La deslegitimación del voto árabe en Israel

La cuestión que se plantea ante el centro liberal no es si está dispuesto a defender la democracia cuando sus propios derechos se ven amenazados. Las movilizaciones de la calle Kaplan ya han ofrecido una respuesta inequívoca. La verdadera pregunta es si ese mismo sector está dispuesto a defenderla cuando ello exige reconocer plenamente el poder político de los ciudadanos árabes y su legítimo derecho a ejercerlo. No se trata de una cuestión secundaria ni periférica en la lucha por la democracia israelí. Por el contrario, constituye, en gran medida, la prueba decisiva de su autenticidad y de su compromiso con una democracia verdaderamente inclusiva.
noviembre 19, 2026
image_print

Sobre la ceguera liberal y la negación de la igualdad ciudadana

La incertidumbre política en Israel se ha profundizado tras unos resultados electorales que no han arrojado un desenlace concluyente. Desde los comicios, la derecha política ha intentado deslegitimar el éxito electoral sin precedentes de los ciudadanos árabes, cuyos representantes obtuvieron 19 de los 120 escaños de la Knéset. La derecha se ha cohesionado en torno a la campaña de Netanyahu sobre el supuesto «robo electoral», presentando la participación de los árabes en el Gobierno como una forma de apoyo traicionero al terrorismo y a la islamización. Inmediatamente después de las elecciones, el Shin Bet abrió una investigación sobre presuntas irregularidades electorales en el sector árabe. Según diversas informaciones, el director del organismo pretendía interrogar a todos los dirigentes de los partidos árabes, una iniciativa que habría sido bloqueada por un veto sin precedentes del fiscal general. Sin embargo, incluso dentro del denominado «bloque del cambio», los partidos árabes siguen sin ser reconocidos como socios legítimos de una coalición: una formación de centroderecha los excluye expresamente, lo que hace prácticamente imposible constituir una coalición estable, mientras que el partido del principal candidato, Gadi Eisenkot, también rechaza desarrollar una campaña basada en una alianza política con ellos. Las principales cadenas de televisión, los canales 11, 12 y 13, refuerzan esta exclusión mediante un discurso que presenta a los partidos árabes como actores intrínsecamente poco fiables y exige su adhesión a los valores nacionales dominantes como condición para reconocer su legitimidad. Un estudio de uno de los principales programas de actualidad del Canal 13, supuestamente el más liberal de los grandes medios israelíes, identificó, en apenas diez días entre el 27 de octubre y el 7 de noviembre, al menos 45 manifestaciones de discurso de odio, incitación, deslegitimación y retórica racista contra los árabes. Aproximadamente dos tercios de ellas fueron pronunciadas por los propios presentadores del programa.

Esta campaña de deslegitimación trasciende los límites de la derecha y refleja un consenso más amplio en el centro político judío, un consenso que permite comprender los fundamentos sociales y políticos más profundos de la regresión democrática en Israel.

La ceguera liberal ante la regresión democrática en Israel

Numerosos israelíes, así como observadores internacionales, interpretan la prolongada crisis democrática de Israel como una confrontación entre dos bloques políticos. Desde 2023, la imagen emblemática de esta crisis ha sido la iniciativa de «reforma judicial» impulsada aquel año por Yariv Levin, ministro de Justicia del Likud, y la inmediata respuesta cívica del campo liberal en ocasiones denominado izquierda mediante las manifestaciones de la calle Kaplan, en Tel Aviv. Según esta interpretación, la regresión democrática constituye una lucha entre un bloque decidido a desmantelar la democracia y otro empeñado en defenderla. Sin embargo, cuando se examina la regresión democrática israelí como un proceso social desarrollado en el seno de la sociedad judía, emerge una característica distintiva: durante buena parte de este periodo, la derecha y el centro político han permanecido, en realidad, del mismo lado.

Contrariamente al relato predominante en la opinión pública israelí, el fenómeno que la literatura académica denomina regresión democrática comenzó en Israel mucho antes de 2023. Al menos desde 2015, el país ha experimentado un proceso de deterioro, inicialmente iliberal y posteriormente antidemocrático. Su característica definitoria ha sido su progresión desde los márgenes hacia el centro. En Israel, los márgenes están constituidos por las minorías y los grupos políticos excluidos del poder, que fueron los primeros en soportar las consecuencias de estas medidas. El centro, por su parte, representa la corriente política dominante de Israel e incluye también al centro liberal que se manifiesta en la calle Kaplan. Durante la mayor parte de este periodo, dicho centro se negó obstinadamente a reconocer que su país estaba atravesando un proceso de regresión democrática. Mientras el deterioro no lo afectara directamente, parecía no constituir una preocupación relevante. Más aún, sectores importantes de este campo compartían algunas de las premisas que orientaban a la derecha e incluso, en ocasiones, consideraban que esta estaba realizando determinadas tareas en su nombre. Por ejemplo, la afirmación de que «los asentamientos constituyen la primera línea de defensa» no expresa únicamente una posición belicista. Refleja una visión histórica y política más amplia que permite a determinados sectores del centro identificarse con las políticas y los supuestos de la derecha, incluso cuando mantienen discrepancias con ellos.

Hacia 2018, los patrones de deterioro democrático en Israel ya podían compararse con los observados en Hungría y Polonia y, sin duda, también en India, Estados Unidos y Brasil. Las campañas etnonacionalistas de Netanyahu, incluida la deslegitimación de sus adversarios políticos, formaban parte de un proceso cuyos rasgos fundamentales ya resultaban reconocibles. Sin embargo, las élites israelíes de centroizquierda no lograron identificarlo. Algunas permanecieron instaladas en la negación. Otras, especialmente los dirigentes políticos ajenos al bloque de Netanyahu y los líderes de opinión de su entorno, evitaron deliberadamente adoptar este marco interpretativo. Les incomodaba definir a Israel como un país inmerso en un proceso de regresión democrática. Tal caracterización resultaba incompatible con la imagen nacional de Israel como Start-Up Nation, con la percepción que el centro liberal tenía de sí mismo y con los intereses institucionales y políticos asociados a esa identidad. Netanyahu seguía siendo considerado alguien «con quien se podía negociar», un adversario político susceptible de ser derrotado en las siguientes elecciones, y no el dirigente de un proceso que estaba transformando de manera persistente la naturaleza del régimen.

No obstante, en 2023, cuando un gobierno de derecha consiguió reunir a todas sus facciones en torno a un proyecto radical, iliberal y antidemocrático, surgió dentro del bloque liberal-centrista un reconocimiento generalizado de la naturaleza del proceso. En otras palabras, el centro hegemónico israelí solo parece reconocer la regresión democrática cuando esta alcanza directamente sus propios intereses. Durante el resto del tiempo, niega lo que ocurre ante sus ojos y, en ocasiones, incluso lo consiente silenciosamente. Esta distinción entre la ceguera liberal frente al deterioro democrático y su reconocimiento tardío resulta especialmente importante para comprender la reacción que estamos presenciando actualmente ante los votos emitidos por los ciudadanos árabes de Israel.

¿Un momento (anti)constitucional?

La movilización electoral de los ciudadanos árabes en 2026, que representan aproximadamente el 20 % de la población israelí, constituye un acontecimiento capaz de transformar la política del país. En determinados aspectos, podría señalar la culminación de un «momento constitucional»: un acontecimiento que modifica no solo el equilibrio de poder entre los partidos, sino también los supuestos sobre los que descansan el orden político y la propia ciudadanía. La amplia participación de los ciudadanos árabes está reconfigurando la disposición estratégica de los bloques políticos israelíes. Cuestiona la presunción de una superioridad natural de la derecha y podría hacer posible una mayoría estable y duradera de centroizquierda. La trascendencia de este voto va mucho más allá de la aritmética parlamentaria. Tras un prolongado periodo de represión del espacio público árabe desde el 7 de octubre, la decisión de los ciudadanos árabes de reincorporarse masivamente a la política electoral incluso cuando esa participación constituye, en parte, una forma de protesta posee por sí misma una extraordinaria importancia democrática. Después de ver restringidos sus espacios públicos y limitadas sus posibilidades de expresar la disidencia política, han optado por regresar a la participación política y, en algunos casos, por renovar su confianza en las instituciones políticas del Estado.

Es precisamente esta posibilidad la que suscita temor en determinados sectores de la opinión pública judía, y no exclusivamente en la extrema derecha. El aspecto verdaderamente significativo es el siguiente: bajo la superficie, algunos sectores del centro político israelí parecen temer una participación política árabe significativa tanto como la propia derecha. Lo que les inquieta no es únicamente un determinado resultado electoral, sino las consecuencias más amplias de reconocer plenamente a los ciudadanos árabes como socios legítimos en la determinación de quién debe gobernar.

Así, en contra del relato convencional de una confrontación entre dos bloques políticos, quienes reaccionan con sospecha e inquietud ante los resultados electorales no se limitan a destacados periodistas y formadores de opinión de derecha, como Amit Segal o Moriah Asraf. El mismo patrón se manifiesta en el corazón de los principales medios de comunicación israelíes, cuyos representantes se presentan a sí mismos no como los Sean Hannity de Israel, sino como sus Walter Cronkite. Amalia Duek, Esti Perez, Eran Binyamini, Avri Gilad, Ben Caspit y otros participan en tertulias televisivas en las que se exige reiteradamente a los representantes árabes que demuestren su legitimidad como interlocutores políticos. La mención expresa de estos nombres es deliberada: los medios de comunicación desempeñan una función central como guardianes de los límites de la legitimidad política y democrática en Israel. Tanto en entrevistas como en declaraciones públicas, figuras mediáticas no identificadas con la derecha han reproducido también posiciones nacionalistas dirigidas contra los representantes políticos árabes.

Por consiguiente, el patrón es el mismo que venimos observando desde 2015: el deterioro democrático comienza mediante una ofensiva contra los márgenes —árabes— y recibe como respuesta la negación, la adaptación y, en ocasiones, la colaboración activa del centro hegemónico. Los estudios de televisión, que actúan como portavoces de facto de los líderes de opinión del centro político, no solo se abstienen de rechazar abiertamente el marco democráticamente indefendible que cuestiona la legitimidad de una votación que otorgó 19 escaños de la Knéset a los representantes árabes. En determinados casos, contribuyen activamente a alimentarlo. Como de costumbre, incluso mientras la derecha promueve el relato de unas elecciones robadas, estos espacios invocan el principio sacrosanto del «equilibrio». Invitan a participantes que presentan a los ciudadanos árabes, en el mejor de los casos, como impostores y, en el peor, como saboteadores. Una emisión de un medio de comunicación convencional llegó incluso a evocar, en referencia a ellos, la imagen de la «Nukhba», las unidades de Hamás responsables de crímenes de guerra. Desde que se conocieron los resultados electorales, el discurso público ha normalizado formas de incitación racista que exigirían una intervención regulatoria inmediata.

Esto ya no constituye únicamente una negación de la regresión democrática. En algunos casos, implica la interiorización del propio marco interpretativo de la derecha. En ocasiones, su origen es el miedo; en otras, la resistencia a aceptar una asociación política con los ciudadanos árabes; y, en otras, una adhesión sincera a la premisa de que la ciudadanía árabe no puede constituir una base de igualdad para participar en el Gobierno. Conviene recordar que la «Ley Básica: Israel como Estado-nación del pueblo judío», aprobada en 2018, no fue en absoluto una iniciativa unilateral atribuible exclusivamente a la derecha. Esta Ley Básica también puede interpretarse como un instrumento constitucional que respondía a determinadas necesidades políticas e identitarias de sectores del centroizquierda judío israelí, tal como sugerían asimismo los sondeos de opinión. La ley permitió preservar la primacía de la identidad nacional judía dentro del marco constitucional del Estado sin afrontar plenamente sus consecuencias para el principio de igualdad ciudadana. También en este caso, la cómoda distinción entre una derecha antidemocrática y un centroizquierda liberal oculta ámbitos de consenso mucho más profundos entre ambos.

¿Una democracia meramente «electoral»?

Nos enfrentamos ahora a un peligro particularmente grave. A diferencia de buena parte de las medidas antidemocráticas adoptadas hasta la fecha, si el bloque hegemónico del centro político, no solo la derecha declarada, sino también los directivos de los medios de comunicación, los líderes de opinión y los dirigentes centristas, participa en la negación de la ciudadanía política de aproximadamente el 20 % de la población del país, resultará extremadamente difícil hablar de una recuperación democrática significativa en Israel. La razón es evidente. La democracia no consiste simplemente en un sistema en el que se celebran elecciones. Exige reconocer que todos los ciudadanos tienen derecho a participar en condiciones de igualdad y que sus votos pueden determinar la composición del Gobierno. Cuando el voto de todo un grupo de ciudadanos solo se considera legítimo mientras no altere el equilibrio del poder político, sus derechos a votar y a ser elegidos quedan despojados de su contenido sustantivo.

Si la campaña actual desemboca en una supresión de la participación electoral, por ejemplo, mediante intimidaciones, campañas de deslegitimación o medidas que reduzcan la participación de los ciudadanos árabes en una eventual repetición de los comicios, Israel podría atravesar un nuevo umbral en el deterioro de su régimen político. De acuerdo con los criterios establecidos en la ciencia política comparada, la clasificación de Israel como «democracia electoral» representa una concepción más limitada y menos exigente de la democracia que la categoría de «democracia liberal». De hecho, el Instituto V-Dem reclasificó a Israel en 2023, trasladándolo de la segunda categoría a la primera, al evaluar al país separadamente de Cisjordania y la Franja de Gaza. Sin embargo, incluso una democracia electoral requiere, como condiciones mínimas, una competencia política significativa y la participación efectiva de todos los ciudadanos. Los académicos especializados en la democracia israelí llevan décadas debatiendo si Israel constituye una «democracia étnica» exclusivamente para los judíos o si ha conseguido mantener una democracia liberal dentro de sus fronteras. Negarse a reconocer los votos árabes resolvería este debate de la manera más descarnada posible.

Por estas razones, considero que estamos presenciando la fase más aguda de la regresión democrática israelí hasta la fecha. A ello se añade un fenómeno todavía más inquietante, que no puedo abordar aquí con la profundidad que merece: la participación de altos funcionarios públicos, incluido el director del Servicio de Seguridad Interior de Israel, Shin Bet, en la propagación de teorías conspirativas sobre unas supuestas elecciones robadas. Las próximas semanas podrían determinar si la mayoría judía de Israel, y especialmente lo que queda de su centroizquierda hegemónica, será capaz de dar el salto de convicción democrática que ahora se le exige: reconocer a los ciudadanos árabes como socios en igualdad de condiciones en la configuración del futuro político del Estado. Se trata de un salto políticamente arriesgado, particularmente en un país cuya historia incluye el asesinato de Yitzhak Rabin y el precio pagado por quienes intentaron ampliar los límites de la cooperación política. Sin embargo, la alternativa resulta mucho más peligrosa: aceptar, mediante la acción o el silencio, la tesis de la derecha según la cual la democracia israelí posee fronteras étnicas.

La cuestión que se plantea ante el centro liberal no es si está dispuesto a defender la democracia cuando sus propios derechos se ven amenazados. Las movilizaciones de la calle Kaplan ya han ofrecido una respuesta inequívoca. La verdadera pregunta es si ese mismo sector está dispuesto a defenderla cuando ello exige reconocer plenamente el poder político de los ciudadanos árabes y su legítimo derecho a ejercerlo. No se trata de una cuestión secundaria ni periférica en la lucha por la democracia israelí. Por el contrario, constituye, en gran medida, la prueba decisiva de su autenticidad y de su compromiso con una democracia verdaderamente inclusiva.

Nadiv Mordechay es profesor adjunto de la Facultad de Derecho del Colegio Académico de Derecho y Negocios, situado en Ramat Gan, Israel.

Fuente:https://verfassungsblog.de/the-delegitimisation-of-the-arab-vote-in-israel/