La institucionalización del pacto ha avanzado a una velocidad particularmente notable. Durante la reunión celebrada en Estambul el 31 de agosto se acordó establecer una Secretaría General con sede en Riad. Posteriormente, ante la intensificación de los ataques hutíes, los jefes de Estado Mayor de los tres países volvieron a reunirse en la capital saudí el 25 de septiembre. En el último encuentro se activaron medidas de disuasión colectiva, se designó al teniente general retirado Numan Mahmud como primer secretario general de la alianza y se decidió proceder al rápido despliegue de fuerzas y capacidades militares en Arabia Saudí, «de conformidad con los mecanismos aprobados y las legislaciones nacionales de los tres países». No obstante, el concepto de «despliegue» no posee idéntico significado para los tres Estados y, en el caso de Türkiye, se interpreta desde una perspectiva restrictiva y esencialmente defensiva.
La lógica política del momento elegido
La decisión adoptada en Riad ha transformado el Pacto de La Meca en un compromiso susceptible de materializarse sobre el terreno. Poco después de su firma, el lanzamiento de misiles hutíes contra Arabia Saudí, sin que se produjera una respuesta inmediata, había alimentado las críticas según las cuales el pacto corría el riesgo de quedar reducido a una mera declaración de intenciones. Sin embargo, la aceleración de los acontecimientos posterior al 5 de octubre ha estado determinada por tres dinámicas complementarias.
La primera reside en la transformación de la naturaleza de la amenaza hutí. La ofensiva emprendida por los hutíes en septiembre, que les permitió apoderarse de extensos territorios anteriormente controlados por el Gobierno legítimo de Yemen, alteró el equilibrio de fuerzas sobre el terreno. La caída de Bab el-Mandeb, la incapacidad de las fuerzas vinculadas al Consejo de Liderazgo Presidencial para contener el avance adversario y la persistencia de la amenaza sobre Taiz debilitaron asimismo la confianza de Riad en sus aliados locales. Cuando los ataques, inicialmente dirigidos contra infraestructuras energéticas y ciudades del sur saudí, comenzaron a alcanzar también a La Meca y Medina, la crisis adquirió una dimensión que trascendía la seguridad militar para poner a prueba los fundamentos de la legitimidad religiosa y política del reino.
La segunda dinámica está relacionada con la credibilidad de la alianza. En el dilema clásico de la teoría de las alianzas entre el abandono y el atrapamiento, el temor al abandono ha prevalecido en esta fase. La inacción de un mecanismo de defensa que lleva el nombre de La Meca precisamente cuando la ciudad santa se encontraba bajo amenaza habría condenado al pacto a compartir el destino de otros instrumentos de seguridad colectiva que nunca llegaron a aplicarse efectivamente, como el acuerdo de defensa conjunta suscrito en 2000 por el Consejo de Cooperación del Golfo.
La posición de Estados Unidos también contribuyó a acelerar este proceso. Aunque Washington ha mantenido sus vínculos de seguridad en la región, ha privilegiado una distribución regional de las responsabilidades defensivas en lugar de asumir directamente la carga de proteger a Arabia Saudí, al tiempo que esperaba que Riad abordara la cuestión yemení de manera simultánea al expediente iraní. Si bien esta orientación no equivale a una retirada estadounidense de Oriente Medio, sí ha impulsado al reino a estrechar su cooperación con sus socios regionales.
La tercera dinámica corresponde a la secuencia de institucionalización. En aproximadamente ocho semanas, el pacto ha recorrido un itinerario que comprende la firma del acuerdo, el establecimiento de una secretaría general, la coordinación militar y, finalmente, la adopción de una decisión operativa. La coincidencia de esta última decisión con el inicio de la contraofensiva del Gobierno yemení pone de manifiesto que, en esta coyuntura crítica, el pacto proporciona a Riad un paraguas de disuasión. Asimismo, la decisión de consolidar primero esa capacidad disuasoria, mientras permanece sobre la mesa la propuesta iraní de establecer contactos políticos con los hutíes, incrementa el poder negociador de los tres países ante una eventual negociación.
La posible contribución de Türkiye
La expresión fundamental del comunicado es la referencia a las «legislaciones nacionales». En el caso de Türkiye, el ministro de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, ha precisado el alcance de esta formulación. Fidan ha señalado expresamente que el Acuerdo de La Meca constituye un tratado de naturaleza defensiva y que Türkiye no enviará tropas a otro país para emprender operaciones ofensivas. En consecuencia, no parece contemplarse la participación directa de las Fuerzas Armadas turcas como parte beligerante en la guerra de Yemen; por el contrario, se espera que la contribución de Ankara se concentre en la formación militar y en el fortalecimiento de las capacidades de defensa aérea y antimisiles.
Parte de esta cooperación había comenzado incluso antes de la activación del pacto. Según informaciones difundidas por los medios de comunicación, Arabia Saudí ya habría recibido, en virtud de los acuerdos bilaterales vigentes, sistemas estratégicos de defensa turcos, especialmente aquellos relacionados con las capacidades de defensa aérea. También se sostiene que el apoyo comprende la formación de operadores de vehículos aéreos no tripulados, el intercambio de inteligencia y la asistencia logística. Esta circunstancia demuestra que Türkiye puede contribuir significativamente a la defensa saudí sin necesidad de desplegar unidades de combate.
Las actividades de formación y el establecimiento de una arquitectura integral de defensa aérea podrían requerir la presencia en la región de personal técnico y militar no combatiente, encargado de la instalación, operación y protección de los sistemas. Dado que las negociaciones sobre esta cuestión continúan, todavía no se han definido con precisión el alcance ni la duración de dicha contribución.
El acuerdo aún no ha sido ratificado por la Gran Asamblea Nacional de Türkiye (TBMM), y el despliegue de las Fuerzas Armadas turcas en el extranjero está sujeto, conforme a la Constitución, a la autorización parlamentaria. Por consiguiente, cabe esperar que, durante el próximo período, tanto la ratificación del acuerdo como las disposiciones legales que pudieran resultar necesarias en función de la naturaleza de la misión sean sometidas a consideración del Parlamento.
La posición de Pakistán presenta, en este sentido, características diferentes. Su prolongada presencia militar en Arabia Saudí proporciona a Islamabad un margen de actuación considerablemente más amplio sobre el terreno. El ministro de Defensa pakistaní ha subrayado que los contingentes turcos y pakistaníes desempeñan exclusivamente funciones de apoyo. No obstante, han circulado informaciones según las cuales soldados pakistaníes habrían participado en enfrentamientos junto a las fuerzas saudíes.
Islamabad, por su parte, ha rechazado como «falsa y fabricada» una información de The New York Times que sostenía que aviones de combate pakistaníes habían bombardeado posiciones hutíes. Si estas afirmaciones llegaran a confirmarse, podría configurarse una división funcional de responsabilidades dentro del pacto: mientras Pakistán mantendría una presencia más próxima al escenario de operaciones, Türkiye podría consolidarse como un socio que contribuye a la disuasión mediante la formación, la defensa aérea y su industria militar, sin involucrarse directamente en las hostilidades. La desmentida oficial pakistaní revela, asimismo, que Islamabad procura evitar los costes políticos asociados a la percepción de una participación directa en operaciones de combate.
Incluso una participación limitada de estas características podría incrementar la influencia de Türkiye en la cuestión yemení. Los objetivos del pacto en Yemen consisten en reducir las amenazas directas contra Arabia Saudí, restringir la libertad de maniobra de los hutíes y restablecer la seguridad marítima a lo largo del corredor estratégico que conecta el mar Rojo con el estrecho de Bab el-Mandeb.
El fortalecimiento de las capacidades de defensa aérea podría limitar la capacidad de los hutíes para ejercer presión militar sobre Riad. Por su parte, la vigilancia marítima, las operaciones de escolta y el intercambio de inteligencia permitirían a Ankara contribuir a la seguridad regional sin desdibujar la distinción fundamental entre defender a Arabia Saudí y participar en una guerra ofensiva en Yemen. La presencia militar turca, que se extiende desde el golfo de Adén hasta Somalia, confiere una relevancia estratégica adicional a esta posible contribución.
Esta orientación constituye una prolongación del patrón de paciencia estratégica que ha ido adquiriendo protagonismo en la política exterior turca. Ankara procura evitar las respuestas meramente reactivas y se resiste a permitir que sus adversarios determinen unilateralmente el momento, el lugar y la naturaleza de una eventual confrontación.
La decisión de no sucumbir a las provocaciones frente a las acciones agresivas de Israel y de construir, en cambio, mecanismos de disuasión mediante coaliciones regionales responde a esa misma lógica estratégica. El enfoque de «primero la diplomacia», aplicado en Siria, también resulta pertinente para Yemen. Asimismo, la desgastante experiencia de la coalición militar constituida en 2015 refuerza la preferencia de Ankara por mantenerse al margen de una guerra terrestre.
La advertencia de los hutíes de que considerarán enemigo a cualquier fuerza que se sitúe del lado de Arabia Saudí constituye una amenaza significativa, especialmente a la luz de las capacidades misilísticas y de vehículos aéreos no tripulados de la organización. Sin embargo, el hecho de que los propios hutíes hayan insistido en que no albergan hostilidad hacia Türkiye ni hacia Pakistán sugiere una estrategia de intimidación orientada a incrementar los costes políticos de la cooperación con Riad, más que una verdadera disposición a entrar en conflicto con un Estado miembro de la OTAN.
Aunque el carácter defensivo y formativo de la participación turca contribuye a mitigar estos riesgos, la seguridad del personal desplegado en Arabia Saudí y de los activos turcos presentes en el mar Rojo continúa siendo una cuestión de importancia primordial.
La dimensión reputacional de esta participación tampoco debe subestimarse. El rendimiento de los sistemas turcos de defensa aérea, los vehículos aéreos no tripulados y las capacidades de guerra electrónica en condiciones operativas reales podría ser objeto de un seguimiento minucioso por parte de los competidores regionales, especialmente Israel.
Un eventual éxito reforzaría la pretensión de Türkiye de consolidarse como proveedor de seguridad regional, mientras que posibles deficiencias operativas podrían suscitar interrogantes tanto sobre la eficacia de sus capacidades militares y tecnológicas como sobre la credibilidad del propio marco de defensa establecido en La Meca.
La principal vulnerabilidad del Pacto de La Meca en Yemen reside en la insuficiencia de efectivos militares. En su búsqueda de fuerzas de combate experimentadas, Riad dirigió inicialmente su atención hacia las regiones tribales de Pakistán; sin embargo, una vez descartada esta alternativa, reorientó sus esfuerzos hacia Siria. La visita del presidente Ahmed al-Sharaa a Riad el 6 de octubre y las informaciones difundidas al día siguiente, según las cuales Arabia Saudí habría solicitado a Damasco asistencia militar contra los hutíes, constituyen indicios reveladores de esta búsqueda.
Estados Unidos, por su parte, ha comenzado a expresar de manera cada vez más explícita su presión sobre Damasco. Las autoridades sirias, aunque han reiterado su respaldo a las medidas de seguridad adoptadas por Riad, han declarado en numerosas ocasiones que no enviarán tropas al extranjero. La reunión celebrada el 9 de octubre entre el ministro de Asuntos Exteriores sirio, Asaad al-Shaibani, y el enviado especial estadounidense Thomas Barrack pone de manifiesto la importancia que esta cuestión ha adquirido en la agenda diplomática.
Además, Siria, inmersa en un proceso de reorganización de sus Fuerzas Armadas y aquejada de graves carencias de equipamiento militar, carece de la capacidad necesaria para desplegar un contingente de gran envergadura en Yemen. La alternativa más plausible consistiría en el envío a Arabia Saudí de una unidad de carácter simbólico, cuya presencia difícilmente alteraría el equilibrio de fuerzas sobre el terreno y cuyo significado sería fundamentalmente político.
Una iniciativa de esta naturaleza podría brindar a Damasco la oportunidad de mitigar su aislamiento regional. No obstante, tampoco cabe descartar que una contribución inicialmente simbólica abra posteriormente la puerta a despliegues individuales de personal militar de mayor alcance.
Ankara, mientras tanto, mantiene una actitud de discreción, aunque todo parece indicar que contempla esta posibilidad con reservas. La prioridad de Türkiye en Siria consiste en consolidar las instituciones del Estado y de las Fuerzas Armadas que se encuentran en proceso de reconstrucción. Arrastrar a Damasco hacia la guerra de Yemen podría poner en peligro esta frágil estabilidad y situar a Siria frente a Irán en un nuevo escenario de confrontación.
Por otra parte, una eventual participación siria pondría de manifiesto que el marco de cooperación establecido en La Meca podría trascender los límites de sus tres miembros oficiales. Esta perspectiva incrementa, a su vez, la necesidad de que Türkiye procure orientar cualquier ampliación del mecanismo en consonancia con sus propias prioridades estratégicas.
Conclusión
En definitiva, interpretar el Pacto de La Meca como una suerte de «OTAN islámica» constituye una lectura equívoca de su verdadera naturaleza. El pacto todavía carece de una estructura de mando integrada, de una definición compartida de las amenazas y de mecanismos consolidados de interoperabilidad militar; tampoco representa un bloque articulado en oposición a Estados Unidos.
Las divergencias entre las prioridades estratégicas de sus integrantes —Riad, centrada en Irán; Islamabad, cuya principal preocupación de seguridad sigue siendo la India; y Ankara, que sitúa a Israel en el centro de sus inquietudes regionales— entrañan el riesgo de arrastrar involuntariamente a la alianza hacia una orientación contraria a Irán.
La verdadera prueba de su viabilidad residirá en la capacidad de gestionar la escalada del conflicto en Yemen y en un eventual frente iraquí. En este escenario adquirirán una importancia determinante dos temores estratégicos contrapuestos: el de Riad a ser abandonada por sus aliados y el de Ankara e Islamabad a verse atrapadas en confrontaciones que trasciendan sus respectivos intereses y prioridades nacionales.
Por consiguiente, el conflicto de Yemen no debe interpretarse como una mera guerra de carácter sectario, sino como la expresión de una pugna mucho más profunda por la configuración del orden regional.
En este contexto, el papel de Türkiye consistirá en articular la disuasión con la diplomacia, contribuyendo a configurar el orden de posguerra mediante una estrategia fundamentada en la paciencia estratégica y en la asunción de responsabilidades por parte de los propios actores regionales.
