Tricontinental: Instituto de Investigación Social
Cuando un gobierno radical llega al poder con un mandato de transformación, a la mañana siguiente debe enfrentarse a bancos que permanecen en manos privadas, minas controladas por corporaciones, medios de comunicación dominantes de propiedad privada y una administración pública regida por procedimientos heredados. El capital puede aplazar inversiones, transferir fondos al extranjero, cerrar fábricas, acaparar bienes esenciales, despedir trabajadores y especular contra la moneda nacional. Los perjuicios ocasionados a la economía y a la población pueden presentarse entonces como prueba de la imposibilidad de cualquier transformación, mientras se responsabiliza al gobierno de una crisis provocada o agravada por fuerzas que escapan a su control.
Esta realidad pone de manifiesto un problema fundamental para la estrategia socialista. Acceder al gobierno puede constituir un paso decisivo hacia la transformación sistémica; sin embargo, confundir ambas formas de poder puede acarrear consecuencias profundamente perjudiciales. Resulta indispensable desarrollar un análisis riguroso de dónde reside el poder y de cómo interactúan sus distintas manifestaciones para evitar la reproducción de los patrones que han obstaculizado los procesos revolucionarios en diversas regiones del mundo.
Cuando un partido de izquierda accede al gobierno, una victoria electoral puede confundirse con un acontecimiento revolucionario, incluso cuando el aparato estatal en su conjunto, la economía y las instituciones que configuran el sentido común permanecen, en gran medida, fuera de su control. A la inversa, un movimiento socialista puede disponer de una considerable fuerza social sin lograr traducirla en autoridad gubernamental ni en transformaciones de las estructuras del Estado y de la economía. Mientras la clase dominante ejerce su poder mediante el control de la producción y de las estructuras que lo consolidan, la clase trabajadora construye su fuerza colectiva a través de huelgas, manifestaciones y organizaciones surgidas de la lucha. Utilizar una única palabra, «poder», para designar todas estas capacidades diferentes puede enturbiar la estrategia política. Por ello, en este dossier distinguimos tres formas interrelacionadas de poder como marco analítico para el debate y la reflexión:
– Poder social: es la capacidad organizada de una clase o bloque político para actuar colectivamente, reproducir las condiciones materiales de la vida y cuestionar el dominio que la clase dirigente ejerce sobre la sociedad. Se construye mediante instituciones de lucha y cooperación, como sindicatos, organizaciones campesinas y de mujeres, cooperativas, estructuras comunitarias, proyectos culturales y mediáticos, espacios de formación política y partidos políticos. A través de estas instituciones, una clase o bloque político puede disputar la configuración del sentido común y procurar establecer una dirección moral e intelectual sobre la sociedad.
– Poder gubernamental: es la capacidad de asumir la autoridad de gobierno mediante elecciones, insurrecciones u otras formas de ruptura política, y de utilizar las instituciones ejecutivas, legislativas y administrativas para llevar adelante un programa determinado. Proporciona acceso a importantes instrumentos de administración y formulación de políticas públicas, pero no equivale, por sí mismo, al control del Estado ni del sistema social en su conjunto.
– Poder sistémico: es la capacidad de transformar el carácter de clase y la configuración institucional del Estado, someter los principales medios de producción y el excedente social al control democrático y reorganizar las relaciones mediante las cuales la sociedad reproduce sus propias condiciones de existencia. Comprende el poder estatal, pero no puede reducirse a él, puesto que las relaciones sociales capitalistas se reproducen más allá de las instituciones formales del Estado —a través de la propiedad, las finanzas, el mercado mundial, las relaciones coloniales, la cultura y la reproducción social—, y muchas de estas relaciones trascienden el alcance de cualquier gobierno o Estado nacional considerado aisladamente.
Estas formas constituyen distinciones analíticas, no compartimentos aislados, y tampoco conforman una secuencia fija. Se entrelazan, evolucionan de manera desigual y pueden orientarse en direcciones contradictorias. El poder gubernamental puede convertirse en un puente entre el poder social organizado y la transformación sistémica, pero también puede debilitar la organización popular y favorecer su acomodación al sistema existente. Por consiguiente, la cuestión estratégica fundamental no consiste en determinar cuál de estas formas de poder reviste mayor importancia, sino en comprender cómo pueden articularse las tres dentro de un proceso de emancipación.
Poder social
La sociedad no constituye una mera suma de individuos. Nos formamos en el seno de relaciones e instituciones sociales históricamente determinadas: hogares y comunidades, lugares de trabajo y otros espacios de producción, escuelas e instituciones religiosas, organizaciones culturales y medios de comunicación, plataformas digitales e instituciones estatales. Estos ámbitos se encuentran profundamente entrelazados. Las escuelas y los medios de comunicación, por ejemplo, pueden estar organizados por el Estado, el capital u otras fuerzas sociales, mientras que los lugares de trabajo constituyen simultáneamente espacios de producción y escenarios de la vida social cotidiana. A través de estas relaciones e instituciones, las personas desarrollan concepciones acerca de lo que consideran natural o posible, legítimo o ilegítimo, así como de aquello a lo que pueden o deben oponer resistencia.
Las personas experimentan este mundo de maneras diferentes y se relacionan entre sí a través de vínculos desiguales de propiedad y producción: como propietarios del capital, trabajadores asalariados, campesinos, arrendatarios, acreedores, deudores o personas cuyo trabajo no remunerado sostiene la vida de los hogares y las comunidades. Estas relaciones de clase se entrecruzan con jerarquías históricamente heredadas de género, raza, casta, nacionalidad y otras formas de opresión. El poder social constituye la capacidad organizada para intervenir en este entramado y disputar su orientación.
Antonio Gramsci intentó captar una parte de este proceso mediante el concepto de hegemonía, inspirándose parcialmente en la obra de Vladímir Lenin y en debates anteriores de la tradición marxista.¹ Para Gramsci, la hegemonía no se reduce a la manipulación ideológica. Designa la capacidad de una clase o bloque político para ejercer la dirección de la sociedad mediante un consentimiento respaldado por la fuerza coercitiva del Estado, incorporando al mismo tiempo determinadas reivindicaciones de las clases subordinadas dentro de un compromiso más amplio. Una clase dominante presenta sus intereses no como intereses particulares, sino como si fueran los del conjunto de la sociedad. En la concepción ampliada del Estado desarrollada por Gramsci, este comprende tanto la sociedad política, donde se concentra la capacidad coercitiva, como la sociedad civil, donde se organiza el consentimiento. Gramsci describió esta relación mediante la expresión «hegemonía revestida de coerción».²
Ningún orden dominante puede sostenerse indefinidamente mediante la coerción por sí sola. Necesita convencer a sectores significativos de la población de que el orden existente es legítimo, inevitable o preferible a cualquier alternativa. Por esta razón, el poder capitalista se ejerce tanto mediante la propiedad de los medios de producción como a través de la organización de la vida social. La clase capitalista controla la inversión y el empleo, posee una parte considerable de los medios de comunicación e incorpora sus presupuestos ideológicos al derecho, la educación, las instituciones encargadas de formular políticas públicas, la publicidad y la cultura popular. El lenguaje contribuye a definir la realidad de acuerdo con la arquitectura del poder: la competencia se convierte en la «supervivencia del más apto»; la desigualdad se interpreta como resultado de las capacidades o incapacidades individuales; la pobreza, como un fracaso personal; la austeridad, como responsabilidad fiscal; la privatización, como eficiencia; y los ataques contra los derechos laborales, como reformas del mercado de trabajo.
El consentimiento no se produce únicamente mediante la persuasión explícita. Ludovico Silva utilizó el concepto de «plusvalía ideológica» para explicar cómo la comunicación de masas, la publicidad y el entretenimiento reproducen, en el plano de la conciencia, la adhesión al orden existente. Theodor Adorno describió un proceso relacionado mediante la noción de «mensaje oculto»: los presupuestos que subyacen al contenido explícito de una serie televisiva, un anuncio publicitario o una noticia pueden escapar al examen consciente y contribuir a configurar aquello que se percibe como normal, posible o deseable. Esto ayuda a comprender por qué la austeridad puede presentarse como una responsabilidad inevitable y no como una elección política. Las prácticas colectivas de organización, lucha e investigación permiten hacer visibles estos presupuestos, de modo que puedan ser cuestionados y superados.³
El poder social no posee únicamente una dimensión ideológica, cultural o simbólica: sus fundamentos materiales y organizativos resultan igualmente decisivos. Un fondo sindical que permite sostener una huelga, una cooperativa que organiza la producción, una asociación campesina que defiende la tierra, una cocina comunitaria que satisface necesidades sociales o una organización de mujeres que proporciona protección y formación política generan capacidades prácticas concretas. Estas estructuras permiten a las personas sobrevivir, negociar, coordinar acciones, ejercer formas de autoridad colectiva y construir relaciones de confianza, además de establecer una base para satisfacer sus necesidades fundamentales. Las cooperativas, por ejemplo, pueden convertirse en escuelas de autogestión y centros de poder social, aunque continúen condicionadas por los mercados, el crédito, el derecho de propiedad y la correlación general de fuerzas entre las clases.⁴ Solo contribuyen a una transformación sistémica cuando se articulan con un proyecto más amplio capaz de modificar esas condiciones. Como hemos sostenido anteriormente, estas instituciones pueden encarnar el «Todavía-No» del socialismo: anticipaciones materiales de relaciones sociales diferentes, en las que las personas trabajadoras desarrollan capacidades colectivas que apuntan más allá de la organización capitalista.⁵
La lucha por el poder social debe cuestionar tanto la fuerza material de la clase dominante como su capacidad para presentar sus intereses particulares como el sentido común de toda la sociedad. No puede hacerlo exclusivamente mediante la propaganda. Los movimientos socialistas construyen hegemonía a través de la lucha, la organización, la formación política y la creación de instituciones en las que las personas adquieren capacidades de análisis y acción. La praxis, entendida como unidad entre teoría y práctica transformadora, exige que las ideas se desarrollen, contrasten y perfeccionen mediante la acción. La línea de masas constituye uno de los métodos políticos destinados a materializar esta relación. Parte del aprendizaje de las experiencias y las ideas del pueblo, las articula mediante la investigación y el análisis político y las devuelve a la población en forma de un programa más definido para la acción colectiva. Posteriormente, dicho programa se pone a prueba en la práctica, se extraen las enseñanzas correspondientes y el proceso vuelve a comenzar. Por consiguiente, la línea de masas no consiste ni en imponer ideas desde arriba ni en glorificar la espontaneidad, sino en mantener un movimiento continuo entre la experiencia popular, el análisis político y la acción colectiva.
Los sindicatos no solo negocian salarios más elevados y mejores condiciones laborales; también pueden transformar la manera en que esas condiciones son comprendidas. A través de la lucha colectiva, los bajos salarios pueden dejar de percibirse como una desgracia individual para ser reconocidos como parte de un sistema más amplio de explotación, susceptible de transformación mediante la acción organizada de las masas. De manera semejante, las luchas por la vivienda y la educación pueden convertir preocupaciones privadas en cuestiones políticas. La organización contra la violencia de género ofrece otro ejemplo: puede demostrar que la violencia ejercida dentro de la familia y el hogar no constituye un asunto meramente privado, sino un fenómeno sostenido por jerarquías sociales como el patriarcado, que se entrecruzan con las relaciones de clase.⁶ Estas luchas y reivindicaciones inmediatas pueden convertirse en la materia prima a partir de la cual se desarrolla una conciencia política más amplia.
El poder social se fortalece cuando las luchas dispersas confluyen en un proyecto político común. Para ello se necesitan organizaciones capaces de conectar con la experiencia directa de la clase trabajadora y del campesinado, y de vincularla con un análisis de la totalidad social. Estas organizaciones acumulan la memoria histórica de las luchas y preservan las enseñanzas de momentos de indignación que pueden albergar un extraordinario potencial transformador, pero que también pueden resultar pasajeros. Millones de personas llenan las calles de El Cairo y Nairobi, Yakarta y Delhi, Buenos Aires y Quito, sin que necesariamente quede tras esas movilizaciones una capacidad organizativa duradera. A lo largo de más de un siglo, las clases dominantes de estos países han perfeccionado sus propios métodos: cooptar a determinados sectores de la dirigencia e incorporarles al bloque dominante, ofrecer pequeñas concesiones a los movimientos, dividirlos mediante la exacerbación de sus diferencias, desgastarlos mediante la espera y, cuando todo lo demás parece fracasar, recurrir a la represión para restablecer el orden.
Para que la movilización se transforme en poder social duradero, debe crear o fortalecer instituciones: sindicatos, organizaciones campesinas y de mujeres, cooperativas, movimientos culturales, centros comunitarios, escuelas de formación política, proyectos mediáticos y partidos políticos. Sin estas estructuras, incluso una indignación popular de dimensiones extraordinarias puede dejar tras de sí muy poca capacidad de acción una vez concluido el enfrentamiento inmediato. La tarea de la organización no consiste en pronunciar discursos desde fuera de los movimientos ni en celebrar simplemente su espontaneidad. Consiste en trabajar en su interior, aprender de sus experiencias, contribuir a identificar las fuerzas que producen sus condiciones de existencia y vincular sus reivindicaciones inmediatas con la estructura de la sociedad capitalista. La formación política se desarrolla en este proceso, pero no se limita a él. Los partidos y movimientos también crean deliberadamente espacios de investigación y aprendizaje: escuelas, cursos, grupos de estudio y otras modalidades de formación colectiva. En ellos, las personas pueden interpretar sus experiencias, profundizar su comprensión teórica, desarrollar capacidades organizativas y construir una orientación política compartida. La formación política, por tanto, está arraigada en la lucha y, al mismo tiempo, es objeto de una organización consciente.⁷
Sin embargo, las organizaciones populares no son inmunes a las relaciones que aspiran a superar. Cuando los organizadores, funcionarios o especialistas constituyen una capa burocrática separada de las bases, puede desarrollarse una nueva jerarquía dentro de la propia clase trabajadora. Por ello, las instituciones duraderas deben preservar la participación democrática, la crítica, la rotación de responsabilidades y la rendición de cuentas, en lugar de considerar que la organización constituye por sí misma una garantía contra la burocratización o la reproducción de las jerarquías. Su vitalidad democrática nunca está asegurada de antemano: depende del contacto permanente con las masas y de una formación política sistemática entre los cuadros.⁸
En gran parte del mundo, décadas de políticas de austeridad han erosionado los servicios públicos y las condiciones de vida de las comunidades trabajadoras. Frente a políticas y circunstancias que han vuelto cada vez más precaria la supervivencia cotidiana, han surgido movilizaciones populares de gran magnitud. Las revueltas árabes, Occupy Nigeria, el Estallido Social de Chile y la Aragalaya («Lucha») de Sri Lanka movilizaron, cada una a su manera, a millones de personas contra condiciones que se habían vuelto insoportables.⁹ Sus trayectorias divergentes advierten del peligro de confundir la movilización con un poder social consolidado. Cuando la organización permanente, un programa compartido y las instituciones independientes siguen siendo débiles, la energía de una movilización masiva puede canalizarse hacia un simple cambio de gobierno sin producir una modificación equivalente en la correlación de fuerzas entre las clases. El poder social adquiere permanencia cuando las clases populares disponen de instituciones mediante las cuales pueden formular reivindicaciones, coordinar acciones, formar a sus propios intelectuales, reproducir la vida colectiva e imponer límites a la clase dominante. Este poder puede existir antes de que un partido socialista acceda al gobierno. De hecho, sin él, una victoria electoral puede dejar prácticamente intacta la estructura subyacente del poder.
El poder social puede contribuir a defender las instituciones públicas, resistir golpes de Estado, impedir privatizaciones y transformar el vocabulario político y moral de una sociedad. No obstante, mientras el poder decisivo sobre la inversión, la producción y la tierra permanezca concentrado en manos del capital, y mientras las instituciones jurídicas y coercitivas continúen reproduciendo el orden de clase existente, el poder social seguirá encontrando límites estructurales. Puede cuestionar la dirección que la clase dominante ejerce sobre la sociedad, pero no transforma por sí solo las relaciones capitalistas de propiedad ni el carácter de clase del Estado.
Poder gubernamental
Desde el siglo XIX, los partidos obreros modernos y los movimientos de liberación nacional han buscado conquistar la autoridad gubernamental mediante elecciones, insurrecciones y guerras anticoloniales. Experiencias tan diversas como las revoluciones de Rusia, China y Cuba; la elección de un gobierno comunista en el estado indio de Kerala en 1957; la victoria de Kwame Nkrumah en las primeras elecciones presidenciales de Ghana en 1960; el gobierno de la Unidad Popular en Chile en 1970; y el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela en 1998 demuestran que la conquista de la autoridad gubernamental constituye un momento importante, aunque parcial, dentro de una lucha más amplia por el poder.
Pese a las enormes dificultades que afrontan los gobiernos de izquierda, tanto en el ámbito nacional como en el subnacional, no debe subestimarse la importancia del poder gubernamental. Los gobiernos recaudan y distribuyen una parte del excedente social, establecen presupuestos, designan funcionarios, administran servicios públicos, regulan la economía y adoptan decisiones que afectan al conjunto de la población. Los gobiernos de izquierda han incrementado salarios, reducido jornadas laborales, ampliado la educación y la atención sanitaria, redistribuido tierras, protegido a los arrendatarios, reconocido derechos de comunidades oprimidas y ensanchado los espacios de actuación de las organizaciones de la clase trabajadora. Una comida escolar, la protección frente a un desalojo o el aumento del salario mínimo pueden transformar la vida cotidiana. Las reformas conquistadas mediante la lucha constituyen avances materiales cuya defensa puede fortalecer la confianza de las clases populares en su propia fuerza colectiva y profundizar su comprensión de ella.¹⁰
Sin embargo, es necesario distinguir el gobierno del Estado y del sistema considerado en su totalidad. En su ensayo «Sobre la nueva democracia», Mao Zedong diferencia entre el carácter de clase del sistema estatal y la forma de gobierno mediante la cual se organiza el poder político.¹¹ Un cambio de gobierno puede modificar las políticas públicas y la composición de las instituciones ejecutivas o legislativas sin alterar el carácter de clase del Estado. En una transición revolucionaria, en cambio, el poder de clase y la forma institucional resultan inseparables: un nuevo poder de clase requiere instituciones a través de las cuales pueda organizarse y ejercerse.
La autoridad gubernamental coexiste, además, con otros centros de poder político: los tribunales, la burocracia permanente, la policía y las Fuerzas Armadas, los bancos centrales, los ministerios de Asuntos Exteriores y los cuerpos diplomáticos, las administraciones subnacionales y las instituciones que configuran la opinión pública. Los cargos ejecutivos y legislativos pueden estar abiertos a la competencia electoral, pero controlarlos no significa ejercer autoridad sobre la totalidad de este entramado. Jueces, generales, altos funcionarios, diplomáticos y responsables de bancos centrales pueden considerarse guardianes de un orden permanente y, en consecuencia, bloquear iniciativas legislativas, restringir la política económica o resistirse a un gobierno que amenace intereses consolidados. Este personal especializado no puede ser sustituido de la noche a la mañana, circunstancia que expone a los gobiernos de izquierda al sabotaje económico y tecnocrático, como quedó demostrado durante la huelga y el cierre patronal petrolero de Venezuela entre 2002 y 2003. En aquel episodio, las fuerzas opositoras, junto con directivos y técnicos de la empresa petrolera estatal Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA), paralizaron de facto la producción petrolera durante dos meses. Así, un gobierno de izquierda puede disponer de una autoridad gubernamental considerable y, al mismo tiempo, seguir enfrentándose a poderes económicos e institucionales que no controla. Por ello, el poder gubernamental no representa el final de la lucha, sino uno de sus principales escenarios.¹²
Actuar mediante instituciones heredadas entraña otro peligro. Para desempeñar sus funciones, los responsables políticos de izquierda deben aprender los procedimientos administrativos y adquirir competencias técnicas. Con el paso del tiempo, pueden interiorizar los presupuestos del Estado acerca de lo que resulta razonable y posible, hasta llegar a considerar que apaciguar a los acreedores, satisfacer a los mercados, aplazar reformas y traducir las demandas populares a formatos administrativamente manejables son exigencias inevitables del ejercicio del gobierno. No se trata simplemente de la historia de individuos débiles que abandonan sus convicciones. Las personas y las organizaciones son moldeadas por los entornos institucionales en los que actúan. La permanencia prolongada en el gobierno puede transformar una concesión temporal en hábito, el hábito en justificación y la justificación en una concepción política profundamente modificada.¹³
Un gobierno de izquierda se enfrenta a tres tentaciones interrelacionadas: la adaptación, la sustitución y el tutelaje.
– Adaptación: un gobierno se adapta cuando acepta progresivamente los límites impuestos por el sistema existente y termina convirtiéndose en administrador del mismo orden que había prometido transformar. La adaptación subordina el programa político a la correlación de fuerzas vigente.
– Sustitución: un gobierno comienza a sustituir la organización popular cuando presupone que, por actuar en nombre del pueblo, su propia actividad administrativa puede reemplazar la acción organizada de este. Se exige entonces a los movimientos que esperen, mantengan la disciplina o defiendan al gobierno sin cuestionarlo, mientras la iniciativa independiente de las masas empieza a percibirse como una amenaza.
– Tutelaje: un gobierno incurre en tutelaje cuando crea organizaciones presentadas como populares, delimita su ámbito de actuación, las financia y posteriormente las celebra como expresiones de la organización del pueblo. El apoyo público a la organización autónoma no constituye, por sí mismo, un problema. El peligro surge cuando las estructuras creadas o reconocidas por el Estado sustituyen a las organizaciones nacidas de la lucha, se vuelven dependientes de las directrices oficiales o se desmoronan cuando desaparece el respaldo gubernamental.
La experiencia chilena durante el gobierno de la Unidad Popular (1970-1973) constituye una manifestación especialmente elocuente de estas contradicciones. La victoria electoral permitió al gobierno emprender un ambicioso programa de nacionalizaciones y redistribución, mientras los trabajadores y las comunidades desarrollaban sus propias formas de organización y coordinación. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas, el poder judicial y la burocracia permanecieron en gran medida intactos, mientras que los medios privados y el capital nacional y extranjero conservaron una influencia considerable. Estas limitaciones internas se vieron reforzadas por la intervención imperialista estadounidense. Desde el comienzo, la administración Nixon trató de impedir que el entonces presidente Salvador Allende consolidara su poder; por su parte, la CIA financió clandestinamente a partidos de oposición, medios de comunicación y organizaciones empresariales, y trabajó para debilitar al gobierno de la Unidad Popular. La autoridad gubernamental, el poder popular organizado, el aparato estatal heredado, las fuerzas capitalistas nacionales y el poder internacional ejercido a través del Estado estadounidense interactuaron y entraron en conflicto dentro de un mismo proceso histórico. El golpe de Estado de 1973 no puede explicarse únicamente por una actuación insuficiente del gobierno ni por una movilización popular inadecuada. La experiencia chilena demuestra que la lucha por el poder gubernamental, el poder social y el poder sistémico se desarrolla simultáneamente en los planos nacional e internacional, y subraya por qué la relación entre estas formas de poder debe abordarse como una cuestión estratégica fundamental.¹⁴
Kerala ilustra un conjunto diferente, aunque relacionado, de limitaciones. En 1957, poco después de la constitución de Kerala como estado de la India, el Partido Comunista de la India obtuvo el mayor número de escaños en la asamblea legislativa estatal, y E. M. S. Namboodiripad, conocido popularmente como EMS, condujo a su partido al gobierno. EMS intentó utilizar las competencias disponibles para promover la reforma agraria, reorganizar el sistema educativo, fortalecer la protección laboral y ampliar el abastecimiento público de cereales alimentarios. Estas reformas se sustentaban en un movimiento comunista profundamente arraigado entre los campesinos arrendatarios, los trabajadores agrícolas y otros sectores organizados de las clases populares. Sin embargo, la autoridad gubernamental en Kerala estaba limitada por el sistema federal indio y por las competencias ejercidas en el ámbito nacional. En 1959, tras una prolongada campaña opositora, el gobierno de la Unión, encabezado por el Partido del Congreso, destituyó al consejo de ministros comunista en virtud del artículo 356 de la Constitución. La experiencia de Kerala demuestra, por tanto, tanto las posibilidades que se abren cuando el poder social organizado se transforma en autoridad gubernamental como los límites de esta última cuando el aparato estatal más amplio y el orden económico permanecen fuera de su control.
La cuestión no consiste en determinar si la participación en el gobierno es intrínsecamente revolucionaria o reformista. Lo decisivo es comprender cómo modifica la correlación de fuerzas: si fortalece la capacidad independiente de las clases populares, si absorbe al movimiento dentro de las instituciones estatales heredadas o si genera simultáneamente ambas tendencias en permanente tensión.
Desde esta perspectiva, el poder gubernamental alcanza su mayor potencial cuando fortalece el poder social y, al mismo tiempo, abre un camino hacia la transformación sistémica. Un gobierno de izquierda puede ampliar los espacios organizativos de trabajadores y campesinos, facilitar el acceso a la información, transferir recursos a las instituciones populares, someter las decisiones económicas al debate público y poner de manifiesto los mecanismos mediante los cuales el capital obstaculiza las reformas. Al actuar de esta manera, no se limita a impulsar reformas desde las instituciones gubernamentales, sino que utiliza dichas instituciones para contribuir a la formación de un bloque político más amplio de las clases populares, capaz de cuestionar el sistema establecido de poder capitalista.
La relación entre los movimientos y los responsables gubernamentales debe conservar su carácter dialéctico. Los movimientos no deben convertirse en prolongaciones del gobierno, pero tampoco pueden actuar como si las decisiones gubernamentales carecieran de importancia. Los gobiernos necesitan la presión popular para quebrar las inercias burocráticas y superar la resistencia de las élites; los movimientos, por su parte, necesitan políticas públicas y recursos colectivos para mejorar las condiciones de vida a gran escala y ampliar sus capacidades de lucha. Cuando los trabajadores y las comunidades se oponen a las decisiones de un gobierno de izquierda, pueden surgir conflictos. Sin embargo, una cultura política revolucionaria debe ser capaz de afrontar estas contradicciones sin interpretar la crítica como una forma de traición.
El poder gubernamental es valioso, pero también inestable. Está condicionado por las fuerzas acumuladas en la sociedad y opera dentro de estructuras estatales y económicas más profundas. Cuando las fuerzas sociales organizadas son débiles o prácticamente inexistentes, el poder gubernamental puede ser neutralizado y, si la conservación de los cargos adquiere mayor importancia que la defensa de un proyecto político independiente, puede terminar convirtiéndose en un instrumento de desmovilización. Por consiguiente, evaluar si resulta conveniente asumir el poder gubernamental en un contexto determinado, y bajo qué modalidades, exige considerar tanto los avances que pueden alcanzarse mediante el gobierno en materia de organización, condiciones materiales de vida y confianza de clase, como el grado en que una participación gubernamental prolongada puede conducir a los movimientos y a sus dirigentes a interiorizar la lógica del Estado capitalista. Ninguna fórmula puede resolver de antemano esta cuestión, pero tampoco es posible eludirla.
Poder sistémico
Con frecuencia, el Estado es descrito como un instrumento neutral que ejecuta el programa de quienquiera que resulte vencedor en las elecciones. Esta concepción es errónea. El Estado capitalista moderno no surgió en un vacío histórico. Sus leyes, formas de propiedad, procedimientos administrativos, instituciones coercitivas y concepciones del orden se desarrollaron conjuntamente con el capitalismo. Puede imponer restricciones a determinados capitalistas, regular los mercados, gravar la riqueza, establecer sistemas de bienestar social y nacionalizar industrias; de hecho, a menudo adopta estas medidas como resultado de las luchas populares. Sin embargo, limitar el poder de ciertos capitalistas no equivale a superar el poder capitalista. El Estado puede disciplinar a capitalistas individuales o a determinadas fracciones del capital precisamente para preservar las condiciones de acumulación y garantizar la continuidad del sistema capitalista en su conjunto.¹⁵
En el Sur Global, las relaciones que debe afrontar cualquier proyecto de transformación sistémica también han sido configuradas por la conquista colonial y sus consecuencias históricas. Las administraciones coloniales reorganizaron la tierra, el trabajo, la tributación, las fronteras, las categorías jurídicas y los mecanismos coercitivos para ponerlos al servicio de la extracción de recursos y de la dominación imperial. La independencia formal permitió establecer la soberanía nacional, pero no transformó automáticamente unas economías estructuradas en torno a la exportación de materias primas, la distribución desigual de la propiedad agraria, las jerarquías raciales y étnicas, la dependencia financiera exterior o unas instituciones administrativas desvinculadas de las clases populares. En estas condiciones, la transformación sistémica debe enfrentarse tanto a las relaciones de clase internas como a las estructuras internacionales y neocoloniales mediante las cuales aquellas se reproducen. Sus dimensiones de clase, nacional, anticolonial y antiimperialista son inseparables y no pueden concebirse como elementos accesorios añadidos a un modelo elaborado a partir de las experiencias de los centros capitalistas.
La historia ofrece numerosos ejemplos del funcionamiento de esta dinámica. Cuando las fuerzas anticoloniales conquistaron el poder estatal, muchas intentaron desmantelar las formas de dominación externa que Kwame Nkrumah denominó «neocolonialismo» y establecer una soberanía nacional efectiva. Sin embargo, sus trayectorias divergieron.¹⁶ Los procesos revolucionarios que desarrollaron proyectos explícitamente socialistas, como los de China y Vietnam, avanzaron todavía más al transformar las relaciones de propiedad y las instituciones estatales con el propósito de consolidar nuevas relaciones de poder de clase. En cambio, numerosos proyectos estatales surgidos de las luchas anticoloniales fueron posteriormente debilitados, derrocados o reorientados mediante golpes de Estado, crisis de deuda y programas de ajuste estructural respaldados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
En buena parte del Sur Global, la lucha por el poder apareció inicialmente no como un enfrentamiento de clases inmediatamente reconocible, sino como una confrontación entre una nación y las potencias extranjeras que la mantenían sometida. Los procesos desarrollados en países como Venezuela y en distintas regiones del Sahel, por ejemplo, comenzaron con el propósito de recuperar la soberanía nacional.¹⁷ Bajo la presión de la deuda, las sanciones, los mecanismos de protección de las inversiones extranjeras, el comercio desigual y la dependencia monetaria, la soberanía constituye, indudablemente, un terreno indispensable de lucha y una condición previa para la aplicación de programas transformadores.
No obstante, el poder imperial no opera exclusivamente mediante fuerzas externas. También actúa a través de las clases dominantes nacionales que se benefician de la dependencia, entre ellas determinadas fracciones del capital comercial y financiero, así como clases terratenientes cuyos procesos de acumulación están vinculados al capital extranjero. Las luchas que invocan la unidad nacional frente a la agresión exterior, pero evitan enfrentarse a las fuerzas de clase internas mediante las cuales se reproduce el poder imperial, posponen la cuestión fundamental de quién controla la producción, la tierra y los recursos nacionales. De este modo, pueden recuperar la soberanía sin transformar las relaciones de producción y limitarse a sustituir una élite vinculada a intereses extranjeros por otra de carácter nacional. La soberanía es, por tanto, necesaria para la transformación socialista, pero no puede sustituirla. Por esta razón, la lucha antiimperialista y la lucha de clases deben comprenderse como dimensiones entrelazadas de un mismo proceso histórico.
Las instituciones y los mecanismos financieros ocupan un lugar central en la arquitectura contemporánea del poder neocolonial. Las negociaciones sobre la deuda pueden convertirse en instrumentos para imponer políticas de austeridad y privatización, mientras que los bancos, los mercados de bonos y los inversores institucionales determinan si los Estados pueden acceder al crédito y bajo qué condiciones. Los acuerdos comerciales y de inversión pueden restringir todavía más el margen de actuación de los gobiernos. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPS), de la Organización Mundial del Comercio, establece normas internacionales de protección de la propiedad intelectual que pueden consolidar derechos monopolísticos sobre medicamentos, tecnologías e incluso variedades vegetales. Por su parte, el papel predominante del dólar estadounidense en el sistema internacional proporciona a Estados Unidos una capacidad de presión excepcional mediante una estructura financiera en la que las reservas, el comercio, la deuda y los pagos transfronterizos continúan denominándose mayoritariamente en dólares.¹⁸ Las agencias de calificación crediticia también pueden influir en el coste y la disponibilidad del financiamiento. Las corporaciones multinacionales, a su vez, ejercen un poder extraordinario gracias al control que mantienen sobre las cadenas mundiales de suministro, las tecnologías, las patentes y las inversiones.¹⁹
La transformación sistémica debe enfrentarse igualmente a la herencia colonial de economías que, con frecuencia, dependen de las rentas generadas por un único producto de exportación. Bajo un gobierno radical, el petróleo, los minerales y otros bienes exportables pueden proporcionar recursos para la redistribución y la inversión pública. Sin embargo, la dependencia de estos ingresos expone el proceso transformador a las caídas de los precios internacionales, las sanciones, el control extranjero del comercio y la tecnología, y la persistencia de una estructura productiva basada en la extracción de recursos. Las rentas pueden ampliar el margen de maniobra política sin transformar necesariamente la base productiva indispensable para sostener la soberanía.
Dentro de esta arquitectura del poder, los trabajadores reciben determinados derechos políticos como ciudadanos formalmente iguales ante la ley, mientras persisten las desigualdades económicas. En el ámbito de la producción, los capitalistas continúan siendo propietarios del capital o ejerciendo su control, y conservan la autoridad sobre las inversiones, la tecnología, el empleo y la organización del proceso de trabajo. Los trabajadores, por el contrario, dependen de la venta de su fuerza de trabajo para garantizar su subsistencia. La igualdad política formal posee una importancia real, pero, dentro de este marco, descansa sobre una estructura social caracterizada por la desigualdad económica.
El poder sistémico aspira a transformar esta arquitectura más amplia, inscrita en las relaciones mediante las cuales se organiza la vida material: la propiedad privada, el trabajo asalariado, las finanzas, la tierra, la reproducción social, la división del trabajo y el mercado. Esta arquitectura vincula el lugar de trabajo con el ministerio, al acreedor con el banco central, a la corporación con el tratado comercial, al Estado heredado con el mercado mundial. Aunque estas relaciones son productos históricos, terminan apareciendo no como construcciones sociales creadas por los seres humanos y susceptibles de transformación, sino como leyes naturales e inmutables que gobiernan la vida colectiva.
Una vía para superar esta contradicción consiste en introducir nuevas relaciones socialistas dentro de instituciones y estructuras productivas que todavía permanecen insertas en el viejo orden. Hugo Chávez denominó a este procedimiento «estrategia del injerto» (estrategia del injerto). Según su explicación, el injerto constituye una nueva unidad de propiedad social establecida como «centro de gravedad» dentro de una economía todavía dominada por el capital. Su propósito no es permanecer como un enclave aislado, sino irradiar su influencia «en todas las direcciones»: a lo largo de las cadenas de suministro, hacia los sistemas de distribución y hacia las escuelas, las viviendas y la vida comunitaria de su entorno. Chávez advirtió que, si se abandonaba a su suerte, el «mar del capitalismo» terminaría engullendo el injerto, ya fuera aplastándolo directamente o reincorporándolo a las relaciones capitalistas, incluso si conservaba formalmente su condición de propiedad social.²⁰ En esta experiencia, el poder gubernamental se utilizó para contribuir a la construcción del poder social, y ambos fueron orientados hacia la transformación sistémica.
En su búsqueda de la transformación sistémica, procesos revolucionarios tan diversos como los de Venezuela, la Unión Soviética y China se inspiraron en las enseñanzas de la Comuna de París de 1871. Como señaló Karl Marx, aquella experiencia demostró que la clase trabajadora no podía limitarse a apoderarse de la maquinaria estatal existente y utilizarla, sin modificarla, para alcanzar nuevos objetivos.²¹ Lenin desarrolló posteriormente este argumento en El Estado y la revolución.²² Para ambos, el problema no residía en la administración en sí misma —toda sociedad compleja requiere coordinación, información, registros, planificación y mecanismos colectivos de decisión—, sino en la separación de estas capacidades del control popular y en su concentración en un poder especializado situado por encima de la sociedad. Un proceso revolucionario se enfrenta, además, a una dificultad práctica: los movimientos que han desarrollado grandes capacidades de organización y lucha no poseen necesariamente las competencias técnicas y administrativas necesarias para dirigir instituciones complejas. Por ello, desarrollar estas capacidades sin renunciar al control popular constituye, en sí mismo, una dimensión esencial de la transformación sistémica.
Transformar el poder estatal exige, por consiguiente, mucho más que sustituir a ministros conservadores por ministros socialistas. Requiere democratizar la administración y enfrentarse a instituciones coercitivas que no son políticamente neutrales. La policía, las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad pueden necesitar ser sometidos a mecanismos democráticos de control popular, transformados desde su interior, sustituidos por nuevas formas de defensa popular o reconfigurados mediante una combinación de estos procedimientos. La transformación sistémica también exige reconstruir aquellas instituciones cuyas prácticas reproducen formas de dominación de clase, colonial, racial, de casta y patriarcal. La democracia no puede quedar reducida a la celebración periódica de elecciones: debe extenderse a la totalidad del proceso de gobierno, desde la identificación de necesidades y la deliberación sobre prioridades hasta la adopción de decisiones, su ejecución, la evaluación de resultados y la corrección de errores. La planificación democrática, por su parte, debe coordinar las necesidades y capacidades entre lugares de trabajo, regiones, sectores y generaciones, en lugar de dejar estas decisiones exclusivamente en manos de los ministerios, los especialistas técnicos o el mercado.
Sin embargo, si la producción permanece fuera del control democrático, la transformación política encuentra inevitablemente sus límites. Mientras las principales decisiones relativas a la inversión y la producción continúen bajo control privado, el capital conservará un poder determinante sobre qué bienes se producen, hacia dónde se dirigen las inversiones, qué tecnologías se desarrollan, qué trabajadores son empleados y qué actividades se abandonan por considerarse poco rentables. Un gobierno puede legislar en nombre del pueblo mientras la acumulación privada continúa gobernando las bases materiales de la existencia. Por esta razón, un proceso revolucionario debe socializar las grandes decisiones que organizan la vida colectiva. Ello puede requerir someter las finanzas, la energía, la minería, el transporte, las comunicaciones, la gran industria, la tierra y otros sectores estratégicos a un control público democrático. La propiedad pública puede resultar necesaria en estos sectores, pero no es suficiente. Una empresa estatal puede perpetuar las jerarquías laborales, los privilegios burocráticos y la exclusión de los trabajadores y las comunidades. La socialización debe extender la autoridad democrática a la producción, la planificación, la inversión y la distribución del excedente social. También debe garantizar la coordinación entre regiones y sectores, respetar los límites ecológicos y conciliar las necesidades inmediatas con las prioridades sociales y ambientales de largo plazo.
Las preguntas son concretas:
¿Quién decide qué debe producir una fábrica o una explotación agrícola?
¿Qué necesidades sociales reciben prioridad?
¿En qué condiciones se desarrolla el trabajo?
¿Qué consecuencias tiene la producción para las comunidades y los ecosistemas circundantes?
¿Quién controla el excedente y hacia qué fines se destina?
¿Qué grado de autoridad poseen los trabajadores en la planificación y la gestión?
No se trata de cuestiones administrativas secundarias. Son interrogantes que permiten determinar si la producción está siendo reorganizada en función de las necesidades humanas o si, por el contrario, simplemente ha pasado a ser administrada por una nueva capa dirigente.
La transformación sistémica también debe comprender la creación de nuevas instituciones de autoridad y participación popular. Históricamente, estas han adoptado formas diversas: comunas, sóviets y consejos, congresos populares, comités de aldeas y barrios, órganos consultivos, organizaciones de masas, frentes populares, consejos comunales y mecanismos de control popular y revocación de mandatos. Las comunas venezolanas ofrecen un ejemplo concreto de los esfuerzos por construir autoridad popular mediante la organización territorial, los recursos públicos y la producción colectiva dentro de un Estado y una economía más amplios que continúan siendo objeto de disputa. De este modo, las comunas contribuyen a construir el poder popular y a modificar la correlación de fuerzas necesaria para la transformación sistémica. Lo decisivo es determinar si estas instituciones permiten a las personas deliberar, decidir, ejecutar, supervisar y rectificar, y si su autoridad se amplía frente a la burocracia y el capital.
Las instituciones populares también pueden ser vaciadas de contenido por organizaciones que afirman actuar en su nombre. En una carta dirigida a Lenin en marzo de 1920, Piotr Kropotkin advirtió que los comités del partido estaban sustituyendo en la práctica a los sóviets y reproduciendo los defectos de la burocracia. La cuestión no consiste en contraponer la organización a la espontaneidad, sino en garantizar que los partidos, los funcionarios y los órganos administrativos sigan siendo responsables ante las instituciones en las que los trabajadores y las comunidades ejercen su iniciativa y autoridad.²³
El nuevo Estado continúa siendo un terreno de lucha. Los funcionarios pueden adquirir privilegios, los especialistas pueden aislarse del control democrático y las instituciones revolucionarias pueden distanciarse de las personas que les dieron origen. Como sostuvo Ernesto Che Guevara en sus reflexiones sobre la conciencia socialista y el «hombre nuevo», la autoridad política también puede contribuir a transformar la subjetividad humana. Sin embargo, semejante transformación no depende únicamente de la instrucción administrativa, sino de la participación consciente y de la construcción de nuevas relaciones sociales.²⁴
Un nuevo orden no puede borrar sin más las concepciones heredadas de autoridad, justicia, comunidad, liderazgo y obligación, pero tampoco puede aceptarlas sin modificaciones. Debe relacionarse críticamente con las formas culturales recibidas, preservar y transformar aquellas que puedan contribuir a un proyecto emancipador y, simultáneamente, cuestionar las jerarquías que contienen. Las tradiciones revolucionarias se han enfrentado reiteradamente a este problema. Los esfuerzos por desarrollar el marxismo en relación con las condiciones históricas de China, el llamamiento de Amílcar Cabral al «retorno a las fuentes» y a la reafricanización, y la insistencia de José Carlos Mariátegui en que el socialismo en América no debía ser «calco ni copia», sino una «creación heroica», plantean una misma interrogante: ¿cómo puede un proceso revolucionario nutrirse de tradiciones culturales vivas y, al mismo tiempo, transformar las relaciones de dominación arraigadas en ellas?²⁵
Por todas estas razones, el poder revolucionario debe medirse por la expansión permanente de las capacidades populares, reflejada en el desarrollo de una cultura revolucionaria. Un Estado no puede considerarse socialista simplemente porque enarbole una bandera roja o emplee un lenguaje revolucionario. Su carácter debe evaluarse a partir de realidades concretas:
¿Están adquiriendo los trabajadores y las comunidades una autoridad efectiva sobre la producción y la planificación?
¿Están conquistando los campesinos un mayor control sobre la tierra y la actividad agrícola?
¿Disponen las mujeres y las comunidades oprimidas de instrumentos institucionales para transformar la vida social?
¿Puede la población supervisar las instituciones públicas y corregir las políticas adoptadas?
¿Contribuyen las nuevas instituciones a reducir la separación entre gobernantes y gobernados?
El poder sistémico no es un aparato que pueda conquistarse de una vez y para siempre. Es la capacidad de transformar y reproducir continuamente las relaciones sociales bajo la dirección permanente del pueblo.
El poder como proceso
Las tres formas de poder social, gubernamental y sistémico no constituyen los peldaños de una escalera que todos los movimientos deban ascender siguiendo una secuencia predeterminada: se desarrollan simultáneamente y de manera desigual. En situaciones de crisis revolucionaria pueden surgir y coexistir centros rivales de autoridad política, una circunstancia que Lenin definió como «dualidad de poderes» durante la Revolución rusa. Las instituciones revolucionarias pueden ejercer su autoridad paralelamente a las estructuras del Estado existente y en competencia con ellas. Las bases revolucionarias establecidas en China ofrecen un ejemplo relacionado, aunque distinto: en territorios disputados entre las fuerzas revolucionarias y el orden establecido, la organización social, la autoridad armada, la administración, la reforma agraria y las nuevas instituciones políticas se desarrollaron conjuntamente. En otras circunstancias, el poder social puede fortalecerse mediante la organización legal, mientras que el poder gubernamental puede ampliarse a través de las elecciones; sin embargo, cuando las fuerzas establecidas obstaculizan las reformas, el conflicto en torno al poder sistémico puede intensificarse.
La relación entre estas tres formas de poder constituye el núcleo de la estrategia socialista:
– El poder social prepara a las personas para asumir las responsabilidades del gobierno mediante el desarrollo de la organización, el conocimiento, la confianza, la cooperación material y la unidad política. Sin una base suficiente de poder social, un gobierno de izquierda puede quedar aislado y verse obligado a retroceder o a alcanzar compromisos bajo la presión del capital, de los medios de comunicación hostiles y de las instituciones estatales consolidadas. Sin embargo, un poder social que carezca de una estrategia orientada hacia el gobierno y la transformación sistémica puede resultar incapaz de convertir su fuerza organizada en cambios sociales de mayor alcance.
– El poder gubernamental puede conquistar reformas, reorientar recursos, abrir espacios institucionales y poner de manifiesto los límites del orden heredado. Puede funcionar como un puente entre el poder social organizado y la transformación sistémica. No obstante, también puede contener a los movimientos, reducir sus expectativas y convertir a las organizaciones independientes en simples maquinarias electorales. Sin un poder social autónomo que lo respalde, el gobierno puede quedar aislado o ser absorbido por el orden existente; y, si no se enfrenta a las estructuras del poder sistémico, sus reformas permanecerán condicionadas por mecanismos que escapan a su control.
– El poder sistémico se ejerce mediante la transformación de la propiedad, la producción, el Estado y el conjunto más amplio de relaciones a través de las cuales se reproduce la dominación capitalista. Sin embargo, la transformación sistémica depende de la existencia permanente de un poder social capaz de mantener las nuevas instituciones bajo dirección popular, así como de instituciones políticas capaces de organizar y administrar las relaciones sociales transformadas. Sin estas condiciones, la transformación sistémica puede engendrar un nuevo poder situado por encima de las mismas personas en cuyo nombre afirma actuar.
Por consiguiente, la estrategia política debe formular preguntas concretas, en lugar de deducir la existencia del poder a partir de los cargos institucionales, las leyes o las consignas:
¿Una lucha determinada deja a las personas mejor organizadas, políticamente más capacitadas y en mejores condiciones materiales que antes?
¿De qué manera modifica una reforma la correlación de fuerzas entre las clases populares y el capital?
¿Una victoria electoral amplía la participación popular o reduce progresivamente la política a una actividad reservada a ministros y funcionarios?
¿Un programa público transfiere autoridad a los trabajadores y las comunidades o la concentra en una burocracia que no rinde cuentas?
¿La nacionalización somete la planificación, la inversión y el excedente social al control democrático o se limita a sustituir a un propietario privado por un administrador designado por el Estado?
¿La cooperación internacional amplía la soberanía colectiva o reproduce las relaciones de dependencia?
¿Las nuevas instituciones permiten al pueblo criticar a sus dirigentes, corregir el rumbo de las políticas y revocar o destituir a los representantes que abusan de su autoridad?
Estas preguntas contribuyen a evitar dos errores contrapuestos. La ilusión electoral confunde el control del gobierno con el control del sistema; la impaciencia revolucionaria, por su parte, rechaza las reformas, las elecciones y las victorias parciales porque no eliminan inmediatamente el capitalismo. Las reformas pueden contribuir a construir poder social cuando crean instituciones duraderas, fortalecen la confianza política y esclarecen los antagonismos de clase. Las elecciones pueden favorecer el avance de la política revolucionaria cuando amplían la participación y revelan los límites de las instituciones existentes. El poder gubernamental puede convertirse en un puente hacia la transformación sistémica cuando la autoridad pública se utiliza para debilitar el poder del capital y fortalecer las capacidades autónomas del pueblo.
El poder no es un objeto depositado en un parlamento, un ministerio o un palacio presidencial. Es una relación entre fuerzas sociales que se reproduce a través de las instituciones y de la vida cotidiana. La clase dominante no es poderosa únicamente porque controla los medios de producción y ejerce su influencia mediante el aparato coercitivo y las demás instituciones estatales, sino también porque la propiedad privada, el trabajo asalariado, el derecho, la educación, la cultura y las instituciones de reproducción social perpetúan constantemente las relaciones sociales sobre las que descansa su dominio. La clase trabajadora, por el contrario, no adquiere poder mediante simples proclamaciones, sino desarrollando capacidades prácticas para organizar la producción, sostener las comunidades, generar conocimiento, construir alianzas, gobernar la sociedad y defender un nuevo orden.
Todo orden dominante se presenta a sí mismo como permanente. Sus leyes parecen más antiguas que la propia historia; sus instituciones, más sólidas que la piedra; y sus desigualdades, componentes inseparables de un supuesto orden natural. Sin embargo, todo orden social es una creación humana. Aquello que ha sido construido por los seres humanos también puede ser reconstruido por ellos.
La verdadera medida del socialismo no reside en el color de la bandera que ondea sobre un edificio gubernamental, sino en la capacidad cada vez mayor de las personas comunes para configurar sus propias condiciones de existencia, sostener la vida colectiva, participar en la planificación del conjunto de la sociedad, gobernar sus comunidades, exigir responsabilidades a sus dirigentes y decidir sobre su destino compartido. La tarea no consiste simplemente en sustituir a quienes controlan la vieja maquinaria del poder, sino en transformar las instituciones y las relaciones sociales a través de las cuales este se ejerce, dotando al poder popular de una expresión democrática sólida y perdurable. Ese es el horizonte emancipador: un pueblo que aprende a gobernarse a sí mismo y que, en el transcurso de ese aprendizaje colectivo, descubre también cómo construir un mundo nuevo.
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