Doç. Dr. Mehmet Rakipoğlu
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el 17 de septiembre de 2026, por 262 votos frente a 159, el proyecto de sanciones contra Rusia impulsado por el fallecido senador Lindsey Graham. La iniciativa ya había sido aprobada por el Senado el 7 de agosto, por 86 votos contra 11, obteniendo así el respaldo de ambas cámaras del Congreso.
Como es sabido, en el sistema legislativo estadounidense no basta con que el Senado y la Cámara de Representantes alcancen un acuerdo sobre un mismo texto para que un proyecto adquiera rango de ley; en la última etapa se requiere también la firma del presidente. Aunque se espera que Trump firme la iniciativa, el propio texto concede al mandatario un amplio margen de discrecionalidad, incluida la facultad de no aplicar o aplazar los aranceles alegando razones de interés nacional.
Esta circunstancia pone de manifiesto que el proyecto no ha sido concebido únicamente como un instrumento punitivo, sino también como una herramienta de negociación. En esencia, la legislación contempla la imposición obligatoria de sanciones contra altos funcionarios rusos y empresas estatales, al tiempo que expone a los principales compradores de petróleo crudo y gas natural rusos al riesgo de aranceles adicionales de hasta el 100 % sobre sus exportaciones a Estados Unidos.
La capacidad disuasoria del régimen de sanciones
El significado de esta decisión en el contexto de la política mundial trasciende ampliamente la cuestión del comercio bilateral. Las sanciones se presentan como parte de una estrategia destinada a limitar la capacidad de Rusia para financiar la guerra en Ucrania mediante la reducción de sus ingresos energéticos.
Sin embargo, la pregunta fundamental que debe plantearse es si la política de sanciones constituye realmente un instrumento eficaz de política exterior para Estados Unidos. A pesar del control casi absoluto que Estados Unidos y sus aliados ejercen sobre el sistema financiero internacional, la infraestructura de pagos centrada en el dólar y las cadenas de suministro tecnológico, la capacidad de las sanciones para producir resultados concretos y duraderos está siendo objeto de un cuestionamiento cada vez mayor en la literatura especializada.
El caso de Irán constituye uno de los ejemplos más ilustrativos de este debate. Aunque Teherán lleva más de una década sometido a amplias sanciones estadounidenses y de Naciones Unidas, el régimen ha conseguido mantenerse en pie y adaptar su economía al entorno sancionador mediante redes comerciales paralelas, ventas de petróleo a través de terceros países y mecanismos internos de sustitución de importaciones.
Si bien las sanciones obligaron a Irán a sentarse a la mesa de negociaciones, Estados Unidos no logró alcanzar sus objetivos últimos, como un cambio de régimen o una retirada sustancial de Teherán de sus políticas regionales.
Un patrón semejante puede observarse en el caso ruso. Desde 2022, Moscú se enfrenta a uno de los paquetes de sanciones occidentales más amplios de la historia. Pese a ello, ha conseguido mantener su economía de guerra, continuar vendiendo petróleo a terceros países mediante las redes de petroleros conocidas como «flota en la sombra» e incrementar su comercio con grandes compradores como China e India, compensando en buena medida la pérdida de los mercados occidentales.
Este panorama no implica negar los costes que las sanciones han impuesto a la economía rusa. Sin embargo, sí pone de manifiesto que no han producido el efecto esperado en términos de detener la guerra o modificar sustancialmente los cálculos estratégicos de Moscú.
De hecho, el mecanismo de sanciones secundarias y aranceles planteado en septiembre de 2026 puede interpretarse también como un reconocimiento implícito de que la anterior oleada de sanciones no logró generar un nivel suficiente de disuasión. Ante el progresivo agotamiento de los instrumentos dirigidos directamente contra Rusia, Estados Unidos está ampliando ahora la cadena de presión hacia terceros países que continúan comprando energía rusa.
Esta evolución revela que la política de sanciones posee una lógica de escalada inherente: el fracaso de una primera oleada termina legitimando nuevas medidas de alcance más amplio.
La estrategia de equilibrio de Türkiye
Dentro de esta coyuntura global, la posición de Türkiye presenta características diferenciadas respecto de otros actores, tanto desde el punto de vista económico como político.
En agosto de 2026, Türkiye adquirió aproximadamente 1.500 millones de euros en hidrocarburos rusos, situándose como el tercer mayor importador mundial de combustibles fósiles procedentes de Rusia y figurando, particularmente en el ámbito del gas natural transportado por gasoducto, entre los principales clientes de Moscú.
Este grado de dependencia tiene el potencial de situar a Ankara entre los países afectados de facto por el proyecto estadounidense de sanciones. Aunque algunas informaciones señalan que Türkiye no aparece en la lista de los «cinco mayores compradores» mencionada por los senadores, existe también la posibilidad de que Ankara quede incluida en el ámbito de aplicación de la ley a través de la categoría de países que «facilitan la evasión de sanciones».
Sin embargo, interpretar esta cuestión exclusivamente como un problema comercial o de seguridad energética supondría, desde la perspectiva de las relaciones internacionales, una lectura incompleta. Lo que está en juego es, en esencia, una prueba para la estrategia turca de equilibrio multidireccional.
Desde hace tiempo, Ankara desarrolla una política exterior orientada a evitar una elección tajante entre Rusia y Occidente, optando por mantener relaciones funcionales con ambos ejes. Esta legislación pone claramente de manifiesto que dicha estrategia de equilibrio no proporciona una protección ilimitada ni siquiera en el marco de la pertenencia a la OTAN, y que la condición de aliado no implica una inmunidad automática frente a los instrumentos económicos unilaterales de Estados Unidos.
En este contexto, el hecho de que Ankara haya evitado realizar una declaración oficial tras la votación no tiene por qué interpretarse como una señal de debilidad. Por el contrario, puede entenderse como una elección estratégica deliberada que cabría definir como «diplomacia silenciosa». Es razonable considerar que Türkiye, en lugar de confrontar públicamente la legislación, ha optado por activar los canales de negociación entre bastidores.
Un análisis del margen de maniobra disponible muestra que Ankara tampoco se encuentra en una posición completamente pasiva. La cooperación en la industria de defensa, los expedientes relativos a los F-16 y F-35 y el papel de Türkiye en cuestiones de seguridad regional —especialmente en Siria— proporcionan importantes instrumentos de negociación frente a Washington.
El canal de comunicación directa establecido entre el presidente Erdoğan y el presidente estadounidense Trump ofrece asimismo, como han demostrado experiencias anteriores, la posibilidad de amortiguar en el nivel de los líderes las tensiones surgidas en el plano institucional.
No obstante, el abanico de escenarios posibles sigue siendo amplio: desde una exención completa hasta sanciones selectivas contra determinadas empresas, pasando por la aplicación parcial de aranceles y, en el extremo opuesto, una escalada de amplio alcance.
El hecho de que Estados Unidos haya sancionado anteriormente a empresas con sede en Türkiye por considerar que habían contribuido a eludir restricciones estadounidenses a la exportación demuestra que el riesgo no es puramente teórico, sino que cuenta con precedentes concretos.
Por esta razón, cabe considerar que un posible desenlace podría consistir en una excepción negociada o una aplicación gradual, teniendo en cuenta la pertenencia de Türkiye a la OTAN y su importancia estratégica. Sin embargo, ello no significaría que hayan desaparecido los elementos estructurales de tensión que siguen marcando las relaciones entre Estados Unidos y Türkiye.
La posibilidad de un acercamiento económico entre Rusia y Türkiye
Por último, esta espiral de sanciones podría tener importantes repercusiones sobre el futuro de las relaciones entre Rusia y Türkiye. La creciente presión occidental está generando una dinámica susceptible de aproximar aún más a Moscú y Ankara en torno a una lógica compartida de equilibrio estratégico.
El mecanismo para efectuar en rublos los pagos correspondientes al suministro de gas, planteado tras las conversaciones entre el presidente Erdoğan y el presidente ruso Vladímir Putin, puede considerarse un paso concreto ya emprendido en esta dirección. No obstante, el patrón histórico de la política exterior turca parece responder menos a un auténtico «cambio de eje» que a una estrategia de alineamiento múltiple (multi-alignment).
En efecto, la posibilidad de que Ankara avance hacia la creación de una «unión energética» formal con Rusia parece reducida. Lo más previsible sería, en cambio, una intensificación de la coordinación energética y financiera en el plano informal, particularmente mediante la profundización de los mecanismos de intercambio y compensación basados en monedas locales.
La variable fundamental que podría determinar la orientación final de este proceso será, probablemente, el grado de severidad con el que Estados Unidos decida aplicar las nuevas medidas. En este sentido, una política estadounidense moderada y flexible permitiría a Türkiye preservar su actual estrategia de equilibrio; por el contrario, una aplicación rígida y poco abierta a soluciones negociadas podría empujar a Ankara, como reacción defensiva, hacia una aproximación estructural más profunda con Rusia.
Desde esta perspectiva, la iniciativa adoptada por Washington puede interpretarse no solo como un instrumento destinado a debilitar a Rusia, sino también como una suerte de experimento geopolítico que pone a prueba los límites de su propia red de alianzas y la capacidad de resistencia de esta ante las presiones derivadas de la política de sanciones.