El camino de Mondlane hacia las elecciones de 2024 estuvo plagado de obstáculos jurídicos y procedimentales. Tras impedírsele presentar su candidatura al liderazgo de la Resistencia Nacional Mozambiqueña (RENAMO), partido al que pertenecía entonces, abandonó la formación y estableció una alianza electoral con la Coalición Alianza Democrática (CAD). Aunque la habilitación electoral de esta coalición había sido aprobada el 9 de mayo, la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) decidió excluirla el 18 de julio. El Consejo Constitucional (CC), tras examinar el recurso correspondiente, ratificó aquella decisión con el argumento de que los partidos integrantes de la CAD no habían comunicado al Ministerio de Justicia, Asuntos Constitucionales y Religiosos su intención de constituir una coalición.
El tribunal presentó su resolución como una cuestión estrictamente técnica; sin embargo, sus consecuencias fueron indiscutiblemente políticas. A tan solo dos meses de las elecciones, Mondlane se encontró políticamente aislado. Obligado a reorganizar su campaña, estableció una alianza de última hora con el Pueblo Optimista para el Desarrollo de Mozambique (PODEMOS) y concurrió como candidato independiente, respaldado por el apoyo político y parlamentario de esta formación.
Esta secuencia de acontecimientos pone de manifiesto cómo la voluntad política de Mondlane y de sus seguidores entró reiteradamente en conflicto con la aplicación de la legislación electoral. Aunque ello no demuestra necesariamente que cada aplicación de las normas electorales respondiera a motivaciones políticas, sí plantea una cuestión de mayor alcance: hasta qué punto decisiones aparentemente procedimentales pueden reconfigurar el espacio de la competencia política. Asimismo, revela que el procedimiento jurídico no es necesariamente neutral.
Tras la votación del 9 de octubre de 2024, la CNE proclamó vencedor a Daniel Chapo, candidato del gobernante Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO), con aproximadamente el 70 % de los votos, frente al 20 % atribuido a Mondlane. En diciembre, después de que se presentaran más de 300 denuncias por delitos e irregularidades electorales ante tribunales locales y provinciales, el Consejo Constitucional revisó esos porcentajes y los situó, respectivamente, en torno al 65 % y el 24 %. Esta revisión equivalía, en la práctica, a reconocer que los resultados anunciados por la comisión electoral eran, en el mejor de los casos, cuestionables y, en el peor, fabricados. El Consejo Constitucional modificó directamente los resultados, pese a que, en su condición de órgano de supervisión electoral, únicamente podía ordenar a la CNE un nuevo recuento de votos o anular las elecciones. Como cabía esperar, el Colegio de Abogados de Mozambique (OAM), los partidos de la oposición y diversas organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por la ambigüedad de la fundamentación jurídica del Consejo Constitucional y por la ausencia de pruebas que justificaran la modificación de los resultados.
A aquellas elecciones, caracterizadas por la falta de transparencia, siguieron seis meses de violencia sin precedentes. A lo largo de su historia, Mozambique ha experimentado episodios de confrontación armada después de numerosos procesos electorales. Sin embargo, lo verdaderamente excepcional de este período fue que el enfrentamiento no se produjo entre el Estado y un ejército organizado, sino entre el aparato estatal y una multitud de civiles desarmados que se habían movilizado políticamente.
Según un informe elaborado por la organización mozambiqueña de la sociedad civil Plataforma Decide, entre octubre de 2024 y enero de 2025 murieron 411 civiles, aproximadamente 3.700 personas resultaron heridas y cerca de 7.200 fueron detenidas ilegalmente. Estas cifras fueron cuestionadas por Bernardino Rafael, entonces comandante general de la Policía, quien sostuvo que el número de civiles fallecidos había sido de 96. Pese a ello, únicamente dos agentes policiales fueron procesados y, ante la ausencia de nuevos acontecimientos, sigue siendo incierto si la Fiscalía continúa investigando estos casos.
Las protestas comenzaron el 21 de octubre, cuando Mondlane convocó una marcha pacífica en memoria de su abogado, Elvino Dias, asesinado por atacantes no identificados mientras preparaba un recurso para impugnar los resultados preliminares de las elecciones. Aquella manifestación, al igual que muchas de las que la sucedieron, fue reprimida violentamente, incluso mediante el empleo de gases lacrimógenos y munición real.
Cuando las actividades políticas protegidas por la Constitución reciben como respuesta la violencia estatal, la credibilidad de los mecanismos institucionales queda profundamente erosionada. De manera casi inevitable, las formas directas e «ilegales» de acción política comienzan a percibirse como el único cauce legítimo para expresar la disidencia. El resultado es una espiral de escalada recíproca: los manifestantes adoptan posiciones cada vez más combativas a medida que responden a las atrocidades cometidas por las fuerzas de seguridad.
Mondlane y otras figuras denunciaron que agentes de los servicios de seguridad del Estado se habían infiltrado en las protestas con la misión de sembrar el terror y provocar destrucción, buscando desacreditar las movilizaciones ante los sectores más moderados de la opinión pública. Aunque estas acusaciones requieren una verificación independiente, resulta innegable que las protestas estuvieron acompañadas de una destrucción generalizada de propiedades públicas y privadas. La Confederación de Asociaciones Económicas de Mozambique (CTA) estimó que aproximadamente 17.000 personas perdieron sus empleos.
Casi dos años después de aquellos meses de indignación colectiva, Mondlane espera ser juzgado bajo la acusación de haber instigado, alimentado y legitimado el caos. El proceso judicial y una eventual condena tendrían consecuencias que trascenderían ampliamente la responsabilidad penal individual de Mondlane.
Conforme a los apartados a) y b) del artículo 118 de la Ley n.º 7/2004 y al artículo 147 de la Constitución, los candidatos condenados por delitos dolosos pierden su capacidad electoral activa y quedan inhabilitados para acceder a cargos públicos mediante elección. La determinación de la elegibilidad corresponde a la Comisión Nacional de Elecciones y, en instancia de recurso, al Consejo Constitucional. Una vez que Mondlane haya agotado las vías de impugnación y su condena adquiera firmeza, el dirigente opositor quedaría imposibilitado para volver a presentarse a cualquier cargo público.
De este modo, el procedimiento judicial conseguiría, sin derramamiento de sangre, aquello que el fraude electoral y la violencia política no lograron alcanzar. De un solo golpe, la oposición política quedaría neutralizada y el Gobierno habría encontrado una solución judicial a un problema político.
Hasta aquí, los riesgos políticos del proceso. Pero ¿qué ocurre con el propio juicio? Para determinar si la acusación responde a motivaciones políticas o constituye una aplicación legítima del derecho, es necesario examinar sus fundamentos jurídicos o, más precisamente, la ausencia de ellos.
Conviene señalar desde el principio que, en el momento de redactarse este artículo, ni el entonces comandante general de la Policía Nacional ni ningún funcionario gubernamental habían sido acusados por hechos relacionados con las protestas. Tampoco se había formulado acusación alguna contra los principales dirigentes de PODEMOS. Esta disparidad no demuestra por sí sola la existencia de una motivación política. Sin embargo, considerada en su contexto más amplio, plantea una pregunta inevitable: ¿por qué la ley se aplica con tanto rigor en determinados casos mientras que en otros parece permanecer completamente inactiva?
Para las decenas de miles de personas que siguieron las retransmisiones en directo de Mondlane a través de Facebook, o para los millones de usuarios que interactuaron con sus cuentas en las redes sociales, resulta evidente que el dirigente instó a la población a manifestarse, bloquear vías públicas y negarse a pagar determinados impuestos sobre servicios públicos y peajes. Por tanto, una de las cuestiones que deberán resolver los tribunales consiste en determinar si tales conductas constituyen actos delictivos conforme al ordenamiento jurídico.
Mondlane dispone de argumentos sólidos para sostener que sus llamamientos estaban amparados por las garantías establecidas en los artículos 48.1, 51 y 80 de la Constitución, que protegen, respectivamente, la libertad de expresión, la libertad de reunión y el derecho de resistencia. Este último reconoce expresamente el derecho de los ciudadanos a «desobedecer órdenes ilegales o que vulneren sus derechos, libertades y garantías».
Los derechos constitucionales no son absolutos y pueden estar sujetos a restricciones. Sin embargo, tales limitaciones deben ajustarse a lo dispuesto en los apartados 2 a 4 del artículo 56, según los cuales los derechos únicamente pueden restringirse mediante una ley cuando ello resulte necesario «para salvaguardar otros derechos e intereses protegidos por la Constitución» y «en los casos expresamente previstos en la Constitución». La Ley n.º 1/2020 entró en vigor el 31 de marzo de 2020 para restringir determinados derechos ciudadanos, entre ellos la libertad de circulación, durante la pandemia de COVID-19. No obstante, durante las protestas no existía una legislación equivalente en vigor ni se había declarado formalmente el estado de emergencia.
Estas garantías constitucionales no resuelven por sí solas la cuestión de la responsabilidad penal. Los tribunales también deberán determinar si las restricciones impuestas al discurso político y a la capacidad de movilización de Mondlane resultan proporcionales a las actuaciones que se le atribuyen. Al evaluar dicha proporcionalidad, debe reconocerse que Mondlane nunca instigó ni alentó explícitamente la destrucción o el saqueo de propiedades públicas y privadas. Por el contrario, condenó reiteradamente tales actos y llegó incluso a amenazar con rechazar cualquier cargo gubernamental si la destrucción continuaba.
Es precisamente aquí donde comienza a desdibujarse la identidad del verdadero acusado: ¿se está juzgando a Mondlane o a los manifestantes? Es evidente que Mondlane promovió la desobediencia civil. Lo que parece menos evidente es que quienes participaron en acciones directas lo hicieran simplemente porque «Venâncio lo dijo», y no como consecuencia de su confrontación cotidiana con la muerte, tanto en su dimensión física como social. Si quienes atacaron comisarías, instituciones estatales y establecimientos privados recibieron alguna instrucción para hacerlo, esta surgió desde el interior de las propias movilizaciones, inspirada por una conciencia compartida y moldeada por una realidad material concreta. Dicho sin rodeos: quienes se rebelaron lo hicieron porque, por múltiples razones, ya no podían respirar.
A medida que las protestas evolucionaron desde una reivindicación centrada en la justicia electoral hacia cuestiones más amplias, como el coste de la vida, el desempleo juvenil y el deseo de ser reconocidos por el Estado como seres humanos capaces de vivir y pensar, el ya frágil fundamento de la responsabilidad penal atribuida a Mondlane se debilitó todavía más. En términos inequívocos, quien ocupa simbólicamente el banquillo de los acusados no es Mondlane, sino una concepción de la política que se atreve a disentir más allá de los límites tolerados por el poder estatal. La destrucción por la que se pretende juzgar a Mondlane ocurrió realmente. Sin embargo, atribuirla a sus órdenes constituiría una explicación excesivamente conveniente.
Retransmitir o no retransmitir
El Tribunal Supremo rechazó el recurso presentado por el equipo jurídico de Mondlane contra la decisión judicial que prohibía la retransmisión audiovisual en directo y la grabación de las audiencias. El tribunal fundamentó su resolución en el artículo 452, apartado c), del Código de Procedimiento Penal, que establece que no todas las decisiones adoptadas dentro del margen de discrecionalidad judicial son susceptibles de recurso. Esta postura se sustenta en la interpretación de que la retransmisión audiovisual de las vistas judiciales no constituye un derecho constitucional.
Sin embargo, la libertad de acceso a la información no solo está garantizada por el artículo 48 de la Constitución, sino también respaldada por la Ley del Derecho a la Información (Ley n.º 34/2014). El tribunal permitirá que los periodistas asistan a las audiencias y documenten por escrito lo sucedido. No obstante, la interpretación de la legislación procesal penal utilizada para restringir derechos constitucionales resulta difícilmente conciliable con los principios constitucionales, hasta el punto de contravenir su espíritu.
El portavoz del Tribunal Supremo defendió la prohibición argumentando que las audiencias retransmitidas en directo podrían ser descontextualizadas, fragmentadas en breves vídeos difundidos por las redes sociales e instrumentalizadas con fines propagandísticos. Asimismo, expresó su preocupación por la posibilidad de que la retransmisión expusiera a jueces y testigos a presiones políticas. Es cierto que la difusión en directo de los testimonios podría influir en declaraciones posteriores y que la circulación de imágenes descontextualizadas podría distorsionar la comprensión pública del proceso judicial. Sin embargo, si los tribunales consideran que la opinión pública constituye una amenaza para la administración de justicia, cabe formular una pregunta igualmente importante: ¿qué garantías protegen a esos mismos jueces frente a las presiones ejercidas por los poderes legislativo y ejecutivo?
Además, Mozambique cuenta con importantes precedentes históricos de retransmisión en directo de procesos judiciales políticamente sensibles. Uno de ellos fue el juicio de 2002 por el asesinato del periodista mozambiqueño Carlos Cardoso. Cardoso fue asesinado en el año 2000 mientras investigaba la desaparición de 14 millones de dólares del Banco Comercial de Moçambique (BCM), una entidad estatal que se encontraba en vísperas de su privatización, en pleno proceso de transición del país hacia una economía de mercado.
El asesinato de Cardoso, considerado uno de los periodistas más destacados del país, planteó un problema especialmente delicado para el Estado. En aquel momento, la democracia mozambiqueña apenas tenía ocho años de existencia, y el Gobierno necesitaba proyectar la imagen de una democracia auténtica, suficientemente transparente para atraer inversiones extranjeras y demostrar su distanciamiento respecto de su pasado autoritario. El juicio fue retransmitido en directo por la televisión y la radio estatales. El entonces ministro de Justicia explicó la decisión en los siguientes términos: «Se trata de demostrar al país que aquí existe transparencia y que actuamos con seriedad… La gente no confía en el Gobierno, pero este juicio y la manera pública en que se está desarrollando contribuirán a poner fin a esa desconfianza».
Por razones semejantes, el juicio del escándalo de las «Deudas Ocultas» (dívidas ocultas) también fue retransmitido en directo durante 2021 y 2022. El proceso involucró a diecinueve acusados y giró en torno a préstamos por valor de 2.000 millones de dólares concedidos por bancos europeos y rusos entre 2013 y 2014. Aquellos créditos habían sido otorgados de manera secreta, sin la aprobación del Parlamento. Ambos procesos contenían información política extraordinariamente sensible y, aun así, fueron retransmitidos públicamente. Estos precedentes demuestran que la difusión de un juicio políticamente delicado no es, por su propia naturaleza, incompatible con la administración de justicia. También ponen de manifiesto que la decisión de impedir una retransmisión exige una fundamentación más sólida que una referencia abstracta a la discrecionalidad judicial.
La utilización de las redes sociales como instrumentos de participación y movilización política ocupa un lugar central en este debate. Durante las protestas, Mondlane desarrolló una estrategia que aprovechó las posibilidades de articulación política ofrecidas por el espacio público digital. Sus retransmisiones en directo a través de Facebook congregaron a decenas de miles de usuarios y alcanzaron su punto máximo el 25 de octubre, cuando reunió simultáneamente a 115.000 espectadores. El informe final de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea documentó que, al día siguiente, se produjo una interrupción del acceso a internet en todo el territorio nacional.
Entendida en el contexto de la estrategia política de Mondlane, la decisión judicial lo priva de su principal instrumento de comunicación. Esto podría constituir una nueva advertencia para los movimientos políticos que recurren al espacio público digital. Internet y las redes sociales pueden prometer un ámbito público más seguro y democrático, donde las personas puedan elaborar estrategias, organizarse y movilizarse. Sin embargo, el acceso a internet depende en gran medida de las decisiones de los Estados y de las empresas, que pueden suspenderlo de manera discrecional. Las protestas registradas en Zimbabue en 2019 y en Kenia en 2024 ilustran la facilidad con la que los Estados pueden responder a los movimientos sociales y desarticular sus infraestructuras de comunicación. La cuestión no consiste en negar el potencial transformador de las redes sociales, sino en demostrar hasta qué punto el control de las infraestructuras digitales y de las plataformas resulta decisivo para garantizar dicho potencial.
Ser o no ser
La mera existencia de este proceso judicial constituye una manifestación del «autoritarismo encubierto» del Estado mozambiqueño. La jurista Melissa Crouch, retomando el concepto desarrollado por Ozan Varol, utiliza esta expresión para describir cómo un sistema aparentemente democrático puede ser instrumentalizado por la formación política dominante para perpetuarse en el poder. Un Estado de naturaleza autoritaria encubierta dispone de un amplio repertorio de aparatos ideológicos y represivos destinados a neutralizar a la oposición. El derecho constituye uno de esos mecanismos, permanentemente disponible para servir a objetivos autoritarios. A través de él pueden alcanzarse, bajo una apariencia de legitimidad institucional, resultados que de otro modo únicamente podrían obtenerse mediante asesinatos y secuestros.
La Sudáfrica del apartheid no era un Estado de «autoritarismo encubierto», pero ofrece un punto de comparación esclarecedor. En 1968, el Ministerio de Asuntos Exteriores proclamó que «el sistema jurídico sudafricano estaba firmemente fundamentado en el Estado de derecho». Siete años después, el ministro de Justicia, Jimmy Kruger, se jactó ante el Parlamento de que el sistema jurídico del país «gozaba de un gran respeto en todos los países occidentales». Ambas declaraciones fueron recogidas por Alfred Cockrell. La cuestión no consiste en equiparar al actual Estado mozambiqueño con la Sudáfrica del apartheid. Más bien, esta comparación permite comprender cómo los procedimientos y discursos jurídicos pueden utilizarse para legitimar un Estado cuya legitimidad resulta manifiestamente cuestionable. Cuando un Estado se reviste del brillo de la democracia y del Estado de derecho, resulta más fácil para quienes están predispuestos a ello fingir que aquello que simplemente está dorado es, en realidad, oro macizo.
El Informe de País de Mozambique del Índice de Transformación Bertelsmann (BTI) de 2026 clasifica al país como un «Estado clientelar» que exhibe una «fachada de democracia electoral». Esta fachada constituye un elemento esencial de la capacidad de supervivencia de los regímenes autoritarios. Para un Estado construido y moldeado en torno a los intereses de sus clientes internacionales, multinacionales y multilaterales, resulta fundamental presentarse como un socio comercial atractivo. La preocupación principal no reside en cómo funciona realmente el Estado, sino en cómo aparenta funcionar. Viene a la memoria una célebre broma atribuida a los trabajadores soviéticos: «Nosotros fingimos trabajar y ellos fingen pagarnos».
La conmoción sísmica provocada por las protestas transformó el panorama político mozambiqueño y alteró profundamente el statu quo. El Gobierno se enfrenta ahora a un doble dilema. Por una parte, el Estado no puede permitir que la oposición se organice y difunda información con absoluta libertad, pues ello podría significar el final de los cincuenta años de hegemonía del partido de la liberación. Por otra, el Gobierno tampoco puede recurrir nuevamente, en 2029, a sus métodos tradicionales y ampliamente ensayados. Y ello no solo porque la comunidad internacional de socios y clientes observe atentamente sus actuaciones, sino, sobre todo, porque el caos y la destrucción que podrían desencadenarse generarían una situación todavía más inestable.
El Estado mozambiqueño atraviesa un período inmediatamente posterior a un movimiento de protesta masiva que ha constituido la amenaza políticamente más reconocible contra el partido de la liberación desde la independencia. Por consiguiente, se ve obligado a actuar con pragmatismo al considerar cuál es la mejor manera de garantizar su permanencia en el poder. En este contexto, la opción aparentemente más segura consiste en recurrir al procedimiento judicial para eliminar de la escena política a su adversario más formidable.
Es probable que Mondlane no termine encarcelado, aunque sí podría ser condenado. En cualquier caso, la mera existencia de este proceso representa una transformación en la manera en que el Estado aborda a la oposición política. Además, la decisión de impedir la retransmisión del juicio parece formar parte de esa misma estrategia y plantea interrogantes sobre el papel que desempeñará el espacio público digital en el futuro de la participación política en Mozambique.
En última instancia, lo cierto es que los fundamentos jurídicos de la acusación estatal tienen una importancia relativamente secundaria; creer que constituyen el elemento decisivo sería una ingenuidad. Lo verdaderamente significativo reside en la búsqueda de nuevos mecanismos que permitan garantizar la supervivencia y la continuidad del Estado. Si se me permite cierta exageración, estamos ante una búsqueda de naturaleza existencial:
Ser o no ser.
Malik Chiconela Santana es un escritor e investigador mozambiqueño.
Fuente:https://africasacountry.com/2026/11/a-judicial-solution-to-a-political-problem
