¿Será 2026 Un Año Crítico Para León y La Iglesia Católica?
El año 2026 se perfila como un momento decisivo para la Iglesia católica y para su influencia cultural en el mundo, incluido el ámbito político. El consistorio extraordinario celebrado en Roma los días 7 y 8 de enero fue interpretado por numerosos analistas como el verdadero inicio del pontificado de León XIV.
En efecto, hasta ahora hemos sido testigos de diversas acciones del papa Prevost que, en esencia, deben entenderse como el cierre de ciertos capítulos de la agenda de Francisco una agenda que en gran medida quedó inconclusa y que probablemente así permanecerá. Entre ellas se cuentan, por ejemplo, la primera encíclica dedicada a la pobreza, Dilexi Te, así como las notas doctrinales publicadas por el antiguo Santo Oficio, que, según indicaron las propias autoridades vaticanas, deben leerse como los últimos gestos de respeto a la misión recibida de Francisco.
Al mismo tiempo, hemos observado cambios de rumbo claros y significativos destinados a corregir debilidades jurídicas heredadas del pontificado anterior: la supresión del monopolio del Instituto para las Obras de Religión (IOR), el banco del Vaticano, y la modificación de la Ley Fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano son ejemplos elocuentes. Finalmente, también se han mantenido actos de plena continuidad con Francisco, que León ha asumido de manera explícita, ante todo el nombramiento de obispos de marcada orientación progresista. De este modo, tal como anticipamos en vísperas del cónclave, se perfila la figura de un papa que aspira a presentarse como un “revolucionario de la desaceleración”: ni un bergogliano, ni como resulta evidente un conservador o tradicionalista.
Los temas abordados en el consistorio el papel de los cardenales en el gobierno de la Iglesia y la sinodalidad anticipan el desarrollo de la agenda que el papa León XIV seguirá en los próximos meses y años. En la actualidad, se percibe el intento de ensayar un modelo de Iglesia que se presenta a sí misma como un sujeto institucional semejante a las grandes estructuras políticas supranacionales, como la Unión Europea o las Naciones Unidas. En este marco debe entenderse también la reciente reaparición del proyecto de una Ley Fundamental de la Iglesia. Dicho proyecto ya había sido promovido por Pablo VI, quien consideraba necesario adaptar las estructuras eclesiales a los marcos jurídicos y políticos modernos y apoyaba la idea de dotar a la Iglesia de una auténtica constitución o estatuto fundamental que sirviera de base y referencia para el resto de sus leyes y codificaciones.
Pablo VI desarrolló asimismo una visión de la Iglesia estructurada según un modelo monárquico-parlamentario. Desde su perspectiva, las conferencias episcopales y el Colegio de Cardenales funcionaban como una suerte de cámaras baja y alta de la institución eclesial. De esta concepción se desprendía una notable reducción del papel del papado: el Papa dejaba de ser la medida viva inmediata de la fe, el único portador de la infalibilidad doctrinal o el mediador exclusivo del poder de gobierno entre Dios y los obispos. Su figura pasaba a entenderse más bien como portavoz del magisterio, como un obispo entre los obispos, dotado de manera análoga a los jefes de Estado en las democracias modernas de un papel arbitral e incluso de un derecho de veto.
Esta concepción nunca llegó a aplicarse plenamente, pero tampoco fue abandonada por completo. El hecho de que Benedicto XVI optara por colocar una mitra episcopal en su escudo pontificio en lugar de la tiara constituye un gesto altamente simbólico. En la misma línea se inscribe el documento de trabajo sobre “el Obispo de Roma”, publicado en 2024 por el cardenal Kurt Koch, una figura cercana a las sensibilidades ratzingerianas.
Hoy asistimos a una nueva fase de revitalización de este modelo, reforzada además por la transformación que el papa Francisco llevó a cabo en el Colegio de Cardenales, al convertirlo en una asamblea globalizada con representantes de todo el mundo. De este modo, el concepto de “universalidad” que el Colegio debía encarnar se desplazó definitivamente de un plano sacramental y jerárquico en el que el título cardenalicio comprendía incluso a laicos no ordenados y representaba los tres grados del Orden sagrado hacia un plano estrictamente geográfico. Paralelamente, en el ámbito del derecho canónico se consolidó la idea de que quien elige al Obispo de Roma debe ser él mismo obispo. Este principio, fijado en el canon 351 §1, ha redefinido aún más la naturaleza y la función del Colegio.
El número extraordinariamente elevado de cardenales deseado por Francisco refuerza la percepción de que el Colegio se asemeja cada vez más a una cámara alta de la Iglesia. Las prácticas recientes apuntan en esa dirección: durante el último consistorio, se concedieron a los cardenales cien minutos de intervenciones libres, seguidos de un discurso final del Papa, una dinámica que recuerda de manera notable el funcionamiento de un senado.
En cuanto al segundo gran tema tratado en el consistorio, la sinodalidad, se observa una confirmación de la línea seguida hasta ahora. Como el propio papa León expresó con claridad en una conversación publicada con Allen, no concibe en absoluto una reforma democrática de la Iglesia en el sentido imaginado por Francisco, en la que laicos y obispos fueran convocados conjuntamente para decidir en materia doctrinal y moral. Para León, la sinodalidad es otra cosa: una armonía de roles en la que laicos y clérigos aportan su contribución, los obispos disciernen y deciden, y el pueblo de Dios pone en práctica lo establecido.
Todo ello responde también al deseo de presentar a la Iglesia católica como un actor con peso en la escena global. Sin embargo, este impulso choca con obstáculos que trascienden ampliamente los ámbitos cultural y religioso: entran en juego las más profundas dinámicas económicas y geopolíticas. Nos encontramos aquí ante una paradoja: una Iglesia que se percibe a sí misma como sujeto institucional supranacional acaba adentrándose en un terreno que no le es propio y adopta sus categorías, lenguajes y lógicas de funcionamiento. En el momento en que la Iglesia acepta presentarse como “un actor más entre las grandes instituciones globales”, deja de hablar con una voz distinta y comienza a hablar como los demás. Al hacerlo, no se sitúa en un plano de igualdad, sino que se somete a los criterios de legitimidad de quienes ya dominan ese espacio: los Estados, la Unión Europea, las Naciones Unidas, los organismos multilaterales y el derecho internacional positivo.
Históricamente, la autoridad de la Iglesia nunca ha derivado de una semejanza estructural, sino de una asimetría reconocida. Su fuerza en el diálogo con los imperios no se basó jamás en su modernización institucional, sino en representar un orden diferente: un orden sagrado, moral y trascendente. Cuando Gregorio VII, Inocencio III o Pío XII dialogaron con los poderosos, no lo hicieron como jefes de instituciones equivalentes, sino como custodios de una ley superior, no negociable ni derivada. Los reformadores entre los cuales probablemente se cuente el propio papa León consideran hoy que la Iglesia es incapaz de dialogar en pie de igualdad con los poderes del mundo; sin embargo, atribuyen esta incapacidad no a las concesiones graduales hechas en las últimas décadas para imitar al mundo, sino a una supuesta “estructura antigua” heredada del pasado.
Dicho de otro modo: mientras el mundo vuelve a orientarse hacia lógicas imperiales, ¿por qué la Iglesia católica, heredera del imperio más grandioso y la mejor estructurada entre todas, insiste en seguir un camino frágil que, lejos de fortalecerla, la debilita? En este contexto, la relación de subordinación impuesta por la Unión Europea al Vaticano seguirá siendo una de las cuestiones centrales del futuro próximo. Esta dinámica contribuye tanto a silencios doctrinales en temas de enorme relevancia bioética y moral como la eutanasia, el aborto o las uniones homosexuales como a revisiones doctrinales de facto, tal como ocurrió con el compromiso de abolición de la pena de muerte adoptado por la Santa Sede.
Sin embargo, esta disonancia entre Bruselas y el Vaticano no puede permanecer sin consecuencias. Los desafíos que aguardan a la Iglesia en Europa ya no son coyunturales, sino sistémicos. Las uniones homosexuales, la normalización progresiva de la eutanasia, una concepción agresiva del aborto y la gestación subrogada no son meros problemas morales; son los resultados coherentes de un orden jurídico que reduce la familia a una simple unidad administrativa y atribuye al Estado y al poder judicial una supremacía creciente sobre ella. En este contexto, la creciente centralización fiscal y regulatoria de la Unión Europea erosiona el principio de subsidiariedad y vacía de contenido la capacidad decisoria de las comunidades naturales y locales.
Junto a estos problemas ampliamente debatidos y visibles, existen otros menos perceptibles pero no menos graves. El aumento estructural del gasto militar en nombre de la disuasión frente a Rusia, la adopción de modelos de control y planificación inspirados en la política china, y la marginalidad geopolítica de la Unión Europea frente a Estados Unidos, China, Rusia y potencias emergentes como Türkiye e India están reconfigurando las prioridades públicas en Europa. Como resultado, se produce un desplazamiento silencioso de recursos, atención y legitimidad hacia la lógica de la seguridad y de la competencia global, en detrimento de la familia, la natalidad y la cohesión social.
El declive demográfico y, en particular, la rápida disminución de los cristianos en una Europa occidental cada vez más islamizada constituyen los signos más evidentes de esta crisis profunda. En este punto, la Iglesia corre el riesgo de verse sorprendida no tanto a nivel doctrinal como a nivel histórico: mientras el continente pierde peso político y fe en su propio futuro, también se disuelve el tejido humano que hizo posible su civilización. Este proceso avanza sin estridencias, como resultado indirecto de decisiones económicas, jurídicas y culturales que a menudo se presentan como neutrales.
Si la Iglesia opta por el silencio o por una mera adaptación, a medio plazo perderá la capacidad de influir en el lenguaje y las categorías con las que Europa piensa sobre sí misma. A largo plazo, corre el riesgo de quedar reducida a una minoría residual, tolerada solo mientras no cuestione el orden dominante. Por ello, 2026 no se presenta como un año para medir el éxito diplomático de la Iglesia, sino como una prueba decisiva para saber si aún desea hablar como una conciencia crítica y como una madre, o si acepta definitivamente convertirse en una institución moral más, que habla solo consigo misma o quizá ya ni siquiera consigo misma.