Galen Jackson
El 28 de febrero de 2026, el presidente Donald Trump anunció el inicio de la Operación Epic Fury, la campaña militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán. Entre sus objetivos figuraba el derrocamiento de la República Islámica. Dirigiéndose al pueblo iraní, Trump declaró: «Cuando terminemos nuestro trabajo, tomen el control de su gobierno. A partir de ese momento, será suyo». El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró el mensaje de Trump al afirmar: «Nuestra acción conjunta creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome su destino en sus propias manos». Sin duda, Washington y Jerusalén perseguían otros objetivos, entre ellos impedir que la República Islámica adquiriera armas nucleares. Sin embargo, diversos informes indican que, especialmente para Netanyahu, el cambio de régimen constituía uno de los objetivos centrales de la operación.
En el momento de redactar este artículo, la operación conjunta entre Estados Unidos e Israel no había logrado derrocar a la República Islámica. Aunque Israel consiguió eliminar al Líder Supremo, el ayatolá Alí Jameneí, durante los primeros días de la guerra, el régimen sobrevivió a los ataques. La campaña militar tampoco consiguió que Irán hiciera concesiones significativas respecto a su programa nuclear.
Diversos analistas sostienen que este resultado fue consecuencia de varios errores en el proceso de toma de decisiones. Algunos autores afirman que ni Estados Unidos ni Israel disponían de un plan para establecer un nuevo gobierno en Teherán tras los ataques dirigidos contra la cúpula del liderazgo iraní. Teniendo en cuenta la capacidad de resistencia del sistema político de la República Islámica, otros especialistas ya habían anticipado que debilitar al régimen sería una tarea extremadamente difícil. En consecuencia, algunos observadores concluyen que Washington y Jerusalén confundieron la obtención de éxitos tácticos con la consecución de objetivos políticos de largo plazo.
¿Cómo deben evaluarse estas afirmaciones? Una forma de analizarlas consiste en contrastarlas con la evidencia histórica. Considerada en conjunto, dicha evidencia respalda de manera sólida estas interpretaciones críticas. En este sentido, destacan cinco casos especialmente relevantes: la Crisis de Suez de 1956-1957, la invasión israelí del Líbano en 1982, los intentos de Estados Unidos por derrocar al presidente iraquí Saddam Hussein, la decisión de la administración Obama de apartar del poder al líder libio Muamar Gadafi y el golpe de Estado respaldado por Estados Unidos en Irán en 1953. Existen otros ejemplos, como la desastrosa decisión de Irak de invadir Irán en 1980, motivada en parte por un objetivo de cambio de régimen. Sin embargo, estos cinco casos resultan particularmente importantes porque ponen de manifiesto los principales errores de cálculo que han influido en la forma de pensar de los responsables estadounidenses e israelíes encargados de planificar este tipo de guerras.
Naturalmente, existen diferencias significativas entre estos casos históricos y la operación conjunta estadounidense-israelí de 2026. A diferencia de la Operación Epic Fury, la Crisis de Suez, la intervención israelí en el Líbano y, finalmente, los intentos estadounidenses de derrocar a Saddam Hussein incluyeron operaciones terrestres a gran escala. Asimismo, el contexto geopolítico que rodeó cada uno de estos episodios era muy diferente del existente en febrero de 2026. Del mismo modo, la intervención estadounidense en Libia en 2011 comenzó como una operación humanitaria, pero terminó convirtiéndose en una campaña de cambio de régimen contra un dirigente que, durante casi una década, había cooperado con Washington en importantes cuestiones de seguridad. Finalmente, el caso iraní de 1953 también presenta diferencias fundamentales. A diferencia de una intervención militar convencional, se trató de una operación encubierta que, al menos durante aproximadamente un cuarto de siglo, logró instalar un gobierno favorable a Estados Unidos, antes de ser finalmente derrocado por la Revolución Islámica, un desenlace que convirtió aquel supuesto éxito en un resultado profundamente discutible.
No obstante, como también señalan los críticos de la guerra, dos errores de cálculo compartidos contribuyeron al fracaso a largo plazo de estos cinco intentos de cambio de régimen, y ambos pueden identificarse igualmente en la forma de pensar de los arquitectos de la guerra de 2026, especialmente Donald Trump y Benjamin Netanyahu. En primer lugar, ambos líderes parecen haber considerado que las sucesivas derrotas sufridas por Irán y por sus fuerzas aliadas desde el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 habían dejado al régimen de Teherán en una situación de extrema vulnerabilidad. En consecuencia, confundieron las capacidades materiales de Estados Unidos e Israel con la capacidad real de alcanzar objetivos políticos fundamentales, un error estratégico de enorme importancia. Los casos analizados muestran, precisamente, que los dirigentes suelen sobreestimar la capacidad del poder militar, de la diplomacia coercitiva y de las operaciones encubiertas para traducirse en resultados estratégicos duraderos y en transformaciones políticas profundas en Oriente Medio.
En segundo lugar, y estrechamente relacionado con lo anterior, los responsables políticos estadounidenses e israelíes parecen haber sucumbido a la tentadora idea de que la neutralización de la cúpula dirigente constituía una solución capaz de resolver todos los problemas: ya fuera facilitando la sustitución del régimen de Teherán por un gobierno más moderado o provocando un colapso de la capacidad estatal que debilitara gravemente a Irán. Sin embargo, la evidencia histórica demuestra que este tipo de operaciones suele desencadenar una reacción nacionalista, pasa por alto la ausencia de una alternativa política viable capaz de establecer un gobierno estable y/o subestima la capacidad de resistencia del orden político existente. Como consecuencia, el resultado puede ser la aparición de un régimen aún más hostil o más inestable que el anterior. La principal lección que puede extraerse del análisis de estos casos es, por tanto, que incluso las grandes potencias encuentran límites muy concretos a lo que pueden lograr cuando recurren al uso de la fuerza, a la diplomacia coercitiva o a las operaciones encubiertas con el propósito de promover un cambio de régimen en Oriente Medio.
Desde esta perspectiva, Washington debería adoptar una política diferente hacia Irán. Para Estados Unidos e Israel, el objetivo prioritario sigue siendo impedir que Teherán adquiera capacidad para desarrollar armas nucleares. En consecuencia, la administración Trump debería abandonar su política de cambio de régimen en la República Islámica y, en su lugar, intentar negociar con Teherán un nuevo acuerdo nuclear inspirado en el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) de 2015, preferiblemente en condiciones más favorables para Estados Unidos. La adopción de un acuerdo de características similares no constituiría, en modo alguno, un resultado ideal. Sin embargo, las alternativas reanudar las operaciones militares e insistir en una estrategia que la historia ha demostrado repetidamente que fracasa serían un grave error.
La Crisis De Suez
En octubre de 1956, el Reino Unido, Francia e Israel lanzaron una operación militar coordinada contra Egipto. La Crisis de Suez estuvo motivada, en parte, por el deseo de derrocar al gobierno del presidente egipcio Gamal Abdel Nasser. La intervención perseguía también otros objetivos: Londres y París pretendían revertir la nacionalización del Canal de Suez decretada por Nasser. Sin embargo, todas las partes implicadas compartían la convicción de que la destitución del líder egipcio serviría a sus intereses estratégicos.
En una carta dirigida al presidente Dwight Eisenhower, el primer ministro británico Anthony Eden escribió: «La destitución de Nasser y el establecimiento en Egipto de un régimen menos hostil hacia Occidente… deben figurar entre nuestros principales objetivos». Eden añadió además que Londres y París «no podían aceptar en absoluto» el control egipcio sobre el canal, ya que ello significaría «la pérdida irreversible de toda nuestra posición en Oriente Medio».
Aunque la operación conjunta del Reino Unido, Francia e Israel fue un éxito desde el punto de vista militar, fracasó políticamente. Israel salió del conflicto en una posición relativamente favorable, mientras que las consecuencias para el Reino Unido y Francia fueron considerablemente más graves. Eisenhower estaba profundamente indignado no solo porque Estados Unidos no hubiera sido informado previamente de la operación, sino también porque esta desviaba la atención internacional de la represión soviética en Hungría y coincidía con la campaña de las elecciones presidenciales estadounidenses. Finalmente, ejerció una intensa presión sobre Londres y París para que abandonaran sus objetivos estratégicos.
Por ello, la Crisis de Suez sigue siendo considerada el punto de inflexión que marcó el declive definitivo del Reino Unido y Francia como grandes potencias. Como escribiría años más tarde Richard Nixon, quien entonces era vicepresidente de Eisenhower: «La guerra tuvo un efecto devastador sobre británicos y franceses. A partir de ese momento dejaron de ser grandes potencias mundiales». Nasser, por el contrario, salió de la crisis con una posición política considerablemente reforzada.
La invasión israelí del Líbano en 1982
En junio de 1982, Israel invadió el Líbano. Según el historiador Avi Shlaim, el principal impulsor de la guerra fue el ministro de Defensa Ariel Sharon, quien perseguía tres objetivos estratégicos interrelacionados: expulsar a las fuerzas militares de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) del sur del Líbano, eliminar la presencia militar siria en el país y llevar al líder maronita Bashir Gemayel a la presidencia para facilitar la firma de un tratado de paz entre el Líbano e Israel. Shlaim sostiene que Sharon también creía, con una considerable dosis de optimismo, que la eliminación de la OLP del Líbano obligaría a los palestinos a trasladarse a Jordania, donde esperaba que derrocaran a la monarquía hachemita y establecieran un Estado palestino. Ese escenario, a su vez, facilitaría la anexión israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza, allanando el camino para acuerdos de paz con Jordania y Siria.
A pesar de los rápidos avances militares, la guerra no permitió a Israel alcanzar sus objetivos políticos. Es cierto que la OLP y su líder, Yaser Arafat, fueron expulsados hacia el exilio en Túnez. Sin embargo, la campaña no logró frenar el nacionalismo palestino. Apenas cinco años después estalló la Primera Intifada, que además propició el surgimiento de Hamás. Siria, por su parte, no retiró sus fuerzas del Líbano hasta 2005. El intento israelí de promover un cambio de régimen también fracasó. En septiembre de 1982, Bashir Gemayel fue asesinado por militantes vinculados a Siria. Aunque el Líbano llegó a firmar un acuerdo de paz con Israel, este careció de credibilidad y pronto dejó de aplicarse en la práctica. Dada la estructura del sistema político libanés y las profundas divisiones internas del país, este desenlace no resultó sorprendente.
Además, la guerra produjo consecuencias estratégicas contraproducentes. En particular, tras conocerse los detalles de la complicidad israelí en la masacre de civiles palestinos en Sabra y Chatila, el conflicto dañó seriamente la reputación internacional de Israel, incluso en Estados Unidos durante un tiempo. Asimismo, la guerra favoreció el ascenso de Hezbolá, organización cuya creación contó con el apoyo de Irán y que hoy constituye el aliado no estatal más poderoso de Teherán en Oriente Medio. El Gobierno de Estados Unidos clasifica a Hezbolá como una organización armada chií y como organización terrorista. Las fuerzas israelíes no se retiraron completamente del Líbano hasta mayo de 2000, retirada que fue considerada una importante victoria para Hezbolá. En junio de 2026, Israel volvió a llevar a cabo operaciones militares de gran escala en territorio libanés con el objetivo de debilitar a la organización. Sin embargo, especialmente teniendo en cuenta que Irán parece hoy más dispuesto que en el pasado a reforzar su apoyo a Hezbolá, sigue siendo incierto cómo Israel podría eliminar definitivamente a este grupo.
Estados Unidos y El Irak De Saddam Hussein
Tras la invasión iraquí de Kuwait en agosto de 1990, el cambio de régimen pasó rápidamente a convertirse en un objetivo oficial de la política estadounidense. Es cierto que el presidente George H. W. Bush decidió no perseguir a las fuerzas iraquíes hasta Bagdad ni respaldar los levantamientos que estallaron en Irak en marzo de 1991. Aunque Bush había instado al «ejército iraquí y al pueblo iraquí a tomar la iniciativa y obligar al dictador Saddam Hussein a abandonar el poder», consideraba que una intervención directa pondría en riesgo los intereses fundamentales de Estados Unidos. Sin embargo, aunque merece reconocimiento por no haber agravado la situación mediante una campaña militar destinada a derrocar al régimen, no existía ninguna duda de que el objetivo estratégico de Washington seguía siendo la salida de Saddam del poder. El propio Bush escribió el 28 de febrero, día de la liberación de Kuwait: «Tiene que irse».
La administración del presidente Bill Clinton mantuvo la misma orientación. En octubre de 1998, Clinton promulgó la Ley de Liberación de Irak, que establecía como política oficial de Estados Unidos apoyar los esfuerzos dirigidos a «remover del poder al régimen encabezado por Saddam Hussein». En marzo de 1997, la secretaria de Estado Madeleine Albright declaró: «No compartimos la opinión de quienes sostienen que las sanciones deberían levantarse si Irak cumple sus obligaciones en materia de armas de destrucción masiva». Añadió además: «Para ser claros, un cambio de gobierno en Irak podría conducir a un cambio en la política de Estados Unidos». Como han señalado diversos analistas, este planteamiento eliminó prácticamente cualquier incentivo para que Saddam cooperara con Washington. El dirigente iraquí preguntaba repetidamente a sus asesores: «Podemos soportar las sanciones con inspectores o sin inspectores; ¿cuál prefieren?». Según F. Gregory Gause III, al insistir en el cambio de régimen, Washington cayó en «una evidente contradicción».
Es posible que, en cualquier caso, la cooperación con Saddam hubiera sido inviable. Sin embargo, al adoptar esta estrategia, Estados Unidos redujo considerablemente sus propias opciones políticas. Al mismo tiempo, existían indicios de que Bagdad podría haber estado dispuesto a explorar algún tipo de compromiso. Algunos responsables iraquíes llegaron a afirmar que la victoria electoral de Clinton sobre Bush en 1992 representaba una oportunidad para «abrir una nueva página» en las relaciones bilaterales. En última instancia, la política de la administración fracasó. Con el paso del tiempo, Estados Unidos fue perdiendo apoyo internacional y, cuando Clinton abandonó la presidencia, la estrategia de contención se encontraba prácticamente agotada.
Como consecuencia de ello, el sucesor de Clinton, el presidente George W. Bush, decidió en marzo de 2003 derrocar a Saddam Hussein mediante una invasión encabezada por Estados Unidos. Hoy en día, esta guerra es considerada casi unánimemente como un grave error estratégico. Incluso dejando de lado el hecho de que Irak no poseía armas de destrucción masiva el principal argumento utilizado para justificar la invasión y la deficiente gestión de la campaña por parte de la administración estadounidense, sus consecuencias para los intereses de Estados Unidos fueron extraordinariamente perjudiciales.
La guerra careció de un amplio respaldo internacional y tuvo un enorme costo tanto en vidas humanas como en recursos económicos. Además, contribuyó a dilapidar las ventajas del llamado «momento unipolar» de Estados Unidos y creó las condiciones que facilitaron el ascenso del Estado Islámico (ISIS). Al mismo tiempo, fortaleció la posición estratégica de Irán al reforzar a sus aliados políticos naturales dentro de Irak. En palabras del rey Abdalá de Arabia Saudí, Estados Unidos entregó Irak a Irán «como un regalo servido en una bandeja de oro».
La Operación Odyssey Dawn
En marzo de 2011, el líder libio Muamar Gadafi amenazó a los habitantes de Bengasi epicentro del levantamiento iniciado un mes antes afirmando que las fuerzas gubernamentales avanzarían «palmo a palmo, casa por casa, calle por calle y persona por persona» hasta «limpiar Libia de toda suciedad e impureza». Ante la posibilidad de una catástrofe humanitaria, el presidente Barack Obama decidió intervenir militarmente y sostuvo que Estados Unidos tenía «la responsabilidad de actuar».
Sin embargo, pronto quedó claro que la administración estadounidense consideraba que un desenlace exitoso a largo plazo requería la salida de Gadafi del poder. Obama había comenzado a exigir su dimisión ya el 26 de febrero y, un mes después, reiteró que el derrocamiento del dirigente libio era uno de los objetivos de su política. Como escribiría posteriormente David Sanger: «Para el verano, independientemente de lo que dijera la resolución de las Naciones Unidas, era evidente que la operación tenía como objetivo el cambio de régimen». Por su parte, la secretaria de Estado Hillary Clinton reaccionó a la muerte de Gadafi con la célebre frase: «Vinimos, vimos, murió».
Por nobles que pudieran haber sido sus intenciones iniciales, los resultados de la operación fueron claramente desastrosos tanto para Libia como para los intereses de Estados Unidos. Incluso Samantha Power, una de las principales defensoras de la intervención, reconoció que el uso de la fuerza militar estadounidense contra Gadafi quien había renunciado voluntariamente a su programa nuclear en 2003 podía «perjudicar, en última instancia, los esfuerzos internacionales de no proliferación nuclear». Además, para 2016, Libia se había convertido, en palabras de dos periodistas de The New York Times, en «un Estado fallido y un refugio seguro para organizaciones terroristas». Paradójicamente, Gadafi había cooperado anteriormente con Washington en materia de lucha contra el terrorismo. Por ello, el entonces secretario de Defensa Robert Gates, quien se había opuesto a la intervención, recordó que Gadafi «no representaba ninguna amenaza para nosotros; únicamente era una amenaza para su propio pueblo, y eso era todo».
Asimismo, desde el principio era evidente que la Operación Odyssey Dawn entrañaba un elevado riesgo de sumir al país en el caos. La propia Hillary Clinton admitió que, después de que Gadafi hubiera «desmantelado todas las instituciones» durante sus 42 años en el poder, la transición política posterior sería «extraordinariamente difícil en un país como Libia». Finalmente, el país quedó inmerso en una guerra civil que evolucionó hacia un conflicto por delegación con la participación activa de múltiples potencias extranjeras. Hasta el día de hoy, Libia continúa dividida entre dos gobiernos rivales.
El golpe de Estado estadounidense en Irán
La ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán no constituye el primer intento de Washington de derrocar al liderazgo político iraní. Ese precedente corresponde a la Operación TPAJAX, llevada a cabo en agosto de 1953 con el respaldo de la CIA, cuyo objetivo era destituir al primer ministro democráticamente elegido, Mohammad Mosaddegh, y restablecer en el poder al sha Mohammad Reza Pahlaví.
En aquel momento, la administración Eisenhower estaba cada vez más preocupada por el riesgo de colapso de la economía iraní. La Casa Blanca temía que esa situación favoreciera la expansión de la influencia comunista y soviética en Teherán. Incluso aceptando las interpretaciones revisionistas aunque existen sólidos argumentos para cuestionarlas, el derrocamiento de Mosaddegh sigue proyectando una larga sombra sobre las relaciones entre Estados Unidos e Irán. El régimen del sha terminó con la Revolución Islámica de 1979, que dio lugar al establecimiento de la República Islámica liderada por el ayatolá Ruhollah Jomeini, un sistema político cuya identidad quedó profundamente marcada por su oposición a Estados Unidos.
Conclusión
Por lo tanto, no resulta sorprendente que la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel no haya alcanzado sus principales objetivos. Por el contrario, el conflicto fortaleció a los sectores más duros del poder en Irán, especialmente a los dirigentes conservadores del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). Mojtaba Jamenei, hijo del ayatolá Ali Jamenei, fue elegido como sucesor de su padre, resolviendo así la cuestión de la sucesión dentro de la República Islámica. Si se acepta que el régimen era vulnerable antes de la guerra, este desenlace representa un importante retroceso para quienes aspiraban a un cambio político en Teherán.
Además, Irán adquirió una nueva capacidad de negociación al demostrar que podía cerrar el estrecho de Ormuz. Incluso si el alto el fuego alcanzado en junio se mantiene vigente algo sobre lo que existen razones para dudar, Teherán siempre podrá recurrir a la amenaza creíble de volver a bloquear esta vía estratégica. Desde la perspectiva de la gran estrategia, la prolongación del conflicto también beneficia a China y a Rusia, ya que las operaciones estadounidenses han consumido reservas de armamento cada vez más necesarias en el teatro del Indo-Pacífico.
¿Cuál debería ser entonces el camino para Washington? Es poco probable que Irán capitule y, a la luz de los resultados obtenidos hasta ahora, sería un error que la administración Trump reanudara las operaciones militares, tal como el propio presidente ha amenazado con hacer. Para limitar los daños a los intereses estadounidenses, la Casa Blanca debería concentrarse en consolidar el alto el fuego e intentar alcanzar sus principales objetivos mediante la negociación. En particular, Estados Unidos debería abandonar oficialmente el cambio de régimen como objetivo de su política hacia Irán y trabajar para restablecer una versión mejorada del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC). Un enfoque de este tipo contribuiría al principal objetivo de la administración Trump: impedir que Teherán adquiera armas nucleares. Aunque la guerra pueda haber fortalecido la confianza de los dirigentes iraníes, el hecho de que la economía del país que ya era frágil antes del conflicto haya sufrido pérdidas cercanas a los 270.000 millones de dólares, dejando además a millones de iraníes en una situación de gran vulnerabilidad, podría ofrecer a la nueva dirigencia incentivos para alcanzar un acuerdo.
Lamentablemente, incluso dejando de lado la cuestión nuclear, el problema más amplio al que se enfrentan Estados Unidos e Israel respecto a Irán no tiene una solución sencilla a largo plazo. Dado el grado de impopularidad que había alcanzado el régimen antes de la guerra, existía al menos la posibilidad de que, con el paso del tiempo, surgiera un liderazgo iraní más moderado y pragmático, como ocurrió en Egipto. Después de todo, la amenaza que Gamal Abdel Nasser representaba para los intereses occidentales e israelíes desapareció de manera natural tras su muerte en septiembre de 1970 y su sustitución por el presidente Anwar el-Sadat. Este último estuvo dispuesto a cooperar con Estados Unidos y a asumir el coste político de firmar un tratado de paz con Israel, objetivo que finalmente se materializó en marzo de 1979.
Sin embargo, un escenario similar parece hoy muy lejano en Irán. Al no haber aprendido las lecciones que dejaron los repetidos fracasos de las operaciones de cambio de régimen en Oriente Medio, los responsables políticos de Estados Unidos e Israel probablemente han contribuido a garantizar que la República Islámica continúe siendo un adversario estratégico durante el futuro previsible.
* Galen Jackson es profesor asociado de Ciencia Política en Williams College. Imparte cursos sobre armas nucleares, política exterior de Estados Unidos, relaciones internacionales, Oriente Medio, el conflicto árabe-israelí y ciberseguridad internacional. Es autor del libro A Lost Peace: Great Power Politics and the Arab-Israeli Dispute, 1967–1979 (Cornell University Press, 2023) y editor de The 1973 Arab-Israeli War (Rowman & Littlefield, 2023).
