Democracia, capitalismo y violencia: no todas las cosas buenas son compatibles entre sí

En una democracia, quienes detentan el poder económico, ideológico y militar incluida la capacidad de ejercer la violencia letal deben demostrar de manera constante un compromiso creíble e inequívoco con el respeto y la aplicación de las normas y los principios democráticos. De lo contrario, terminan socavando la legitimidad de esos mismos fundamentos. En la actualidad, la democracia atraviesa una situación de profunda fragilidad, tanto en los países ricos como en los países pobres.
noviembre 20, 2026
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Quisiera comenzar expresando mi agradecimiento a mis colegas del IEPRI por haberme concedido el privilegio de participar en este seminario conmemorativo de tan significativo aniversario.

Si antes no resultaba suficientemente evidente, la última década nos ha proporcionado abundantes pruebas de que la existencia de instituciones y organizaciones democráticas formales, es decir, de reglas institucionalizadas, no constituye garantía alguna frente a la violencia. Las formas democráticas de gobierno son mucho más frágiles de lo que sostienen los teóricos liberales e institucionalistas. Cuando los individuos y las organizaciones que concentran el poder económico, ideológico y militar —o, más precisamente, la capacidad de ejercer la violencia letal— dentro de una democracia no actúan conforme a sus normas y principios, el poder político ejercido por el Estado a través de sus funciones ejecutivas, legislativas y judiciales puede adquirir rápidamente un carácter autocrático y violento. Como he sostenido en otros trabajos sobre los «acuerdos políticos», estas dimensiones del poder constituyen los fundamentos de todo Estado. Cuando quienes las controlan dejan de respetar las reglas democráticas, la violencia comienza a legitimarse y a propagarse por toda la sociedad como instrumento para resolver disputas relativas a la propiedad, el acceso a los recursos y los servicios que consideramos bienes públicos. La propia definición de quién merece ser reconocido como ciudadano se convierte en un arma política. Al mismo tiempo, se legitima el recurso del Estado a la violencia contra aquellos sectores de la sociedad que padecen exclusión y discriminación sistemáticas.

Esto es precisamente lo que estamos presenciando con el ascenso o, quizá sería más adecuado decir, el resurgimiento de la política populista de derecha en Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido y buena parte de Europa. Sin embargo, durante la última década, estas tendencias también han comenzado a definir de manera creciente la política polarizada de numerosos países de ingresos bajos y medios, entre ellos Brasil, Argentina, India, Filipinas y Colombia. En otros muchos países en desarrollo, donde la llamada «tercera ola de democratización» apenas logró producir constituciones formales carentes de contenido sustantivo, los golpes militares han sido recibidos favorablemente por sectores significativos de la sociedad, como ha ocurrido en Malí, Níger, Burkina Faso y Pakistán.

¿Por qué sucede esto? ¿Y qué podemos hacer frente a este vaciamiento progresivo de la idea y la práctica democráticas, así como ante la proliferación de la violencia como instrumento para conquistar y ejercer el poder político?

En primer lugar, debemos reconocer que no existe ninguna inevitabilidad histórica que conduzca a las sociedades hacia formas de organización cada vez más democráticas mediante una progresión lineal. La realidad demuestra más bien lo contrario. La idea de que el cambio económico y el político avanzan necesariamente de manera conjunta, y de que el desarrollo económico va acompañado de una expansión de las libertades democráticas, nunca ha contado con fundamentos empíricos sólidos. Esta concepción fue difundida por los teóricos estadounidenses de la modernización, pero también estuvo presente en las teorías institucionalistas de Douglass North, tanto en sus primeras formulaciones como en sus trabajos posteriores, y en las de Acemoğlu, Johnson y Robinson. La expectativa de un avance lineal hacia la democracia también subyace al uso reciente, poco esclarecedor aunque aparentemente atractivo, del concepto de «retroceso democrático».

La expansión de la política democrática no coincidió necesariamente con el desarrollo económico en la mayoría de los países que experimentaron procesos de crecimiento acelerado durante la época moderna. Así ocurrió en Alemania entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, y también en Corea del Sur, Taiwán, China y Vietnam durante la segunda mitad del siglo XX.

Mi difunto colega Thandika Mkandawire estaba convencido de que la búsqueda de las libertades y las prácticas democráticas podía y debía convertirse en una fuerza impulsora del desarrollo africano. No fundamentaba esta convicción en los postulados filosóficos de Amartya Sen ni en su concepción del «desarrollo como libertad», sino en sus propias investigaciones empíricas acerca de cómo las formas autocráticas de gobierno habían obstaculizado profundamente el desarrollo del continente. Sostenía que la violencia y el carácter antidemocrático del colonialismo, seguidos por la colaboración de numerosos dirigentes africanos poscoloniales con los intereses del capitalismo global, debían afrontarse mediante la construcción de coaliciones nacionalistas democráticas quizá incluso alianzas interclasistas orientadas hacia un desarrollo acelerado.

Esta observación nos conduce al núcleo del argumento que deseo defender hoy: contrariamente a lo que predica la teoría liberal, no existe una coevolución espontánea entre democracia y desarrollo económico. La democracia solo puede surgir mediante una acción política consciente y deliberada. Podríamos afirmar que constituye un terreno de confrontación ideológica, una ardua disputa acerca de qué debe considerarse legítimo y qué no. Esta realidad se hace especialmente evidente cuando examinamos las contradicciones entre democracia y capitalismo.

La segunda dimensión de la fragilidad democrática reside, por tanto, en la tensión permanente entre los principios y las libertades democráticas y el funcionamiento efectivo del capitalismo. No se trata de una constatación novedosa, pero quizá sea necesario recordarla. El capitalismo ha amenazado constantemente aquellas libertades que, con toda razón, consideramos esenciales para la democracia:

– La libertad de celebrar elecciones justas y periódicas, una de las características más valiosas de la democracia porque permite a la sociedad sustituir a sus gobernantes, se encuentra amenazada desde hace mucho tiempo por la influencia determinante del dinero sobre los resultados electorales. Esto es tan cierto en Estados Unidos como en Filipinas. En la actualidad, esta amenaza ha alcanzado nuevas dimensiones con la intervención de multimillonarios tecnológicos, cuyos recursos financieros atraviesan fronteras para financiar campañas políticas.

– La libertad de expresión y la circulación de ideas, indispensables para la democracia, se ven constantemente restringidas por la propiedad privada de los distintos medios de comunicación, una situación que ha alcanzado extremos particularmente preocupantes con las redes sociales. El único contrapeso significativo frente al riesgo de que los medios se conviertan en simples portavoces de sus propietarios privados ha sido la actuación de los propios periodistas, organizados en asociaciones profesionales dentro de la sociedad civil, para defender los principios del periodismo independiente y la libertad de expresión.

– La libertad de asociación, otro atributo fundamental de la democracia, ha coexistido en permanente tensión con el poder de las corporaciones para desarticular sindicatos, organizaciones rurales, movimientos ambientalistas e incluso movimientos de solidaridad —como aquellos que se oponen a la anexión israelí de Palestina—, ya sea mediante el uso despiadado de la fuerza o mediante la compra de influencia legislativa.

– El derecho de los ciudadanos al debido proceso ante una justicia independiente ha sido obstaculizado por la desigual capacidad de los sectores más ricos para adquirir asesoramiento y representación jurídica especializada. El saqueo de los recursos nacionales por parte de la familia Marcos está ampliamente documentado; sin embargo, ninguno de sus integrantes pasó siquiera un día en prisión, mientras numerosos activistas campesinos fueron encarcelados. Hoy, la familia Marcos ha regresado al poder.

El poder de los capitalistas financieros, ejercido a través de los mercados de bonos, para restringir la democracia resulta visible en numerosos escenarios contemporáneos. Es precisamente el obstáculo al que se enfrenta Andy Burnham en sus intentos de revitalizar al gobierno laborista del Reino Unido frente al desafío de la extrema derecha. También pudimos observarlo aquí, en Colombia, durante el mes de junio, cuando el capital financiero respaldó a Espriella, conocido como «el Tigre», quien prometió aplicar recortes radicales al gasto social.

En tercer lugar, la democracia se ha visto profundamente debilitada, tanto en los países ricos como en los pobres, por cuatro décadas de neoliberalismo. Los avances conquistados tras la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial para limitar el poder del capital privado fueron revertidos de manera radical. La legitimidad de los principios democráticos sufrió un daño considerable al quedar identificados con la globalización del capitalismo. La socialdemocracia capituló prácticamente en todas partes ante los programas y las prácticas neoliberales. Esta evolución alimentó un cinismo generalizado hacia la democracia, tanto por las crecientes desigualdades de ingresos y oportunidades que afectan a amplios sectores de la población de los países democráticos como, sobre todo, por los privilegios acumulados por quienes habían ejercido el liderazgo político. Las fortunas obtenidas después de abandonar sus cargos por figuras como los Clinton, Tony Blair, Schmidt y numerosos otros defensores de la democracia contribuyeron a profundizar esta desconfianza. Más que cualquier otro factor, fue este desencanto con la democracia el que preparó el terreno para el ascenso de la política populista de derecha.

La cuarta causa de la fragilidad democrática, particularmente relevante para nuestro debate, es que las formas democráticas de gobierno nunca han sido inmunes a la violencia. Muchas de las democracias más ricas surgieron de procesos de despojo territorial, genocidio y saqueo colonial, cuyas consecuencias continúan manifestándose hasta nuestros días. La tiranía de la mayoría, tan elocuentemente descrita por los teóricos y defensores de la democracia, representa una amenaza permanente para el ejercicio pacífico de la política. La movilización electoral basada en identidades colectivas ha alimentado tanto la violencia contra las minorías como el recurso a la violencia por parte de grupos sistemáticamente excluidos, ya sea en defensa propia o como único medio que consideran disponible para hacer oír sus reivindicaciones.

La violencia desplegada más allá de sus fronteras por las democracias capitalistas, mediante una capacidad militar letal profundamente asimétrica, proporciona una sólida base empírica para cuestionar la idea de que la democracia constituye, por definición, la antítesis de la violencia. La lista de ejemplos es extensa: Vietnam, Filipinas, Indonesia, Guatemala, Chile, el Congo Belga, Palestina, Irán, Irak y Libia.

¿Qué conclusiones podemos extraer de todo ello? Permítanme plantear algunas reflexiones.

El ascenso contemporáneo de la política populista de derecha pone de manifiesto la fragilidad de la democracia y contribuye a legitimar la persecución de objetivos políticos mediante la violencia. Aunque el auge del movimiento MAGA en Estados Unidos, de Alternativa para Alemania (AfD), de Le Pen en Francia y de los Bolsonaro en Brasil no constituye una reproducción exacta del nazismo y del fascismo japonés que condujeron a la Segunda Guerra Mundial, las semejanzas resultan sorprendentes. Una de las razones por las que esto ha sido posible reside en la insuficiencia de la crítica histórica dirigida contra los movimientos fascistas del siglo pasado. La suposición de que el capitalismo favorece intrínsecamente la democracia es sencillamente falsa, y la historia de aquellos movimientos fascistas así lo demuestra. Tras la derrota de los regímenes fascistas, la urgencia por enfrentarse al socialismo relegó y silenció las críticas al poder empresarial que había colaborado con el fascismo. Las corporaciones que se beneficiaron de aquellos regímenes terminaron convirtiéndose en gigantes económicos dentro de las democracias liberales capitalistas. Hoy, en Alemania, el uso de símbolos y discursos nazis por parte de la extrema derecha ha llegado a adquirir legitimidad. Un análisis histórico más profundo y crítico del fascismo debería orientar las investigaciones contemporáneas sobre democracia y violencia.

Las personas anhelan la previsibilidad que puede proporcionar la paz y, cuando tienen la oportunidad, castigan a quienes perciben como responsables de perpetuar la violencia. La palabra decisiva aquí es «perciben». El poder ideológico reviste una importancia mucho mayor de la que muchos de nosotros habíamos reconocido anteriormente. Los seres humanos buscan explicaciones sencillas para problemas complejos; desean interpretaciones accesibles que les permitan comprender por qué el mundo es como es. Esta necesidad constituye uno de los fundamentos del poder ideológico, como observaron con agudeza Michael Mann y otros investigadores. El poder ideológico se nutre del deseo humano de creer en determinadas afirmaciones sin necesidad de pruebas. En el pasado, tendimos a analizarlo principalmente en relación con las grandes confrontaciones entre democracia y autoritarismo, o entre capitalismo y socialismo, mientras desatendíamos en gran medida las disputas ideológicas de la vida cotidiana: la lucha por definir qué comportamientos son legítimos y cuáles no. La confrontación en torno a la ideología y la legitimidad merece ocupar un lugar mucho más destacado en los estudios sobre la paz y los conflictos.

Hace algunos años publiqué un artículo sobre Filipinas titulado «La supervivencia de una democracia imperfecta». En aquel trabajo sostuve que uno de los resultados más importantes a alcanzar, al menos, una constitución formalmente democrática de manera semejante a la firma de un acuerdo formal de paz, consiste en crear un espacio institucional desde el cual las personas puedan organizarse para reivindicar sus derechos. Sin embargo, el desenlace no está predeterminado y depende, en gran medida, de la capacidad de acción de los actores y las organizaciones políticas.

No obstante, cuando los conflictos continúan planteándose en términos que Albert Hirschman denominó «indivisibles», es decir, bajo una lógica de «todo o nada», tanto la paz como la democracia permanecen en una situación de extrema fragilidad. Cuando la política se articula en torno a identidades de raza, región, lengua o religión, el margen para alcanzar compromisos se reduce considerablemente. Hirschman sostenía que la paz resulta más viable cuando los conflictos se reformulan en términos «divisibles», es decir, mediante una lógica de «más o menos», semejante a la posibilidad de repartir un pastel de diferentes maneras. Este enfoque abre espacios para la negociación y el acuerdo. Pocas cosas obstaculizan tanto la paz o debilitan de manera tan profunda la democracia como la formulación de los conflictos en términos absolutamente indivisibles.

La paz permanece expuesta a una profunda fragilidad cuando no aborda las causas sociales, económicas, securitarias e ideológicas que provocaron o perpetuaron los enfrentamientos violentos del pasado.

Si hay una idea que he procurado defender a lo largo de esta intervención, es que las formas democráticas de gobierno no constituyen un «estado final» al que las sociedades llegan de una vez y para siempre. En una democracia, quienes detentan el poder económico, ideológico y militar —incluida la capacidad de ejercer la violencia letal— deben demostrar de manera constante un compromiso creíble con la observancia y la aplicación de las normas y los principios democráticos. De lo contrario, terminan socavando la legitimidad de esos mismos fundamentos. Hoy, tanto en los países ricos como en los pobres, la democracia se encuentra en una situación de profunda vulnerabilidad.

Epílogo

En las semanas transcurridas desde esta conferencia se han producido tres acontecimientos especialmente alentadores de movilización democrática, que ponen de manifiesto la importancia decisiva de la organización y la acción políticas frente a las vulnerabilidades de la democracia. El 25 de octubre de 2026, los votantes brasileños desafiaron todos los pronósticos y acudieron por millones a las urnas en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, reeligiendo al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien derrotó al populista de derecha Flávio Bolsonaro. Ese mismo día, en Serbia, un movimiento juvenil movilizado derrocó al régimen autoritario de Aleksandar Vučić. En lugar de presentarse ellos mismos como candidatos al Parlamento, los estudiantes eligieron a profesionales de su confianza para desafiar a los herederos políticos de Slobodan Milošević, que controlaban la institución parlamentaria, y lograron derrotarlos de manera contundente. Sin embargo, debido a la ausencia de una organización política disciplinada, sigue siendo incierto que consigan transformar las estructuras del Estado autoritario.

El 4 de noviembre de 2026, durante las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, el Partido Demócrata asestó un duro golpe al presidente Donald Trump y al movimiento MAGA al conquistar el control de ambas cámaras del Congreso y lograr avances significativos en estados tradicionalmente considerados bastiones republicanos. En Texas, donde ningún candidato demócrata había sido elegido para el Senado durante décadas, James Talarico obtuvo una victoria contundente frente a su adversario vinculado al movimiento MAGA, pese a los millones de dólares que el multimillonario tecnológico Elon Musk destinó a financiar la campaña de este último. Del mismo modo, la organización política consiguió desafiar el poder del gran capital en Ohio, donde el demócrata Sherrod Brown resultó elegido a pesar de los millones invertidos por multimillonarios del sector de las criptomonedas para oponerse a sus intentos de regular esa industria. Por consiguiente, aunque la capacidad del capital para restringir y socavar la democracia no desaparecerá, la organización política consciente y deliberada puede imponerle límites.

En estas contiendas electorales, así como en otros contextos, entre ellos la India, los votantes jóvenes desempeñaron un papel fundamental en la movilización a favor del cambio. Su energía y sus aspiraciones pueden canalizarse hacia la confrontación con el populismo de derecha y el fortalecimiento de la democracia; sin embargo, para producir resultados duraderos, necesitan estructuras de organización política y programas de transformación cuidadosamente elaborados.

James Putzel es profesor de Estudios del Desarrollo y fue director del Centro de Investigación sobre Estados en Crisis (Crisis States Research Centre), desde donde dirigió el programa de investigación sobre Estados en Crisis financiado por el Departamento de Desarrollo Internacional del Gobierno del Reino Unido. Entre 1996 y 1999 fue miembro del Comité de Asia Sudoriental de la Academia Británica. Desde septiembre de 1999 hasta enero de 2001 se desempeñó como uno de los editores de la revista académica Journal of Development Studies, de cuyo consejo editorial continúa formando parte. Asimismo, entre 1999 y 2002 integró el consejo asesor del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres.

Fuente:https://blogs.lse.ac.uk/internationaldevelopment/2026/11/12/democracy-capitalism-and-violence-all-good-things-dont-go-together/