de la BBC y de Mediazona, a partir de esquelas locales, estiman que han muerto al menos 300.000 rusos desde que comenzó la guerra el 24 de febrero de 2022. Otras estimaciones de inteligencia occidentales sitúan las muertes rusas cerca de las 500.000 y las bajas mensuales entre 30.000 y 35.000.
Según una estimación, el país necesita 1,5 millones de trabajadores más para estabilizar su mercado laboral, y las autoridades prevén un déficit de 3,1 millones de personas para 2030. Como unas normas migratorias más estrictas han expulsado además del país a cerca de un millón de trabajadores temporales, el ejército y las fábricas compiten ahora por la misma reserva de mano de obra, cada vez más menguada.
Rusia no se atreve a aplicar una nueva movilización militar general como la de septiembre de 2022, medida que dañó gravemente al régimen y su respaldo interno, y por ello las autoridades hacen cuanto pueden para comprar soldados o para forzar a ir al frente a los más vulnerables, a los ancianos o a quienes solo acuden a una oficina de reclutamiento para registrarse.
Ante estos problemas de efectivos, Moscú ha mirado hacia el exterior. Ya ha empleado a decenas de miles de presos y a tres oleadas de soldados norcoreanos, pero no ha bastado.
Según una evaluación de defensa del Reino Unido, resumida por un medio ucraniano, la fuente de reclutas procedentes de las cárceles probablemente se ha agotado, y Rusia extiende su búsqueda al Sur Global para evitar una nueva movilización en el interior del país.
Los datos ucranianos cuentan unos 29.000 extranjeros que han firmado contratos desde 2022. Según un informe, el ejército pretende reclutar al menos a otros 18.500 en 2026 y cuenta a Bangladés entre sus principales objetivos.
Los grupos de derechos humanos ven un patrón detrás de estas cifras. La Federación Internacional de Derechos Humanos describió una cadena organizada que apunta a inmigrantes indocumentados, detenidos, trabajadores precarios y estudiantes extranjeros en tres continentes, y Amnistía Internacional acusó el mes pasado a Moscú de practicar un reclutamiento engañoso, coercitivo y abusivo.
¿Quién acepta esta oferta?
En el sur de Asia, este esquema de reclutamiento no se limita a Bangladés. Según un análisis de la Observer Research Foundation (ORF), tras el colapso económico de Sri Lanka en 2022 y el estancamiento de Nepal, los salarios de al menos 550 dólares mensuales en Rusia parecieron una vía de escape. A comienzos de 2024, el ministro de Asuntos Exteriores de Nepal admitió que más de 200 ciudadanos nepalíes habían sido reclutados. Katmandú suspendió después los permisos de trabajo para Rusia, tras la muerte de numerosos nepalíes en el frente de Ucrania. En Sri Lanka se estima que fueron reclutados entre 600 y 700 antiguos militares.
Entonces, ¿por qué alguien asumiría ese riesgo? Primero viene el dinero. Según un informe basado en los testimonios de supervivientes, a una persona se le ofreció una prima de firma de 20.990 dólares, un salario de 2.664 dólares mensuales y la posibilidad de obtener la ciudadanía. Para familias hundidas en deudas, estas cifras pueden acallar el peligro.
Pero el dinero no es toda la respuesta. Según las informaciones, algunos bangladesíes se ofrecieron voluntariamente a sabiendas, pero fueron engañados sobre la naturaleza de la misión; otros perdieron su empleo vinculado al visado y se encontraron con un intermediario que los esperaba con un contrato de apariencia más atractiva. El destino de algunos nunca fue Rusia: un prisionero contó que un intermediario uzbeko le había prometido un permiso de residencia en Italia. Según Fortify Rights y Truth Hounds, una vez dentro la elección desaparece en gran medida: a los soldados se les presentaron contratos en ruso y quienes dudaron se toparon con amenazas y violencia. Otro informe relató que, a la llegada, se les confiscaron los pasaportes y los teléfonos.
La puerta legal y el acuerdo ausente
Rusia nunca había sido un destino habitual para los trabajadores bangladesíes. Esta mano de obra entró en el país por primera vez a través de los astilleros, que necesitaban manos cualificadas porque la guerra tensaba la oferta laboral interna. Al principio se enviaron allí unos 56 trabajadores. Después el flujo aumentó. Según datos de la Unidad de Investigación sobre Movimientos Migratorios y de Refugiados (RMMRU), viajaron 993 bangladesíes en 2024 y 4.663 en 2025. La Oficina de Empleo y Formación de Mano de Obra (BMET) registra 8.247 salidas entre 2024 y junio de 2026. La empresa estatal Bangladesh Overseas Employment and Services Limited (BOESL) envió solo 426 de ellos, y se informa de que esos trabajadores están a salvo; el resto fue transportado por el mercado privado.
Sin embargo, pese a un flujo de trabajadores tan voluminoso, no parece existir un acuerdo laboral firmado entre ambos países. Durante la visita del ministro de Asuntos Exteriores, Halilur Rahman, a Moscú en junio de 2026, las dos partes se limitaron a pedir que se concluyeran cuanto antes los acuerdos pendientes, entre ellos un acuerdo de recursos humanos y otro de readmisión. Rusia aceptó acelerar una propuesta relativa a 100.000 trabajadores bangladesíes en un año. Un ministro de Estado llegó a hablar de entre 300.000 y 400.000 trabajadores en cinco años. Entretanto, la Embajada de Daca en Moscú pidió a Rusia que no se incorporara a bangladesíes al servicio militar.
La ausencia de un acuerdo oficial deja a los trabajadores bangladesíes desprotegidos y expuestos al fraude y la explotación.
El fraude aparece también al margen de la guerra. En enero de 2026, 35 trabajadores despedidos regresaron de Rusia y afirmaron que cada uno había pagado unos 700.000 takas bangladesíes (aproximadamente 5.651 dólares).
Intermediarios, agencias y el precio de un asiento
El camino de la aldea al cuartel pasa por oficinas corrientes. El Batallón de Respuesta Especial de Bangladés (SRB) informó de que los 30 hombres que volaron a Rusia en mayo de 2026 viajaron a través de tres empresas de recursos humanos: Jabal-e-Noor International, RS International y TS Group. A mediados de octubre, los agentes detuvieron a dos presuntos cabecillas y afirman que un ruso y una kirguisa también formaban parte de la red, aunque estas afirmaciones no están verificadas. El ministro responsable del Bienestar de los Ciudadanos en el Exterior declaró en el Parlamento que estos hombres salieron del país a través de agencias autorizadas, con la aprobación de la BMET, lo que demuestra que los papeles, por sí solos, no prueban nada.
Cuando los hombres aterrizaron en Rusia, el guion se repitió. Les quitaron los pasaportes y los teléfonos. Tras 21 días de instrucción, fueron al frente. Los investigadores afirmaron que los utilizaron como cebo para exponer las posiciones enemigas a los drones.
Contar a los muertos que nadie cuenta
Fortify Rights y Truth Hounds, a partir de información ucraniana, constataron que, a febrero de 2026, al menos 104 bangladesíes habían sido reclutados y al menos 34 habían muerto, y advirtieron de que el balance real es probablemente más elevado. Sin embargo, según medios locales, el SRB anunció el 14 de octubre de 2026 que, de esas mismas 30 personas, 20 habían fallecido, 17 de ellas en un ataque con drones el mismo día en que llegaron al frente, y que seis seguían combatiendo.
Estas cifras no pueden sumarse sin más, porque se desconoce el grado de solapamiento y las fuentes difieren: la policía, los grupos de derechos humanos y Kiev. Mientras tanto, las familias esperan sin cuerpos que enterrar.
Los grupos de derechos humanos instaron a Daca a desmantelar las redes y a Ucrania a examinar a los combatientes extranjeros capturados en busca de indicios de trata de personas. Aun así, las familias siguen exigiendo un rescate, y los editores del mismo diario suplicaron al Gobierno que empezara a traer de vuelta a los hombres atrapados.
No hay justicia para las víctimas
Volvamos a Maksudur Rahman: él se salvó y hoy está sentado en su casa de Lakshmipur, con una placa de identificación militar rusa en la mano como prueba de dónde estuvo. Otros de ese mismo rincón de Bangladés no regresaron. Sajjad, de 20 años, murió tras ser llevado a combatir; su padre, Muhammed Siraj, sostiene ahora una fotografía del lugar donde alguna vez estuvo su hijo. Para Siraj, la justicia no es un concepto abstracto. Es un nombre en una acusación formal, un cuerpo que enterrar y una respuesta a la pregunta de quién envió a su hijo a la guerra.
En la aldea, las familias se plantaron frente a los intermediarios y quisieron saber por qué sus seres queridos habían sido entrenados para la guerra. Sus preguntas no pertenecen solo al patio de una aldea, sino a una sala de tribunal. Hasta que los intermediarios que venden estos empleos y el sistema que aprueba sus papeles sean obligados a rendir cuentas, las familias seguirán cargando con una deuda que es mucho más que dinero.
La deuda de Rahman era real, la guerra era real, y el empleo de limpiador nunca existió. Un hombre que salió de su casa para ganarse el sustento volvió con la placa de identificación de un soldado. Y de justicia no se ve rastro alguno.
Fuente:https://globalvoices.org/2026/11/04/tracing-the-recruitment-trap-behind-russias-war/
