¿Qué Significa Realmente «El Consentimiento De Los Gobernados»?

Nuestros Padres Fundadores transformaron radicalmente la manera en que el pueblo participaba en el gobierno.

Nota del editor: El difunto Gordon S. Wood fue uno de los más destacados especialistas del país en la Revolución estadounidense. Poseía un talento excepcional para escribir con un estilo a la vez claro y profundo, y fue galardonado tanto con el Premio Bancroft como con el Premio Pulitzer. Cuando le pregunté cuáles eran, a su juicio, algunos de los momentos decisivos más significativos de la historia estadounidense, mencionó el nombramiento de John Marshall por John Adams y no tardó en enviarnos un ensayo al respecto. El año pasado, el profesor Wood expresó su deseo de volver a publicar en American Heritage. Cumplimos ahora ese deseo mediante la publicación de este ensayo, recientemente incluido también en The Promise of America, una distinguida recopilación editada por el National Constitution Center que reúne trabajos de destacados historiadores, entre ellos el propio Wood.

Una de las muchas verdades evidentes proclamadas en la Declaración de Independencia es la afirmación de que los gobiernos derivan sus poderes legítimos «del consentimiento de los gobernados». En 1776, por consentimiento de los gobernados los estadounidenses entendían que el pueblo debía prestar su consentimiento a las acciones del gobierno mediante el proceso de representación, pues, salvo en las pequeñas asambleas municipales de Nueva Inglaterra, nadie creía que el conjunto de la población pudiera gobernarse enteramente a sí mismo de manera directa.

El consentimiento mediante la representación constituyó una de las cuestiones fundamentales de la época revolucionaria. Prácticamente todos los grandes debates del período —desde la controversia imperial de la década de 1760 hasta el conflicto en torno a la nueva Constitución de los Estados Unidos en 1787-1788— remitían, en última instancia, al problema del consentimiento por medio de la representación.

En efecto, si la representación se entiende como el instrumento mediante el cual el pueblo participa en el gobierno, garantizar una representación adecuada llegó a convertirse tanto en el propósito como en la medida misma de la Revolución. Como expresó Thomas Jefferson en 1776, constituía «el objeto entero de la controversia actual».

Por consiguiente, la representación no podía ser únicamente una cuestión entre Inglaterra y América; necesariamente debía convertirse también en una cuestión entre los propios estadounidenses. Durante los años posteriores a la Declaración de Independencia, los estadounidenses comenzaron a desarrollar una concepción radicalmente nueva del consentimiento mediante la representación, cuyas consecuencias no se manifestarían plenamente hasta los debates en torno a la nueva Constitución de los Estados Unidos.

Las discusiones verdaderamente intensas acerca del consentimiento mediante la representación comenzaron cuando el Parlamento aprobó en 1765 la Ley del Timbre (Stamp Act), que imponía gravámenes sobre numerosos productos de papel utilizados en las colonias. Tanto los colonos como los británicos compartían un principio fundamental de la cultura política inglesa: nadie podía ser privado de su propiedad sin su consentimiento. Los británicos sostenían que los colonos estaban virtualmente representados en el Parlamento y que, por tanto, habían prestado su consentimiento al impuesto del timbre. El hecho de que los colonos no hubieran votado por ninguno de los miembros del Parlamento carecía de importancia desde la perspectiva británica, pues muchos ingleses tampoco tenían derecho al voto y, sin embargo, se consideraban representados.

Debido al complejo sistema de circunscripciones electorales, cuyos orígenes se perdían en las brumas del tiempo, los británicos consideraban que las elecciones y la existencia de distritos electorales claramente delimitados revestían una importancia secundaria para la representación. Lo verdaderamente esencial era la comunidad recíproca de intereses que los miembros del Parlamento compartían con el pueblo británico que integraba la Cámara de los Comunes, comunidad de la que se suponía que también formaban parte los colonos.

Para estos últimos, sin embargo, semejante concepción de la representación virtual carecía por completo de sentido. Su experiencia, diferente y mucho más reciente, en la formación de circunscripciones electorales coherentes los había conducido hacia aquello que ellos mismos denominaban representación real. Esta concepción exigía la manifestación más explícita posible del consentimiento: el voto. En otras palabras, la representación real desplazaba el acto de votar es decir, el propio proceso electoral desde una posición secundaria hasta situarlo en el centro mismo del principio representativo. Puesto que los colonos no votaban por los miembros del Parlamento, no podían estar representados en él. El Parlamento podía regular su comercio, pero no podía imponerles tributos.

Finalmente, frustrados por los intentos de los colonos de distinguir entre la imposición de tributos y la regulación del comercio, los británicos recurrieron a la doctrina de la soberanía, según la cual en todo Estado debía existir una autoridad legislativa única, suprema, definitiva e indivisible. En el Imperio británico, esa autoridad correspondía al Parlamento. Si los colonos reconocían siquiera la más mínima parcela de la autoridad parlamentaria como hacían respecto de la regulación del comercio, debían reconocerla en su totalidad; y si rechazaban siquiera la más pequeña parte de dicha autoridad como ocurría en materia tributaria, entonces debían rechazarla por completo.

Ante esta doctrina de la soberanía, los colonos optaron por situarse enteramente fuera de la autoridad del Parlamento y sostener, en consecuencia, que únicamente estaban vinculados al rey. Cuando declararon su independencia, enumeraron los abusos cometidos por la Corona casi sin mencionar siquiera la existencia del Parlamento, pese a que había sido precisamente este el que había aprobado todas las leyes objeto de controversia, desde la Ley del Timbre hasta las Leyes Coercitivas (Coercive Acts) de 1774.

Cuando, en 1776, los estadounidenses comenzaron a redactar las constituciones de los trece Estados independientes, circunscribieron la representación popular a las distintas Cámaras de Representantes, que constituían el elemento democrático de sus nuevas constituciones republicanas de carácter mixto. Esta organización se inspiraba en gran medida en la Constitución inglesa, integrada por el rey, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, una estructura célebre desde la Antigüedad clásica por combinar o mantener en equilibrio las tres formas tradicionales de gobierno: monarquía, aristocracia y democracia.

El hecho de que los estadounidenses otorgaran poderes tan amplios a los representantes del pueblo en las cámaras bajas llevó a figuras como Richard Henry Lee, de Virginia, a afirmar que, «aunque se habían establecido un gobernador y una segunda rama de la legislatura», sus nuevos gobiernos eran «en gran medida de carácter democrático». El modelo que Lee tenía en mente era la concepción tradicional del gobierno mixto, cuyos orígenes se remontaban a la antigua Grecia y que combinaba democracia, aristocracia y monarquía, encarnadas respectivamente en las Cámaras de Representantes, los senados y los gobernadores.

Por esta razón, cuando la mayoría de los Estados establecieron cámaras altas o senados, así como un gobernador único o un poder ejecutivo, se suponía que estas instituciones representaban órdenes sociales distintos del pueblo. Los senadores, por ejemplo, aunque eran elegidos, no representaban a un electorado determinado; se esperaba, más bien, que fueran hombres independientes y prudentes, representantes del orden aristocrático dentro del sistema de gobierno mixto.

En los años posteriores a la Declaración de Independencia, las legislaturas de las trece nuevas repúblicas independientes y, en particular, las Cámaras de Representantes, que constituían el elemento democrático de aquellas constituciones equilibradas, comenzaron a abusar de los amplios poderes de los que habían sido investidas. Esta situación desencadenó en los Estados una crisis que llegó a conocerse como los «excesos de la democracia». Muchos reformadores intentaron hacer frente a esa crisis retirando parte del poder de las Cámaras de Representantes y transfiriéndolo a los senados y a los gobernadores. Sin embargo, a medida que la cultura política estadounidense adquiría un carácter cada vez más popular, resultaba también cada vez más difícil justificar el fortalecimiento de los elementos aristocráticos y monárquicos dentro de las repúblicas mixtas. Si los senados eran elegidos, en muchos casos, por las mismas personas que elegían las cámaras bajas, ¿qué razón podía justificar entonces la existencia de aquellas cámaras altas?

El problema se manifestó con especial claridad en Pensilvania, cuya Constitución de 1776 había prescindido deliberadamente tanto de un gobernador como de un senado, al considerar que una única Cámara de Representantes bastaba como estructura de gobierno. Cuando, entre 1777 y 1778, los reformadores intentaron añadir un senado a la legislatura, los defensores de la Constitución de 1776 los acusaron de pretender imponer al Estado una Cámara de los Lores. Los reformadores evitaron defender abiertamente la necesidad de introducir un contrapeso aristocrático en la legislatura y sostuvieron, en cambio, que únicamente aspiraban a establecer una «doble representación del pueblo». Pero si el pueblo podía estar representado dos veces, ¿por qué no tres o cuatro? Y si el criterio de la representación era la elección, ¿por qué no considerar entonces representantes del pueblo a todos los funcionarios elegidos?

La cuestión fue planteada de manera aún más amplia en Massachusetts. Cuando la convención que redactó la Constitución de Massachusetts de 1780 declaró que «el gobernador, al ser elegido no por una sola ciudad o condado, sino por el conjunto del pueblo, es manifiestamente el representante de todo el pueblo», dejó prácticamente sin sentido la idea de que la cámara baja de la legislatura representaba al pueblo de manera exclusiva. En realidad, la convención estaba reconociendo implícitamente que la concepción tradicional basada en la combinación de los tres órdenes sociales ya no resultaba aplicable en Estados Unidos. Al gobernador se le concedió un poder de veto cualificado con el propósito de «preservar un equilibrio adecuado entre los tres poderes fundamentales del gobierno»; pero ahora ya no se trataba de un equilibrio entre monarquía, aristocracia y democracia, sino entre los poderes legislativo, judicial y ejecutivo.

Todas estas nuevas ideas condujeron a los estadounidenses hasta el umbral de una profunda transformación en su comprensión de lo que realmente significaba el «consentimiento de los gobernados». Las dificultades de los Estados para hacer frente a sus propios «excesos de la democracia» desembocaron en la convocatoria de la Convención Constitucional, que creó un gobierno federal completamente nuevo, poderoso y supremo, concebido para limitar la autoridad de los Estados.

En efecto, el nuevo gobierno central era tan poderoso y poseía tal supremacía que sus defensores quienes comenzaron a denominarse Federalistas encontraron serias dificultades para justificarlo. Sus adversarios conocidos como Antifederalistas formularon argumentos sólidos y persuasivos contra aquel nuevo y distante gobierno, al que acusaban de ser excesivamente centralizado, demasiado aristocrático, profundamente contrario al espíritu libertario de 1776 y tan alejado del pueblo que amenazaba con vulnerar el principio del consentimiento de los gobernados. A juicio de sus opositores, el nuevo poder ejecutivo y el Senado eran instituciones enteramente aristocráticas, sustraídas a toda verdadera influencia popular. La Cámara de Representantes, presentada como el supuesto elemento democrático de la nueva Constitución, tampoco contenía siquiera «un vestigio de democracia», pues estaba integrada por tan solo sesenta y cinco miembros, una cifra inferior a la de la mayoría de las legislaturas estatales.

Para los Antifederalistas, aquella institución se asemejaba menos a una representación auténtica del pueblo que a una «Rama Aristocrática Auxiliar» del Senado. Finalmente, recurriendo a la doctrina británica de la soberanía, los Antifederalistas sostenían que, en virtud de la Cláusula de Supremacía (Supremacy Clause), la autoridad legislativa última y suprema terminaría concentrándose en el gobierno federal, mientras que a los Estados apenas les quedarían tareas secundarias, como determinar el trazado de los caminos o medir la altura de los postes de las cercas.

El desafío al que se enfrentaban los Federalistas consistía, por tanto, en resolver de algún modo esta cuestión de la soberanía y dotar a la Constitución de un fundamento popular más sólido de lo que a primera vista parecía poseer. Lograron superar esta dificultad situando la soberanía en el conjunto del pueblo y recuperando la concepción de la representación real que los colonos habían desarrollado durante sus disputas imperiales con Gran Bretaña, especialmente la premisa de que la elección constituía el criterio fundamental de la representación. Al hacerlo, transformaron radicalmente la manera en que los estadounidenses concebían la naturaleza misma de sus gobiernos.

Los defensores de la nueva Constitución federal sostenían que sus adversarios no tenían nada que temer, porque todos los componentes del nuevo gobierno —incluidos incluso los jueces designados eran ahora agentes o representantes del pueblo. En palabras de James Wilson, el nuevo gobierno federal era «enteramente democrático». Según Wilson, aunque exteriormente el nuevo gobierno federal pudiera asemejarse al tradicional gobierno mixto de la Constitución inglesa, en realidad «todo poder procede del PUEBLO por medio de la REPRESENTACIÓN, y el principio DEMOCRÁTICO se extiende a todos los elementos del gobierno». Otros admitían que lo mismo podía decirse de todos los componentes de los gobiernos estatales.

En Estados Unidos, el pueblo soberano no desaparecía detrás de sus representantes. En Gran Bretaña, cuando el pueblo elegía un Parlamento, dejaba jurídicamente y políticamente de existir hasta las siguientes elecciones. El pueblo estadounidense, en cambio, nunca desaparecía. Como señalaban los Federalistas, el pueblo conservaba en todo momento su existencia política y jurídica; delegaba fragmentos de su poder soberano, de manera parcial, en sus diversos agentes y representantes, tanto en los Estados como en el gobierno federal, pero jamás transfería la totalidad de ese poder.

El consentimiento que prestaba a sus representantes y agentes era siempre provisional, siempre parcial y podía ser revocado en cualquier momento. Como resultado, los gobernados se habían convertido en gobernantes, y la concepción tradicional del «consentimiento de los gobernados» se había ampliado hasta abarcar una noción que comenzaba a denominarse «opinión pública».

Hacia 1787-1788, muchos estadounidenses estaban convencidos de que, entre los pueblos del mundo occidental, solo ellos habían llegado a comprender el verdadero principio del consentimiento mediante la representación. Los estadounidenses únicamente pudieron dotar de sentido al federalismo transformando radicalmente la manera en que el pueblo participaba en el gobierno.

Solo así pudieron formular la revolucionaria idea de que el pueblo podía estar representado, de manera simultánea y en pie de igualdad, en dos o más ámbitos o niveles de gobierno. Solo así pudieron justificar la existencia de convenciones constituyentes encargadas de redactar constituciones situadas por encima de las leyes ordinarias.

Fue únicamente entonces cuando comenzó a adquirir pleno sentido la concepción moderna de la democracia e, incluso, la propia concepción moderna de la política.

Fuente:https://www.americanheritage.com/what-does-consent-governed-actually-mean