El Imperialismo Estadounidense En América Latina: De La Doctrina Monroe a Maduro

En los últimos meses, la administración Trump ha intensificado una campaña de décadas contra el gobierno y el pueblo de Venezuela. Las renovadas amenazas de cambio de régimen, justificadas mediante acusaciones falsas o exageradas de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, dirige el narcoterrorismo contra Estados Unidos, funcionan como un pretexto conveniente para intervenciones más profundas y directas.

La reciente ola de ejecuciones extrajudiciales en alta mar, las órdenes impartidas a la CIA para iniciar operaciones encubiertas dentro de Venezuela, el despliegue de tropas estadounidenses en el Caribe, la reapertura de una base naval largamente cerrada en Puerto Rico y el estacionamiento del portaaviones USS Gerald Ford en la región constituyen acontecimientos llamativos, aunque en absoluto sorprendentes. No son sino las expresiones más recientes del prolongado esfuerzo de Washington por moldear el hemisferio de manera que consolide el poder estadounidense y proteja las ganancias de las corporaciones multinacionales occidentales.

Este proyecto oficial se remonta, como mínimo, a la Doctrina Monroe de 1823, cuando Estados Unidos proclamó unilateralmente a América Latina como su esfera exclusiva de influencia. Hoy, el resurgimiento de esta doctrina resulta abierta y manifiestamente peligroso. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, al reproducir el lenguaje de esta política bicentenaria, afirmó: «El hemisferio occidental es el vecindario de Estados Unidos, y lo protegeremos».

Las consecuencias de esta doctrina han sido desde hace tiempo evidentes: beneficios extraordinarios para una minoría y, para la mayoría, violencia, inestabilidad política, descomposición social y devastación económica. Aunque las ambiciones imperiales de Washington en el hemisferio han encontrado reiteradamente resistencia por parte de movimientos que desafían la hegemonía estadounidense, estos han sido empujados una y otra vez a la posición subordinada que se les asigna dentro de un orden capitalista global diseñado para servir a sus “buenos vecinos”.

No es casualidad que, a mediados de la década de 1970, América Latina se hubiera transformado en un hemisferio dominado por regímenes autoritarios de derecha respaldados por Estados Unidos. Países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay conformaron un bloque coordinado de juntas militares que convirtieron regiones como el Cono Sur en verdaderos laboratorios de represión. Con el apoyo directo de Washington, estos regímenes gestionaron la estructura conocida como la Operación Cóndor, que estableció una red transnacional de terrorismo de Estado. Las consecuencias fueron devastadoras: 50.000 personas asesinadas, decenas de miles de desaparecidos y cientos de miles torturados y encarcelados por supuestas o reales simpatías de izquierda.

Durante ese periodo, Venezuela logró en gran medida escapar a las más brutales expresiones de la intervención directa estadounidense en la región, en parte debido a los regímenes autoritarios previos de Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez, ambos respaldados por Estados Unidos. Esta situación cambió en 1998, cuando Hugo Chávez el predecesor de Maduro, considerablemente más popular asumió la presidencia e impulsó políticas centradas en la soberanía popular y el nacionalismo de los recursos. El objetivo era que las vastas reservas petroleras del país sirvieran a la población venezolana y no a corporaciones extranjeras. Desde entonces, Venezuela se convirtió en el objetivo más reciente de los esfuerzos de Washington por debilitar, disciplinar y, en última instancia, neutralizar a los gobiernos progresistas “problemáticos” de América Latina.

Para comprender plenamente el actual rumbo bélico de Washington en la región, es necesario volver a examinar episodios previos en los que Estados Unidos intervino violentamente y por medios antidemocráticos para moldear el destino político de los países del hemisferio. Tres casos resultan particularmente ilustrativos: Cuba, Guatemala y Chile. Considerados en conjunto, arrojan luz sobre la larga trayectoria del imperialismo estadounidense en América Latina y clarifican los peligros inherentes al conflicto actual.

El Ascenso Del Plattismo En Cuba

Cuba ha sido durante mucho tiempo una joya de la corona en el imaginario imperial de Washington. Ya en 1823, las élites políticas estadounidenses comenzaron a considerar la isla como indispensable para el futuro de Estados Unidos. El presidente John Quincy Adams describió a Cuba, entonces colonia española, como “indispensable” para los “intereses políticos y comerciales” del país, y advirtió ominosamente que, si la isla era separada por la fuerza de España y quedaba incapacitada para sostenerse por sí misma, “solo podría gravitar hacia la Unión Norteamericana”. Thomas Jefferson, de manera similar, calificó la adquisición de Cuba como “exactamente lo que necesitamos para completar nuestro poder como nación”. Bajo esta lógica, los presidentes Polk y Pierce intentaron en las décadas de 1840 y 1850 comprar la isla a España, aunque sus propuestas fueron reiteradamente rechazadas.

Estos esfuerzos coincidieron con una fase de rápida expansión territorial estadounidense, considerada tanto un designio manifiesto como una necesidad política y económica. Siempre que era posible, se preferían mecanismos aparentemente legales, como la compra de territorios. No obstante, cuando la fuerza militar ofrecía una vía más expedita para la adquisición territorial como en la guerra de agresión de 1848, mediante la cual Estados Unidos se apoderó de la mitad del territorio mexicano, esta se empleaba sin vacilación.

La oportunidad de materializar las ambiciones largamente sostenidas sobre Cuba y de proyectar a Estados Unidos como una potencia imperial de ultramar surgió con la guerra hispano-estadounidense de 1898. En ese conflicto, Washington intervino en levantamientos anticoloniales desde Puerto Rico hasta Filipinas, no para promover una auténtica liberación, sino para garantizar que cualquier “independencia” posterior quedara subordinada a sus intereses estratégicos y económicos. El resultado fue un orden político deliberadamente diseñado para mantener a Cuba estrechamente atada a las prioridades y al poder estadounidenses.

Este orden quedó codificado en la Enmienda Platt de 1901, que anuló de facto las garantías previas de soberanía cubana y otorgó a Washington el derecho de establecer bases militares incluida Guantánamo, ejercer un control extensivo sobre el tesoro cubano e intervenir en cualquier momento bajo la vaga justificación de proteger la “independencia cubana” o la “vida, la propiedad y la libertad individual”, según criterios definidos unilateralmente por Estados Unidos.

En la práctica, Cuba emergió de la guerra no como una nación soberana, sino como un protectorado dependiente. Este modelo se extendió rápidamente al resto del hemisferio, especialmente tras la formulación del Corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe en 1904, que otorgó a Estados Unidos la autoridad para “mantener el orden” en la región.

Durante décadas, este arreglo sirvió fielmente a los intereses de Washington en Cuba. En vísperas de la Revolución Cubana de 1959, las empresas estadounidenses controlaban el 90 % del comercio de la isla, el 90 % de sus servicios públicos, el 75 % de sus tierras cultivables y el 40 % de la industria azucarera. Mientras tanto, la inmensa mayoría de los cubanos vivía sin tierra, políticamente marginada y sumida en la pobreza.

Las profundas desigualdades generadas por este sistema hicieron de Cuba un terreno fértil para la revolución. En 1959, tras años de exilio y luego de que su intento de participar en las elecciones de 1952 fuera frustrado por el líder cubano respaldado por Estados Unidos, Fulgencio Batista, Fidel Castro regresó a la isla mediante la lucha armada y fue recibido con un amplio apoyo popular. En lugar de confrontar las políticas que habían dado origen a la revolución, los responsables estadounidenses decidieron convertir a Castro en un ejemplo aleccionador, lanzando una campaña obsesiva para socavar a su gobierno y castigar al pueblo que lo había llevado al poder.

Washington recurrió a todos los medios, desde invasiones fallidas hasta complots de asesinato, que culminaron en la crisis de octubre de 1962, cuando el mundo estuvo al borde de una catástrofe nuclear. Además, impuso un bloqueo económico punitivo destinado a asfixiar la economía cubana, aplastar el socialismo en ciernes y disuadir a otros países de desafiar la hegemonía estadounidense. Estas acciones eliminaron cualquier posibilidad de una relación constructiva que Castro había señalado inicialmente como viable, empujaron definitivamente a Cuba hacia la órbita soviética y produjeron precisamente el resultado que Washington afirmaba querer evitar.

La Caída De Guatemala

Castro no regresó solo a Cuba. Lo acompañaba el argentino Ernesto “Che” Guevara, quien se convertiría en uno de los principales ideólogos de la revolución y en un decidido impulsor de un movimiento antiimperialista de alcance global. Ambos se conocieron en Ciudad de México en 1955, cuando Castro organizaba su regreso desde el exilio y Guevara se había trasladado allí tras trabajar como médico en Guatemala, donde había apoyado la “primavera democrática” del presidente Jacobo Árbenz.

Esa experiencia democrática fue abruptamente truncada en 1954 con el derrocamiento de Árbenz mediante un golpe respaldado por Estados Unidos. Guevara extrajo de aquel episodio una lección indeleble sobre el alcance del poder estadounidense y la disposición de Washington a emplear la fuerza para proteger intereses corporativos. También comprendió hasta qué punto las intervenciones estadounidenses eran intrínsecamente antidemocráticas y desestabilizadoras en todo el hemisferio.

El golpe en Guatemala se llevó a cabo esencialmente para salvaguardar los intereses de la United Fruit Company, con sede en Boston, que constituía el verdadero centro de poder en el país. Fundada en 1899, la empresa había consolidado su posición mediante acuerdos con sucesivos caudillos que, a cambio de enriquecimiento personal, le cedieron vastas extensiones de tierra e infraestructuras estratégicas, convirtiendo a Guatemala en el arquetipo de una “república bananera”.

United Fruit dominaba los sectores agrícola e industrial del país y se convirtió en una de las empresas más rentables del mundo gracias a su poder monopólico, la contención salarial y la criminalización de la organización obrera. Su influencia llegaba a los niveles más altos de Washington: el secretario de Estado John Foster Dulles había sido socio principal del bufete Sullivan and Cromwell, que representaba a la empresa, y su hermano, Allen Dulles, director de la CIA, había sido miembro de su junta directiva.

Árbenz percibía a United Fruit no solo como una amenaza a la soberanía nacional, sino también como una maquinaria de injusticia. En un país donde el 2 % de los propietarios controlaba el 72 % de la tierra cultivable más de la mitad en manos de United Fruit y deliberadamente improductiva, millones de campesinos carecían del acceso mínimo necesario para subsistir. Su programa de reforma agraria se limitaba a tierras no cultivadas y contemplaba su adquisición al valor fiscal declarado por la propia empresa. United Fruit rechazó la propuesta, pues había subvaluado sistemáticamente sus propiedades para evadir impuestos.

Las políticas de Árbenz no eran comunistas, sino nacionalistas: buscaban liberar a Guatemala de la dependencia imperial. En sus propias palabras, su objetivo era “transformar a Guatemala de un país dependiente de una economía predominantemente feudal en un Estado capitalista moderno, elevando al máximo el nivel de vida de la gran mayoría de nuestro pueblo”. Sin embargo, en el clima ideológico de la temprana Guerra Fría, estas reformas de inspiración New Deal fueron interpretadas en Washington como prueba irrefutable de la implantación de una “cabeza de puente soviética” en Centroamérica.

En 1954, funcionarios estadounidenses insistieron en que no tenían “otra opción” que intervenir para impedir que el país “cayera” en el comunismo. El golpe subsiguiente combinó propaganda organizada, financiación de un ejército mercenario y bombardeos sobre Ciudad de Guatemala, lo que obligó a Árbenz a dimitir. En su discurso final, denunció los ataques como un acto de venganza de la United Fruit Company y renunció con la esperanza de preservar sus reformas, esperanza que pronto se reveló ilusoria.

El poder pasó rápidamente al régimen militar de Carlos Castillo Armas, y el presidente Dwight D. Eisenhower proclamó triunfalmente que “el pueblo de Guatemala, mediante un esfuerzo magnífico, se ha liberado de las cadenas del dominio comunista internacional”. En realidad, la influencia de United Fruit se expandió aún más y el país se hundió en décadas de terrorismo de Estado. La guerra civil posterior, librada con apoyo directo de Estados Unidos, dejó más de 200.000 muertos, incluido un genocidio contra el pueblo maya ixil.

El Aplastamiento Del Socialismo Chileno

Si Guatemala demostró la disposición de Washington a destruir una socialdemocracia moderada en nombre del anticomunismo y la defensa del poder corporativo, Chile evidenció la plena y violenta maduración del intervencionismo estadounidense durante la Guerra Fría. Cuando el médico socialista Salvador Allende fue elegido presidente democráticamente en 1970, Washington reaccionó de inmediato, iniciando una campaña encubierta y sostenida destinada a asfixiar a su gobierno antes de que pudiera consolidarse.

Allende buscaba ampliar el bienestar social y democratizar la economía mediante la nacionalización de sectores estratégicos, la expansión de la salud y la educación públicas, el fortalecimiento del movimiento obrero y la eliminación de la concentración monopólica de la tierra. Estas políticas contaron con el respaldo de una amplia coalición multipartidista de campesinos, trabajadores y clases medias. Sobre todo, su agenda pretendía recuperar la riqueza minera del país en particular del gigante cuprífero estadounidense Anaconda para ponerla al servicio del pueblo chileno.

El presidente Richard Nixon y su asesor de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, consideraron esto intolerable y percibieron a Allende no solo como un desafío simbólico, sino como una amenaza real al poder estadounidense en la región. Un Estado socialista elegido democráticamente podía demostrar que otro modelo político y económico era posible.

Siguió entonces una campaña coordinada de desestabilización económica, social y política. La CIA canalizó millones de dólares hacia partidos opositores, asociaciones empresariales y medios de comunicación, financió huelgas y disturbios y promovió la escasez para socavar la confianza en el gobierno de la Unidad Popular, con el objetivo declarado de “hacer gritar a la economía”. Al mismo tiempo, funcionarios estadounidenses alentaron planes golpistas dentro de las Fuerzas Armadas chilenas y respaldaron directamente el derrocamiento de Allende el 11 de septiembre de 1973.

El resultado fue una de las dictaduras más sangrientas del hemisferio en el siglo XX. El régimen del general Augusto Pinochet llevó a cabo torturas sistemáticas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, mientras economistas formados en Estados Unidos impusieron políticas neoliberales radicales que desmantelaron las protecciones sociales y abrieron la economía chilena al capital extranjero, políticas que encuentran eco hoy en experimentos similares en otros países de la región.

No Tocar A Venezuela

En cada ocasión en que Estados Unidos ha intervenido en América Latina con decenas de miles de muertos y la desestabilización de sociedades enteras, lo que Washington realmente temía nunca fue el comunismo. La preocupación central de los responsables políticos y de los intereses corporativos a los que servían era la posibilidad de que los países del hemisferio escaparan a un orden económico basado en la dominación estadounidense.

Cuando Hugo Chávez completó la nacionalización del sector petrolero venezolano en 2007, siguió una senda larga y peligrosa marcada por líderes regionales que se atrevieron a desafiar el poder de Estados Unidos. Al reivindicar la soberanía sobre los recursos nacionales en lo que Washington había considerado durante mucho tiempo su patio trasero estratégico, cometió lo que para Estados Unidos constituía un “pecado mortal”. Estos líderes demostraron, aunque fuera de manera efímera, que era posible resistir a Washington; pero también quedó claro que tal desafío sería aplastado con una fuerza abrumadora.

Las fuerzas independientes que intentan trazar su propio camino en este hemisferio representan una amenaza que Washington y Wall Street nunca están dispuestos a tolerar. Por esa misma razón, Estados Unidos vuelve hoy a maniobrar hacia un conflicto abierto en Venezuela. Avanzar por este camino implicaría, sin duda, reescenificar algunos de los capítulos más destructivos de la política exterior estadounidense. La lección del aventurerismo imperial en América Latina es inequívoca: cuando Washington interviene en otros países, el resultado nunca es la estabilidad ni la democracia, sino la negación absoluta de ambas.

• Eric Ross es organizador, educador, investigador y doctorando en el Departamento de Historia de la Universidad de Massachusetts Amherst. Es coordinador de la Red Nacional de Teach-Ins, apoyada por el RootsAction Education Fund.