Sayid Marcos Tenorio
El 7 de octubre de 2026 se cumplirán tres años desde la Operación Diluvio de Al-Aqsa. Este aniversario vuelve a situar al mundo ante la responsabilidad de defender la existencia de Palestina, poner fin a los crímenes cometidos contra el pueblo palestino y exigir responsabilidades a los gobiernos que contribuyen a sostener la ocupación.
Tres años después, «Israel» no ha logrado victoria alguna en Gaza. El legado que deja tras de sí es el del genocidio, la devastación y la limpieza étnica. Frente a esta realidad, ninguna declaración diplomática puede sustituir la adopción de medidas concretas destinadas a proteger vidas, poner fin a la ocupación y garantizar el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación.
Los acontecimientos más recientes demuestran que el alto el fuego no ha puesto fin a la violencia. El Ministerio de Salud de Gaza ha registrado más de 78.000 palestinos muertos desde el inicio de la ofensiva de carácter genocida; 1.422 de ellos perdieron la vida después del alto el fuego anunciado en octubre de 2025.
Sin embargo, la historia no comenzó en octubre de 2023. Desde la Nakba de 1948, el exilio, el despojo y la fragmentación territorial han configurado la experiencia histórica palestina. La ocupación militar, los asentamientos y el bloqueo de Gaza preceden a la Operación Diluvio de Al-Aqsa.
La Operación Diluvio de Al-Aqsa, encabezada por Hamás y llevada a cabo con la participación de otros grupos de la resistencia palestina —entre ellos la Yihad Islámica Palestina, el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, el Movimiento de los Muyahidines Palestinos y los Comités de Resistencia Popular—, debe entenderse en el marco de este proceso histórico.
A mi juicio, esta operación puso de manifiesto la incapacidad del proyecto colonial para imponer una subordinación permanente y sacudió la imagen de invencibilidad que rodeaba al aparato militar israelí. Comprender las causas de la operación exige afrontar la realidad de la ocupación y la negación del derecho a la autodeterminación. La resistencia nace de la ocupación, y la cuestión palestina no puede reducirse, desde la perspectiva de la potencia ocupante, a una mera cuestión de seguridad.
A medida que se aproxima el tercer aniversario, esta reflexión mantiene abierta una pregunta decisiva: ¿cómo puede esperarse que los palestinos renuncien a la resistencia mientras continúen existiendo las estructuras que los privan de su libertad?
La Resolución 2649 (XXV), de 30 de noviembre de 1970, reconoce la legitimidad de la lucha de los pueblos sometidos a dominación colonial y extranjera mediante los medios de que disponen y condena la negación de este derecho; además, hace referencia expresa a Palestina.
La Resolución 2787 (XXVI), de 6 de diciembre de 1971, reafirma la legitimidad de la lucha por la autodeterminación y la liberación, incluida la lucha del pueblo palestino, mediante todos los medios disponibles.
La Resolución 3070 (XXVIII), de 30 de noviembre de 1973, reafirma explícitamente la legitimidad de la lucha por la liberación de la dominación colonial y extranjera mediante todos los medios disponibles, incluida la lucha armada.
La Resolución 3103 (XXVIII), de 12 de diciembre de 1973, proclama la legitimidad de la lucha contra la dominación colonial y extranjera y contra los regímenes racistas, y establece principios relativos a la protección de quienes participan en tales luchas y a la aplicación de los Convenios de Ginebra.
Consideradas en su conjunto, estas resoluciones impiden que la reivindicación palestina de libertad sea calificada, por definición, como «terrorismo». Asimismo, dejan claro que el derecho de los palestinos a la resistencia y a la legítima defensa no constituye una concesión otorgada por la potencia ocupante sionista.
Criminalizar toda forma de resistencia calificándola de «terrorista» equivale a negar derechos de los pueblos oprimidos reconocidos por las propias Naciones Unidas. En este contexto, la lucha de resistencia de los pueblos sometidos a dominación colonial y extranjera legitima, desde esta perspectiva, el recurso a los medios de que disponen, ya sean piedras, fusiles, cohetes o drones.
«Israel», por su parte, no puede invocar la legítima defensa para justificar una ocupación ilícita, un régimen de apartheid o la expulsión de los palestinos. Como potencia ocupante, tiene la obligación de proteger a la población civil, garantizar el suministro de alimentos, medicamentos y servicios sanitarios y facilitar la llegada de ayuda humanitaria de conformidad con los artículos 27, 55, 56 y 59 del IV Convenio de Ginebra. Ninguna alegación de seguridad autoriza el castigo colectivo, el desplazamiento forzoso ni la destrucción de las condiciones indispensables para la vida.
En julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia determinó que la continuidad de la presencia de «Israel» en el territorio palestino ocupado era ilícita y reafirmó la obligación de los Estados de no reconocer esa situación ni prestar ayuda o asistencia para su mantenimiento.
En septiembre de 2025, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas concluyó que «Israel» había cometido genocidio en Gaza. La Comisión señaló, entre otros actos, asesinatos, graves daños físicos y mentales, la imposición de condiciones de vida encaminadas a provocar la destrucción del grupo y la adopción de medidas destinadas a impedir los nacimientos.
El hambre impuesta, el desplazamiento forzoso y la destrucción de las condiciones necesarias para la supervivencia amenazan la continuidad misma de la vida palestina. Sin alimentos, agua, refugio ni atención médica, la muerte no se limita a los bombardeos. Calificar esta devastación de «daño colateral» deshumaniza a las víctimas y oculta las decisiones políticas que la hacen posible.
El tercer aniversario exige asimismo cuestionar la posición de las potencias que proporcionan a «Israel» armas, protección diplomática y apoyo material, en particular Estados Unidos. Ante los crímenes documentados y las obligaciones internacionales existentes, la continuidad de este apoyo exige respuestas y acciones concretas.
La resistencia palestina sigue viva en las familias que permanecen en sus tierras, en el personal sanitario que atiende a los heridos y en los periodistas que documentan los ataques. Persiste también en la preservación de la memoria, en la educación de los niños y en el rechazo a ser borrados. Reconocer esta determinación y esta capacidad de resistencia significa admitir que la devastación no puede extinguir el derecho de un pueblo originario a existir.
Tres años después, la solidaridad debe traducirse en consecuencias políticas. Debe ponerse fin a las ayudas que sostienen una ocupación ilícita; deben impedirse las transferencias de armas que contribuyan a la comisión de crímenes; debe garantizarse el acceso humanitario y deben respaldarse los esfuerzos encaminados a exigir responsabilidades a sus autores.
La sociedad civil debe exigir responsabilidades a los gobiernos, apoyar a las organizaciones palestinas y a las entidades humanitarias, proteger a quienes documentan y denuncian las violaciones y fortalecer las iniciativas de solidaridad pacífica y las campañas de boicot. La fatiga informativa no debe disminuir el valor de una vida humana. El compromiso con Palestina debe resistir todo intento de convertir la devastación cotidiana en algo normal o aceptable.
Tres años después de la Operación Diluvio de Al-Aqsa, «Israel» no posee derecho alguno a imponer el sometimiento de un pueblo ni a condenarlo a su desaparición. Palestina no pide permiso para existir: exige el fin de la ocupación y reivindica su derecho a determinar libremente su propio futuro.
Defender la vida palestina significa exigir el fin de los crímenes, reparación para las víctimas y el desmantelamiento de las estructuras que perpetúan la dominación.
La justicia no puede quedar subordinada a los cálculos políticos de los gobiernos ni a la impunidad de sus aliados.
