Riccardo Gasco - Samuele C. A. Abrami
El 25 de agosto, en el Palacio del Pueblo de Damasco, Mazlum Abdi anunció la disolución de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), que había comandado durante una década. Hablando primero en árabe y después en kurdo, Abdi declaró que la fuerza se había integrado en el ejército sirio y que dejaría de operar de manera independiente. Quince días antes, el Parlamento turco había aprobado una ley marco para el desarme del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). La organización está considerada desde hace tiempo como una organización terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y Türkiye, actores que durante décadas han librado una lucha implacable contra ella. En el espacio de apenas dos semanas, dos organizaciones armadas que Ankara ha considerado durante mucho tiempo como partes de un mismo problema de seguridad pusieron fin a sus actividades armadas.
Para Türkiye, esto no constituye únicamente una victoria en materia de seguridad. Es también una victoria política interna para el presidente. Según la interpretación predominante de la Constitución turca, el presidente Recep Tayyip Erdoğan solo podría volver a presentarse como candidato si se modifica la Constitución o si el Parlamento decide, durante su actual mandato, renovar simultáneamente las elecciones presidenciales y parlamentarias. El artículo 116 exige que una decisión de este tipo cuente con el respaldo de 360 de los 600 diputados de la Asamblea. Los partidos gobernantes no alcanzan por sí solos ese umbral. Sin embargo, los 56 diputados del Partido de la Igualdad y la Democracia de los Pueblos (DEM), de orientación liberal y próximo a la política kurda, podrían aportar los votos que faltan.
«Nevó sobre las montañas en las que confiabas»
En diciembre de 2024 comenzamos nuestro artículo publicado en War on the Rocks con este proverbio turco: «Nevó sobre las montañas en las que confiabas». La caída de Bashar al-Assad, aunque trajo consigo nuevos riesgos, parecía haber proporcionado a Ankara buena parte de lo que buscaba en Siria. Por encima de todo, la caída de Assad parecía haber eliminado la amenaza kurda a la posición de Türkiye en Siria. Türkiye es ahora más fuerte: mantiene relaciones más estrechas con el nuevo gobierno de al-Sharaa en Damasco y su posición regional ha mejorado. Sin embargo, las dinámicas que hicieron posible esta ventaja continúan siendo frágiles.
En 2024 identificamos correctamente la creciente interdependencia entre los factores internacionales, regionales e internos. Lo que no supimos prever fue la rapidez con la que estas presiones convergerían en una misma dirección ni hasta qué punto alterarían decisivamente el equilibrio. Entre la primavera de 2025 y agosto de 2026, dichas presiones se reforzaron mutuamente, en la medida en que Ankara abordó las cuestiones kurdas de Türkiye y Siria como un único problema de seguridad. Esta convergencia no ha dado lugar a un tratado, a un garante independiente ni a una protección constitucional. Lo que ha surgido es un acuerdo en torno a las armas; todavía no constituye una solución a la cuestión kurda y sigue siendo vulnerable a las fluctuaciones políticas y estratégicas que hicieron posible su aparición.
La aritmética de un tercer mandato
En Turquía, la presión ejercida sobre la oposición y la apertura hacia la política kurda forman parte de una misma estrategia. En mayo, un tribunal de apelación anuló la elección de liderazgo del Partido Republicano del Pueblo (CHP), la histórica pero desde hace tiempo atribulada principal formación opositora de Türkiye, y restituyó a un antiguo dirigente pese a la voluntad expresada por los miembros del partido. Ekrem İmamoğlu, el popular y políticamente hábil alcalde de Estambul, permanece encarcelado y sometido a proceso judicial desde marzo. En julio, el partido se fracturó y 91 diputados abandonaron sus filas. Estos golpes debilitaron al principal socio con el que el Partido de la Igualdad y la Democracia de los Pueblos podría haber formado una mayoría alternativa. La presión hizo que, para Erdoğan, una apertura hacia la política kurda resultara más útil y que, para los políticos kurdos, rechazarla se volviera más costoso.
La cuestión kurda ha sido durante mucho tiempo la «kriptonita» de la oposición. Cuando el Partido Republicano del Pueblo intenta ganarse el apoyo kurdo, se expone a ser acusado de negociar con terroristas; pero cuando se distancia de las reivindicaciones kurdas, pierde la posibilidad de construir una coalición capaz de alcanzar el poder. Las presiones de 2026 transformaron este dilema en una relación de dependencia al debilitar al partido y estrechar el camino de la oposición hacia el gobierno.
Los anteriores intentos de paz habían incrementado la popularidad del partido prokurdo al tiempo que le costaban al Gobierno el apoyo de sectores nacionalistas, precisamente cuando Erdoğan necesitaba una mayoría parlamentaria para instaurar un sistema presidencial ejecutivo. Las negociaciones amenazaban el proyecto constitucional que, en teoría, debían facilitar; por ello, el Gobierno terminó optando por las urnas. Erdoğan vuelve a necesitar ahora votos kurdos para alcanzar un objetivo constitucional, pero una oposición más débil y fragmentada ha invertido la estructura de incentivos. El Partido de la Igualdad y la Democracia de los Pueblos puede ahora contribuir al proyecto de Erdoğan sin convertirse necesariamente en el eje central de una coalición rival.
Aun así, Erdoğan ha mantenido cierta distancia. Los votos kurdos pueden resultarle útiles, pero asumir personalmente la responsabilidad política del proceso podría exponerlo a una reacción nacionalista. Esto es importante porque Erdoğan sigue dependiendo del Partido del Movimiento Nacionalista (MHP): su presidente, Devlet Bahçeli, puede abrir el espacio político necesario para las negociaciones, pero que Erdoğan asuma personalmente la autoría de las concesiones realizadas a los kurdos podría someter a la coalición a fuertes tensiones y alienar a los votantes nacionalistas que contribuyen a mantenerla unida.
La legislación confiere autoridad estatal a las concesiones sin convertir al presidente en su garante personal y, al mismo tiempo, le deja margen para tomar distancia si aumenta el coste político. Esta separación oculta también una divergencia en materia de políticas. Una encuesta realizada en junio reveló que el 68 % de los votantes del Partido de la Igualdad y la Democracia de los Pueblos se oponía a la continuidad de la presencia militar turca en Siria, frente al 38,2 % en el conjunto del país.
Pese a ello, las partes todavía pueden alcanzar un acuerdo: un acuerdo basado no en una visión compartida del país y de su pueblo, sino en intereses políticos de corto plazo.
Una alianza que terminó según su propio calendario
Washington comenzó a colaborar con las fuerzas lideradas por los kurdos en el noreste de Siria en 2014, y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), tras su creación en 2015, se convirtieron en el principal socio local de Estados Unidos. Esta alianza tenía un único objetivo declarado: derrotar al ISIS. Sin embargo, debido a sus vínculos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), Turquía se opuso enérgicamente a esta asociación y emprendió sucesivas operaciones militares contra las fuerzas kurdas en el norte de Siria.
Aun así, una década de cooperación entre los kurdos sirios y Washington acabó otorgando a esta alianza un significado político mucho más amplio. La trayectoria de las FDS en el campo de batalla convirtió el sistema liderado por los kurdos en el noreste de Siria, al que estos denominaban Rojava, en una causa de alcance internacional. Sus partidarios europeos hicieron suyas las reivindicaciones de este sistema en materia de democracia local y participación de las mujeres, y todavía en febrero de 2026 el Parlamento Europeo continuaba ejerciendo presión en favor de los derechos de los kurdos. Este respaldo alimentó las expectativas acerca de lo que aquella alianza podía llegar a proteger, pero nunca se transformó en una garantía de seguridad. Cuando Washington consideró cumplida la misión, las fuerzas estadounidenses abandonaron Siria en abril. El 24 de agosto, Estados Unidos retiró a Siria de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, dando así una nueva señal de su giro hacia el nuevo Gobierno central de Damasco.
Abdi llevaba años comprendiendo los límites de aquella asociación. En una entrevista concedida en enero de 2022, cuestionó que Washington vinculara su compromiso exclusivamente a la derrota militar del ISIS y sostuvo que las tropas estadounidenses debían permanecer hasta que se alcanzara una solución política. Su objeción ponía de relieve el problema fundamental: aspiraba a transformar una asociación antiterrorista en una garantía política.
Posteriormente, el llamamiento al desarme formulado por Abdullah Öcalan en febrero de 2025 ofreció a Abdi una vía para alejarse de la lucha armada y negociar con Damasco las condiciones de un acuerdo. Cuando los enfrentamientos amenazaron el noreste de Siria en enero de 2026, Öcalan instó a los dirigentes kurdos a combinar la resistencia con la diplomacia y a preservar el acuerdo de integración.
Muchos kurdos vivieron la retirada estadounidense como un abandono, y tenían motivos fundados para percibirla de ese modo. Sin embargo, la salida de Washington redujo sus opciones sin decidir por ellos. Mientras Öcalan presionaba en favor de una vía política, Abdi intercambió una posición militar vulnerable por un papel incierto dentro de las instituciones sirias. La política kurda en Siria pasó así de defender un territorio bajo el paraguas estadounidense a negociar competencias locales, derechos constitucionales y representación en Damasco. Estados Unidos nunca había prometido proteger la autonomía kurda, pero su presencia permitió a las FDS negociar como si semejante promesa existiera. Una vez que las tropas estadounidenses se marcharon, ya no quedó nada comparable.
Siria hizo aún más evidente esta diferencia. Entre 2013 y 2015, las fuerzas kurdas sirias adquirieron prestigio en Washington y en las capitales europeas gracias a su lucha contra el ISIS. Los actores kurdos en Türkiye consideraron que aquel éxito fortalecía su posición, mientras que el asedio de Kobane, en septiembre de 2014, trasladó la guerra siria al corazón de la política turca y profundizó la desconfianza. Siria amplió posteriormente el abanico de opciones de los kurdos. La retirada estadounidense y la disolución de las FDS han vuelto ahora a reducirlo.
Una ventana que se cierra
En diciembre de 2024 habíamos previsto que la inestabilidad regional incrementaría el valor estratégico de los actores kurdos. La guerra con Irán confirmó parcialmente aquella evaluación. Tras el comienzo de los ataques estadounidenses e israelíes a principios de 2026, los grupos armados kurdos iraníes establecidos en Irak ofrecieron a Washington algo de lo que carecía la oposición iraní en el exilio: redes organizadas que se extendían por Irán, Irak, Siria y Türkiye. Estos grupos despertaron el interés estadounidense como posible componente terrestre frente a Teherán, pero ese interés nunca se tradujo en el apoyo sostenido necesario para generar una verdadera capacidad de influencia política.
La Administración Trump discutió con grupos kurdos iraníes posibles operaciones en el oeste de Irán y pidió a dirigentes kurdos iraquíes que facilitaran el cruce de la frontera por parte de estos grupos. Los líderes kurdos de Irak se opusieron. Temían represalias iraníes y no querían verse arrastrados a una guerra terrestre. Funcionarios turcos también se pusieron en contacto con dirigentes kurdos y, según se informó, presionaron a funcionarios estadounidenses para que desistieran de una intervención. Para el 7 de marzo, Trump ya estaba diciendo a las fuerzas kurdas que se mantuvieran al margen; posteriormente, el ministro iraní de Asuntos Exteriores señaló que Ankara había contribuido a impedir la apertura de un nuevo frente. El episodio demostró que el valor estratégico de los kurdos había aumentado. Pero también reveló la rapidez con la que la cautela de los propios kurdos y la diplomacia turca podían limitar ese valor.
La transformación del campo de batalla redujo todavía más aquella oportunidad. En otro tiempo, las fuerzas guerrilleras podían recurrir al terreno, al ocultamiento y al paso del tiempo para resistir durante más tiempo que Estados considerablemente más poderosos. Los drones, los sistemas de vigilancia y las armas de precisión han debilitado ese modelo. Durante una década, Turquía ha empleado estas herramientas contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán en Irak y Siria, restringiendo la capacidad de la organización para ocultarse y reagruparse.
Ankara también actuó para impedir que el interés extranjero por las fuerzas kurdas se transformara en una relación permanente o que surgiera en el Kurdistán iraní una estructura semejante a Rojava. Sus contactos con Öcalan y la presión ejercida sobre el expediente sirio redujeron esta posibilidad antes de que una nueva crisis pudiera ampliarla.
En retrospectiva, resulta evidente que Öcalan y Devlet Bahçeli, socio de coalición de Erdoğan, ya habían percibido que se estaba produciendo la misma transformación. Mientras Öcalan declaraba que la lucha armada había dejado de ser viable, Bahçeli tendía una rama de olivo a los kurdos tanto dentro como fuera de Türkiye. Sus iniciativas partían de posiciones distintas, pero, en un momento de intensa presión estratégica, abrieron conjuntamente un canal político.
La inestabilidad incrementó el valor estratégico de los kurdos, pero Türkiye contribuyó a impedir que ese valor se transformara en una capacidad de influencia duradera. Cuando Bahçeli abrió un canal político en el ámbito interno, Ankara ya había reducido las alternativas regionales disponibles para los actores kurdos. La presión regional y la aritmética de la política interna comenzaban a reforzarse mutuamente.
La autoridad de Abdullah Öcalan como último límite
La amnistía limitada de Türkiye convirtió esta convergencia en un resultado concreto al vincular entre sí las vías turca y siria. La amnistía solo entra en vigor una vez que el Partido de los Trabajadores del Kurdistán y todas las organizaciones vinculadas a él hayan cesado sus actividades, se hayan disuelto y entregado sus armas. Antes de que el Consejo de Seguridad Nacional pueda poner en vigor la ley, las instituciones de seguridad turcas deben verificar que se han cumplido estas condiciones. Al incluir también a las organizaciones afiliadas, el Parlamento vinculó el destino de las Fuerzas Democráticas Sirias al retorno de los combatientes procedentes de Turquía. Este vínculo quedó incorporado a la legislación el 10 de agosto, quince días antes de que Abdi anunciara en Damasco la disolución de las FDS.
La ley definió qué significaba cumplir las condiciones, pero fue la intervención de Öcalan la que hizo posible un calendario tan comprimido. La autoridad que aún conservaba sobre comandantes que habían servido junto a él en Siria antes de su expulsión del país en 1998 le permitió, incluso después de décadas de encarcelamiento, orientar a los dirigentes kurdos hacia una línea común. De este modo, la apertura política en Türkiye y la integración militar en Siria pudieron avanzar de manera simultánea.
Sin embargo, esto constituye también una vulnerabilidad: la autoridad de Öcalan es personal y finita; no puede transferirse automáticamente a un sucesor ni institucionalizarse por sí sola.
La propia ley sigue dejando a Öcalan al margen del acuerdo que él contribuyó a hacer posible. Quienes cumplen cadena perpetua por delitos cometidos antes de 2005 quedan excluidos de su ámbito de aplicación. Por tanto, la liberación de Öcalan no constituye una condición para la reconciliación, sino que continúa siendo una reivindicación del Partido de la Igualdad y la Democracia de los Pueblos. En su llamamiento de febrero de 2025, Öcalan ya había renunciado a los Estados-nación separados, las federaciones, la autonomía administrativa y las «soluciones culturalistas». La ley había reducido los objetivos del Partido de los Trabajadores del Kurdistán antes de ofrecerle a Öcalan beneficio personal o institucional alguno.
Öcalan actuó, además, dentro de los límites definidos por la influencia de Türkiye sobre Damasco. Ankara contribuyó a determinar qué concesiones podía ofrecer el presidente Ahmed al-Sharaa. Los dirigentes kurdos obtuvieron cargos dentro del Estado sirio y derechos culturales, pero no pudieron conservar las instituciones mediante las cuales habían ejercido su propio gobierno.
El acuerdo sustituyó, por tanto, un orden paralelo liderado por los kurdos por una lucha por la influencia dentro de un Estado centralizado. Los límites exteriores de esa nueva realidad fueron definidos por el poder de Türkiye.
Sin embargo, ni Öcalan ni Abdi representan a una única base política kurda. El Consejo Nacional Kurdo no se incorporó a una plataforma común con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) y el Partido de la Unión Democrática (PYD) hasta abril de 2025, pero aquel acuerdo no colocó al Consejo bajo el mando de Abdi. La disolución tampoco eliminó las divisiones existentes en el seno de las FDS: el cambio de bando de algunas tribus árabes contribuyó al colapso de enero, mientras que las Unidades de Protección de las Mujeres (YPJ) se resistieron a perder su estatus diferenciado. Las distintas reacciones en el noreste demostraron que Abdi podía disolver una estructura de mando, pero no resolver la cuestión de cómo debían estar representados estos diferentes sectores.
El norte de Irak continúa formando parte del proceso. Allí se concentra buena parte de la presencia armada del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), y el primer acto simbólico de desarme, celebrado cerca de Sulaymaniyah, reunió a la inteligencia turca, el Gobierno Regional del Kurdistán, la Unión Patriótica del Kurdistán y el Partido de la Igualdad y la Democracia de los Pueblos (DEM). Nechirvan Barzani también ejerció labores de mediación entre Abdi y Damasco. Por consiguiente, el proceso de verificación depende de la cooperación tanto de Erbil como de Sulaymaniyah. Si alguna de las partes se retira, ni el llamamiento de Öcalan ni la legislación de Ankara podrían bastar para determinar si el desarme se ha llevado efectivamente a cabo.
Estas divisiones no modifican la reivindicación fundamental de los kurdos. Después de que el PKK retirara a sus combatientes a finales de 2013, exigió derechos constitucionales que ningún gobierno pudiera revocar. En agosto de 2026 volvió a definir el marco existente únicamente como un primer paso hacia la protección constitucional. Ankara, por su parte, ha mantenido también su antiguo enfoque. La legislación anterior se denominaba Ley para Poner Fin al Terrorismo y Reforzar la Integración Social. La actual lleva por nombre Ley para Reforzar la Solidaridad Nacional y la Integración Social. Ambas integran un movimiento armado en el sistema sin resolver el estatus constitucional de los derechos de los kurdos.
La comparación con 2015 permite comprender por qué la madurez de las condiciones no equivale necesariamente a su permanencia. Las presiones internas y externas pueden acercar a los actores y, posteriormente, volver a separarlos cuando cambia el equilibrio. La convergencia actual es real, pero sigue representando más una coyuntura favorable que un logro capaz de sobrevivir independientemente de las condiciones que lo hicieron posible.
Lo que aún falta en los acuerdos
El marco establecido en Türkiye continúa sujeto a determinadas condiciones. La ley suspende las penas durante periodos de supervisión de entre cinco y diez años y paraliza las investigaciones, pero estas disposiciones solo entran en vigor una vez que el Consejo de Seguridad Nacional publique su constatación de que el desarme ha sido verificado, algo que se espera después de su reunión de octubre. Las instituciones de seguridad turcas determinan si el desarme se ha producido, mientras que el Consejo decide cuándo podrán comenzar a ejercerse los derechos contemplados en la legislación. El Estado es, por tanto, al mismo tiempo parte y juez del proceso.
Siria ha realizado concesiones más visibles. Damasco concedió la ciudadanía a los kurdos que habían sido privados de ella por el régimen baazista, autorizó la enseñanza en lengua kurda y prometió altos cargos dentro del aparato estatal a dirigentes kurdos, entre ellos Ilham Ahmed. Estos avances son significativos, especialmente si se tiene en cuenta que los acontecimientos de enero podrían haber desembocado en una guerra de mucha mayor envergadura. Pero también ponen de manifiesto los términos de la reconciliación: Damasco ha sustituido la autonomía colectiva por cargos y derechos concedidos individualmente desde el centro. Hasta el momento, ninguna Constitución ha convertido esos derechos en garantías jurídicamente vinculantes.
Este vacío resulta especialmente importante porque el Estado sirio todavía no ha demostrado su capacidad para proteger a las minorías. Los ataques perpetrados por multitudes y las represalias continúan, los responsables rara vez se enfrentan a cargos judiciales y las nuevas estructuras de seguridad siguen estando integradas mayoritariamente por suníes. El personal procedente de las minorías suele desempeñar funciones administrativas o puestos sin armas. Un gobierno que todavía no ha demostrado ser capaz de proteger a alauíes, drusos y cristianos difícilmente puede garantizar los derechos de los kurdos únicamente mediante decretos.
La ausencia de un garante externo deja ambas vías en una situación de fragilidad. Durante las anteriores negociaciones de paz en Türkiye, los representantes kurdos habían solicitado la participación de terceras partes en el proceso, pero Ankara rechazó en 2015 incluso la comisión de seguimiento discutida en Dolmabahçe. Hoy, el órgano encargado del proceso en Türkiye está presidido por un vicepresidente; cuatro grupos de trabajo supervisan su aplicación; las instituciones de seguridad verifican el cumplimiento de las condiciones; y un consejo encabezado por el presidente adopta la decisión definitiva. De manera similar, Damasco controla tanto su propio proceso constitucional como la aplicación de sus propios decretos. Así, ambos acuerdos exigen que sea la misma parte que concede los derechos la que certifique que está respetando los derechos que ella misma ha otorgado.
El proceso constitucional sirio determinará si la reconciliación puede adquirir un carácter duradero. Este proceso podría transformar nombramientos y decretos en derechos capaces de sobrevivir a los intereses políticos que inicialmente los hicieron posibles. La presión estadounidense en favor de este tipo de garantías generaría fricciones con Ankara, que se opone tanto a la existencia de un mando armado kurdo independiente en Siria como a la autonomía territorial.
Sin embargo, la igualdad de ciudadanía, la educación en lengua kurda, la participación política y la existencia de gobiernos locales electos son compatibles con un Estado sirio unitario, respaldado tanto por Washington como por Ankara. La discrepancia es real, pero su alcance es más limitado que el de un desacuerdo fundamental en torno a la autonomía.
Washington debería definir en términos institucionales aquellas salvaguardias cuya aplicación pueda garantizarse. La Constitución siria debería consagrar la igualdad de ciudadanía, la educación en lengua kurda, la participación política y la existencia de gobiernos locales electos. Las leyes de aplicación deberían establecer plazos, presupuestos y mecanismos de recurso. Buena parte de la capacidad de influencia de amplio alcance de Estados Unidos ya se ha agotado: las sanciones generales terminaron en julio de 2025, el Congreso derogó la Ley César en diciembre de 2025 y Washington retiró a Siria de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo en agosto de 2026. Las facultades para conceder exenciones vinculadas a esa designación también han perdido gran parte de su valor. Lo que queda son las sanciones selectivas, las licencias para exportaciones controladas y la influencia estadounidense sobre el Banco Mundial y la financiación de los países donantes. Los proyectos destinados a fortalecer los ministerios centrales, el sector de la seguridad o las instituciones financieras del Estado deberían avanzar por etapas, condicionadas al cumplimiento de criterios de aplicación públicos y verificables.
La elaboración de informes no tiene por qué depender de Damasco. La ley de defensa correspondiente al año fiscal 2026 ya exige la publicación, cada 180 días y durante un periodo de cuatro años, de un informe presidencial sobre los derechos de las minorías y la aplicación del acuerdo de marzo de 2025. El Departamento de Estado debería recurrir a los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, a la sociedad civil siria, al Consejo Nacional Kurdo y a representantes locales árabes y kurdos, y publicar las pruebas recabadas en un anexo. Damasco puede contribuir al proceso, pero no debería ser quien certifique su propio cumplimiento de las condiciones establecidas.
La vía turca ofrece un margen de influencia considerablemente menor a los actores externos. Washington no puede condicionar una ley de amnistía de carácter interno, y que Estados Unidos asumiera públicamente la tutela del proceso podría reforzar el argumento de Ankara de que la política kurda está siendo dirigida desde el exterior. Por esta razón, las salvaguardias deben construirse dentro de la propia Türkiye: antes de que puedan comenzar a ejercerse los derechos contemplados en la ley, el Parlamento debería publicar los criterios de verificación, garantizar la revisión judicial, incorporar al proceso de seguimiento una participación multipartidista y de la sociedad civil, y publicar informes periódicos sobre su aplicación. El proceso de verificación en el norte de Irak debería incluir tanto a las autoridades de Erbil como a las de Sulaymaniyah. Estados Unidos y los gobiernos europeos pueden ejercer presión a través de canales privados para favorecer la adopción de estas medidas y respaldar mecanismos independientes de documentación, pero no pueden sustituir a un garante que Ankara se niega a aceptar.
Como reza otro proverbio turco, «con paciencia, hasta la uva verde acaba convirtiéndose en dulce». La paciencia ha contribuido a hacer posibles los acuerdos que hoy comienzan a tomar forma a ambos lados de la frontera; sin embargo, las decisiones políticas aún no han quedado consolidadas mediante garantías jurídicas. Los intereses internos, regionales e internacionales convergen ahora en una misma dirección. Han transformado tanto a Türkiye como a Siria. Y, sin embargo, todavía no han dado lugar a la paz. Hasta que el derecho y las instituciones sean capaces de mantener cohesionada la reconciliación cuando esos intereses cambien, la madurez de las condiciones seguirá siendo precisamente eso: una condición favorable, más que un logro consumado.
Riccardo Gasco es coordinador del Programa de Política Exterior del Instituto IstanPol, en Estambul, e investigador doctoral en la Universidad de Bolonia. Cuenta con más de nueve años de experiencia en investigación y trabajo de campo en Türkiye. Sus investigaciones se centran en la política exterior turca y en las relaciones estratégicas de Türkiye con Europa. Ha publicado trabajos sobre política exterior e interna de Turquía, la cuestión kurda, las relaciones entre Turquía y la Unión Europea, Oriente Medio y las relaciones transatlánticas.
Samuele C. A. Abrami, Ph.D., es investigador del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB). Anteriormente fue investigador del programa Mercator-Istanbul Policy Center. Obtuvo su doctorado en la Università Cattolica del Sacro Cuore de Milán, donde imparte clases en el programa de máster en Estudios de Oriente Medio de ASERI. Además de las políticas de Türkiye, sus investigaciones abordan cuestiones más amplias que vinculan la cuestión kurda con las dinámicas (geo)políticas de Europa y del Mediterráneo ampliado.
