La Prueba Del Modelo Turco: De Las Lecciones Del Pasado Hacia Una Nueva Arquitectura

El Proceso de Solución, desarrollado entre 2013 y 2015, constituyó el proyecto de paz social más amplio y ambicioso emprendido por Türkiye hasta entonces. Sin embargo, el proceso no logró alcanzar los objetivos previstos y terminó inconcluso. Los cinco elementos que hoy configuran el denominado Modelo Turco tampoco surgieron de manera fortuita. Por el contrario, son el resultado de las experiencias acumuladas, de las lecciones extraídas de aquel periodo y de la búsqueda de una nueva arquitectura capaz de responder a las complejas dinámicas políticas y sociales del país.
septiembre 28, 2026
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El proceso que Türkiye lleva adelante con el objetivo de lograr la disolución del PKK y el abandono de las armas ha sido denominado «Modelo Turco». Ya habíamos abordado esta cuestión anteriormente en estas mismas páginas bajo el título «El Modelo Turco en la resolución de conflictos». Detrás de esta denominación subyace la tesis de que el proceso presenta características que lo distinguen de otras experiencias de resolución de conflictos desarrolladas en distintas partes del mundo.

Sin embargo, evaluar esta afirmación únicamente a partir de la lógica interna del proceso actual conduciría a una lectura incompleta. La experiencia de Türkiye en esta materia no es nueva. El Proceso de Solución (Çözüm Süreci), desarrollado entre 2013 y 2015, constituyó el proyecto de paz social más amplio emprendido hasta entonces por el país, pero terminó frustrándose. Por ello, la pregunta que debería plantearse es la siguiente: ¿los cinco elementos que hoy ocupan un lugar central en el Modelo Turco surgieron de manera fortuita o constituyen una corrección deliberada del diseño institucional frente a las deficiencias concretas del pasado?

Responder a esta pregunta exige interpretar el modelo actual a partir de las decisiones de diseño adoptadas como respuesta a las principales vulnerabilidades de la experiencia anterior.

Esta comparación no responde únicamente a una inquietud académica. Mientras no se eliminen las dinámicas que determinaron el desenlace de un proceso, siempre existirá la posibilidad de que ese mismo proceso, aun bajo una denominación diferente, vuelva a desembocar en un punto semejante. Por esta razón, el «Modelo Turco» no debería entenderse simplemente como el relato de un éxito político, sino como un conjunto de respuestas institucionales concebidas frente a debilidades concretas experimentadas en el pasado. La cuestión fundamental no es tanto si se ha inventado un nuevo modelo, sino hasta qué punto se han diagnosticado correctamente las razones por las que el anterior no funcionó.

Para responder a esta cuestión es necesario examinar, en primer lugar, por qué fracasó la experiencia de 2013-2015 y, posteriormente, qué respuestas ofrece el modelo actual frente a aquellas vulnerabilidades.

El colapso del Proceso de Solución: cinco factores

Ya habíamos analizado detalladamente las razones que condujeron al final del Proceso de Solución en un artículo anterior titulado «¿Por qué terminó el Proceso de Solución?». En aquel análisis señalábamos que el proceso no llegó a su fin por una única causa, sino por la interacción de cinco factores que se alimentaron mutuamente. Estos fueron:

1. La brecha entre la voluntad de resolver el conflicto y la capacidad efectiva para hacerlo, acompañada por las luchas internas dentro del propio Estado. Los antiguos centros de tutela y FETÖ, que pretendía erigirse en un nuevo foco de tutela, sabotearon sistemáticamente el proceso en el seno de una burocracia que aún carecía de una estructura plenamente consolidada.

2. La ausencia, por parte del PKK, de una voluntad real de abandonar las armas. Diversos episodios ofrecieron indicios concretos en este sentido: desde los intentos de la organización por filtrar archivos hasta la transformación de Habur en una demostración política; desde la suspensión unilateral de la retirada el 9 de septiembre de 2013 hasta las demandas maximalistas formuladas después de Dolmabahçe.

3. Los factores regionales, en particular la Primavera Árabe y el nuevo equilibrio surgido en Siria, que alimentaron en la organización la expectativa de ampliar su espacio de influencia y control.

4. La intervención exterior ejercida a través del PKK: la cooperación que Estados Unidos estableció con la organización en el marco de la ecuación siria y la utilización de esta por parte de Irán como instrumento para mantener ocupada a Türkiye.

5. El impacto de las posiciones políticas internas: tanto la oposición como el Gobierno convirtieron el proceso, en distintos momentos, en un instrumento de la lucha por el poder, mientras que la sucesión de elecciones y referendos terminó fragmentando la agenda política.

Naturalmente, es posible mencionar otros factores que también incidieron sobre el proceso. No obstante, estos fueron los que adquirieron mayor relevancia.

De las luchas internas del Estado a una coordinación centralizada

Uno de los factores que más erosionó el Proceso de Solución fue que este se desarrolló en un periodo en el que el país estaba administrado por una estructura burocrática todavía insuficientemente consolidada y atravesada por disputas internas por ámbitos de poder. Los antiguos centros de tutela y FETÖ, que aspiraba a convertirse en un nuevo foco tutelar, sabotearon sistemáticamente el proceso.

Frente a este panorama, el proceso actual parece incorporar una respuesta explícita. La coordinación diplomática y de inteligencia articulada por el director de la Organización Nacional de Inteligencia (MİT), İbrahim Kalın, concentra en un único centro la conducción operativa del proceso. A ello se suma una arquitectura jurídica de garantías estructurada en tres niveles: la constatación, por parte de los organismos de seguridad, del abandono de las armas y de la disolución; la ratificación de dicha constatación por parte del Consejo de Seguridad Nacional (MGK); y, finalmente, el examen individual de los expedientes por un comité interinstitucional presidido por el vicepresidente de la República.

Esta estructura de tres niveles constituye una decisión de diseño que apunta a demostrar que el proceso no descansa únicamente sobre la voluntad política, sino también sobre una responsabilidad institucional y jurídica. Sin embargo, centralizar la coordinación no equivale a garantizar el control recíproco entre las instituciones. La solidez del modelo a largo plazo dependerá también de hasta qué punto esta coordinación centralizada quede vinculada no a determinadas personas, sino a reglas, procedimientos y mecanismos capaces de asegurar la continuidad institucional.

De las dilaciones a la decisión de disolución

Los momentos más destructivos del Proceso de Solución de 2013-2015 estuvieron marcados por la continua ambigüedad de la organización respecto de sus compromisos. Tras la declaración de Dolmabahçe del 28 de febrero de 2015, la sucesión de demandas maximalistas formuladas por representantes de la organización convirtió el proceso, en palabras del presidente Erdoğan, en una dinámica de continuas dilaciones y pretextos. La suspensión unilateral de la retirada el 9 de septiembre de 2013 constituyó otra manifestación de esa misma ambigüedad.

Es precisamente aquí donde aparece una de las diferencias determinantes del modelo actual. Tras el llamamiento de Öcalan de febrero de 2025, la organización adoptó en su congreso de mayo de 2025 la decisión formal de disolverse. De este modo, el punto de partida del proceso dejó de ser la obtención de conquistas políticas para situarse en la disolución de la propia estructura organizativa.

El orden de los pasos se invirtió. Esta secuencia se diferencia claramente tanto de la relación entre desarme y representación política observada en los casos de ETA e IRA como de la espiral que caracterizó el periodo 2013-2015, resumible en la fórmula de «primero las conquistas políticas y, después, quizá, el abandono de las armas».

No obstante, el umbral verdaderamente decisivo no reside en que se haya adoptado una decisión de disolución, sino en que esta pueda traducirse sobre el terreno en un desarme verificable y difícilmente reversible. Desde la perspectiva del modelo actual, el éxito de la voluntad política no se medirá por haber obtenido una declaración de disolución, sino por su capacidad para convertirla en un desarme verificable y permanente.

Separar la cuestión de las armas de la cuestión política

La principal fragilidad del Proceso de Solución de 2013-2015 no residía únicamente en el orden de los pasos. Existía una confusión conceptual mucho más profunda: se intentaba resolver simultáneamente, y en una misma mesa, tanto el final del conflicto como el orden político que habría de construirse después de este.

Durante el periodo 2013-2015, el abandono de las armas por parte del PKK y la solución política de la cuestión kurda quedaron entrelazados. La organización aprovechó esta superposición para convertir el desarme en una herramienta de negociación. Esa misma lógica se encontraba detrás de las demandas maximalistas que emergieron después de Dolmabahçe: el abandono de las armas quedó condicionado a la obtención previa de determinadas conquistas políticas.

Porque, en el momento en que el desarme de la organización y las demandas de democratización vuelven a introducirse dentro de un mismo paquete negociador, existe el riesgo de que reaparezca el mecanismo ya observado en el pasado: utilizar las armas como garantía para obtener beneficios políticos.

La contribución del modelo actual en este ámbito no consiste únicamente en alterar el orden de los pasos, sino en separar institucionalmente ambas cuestiones. La disolución del PKK y la cuestión kurda no son una misma cosa. Preservar esta distinción constituye una condición fundacional para el éxito del Modelo Turco.

Una vez desaparecida la existencia armada de la organización, las demandas democráticas y culturales de los ciudadanos kurdos podrán abordarse directamente en el marco de la Gran Asamblea Nacional de Türkiye (TBMM) y del ordenamiento jurídico, con independencia de la existencia de la organización.

Esta separación constituye asimismo una respuesta frente a la ambigüedad que, en el pasado, generó la incorporación indirecta del PKK al proceso a través del HDP. Dicho de otro modo, durante el Proceso de Solución de 2013-2015 la cuestión fundamental era cómo poner fin al conflicto. En el modelo actual, en cambio, el centro de gravedad parece desplazarse hacia otra pregunta: qué tipo de política habrá de construirse una vez terminado el conflicto.

La ausencia de un «tercer ojo»: ¿pero está realmente ausente?

Una de las fracturas más decisivas que contribuyeron al final del Proceso de Solución fue la cooperación desarrollada por Estados Unidos con el PKK en el marco de la ecuación siria, así como la instrumentalización de la organización por parte de Irán con el propósito de mantener ocupada a Türkiye. En lugar de optar por una solución con Türkiye, la organización prefirió ampliar su margen de maniobra bajo protección exterior, lo que en la práctica terminó socavando el proceso.

Uno de los principios más destacados del actual «Modelo Turco» se presenta precisamente como una respuesta a aquella experiencia: avanzar sin mediadores ni garantes externos, bajo la premisa de que «el tercer ojo es la propia nación». La afirmación de Ömer Çelik «Türkiye no necesita un tercer ojo; el tercer ojo son sus 86 millones de ciudadanos» constituye probablemente la formulación más explícita de este principio.

Sin embargo, conviene no perder de vista una distinción fundamental. La ausencia de mediadores externos y la ausencia de intervención exterior no son equivalentes. La primera depende de una decisión de Türkiye; la segunda no constituye una variable que Türkiye pueda determinar por sí sola. Por consiguiente, prescindir de un «tercer ojo» no elimina automáticamente la capacidad de los actores externos para influir sobre el proceso.

Lo que contribuyó al fracaso de 2013-2015 no fue la existencia de un mediador oficial, sino una influencia indirecta ejercida a través de la propia organización. En el escenario actual, el nuevo equilibrio surgido en Siria tras Assad y las medidas adoptadas por el Gobierno iraquí respecto de los elementos presentes en su territorio aparecen, por el contrario, como factores que facilitan la posición de Ankara.

Con todo, continúa abierto el debate acerca de si la integración anunciada se traduce sobre el terreno en una disolución efectiva o si, por el contrario, supone únicamente una incorporación parcial de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) a las estructuras centrales. Esta controversia demuestra que la distinción entre declaración y verificación sobre el terreno, que aplicamos a la disolución del propio PKK, conserva también toda su relevancia en la dimensión regional.

En consecuencia, parece más difícil que las dinámicas regionales que en el pasado condicionaron el proceso desde el exterior puedan ejercer hoy el mismo grado de influencia determinante.

De la polarización a un amplio consenso

El Proceso de Solución también terminó atrapado en una espiral de polarización en la que el HDP y el AK Parti se deslegitimaban mutuamente. El episodio marcado por la consigna «No permitiremos que seas presidente» constituyó quizá la imagen más elocuente de cómo el proceso había dejado de ser un proyecto de reconciliación social para convertirse en un instrumento de la confrontación entre el Gobierno y la oposición. El CHP y el MHP, por su parte, permanecieron al margen o fueron mantenidos al margen durante buena parte del proceso.

La respuesta que el modelo actual ofrece frente a esta vulnerabilidad no es un referéndum, sino la construcción de un amplio consenso parlamentario. La aprobación de la ley marco con 467 votos muestra la voluntad de fundamentar la legitimidad del proceso no en un único polo político, sino en la voluntad general de la Asamblea.

La cuestión fundamental en este punto reside en la posición que adoptará el DEM Parti dentro del proceso. Al comienzo del Proceso de Solución, el HDP era uno de sus actores relevantes. Sin embargo, con el paso del tiempo fue incorporándose cada vez más a una dinámica política de oposición al AK Parti y a Erdoğan, hasta el punto de que el propio proceso terminó formando parte de aquella confrontación política. Esta evolución fue uno de los factores que contribuyeron significativamente a debilitar la legitimidad social del Proceso de Solución.

La forma en que el DEM Parti participa hoy en el proceso plantea, por tanto, una cuestión inevitable: hasta qué punto podrá mantenerse al margen del riesgo de instrumentalización política experimentado en el pasado. El amplio consenso parlamentario puede proporcionar una base común en el eje Gobierno-oposición. Sin embargo, sigue abierta la cuestión de si la relación establecida con el DEM Parti ha adquirido un grado de solidez equivalente.

De una legislación tardía a una arquitectura construida de antemano

Por último, durante el Proceso de Solución de 2013-2015, el marco jurídico fue siempre a la zaga de los acontecimientos. La retirada de los miembros del PKK fuera del territorio nacional apenas pudo regularse mediante un protocolo administrativo, mientras que la Ley sobre la Finalización del Terrorismo y el Fortalecimiento de la Integración Social no fue aprobada hasta julio de 2014, cuando el proceso se aproximaba ya a sus etapas finales. El Comité de Seguimiento se constituyó con un retraso similar, en octubre de 2014.

En el proceso actual, este orden se ha invertido. Una ley específica y de carácter temporal permitió dotar al proceso de una base jurídica antes de que este alcanzara fases más avanzadas. El hecho de que la regulación evite deliberadamente el concepto de «amnistía» y defina el resultado no como una absolución general o una puesta a cero indiscriminada, sino como la posibilidad de un nuevo comienzo condicionado e individualizado, constituye también una distinción significativa.

La exclusión de los delitos graves, sin límite temporal alguno, revela asimismo una arquitectura jurídica concebida con la sensibilidad de atender no solo a las exigencias legales, sino también a la conciencia social.

Esta arquitectura jurídica cumple, además, otra función: reducir la dependencia del proceso respecto de personas concretas y de relaciones políticas coyunturales. Se pretende así trasladar las decisiones desde el ámbito de las conversaciones personales hacia un marco sustentado en las resoluciones de la Gran Asamblea Nacional y de las instituciones competentes.

El diseño puede ser correcto; la verdadera prueba está en otra parte

Esta comparación permite observar que la arquitectura actual no constituye simplemente un discurso político formulado de manera circunstancial. Frente a cada una de las vulnerabilidades conocidas y documentadas de la experiencia de 2013-2015 se ha articulado, esta vez, una respuesta diferente.

La fragmentación interna del Estado ha dado paso a una coordinación más centralizada; frente a la ambigüedad de los compromisos de la organización, la disolución y el desarme han sido situados al comienzo del proceso; y frente a la posibilidad de que actores externos adquieran un estatus formal en la mesa de negociación, se ha rechazado desde el principio la figura de un «tercer ojo». El amplio consenso parlamentario y la creación de un marco jurídico desde las primeras etapas del proceso completan esta arquitectura.

Todo ello indica que el modelo actual ha sido concebido a partir de las lecciones extraídas de los problemas experimentados en el pasado. Pero que el diseño haya incorporado esas lecciones no garantiza, por sí mismo, el éxito del modelo.

Las dinámicas regionales tampoco pueden quedar al margen de esta comparación. El nuevo equilibrio surgido en Siria tras Assad y el fortalecimiento del control de la administración de Damasco sobre el territorio del país parecen haber reducido considerablemente las incertidumbres vinculadas a Siria y a las FDS que condicionaron el proceso anterior. Por esta razón, la cuestión fundamental hoy no reside tanto en determinar si surgirá un acontecimiento regional fuera de control, sino en comprobar hasta qué punto serán capaces de funcionar los mecanismos que la propia Türkiye ha construido.

La próxima prueba consistirá en preservar la coordinación dentro del Estado; convertir el desarme en una realidad permanente y verificable sobre el terreno; impedir que la cuestión de las armas vuelva a entrelazarse con la política democrática; mantener el amplio consenso político; y garantizar una aplicación estable y coherente del marco jurídico.

Será precisamente en estos ámbitos donde podrá apreciarse el verdadero alcance de las lecciones que Türkiye ha extraído de su experiencia pasada.

Porque, en última instancia, la verdadera prueba no consiste en haber construido una nueva arquitectura, sino en determinar si esa arquitectura será capaz de transformarse en un orden político sostenible.

Fuente:https://perspektif.online/turkiye-modelinin-sinavi-gecmisin-derslerinden-yeni-mimariye/

Adnan Boynukara

Adnan Boynukara trabajó como ingeniero y gerente en diversas instituciones entre 1987 y 2009. Fue asesor principal en el Ministerio de Justicia de Turquía entre 2009 y 2015. Fue diputado por la provincia de Adıyaman durante los periodos 25º y 26º en el Parlamento de Turquía. Sus áreas de interés incluyen la administración pública, la seguridad, la lucha contra el terrorismo, la resolución de conflictos y los procesos de paz.
Correo electrónico: [email protected]

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