¿Podría la crisis de la deuda francesa desencadenar un colapso financiero en Europa?

Durante la presidencia de Charles de Gaulle, Francia experimentó una profunda transformación económica en el período conocido como Les Trente Glorieuses («Los Treinta Gloriosos»), consolidando una reputación de estabilidad monetaria y financiera. El legado de De Gaulle fue tan sólido que, durante la década posterior a su fallecimiento en 1970, la deuda pública francesa se mantuvo en torno al 20 % del producto interior bruto (PIB). Sin embargo, casi seis décadas después, aquella tradición de responsabilidad fiscal que caracterizó al gaullismo parece haberse desvanecido de manera ostensible.

Al igual que numerosos países europeos, Francia se encuentra hoy sumida en una crisis de endeudamiento. Desde 2008, la proporción de su deuda pública respecto al PIB se ha duplicado hasta alcanzar el 120 %, mientras que el volumen total de sus obligaciones asciende a 3,5 billones de euros. El diferencial de rentabilidad entre los bonos soberanos franceses a diez años y sus equivalentes alemanes ha aumentado hasta situarse en 1,4 puntos porcentuales, una evolución que evoca inquietantemente la crisis de la eurozona de 2011-2012. Este diferencial representa el interés adicional que Francia debe abonar para financiarse en comparación con Alemania, su vecino considerado financieramente más solvente, y constituye una señal inequívoca de que los inversores perciben ahora un mayor riesgo al prestar dinero al Estado francés. En contraste, el diferencial de los bonos italianos se sitúa únicamente en 1,1 puntos porcentuales, mientras que el de Grecia apenas alcanza un punto porcentual.

Resulta tentador atribuir la responsabilidad de esta situación a los supuestamente «traicioneros» mercados financieros o a los inversores del mercado de bonos que ejercen presión sobre los gobiernos para imponerles disciplina presupuestaria. Sin embargo, semejante interpretación no deja de ser una forma de eludir el verdadero problema. El pronunciado incremento de los costes de financiación constituye una advertencia inequívoca para los dirigentes franceses sobre la necesidad imperiosa de sanear las finanzas públicas. No obstante, desde la perspectiva del resto de Europa, el peligro fundamental reside en la posibilidad de que las dificultades fiscales francesas desencadenen un efecto dominó. Si los inversores dejan de confiar en la capacidad de Francia para controlar su endeudamiento y su gasto público, podrían comenzar a cuestionar también la solvencia de otros Estados altamente endeudados de la Unión Europea y, por extensión, la de otras economías avanzadas, como el Reino Unido. Incluso podría erosionarse la percepción de los bonos soberanos como instrumentos de inversión relativamente seguros. Una transformación de semejante magnitud provocaría un aumento considerable de los costes de financiación en el conjunto de la Unión Europea. De hecho, las turbulencias del mercado de deuda francés ya han repercutido negativamente en el euro, que esta semana ha descendido hasta su nivel más bajo de los últimos diecisiete meses.

La propuesta de Jean-Luc Mélenchon, quien aspira a presentarse como candidato a la presidencia, de «arrojar al fuego» el 18 % de la deuda francesa —es decir, repudiar esa parte de las obligaciones soberanas e incurrir en un impago— podría, sin lugar a dudas, precipitar un colapso financiero de dimensiones mucho mayores. Un incumplimiento de esta naturaleza no solo podría abrir la puerta a nuevas cancelaciones de deuda en el conjunto de la eurozona, sino también ocasionar pérdidas extraordinariamente elevadas en el balance del Banco Central Europeo (BCE). En tales circunstancias, resultaría altamente probable que se desencadenara una venta masiva de títulos de deuda, acompañada de un incremento sustancial de los costes de financiación.

Algunos sostienen que el BCE debería acudir en auxilio del atribulado Gobierno de Emmanuel Macron mediante la adquisición de bonos soberanos. Una intervención de esta índole permitiría reducir los costes de endeudamiento. Sin embargo, se trataría de una estrategia equivocada que, probablemente, haría revolverse a De Gaulle en su tumba. El BCE no debería fomentar la prodigalidad presupuestaria rescatando a gobiernos de las dificultades fiscales que ellos mismos han provocado. Por el contrario, la solución, tanto para Francia como para el resto de Europa, pasa por exigir a los Estados soberanos que asuman sus responsabilidades y restablezcan el equilibrio de sus finanzas públicas.

Es indiscutible que los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de servicios públicos adecuados. No obstante, tanto en Francia como en otras regiones del continente, amplios sectores de la población se han acostumbrado a depender excesivamente del respaldo estatal. Francia dispone de un sistema de pensiones extraordinariamente generoso, al que se suman elevados niveles de gasto en asistencia sanitaria, prestaciones por desempleo y educación. Paralelamente, la persistencia de unos tipos de interés elevados a largo plazo seguirá lastrando el crecimiento económico del país, ya de por sí debilitado. En consecuencia, si no se acometen reformas decididas de la política fiscal, las perspectivas económicas seguirán siendo profundamente sombrías.

Revertir esta trayectoria no constituye una tarea sencilla, pues una transformación tan profunda de las políticas públicas suele requerir la irrupción de una crisis nacional. Pese a ello, la voluntad política necesaria para impulsar el cambio continúa siendo manifiestamente insuficiente. Francia no ha logrado equilibrar su presupuesto desde 1974. A juzgar por la propuesta presupuestaria del ministro de Economía y Finanzas, Roland Lescure, todo indica que el país seguirá registrando déficits presupuestarios considerables durante el resto de la presente década. Mientras la disparatada propuesta de Mélenchon de cancelar parte de la deuda no hace sino intensificar la inquietud en los mercados de bonos, Marine Le Pen persiste en su empeño de reducir la edad de jubilación.

Son muy pocos quienes parecen afrontar esta crisis con la gravedad que merece o demostrar el sentido de responsabilidad histórica que Francia ha mantenido tradicionalmente respecto al proyecto europeo. En julio, el Fondo Monetario Internacional (FMI) reclamó, con acertado criterio, la adopción de un programa plurianual de consolidación fiscal. Francia debería actuar de inmediato para reducir de manera sustancial el déficit presupuestario previsto para 2027, situándolo en el 3 % del PIB o por debajo de ese umbral, en lugar del 5 % que actualmente propone Lescure.

Los dirigentes políticos franceses ya no pueden permitirse el lujo de seguir aplazando la resolución de este problema, pues, en la práctica, han llegado al límite de su margen de maniobra. Francia ha ocupado históricamente una posición central en la construcción y consolidación del proyecto europeo. Sin embargo, si persiste en su deriva hacia la indisciplina fiscal, corre el riesgo de arrastrar consigo a sus vecinos más próximos hacia un colapso financiero cuyas consecuencias podrían extenderse mucho más allá de sus fronteras.

Jagjit Chadha es profesor de Economía en la Universidad de Cambridge. Entre 2016 y 2024 ejerció como director del Instituto Nacional de Investigación Económica y Social (National Institute of Economic and Social Research). Su libro The Money Minders fue publicado en 2022.