Pakistán–El Salvador; La Diplomacia del Bitcoin
Un desafío paralelo frente a las instituciones financieras multilaterales señala un esfuerzo en ciernes por construir marcos monetarios alternativos que escapan a las estructuras regulatorias tradicionales. Pakistán y El Salvador, al formalizar su cooperación mediante la “Biplomacia”, han logrado establecer un precedente que potencialmente podría fomentar marcos de colaboración económica alternativos. Estos, a su vez, permitirían a las economías en desarrollo manifestar su independencia financiera y superar la dependencia histórica respecto de instituciones dominadas tradicionalmente por Occidente.
Pakistán y El Salvador están colaborando en el uso de la criptomoneda como medio para superar los controles multilaterales habituales sobre las transacciones financieras.
El reciente acuerdo sobre Bitcoin firmado entre Pakistán y El Salvador ejemplifica cómo la adopción de la criptomoneda permite a las economías en desarrollo eludir los mecanismos tradicionales de supervisión multilateral, y en ese sentido representa un desafío potencial a la arquitectura de la gobernanza financiera global. Este acuerdo sin precedentes entre ambos países simboliza una ruptura con las formas estándar de interacción bilateral y señala la aparición de lo que algunos denominan “Biplomacy”: es decir, la utilización de la defensa del Bitcoin como instrumento en las relaciones internacionales. De hecho, el encuentro entre el presidente salvadoreño Nayib Bukele y Bilal Bin Saqib, asesor especial de Pakistán en materia de criptomonedas y tecnología blockchain, constituyó el primer contacto diplomático formal entre las dos naciones, dando lugar a la creación de un canal oficial para el intercambio de información sobre iniciativas centradas en Bitcoin con repercusiones que trascienden este ámbito.
La Oficina del Bitcoin en El Salvador servirá de modelo del cual Pakistán podrá inspirarse en la gestión estatal de las criptomonedas y en la implementación de estrategias de activos digitales a nivel gubernamental. La cooperación oficial entre la Oficina del Bitcoin de El Salvador y el Consejo Cripto de Pakistán establece marcos institucionales para la “colaboración bilateral en ámbitos como la adopción por parte del sector público, la inclusión financiera basada en blockchain y el diseño de políticas para economías emergentes”. Como parte del acuerdo, Pakistán tiene previsto enviar delegaciones técnicas a El Salvador con el fin de examinar proyectos piloto que emplean la tecnología blockchain para los pagos públicos, analizar la estructura del fideicomiso de Bitcoin de El Salvador y evaluar las políticas fiscales impulsadas por Bukele en relación con las ganancias derivadas del Bitcoin.
La actual orientación de Pakistán hacia las criptomonedas representa una desviación significativa respecto de su postura anterior. No hace mucho, en 2018, el Banco Central de Pakistán había declarado que las monedas digitales no constituían un medio de pago legal y prohibió a las casas de cambio facilitar transacciones en criptomonedas. Sin embargo, en el marco de un amplio giro político, Pakistán creó en julio de este año la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Pakistán. Con la conformación del Consejo Cripto de Pakistán, dirigido por Bin Saqib, este paso evidencia un compromiso político de alto nivel con la adopción de las criptomonedas. A escala global, Pakistán ocupa el octavo lugar en la adopción de criptomonedas; se calcula que cerca de veinte millones de sus ciudadanos poseen entre 20 y 25 mil millones de dólares en activos digitales.
Otro indicio de la seriedad de Islamabad respecto de estas iniciativas fue la reunión celebrada en junio entre Bin Saqib, el ministro de Finanzas Muhammad Aurangzeb y Michael Saylor defensor del Bitcoin y presidente de MicroStrategy, empresa que posee reservas de esta criptomoneda superiores a los 62 mil millones de dólares, para explorar cómo podría Pakistán emplear el criptoactivo con miras a construir resiliencia financiera. La participación de actores externos en el proceso de facilitación de la adopción soberana de criptomonedas pone de relieve el complejo ecosistema que configura estas iniciativas. La implicación de socios del sector privado engendra preocupantes dependencias donde el lucro se erige como motor principal; ello se traduce en una debilitación de la gobernanza efectiva y en la distorsión de las prioridades del desarrollo.
El respaldo indirecto de Pakistán a las estrategias de Bitcoin promovidas por el presidente Donald Trump arroja luz sobre algunas dimensiones geopolíticas de esta apuesta. Hace apenas dos meses, el Consejo Cripto de Pakistán firmó un acuerdo con la empresa World Liberty Financial, propiedad de la familia Trump, destinado a acelerar la adopción de la tecnología blockchain en Pakistán. Esta maniobra parece constituir otro intento de posicionamiento estratégico para ganar reconocimiento ante los ojos del presidente estadounidense. La operación tuvo lugar en un contexto en el que Zach Witkoff cofundador de World Liberty Financial e hijo de Steve Witkoff, antiguo enviado especial de Trump para Oriente Medio accedió directamente en abril a las más altas esferas del poder en Pakistán, incluyendo al jefe del Estado Mayor Asim Munir y al primer ministro Shehbaz Sharif. Esta circunstancia plantea con claridad graves señales de alarma en torno a posibles conflictos de interés.
La cooperación entre Pakistán y El Salvador surge en un momento crítico, en el que ambos países operan bajo programas del Fondo Monetario Internacional (FMI) pero, de manera simultánea, siguen estrategias en materia de criptomonedas que contravienen directamente las directrices de dicho organismo. En 2023, Pakistán evitó por un margen estrecho caer en suspensión de pagos y hoy enfrenta necesidades de financiación acuciantes; el FMI estima que el país requerirá más de 100.000 millones de dólares en financiamiento externo de aquí a 2029. El acuerdo de Pakistán con el FMI por 7.000 millones de dólares se extiende hasta 2027 y, si bien el organismo restringe las adquisiciones de activos digitales a nivel estatal, Islamabad ha destinado 2.000 megavatios de excedente eléctrico a la minería de Bitcoin y ha anunciado sus planes de constituir una Reserva Estratégica de Bitcoin. Por su parte, El Salvador continúa ampliando sus reservas públicas ya superiores a los 6.200 BTC, valoradas en aproximadamente 745 millones de dólares pese a la presión del FMI para que cese el uso de fondos públicos en la compra de Bitcoin.
Tal desafío paralelo frente a las instituciones financieras multilaterales apunta a un esfuerzo en ciernes por forjar marcos monetarios alternativos, situados fuera de las estructuras regulatorias tradicionales. Pakistán y El Salvador, al formalizar su cooperación mediante la “Biplomacia”, han logrado establecer un precedente que podría fomentar marcos de colaboración económica alternativos, los cuales permitirían a las economías en desarrollo afirmar su independencia financiera y superar la dependencia histórica de instituciones dominadas por Occidente. El rechazo compartido de ambos países a las directrices del FMI refleja una resistencia común frente a la autoridad financiera multilateral, en sintonía con tendencias geopolíticas más amplias hacia la multipolaridad y el declive de la influencia occidental. La creciente adopción de criptomonedas por parte de Estados soberanos podría, en teoría, erosionar el sistema monetario internacional dominado por el dólar y reducir la capacidad del FMI de influir en las políticas fiscales de sus Estados miembros.
Si bien esta dinámica podría aumentar la autonomía de dichos actores emergentes, también entraña el riesgo de debilitar las estructuras de gobernanza global. En países con una supervisión institucional frágil, la adopción de criptomonedas por parte de los gobiernos suscita preocupaciones sobre la corrupción y los riesgos de financiación ilícita, lo que supone una amenaza tanto para la estabilidad interna como para la seguridad financiera internacional. La naturaleza seudónima de las transacciones con Bitcoin, unida al historial de problemas de gobernanza de Pakistán, puede facilitar el lavado de dinero y la evasión fiscal. En el caso de El Salvador, su limitada capacidad regulatoria ya ha dificultado la supervisión eficaz de los flujos de criptomonedas, y las experiencias de este país en el ámbito cripto han resultado en gran medida fallidas. En este sentido, la idea de que Pakistán contemple a Bukele como modelo para su integración de Bitcoin adquiere un cariz profundamente irónico.
La decisión de El Salvador de reconocer al Bitcoin como moneda de curso legal y de resistir las presiones del FMI consolida la política de Bukele como referente para otras economías en desarrollo, como la pakistaní. Sin embargo, el desenlace de esta asociación permanece incierto. Obstáculos prácticos como la limitada capacidad institucional y las debilidades regulatorias pueden impedir que ambos países logren una adopción eficaz de una criptomoneda soberana.