Relaciones EE. UU.-Israel Tras El Genocidio De Gaza

La mutación en la opinión pública ha estrechado sensiblemente el margen de maniobra política de las estructuras tradicionales de cabildeo como el AIPAC; esta constricción ha dejado de ser una tendencia abstracta para manifestarse con nitidez mediante evidencias empíricas y datos procedentes de la investigación experimental en el ámbito electoral. El exponente más emblemático de esta dinámica se observa en la contienda para el Senado por el estado de Míchigan. El AIPAC y sus organizaciones afines desembolsaron cerca de 30 millones de dólares en las elecciones primarias con el propósito de respaldar a Haley Stevens frente al candidato de origen palestino Abdul El-Sayed. Esta maniobra por parte de la vertiente estadounidense del lobby sionista constituye la mayor inversión jamás efectuada por la organización en un único proceso electoral. A pesar de tal despliegue financiero, El-Sayed vocal crítico de Israel que abogaba de manera firme por el cese de la asistencia militar a dicho Estado se alzó con la victoria en las primarias.

Durante la fase de las elecciones generales, el panorama adquirió una dimensión aún más elocuente. El candidato republicano Mike Rogers solicitó formalmente al AIPAC que se abstuviera de expresarle su apoyo explícito. En efecto, el equipo de campaña de Rogers temía que la mera vinculación del AIPAC con el proceso electoral fortaleciera el argumento del adversario, quien denunciaba la presencia de un «candidato subordinado al AIPAC». El hecho de que un aspirante republicano de convicciones marcadamente proisraelíes percibiera el aval del lobby como un lastre evidencia que el fenómeno trasciende las desavenencias internas del Partido Demócrata, habiéndose transformado en una realidad política de alcance transversal a ambas formaciones.

Esta lectura se ve revalidada de forma sistemática por el estudio demoscópico llevado a cabo por Data for Progress en julio de 2026. La investigación, realizada entre el 17 y el 19 de julio de 2026 sobre una muestra de 1207 probables electores, determinó que aquellos candidatos demócratas financiados por el AIPAC obtenían un rendimiento estadísticamente inferior frente a su oponente republicano en comparación con aquellos aspirantes que rehusaban categóricamente dichos fondos. Esta erosión no es exclusiva del AIPAC. Los candidatos receptores de financiación procedente de empresas de inteligencia artificial, del sector de las criptomonedas o de la industria farmacéutica, ámbitos bajo el escrutinio del propio lobby, experimentan una desventaja análoga. Por consiguiente, el AIPAC ha dejado de ser percibido por el electorado como un grupo de interés «controvertido pero neutral», para inscribirse en la misma categoría que las firmas de criptomonedas o de inteligencia artificial que sufren una pérdida de confianza generalizada; a saber, entre las fuentes de financiación que el votante penaliza de manera directa.

La traducción institucional más tangible de este repliegue radica en la conversión del movimiento estudiantil en una estructura de articulación política. El Anti-Zionist America PAC (AZAPAC), constituido formalmente en el otoño de 2025, se erige deliberadamente como un contrapeso frente al AIPAC. El AZAPAC se compromete a respaldar únicamente a aquellos candidatos que presten «juramento de lealtad exclusiva a Estados Unidos» y ha estructurado su modelo de financiación colectiva tradicional a través de escalas de donación denominadas «We The People» (a partir de 5 dólares), «Patriot Package» (a partir de 50 dólares) y «Liberty Package» (a partir de 500 dólares). Una de las campañas en curso del AZAPAC insta a los senadores a derogar la Sección 1217 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA), lo que demuestra que este lobby distante del sionismo no constituye una mera presencia simbólica, sino un actor funcional empeñado en intervenir en los procesos legislativos concretos. El surgimiento del AZAPAC atestigua que dos años de movilizaciones en los campus universitarios —en las que llegaron a confluir esporádicamente sectores que confundieron el antisionismo con la hostilidad hacia la comunidad judía— han evolucionado hacia una entidad institucionalizada inserta en la política electoral.

No obstante, este nuevo movimiento de contraorganización se asienta sobre un terreno sujeto a controversia. Entidades como la Anti-Defamation League señalan haber detectado elementos antisemitas en la retórica de ciertos grupos prominentes en las protestas universitarias, denunciando asimismo que algunos activistas expresaron su apoyo explícito a los atrocidades perpetradas por Hamás el 7 de octubre. Tales críticas alimentan un debate de hondo calado en la sociedad estadounidense relativo al deslinde entre la oposición al sionismo y la judeofobia. Esta polémica trasciende el mero marco académico para convertirse en un eje central de la disputa por la legitimidad política. Por otro lado, los defensores del movimiento sostienen que estas imputaciones se instrumentalizan con frecuencia con el fin de acallar la crítica política legítima. Dicha tensión representa el reto más exigente que deben afrontar estructuras como el AZAPAC. Permanece como una incógnita si lograrán institucionalizarse y alcanzar una legitimidad equiparable a la del AIPAC en la política hegemónica, o si, por el contrario, quedarán confinados a la condición de movimiento de protesta marginal.

La impugnación del AIPAC no procede de manera exclusiva de la corriente de izquierda del Partido Demócrata, lo que constituye el elemento inédito más relevante del escenario actual. El comentarista conservador Tucker Carlson, a pesar de su afinidad con la figura de Trump, se ha erigido en uno de los detractores más conspicuos de la relación entre Estados Unidos e Israel, comenzando a sonar como posible aspirante a la presidencia. Por su parte, la congresista republicana Marjorie Taylor Greene figuró entre las primeras voces de su grupo parlamentario en calificar abiertamente de «genocidio» la guerra en Gaza. Esta corriente crítica se adscribe al movimiento MAGA bajo una identidad cautelosa frente a las intervenciones exteriores o, en términos más sencillos, afín a la máxima «Estados Unidos primero, no a las guerras innecesarias». El portavoz principal de este sector en la actualidad es el vicepresidente JD Vance. Este grupo ha dejado de percibir el auxilio a Israel como una exigencia estratégica compartida, pasando a considerarlo un lastre que dilapida inútilmente los recursos estadounidenses, postura que se alinea con la promesa de «poner fin a las guerras interminables». El hecho de que los sectores proisraelíes denuncien que parte de esta corriente crítica «se halla entretejida con teorías de la conspiración de corte antisemita» sienta las bases para desplegar estrategias orientadas a equiparar toda objeción a Israel con la judeofobia. Pese a ello, esta circunstancia no altera la realidad de que se está operando una fractura genuina en las bases republicanas: la confianza en Israel entre los republicanos jóvenes se desploma a un ritmo sensiblemente más acentuado que entre las generaciones de mayor edad.

A pesar de las transformaciones observables en la opinión pública y en las bases partidistas, la problemática de la «emancipación» de Estados Unidos respecto del sionismo requiere un análisis que trascienda las meras mediciones demoscópicas. En primer término, las distintas administraciones han mostrado históricamente una marcada renuencia a intervenir de forma temprana en la conducción bélica de sus aliados. Esta reticencia no es exclusiva del caso israelí, sino que constituye un patrón recurrente apreciable en los escenarios de Ucrania y Yemen. Lejos de ejercer el elevado poder de negociación del que disponen al inicio de una alianza, los decisores políticos ven diluirse su capacidad de influencia a medida que el conflicto se prolonga. Tal fenómeno demuestra que, al margen de las oscilaciones de la opinión pública, el poder ejecutivo alberga una vacilación estructural profunda a la hora de imponer condiciones severas a sus aliados.

En segundo lugar, la densidad de los vínculos institucionales articulados mediante alianzas tecnológicas e industrias de defensa, cooperación en materia de inteligencia y redes de relaciones arraigadas en el Congreso desaconseja asumir una disolución repentina de este entramado. De hecho, el propio gobierno israelí ha asumido un discurso de desvinculación gradual de la ayuda estadounidense en el horizonte de una década, proyectando la estrategia de presentar una eventual interrupción futura de la asistencia como una iniciativa soberana. Ello entraña un reconocimiento tácito de que la alianza resulta insostenible en sus términos tradicionales. Por otra parte, conviene no soslayar que organizaciones emergentes como el AZAPAC distan aún de poseer una red financiera e institucional de la escala del AIPAC; la mera irrupción de un contralobby no implica el reemplazo inmediato del poder preexistente.

En conclusión, la emancipación de Estados Unidos respecto del sionismo no constituye un proceso concluido, sino que perdura como un campo de contienda multilateral y contradictorio. Mientras en la opinión pública, las bases partidistas, la investigación experimental sobre la conducta electoral y las incipientes contraorganizaciones institucionales tanto en el ala demócrata como en la republicana se vislumbra una ruptura profunda, el poder ejecutivo y las estructuras institucionales continúan actuando, en gran medida, bajo la lógica de la alianza tradicional. Por ende, resulta más acertado interpretar el panorama actual no como «el fin de la alianza», sino como una «encrucijada crítica de renegociación del pacto», en la que las preferencias de los electores y los nuevos contralobbies ejercen una presión creciente sobre las élites políticas.