Pacto Migratorio De La UE: Control Fronterizo, Normas De Deportación y Una Creciente Crisis De Derechos Humanos
En junio de 2026 entró en vigor una serie de modificaciones en la normativa migratoria de la Unión Europea, reavivando las preocupaciones por los riesgos que plantean para los derechos humanos fundamentales. Además del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la UE, que comenzó a aplicarse a mediados de junio, los responsables políticos europeos aprobaron también el denominado Reglamento de Retorno. Entre otras disposiciones, este marco permite la recopilación de datos biométricos de menores de edad, la prolongación de los periodos de detención y el traslado de solicitantes de asilo a centros ubicados en terceros países con los que no mantienen ningún vínculo.
Si esta normativa parece una página sacada del cuaderno de notas de Nigel Farage líder de Reform UK (anteriormente conocido como el Partido del Brexit), no está muy lejos de la realidad. Los votos necesarios para su aprobación en el Parlamento Europeo se obtuvieron gracias a la cooperación entre los grupos de derecha y extrema derecha, con el apoyo ocasional de los liberales. En declaraciones a BreakThrough News, Marc Botenga, del Partido del Trabajo de Bélgica (PTB-PVDA), afirmó: «En un contexto de crisis económica, los partidos de derecha de la Unión Europea y una parte del establishment recurren cada vez más a alianzas con la extrema derecha para aprobar leyes y reformas represivas». Y añadió: «La inmigración y el racismo son algunos de los ámbitos donde esta tendencia se manifiesta con mayor claridad».
«Esto también forma parte de una estrategia para dividir a las clases trabajadoras. No es casualidad que la misma alianza política sea la que se opone sistemáticamente a gravar a los multimillonarios, defiende los recortes en la financiación de los servicios públicos y se opone a mejores condiciones laborales.»
Botenga sostiene además que estos cambios a escala europea se ven reforzados por medidas adoptadas a nivel nacional, como el recurso a registros domiciliarios en Bélgica, una práctica que, según él, evoca la imagen de un «ICE al estilo estadounidense». Incluso los responsables del control fronterizo implicados en devoluciones violentas sostienen que el nuevo marco normativo y las medidas asociadas producirán un efecto «disuasorio» sobre quienes soliciten asilo.
Sin embargo, la investigadora croata especializada en migraciones y activista por la solidaridad internacional Emina Buzinkic considera que estas medidas no son más que la continuación de políticas aplicadas por la Unión Europea durante décadas. A su juicio, el Pacto sobre Migración forma parte de una «política de control y de muerte» que ha contribuido al aumento de las muertes en las fronteras de la UE, incluidos los mares y los ríos.
El Grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo ha sido la voz más firme dentro de las instituciones comunitarias contra estas reformas, advirtiendo que priorizan «los muros, el alambre de espino y los acuerdos con regímenes autoritarios» en lugar de la seguridad de las personas. El Reglamento de Retorno intensifica aún más estas preocupaciones al permitir el traslado de migrantes a los llamados centros de retorno situados en terceros países con los que los Estados miembros hayan firmado acuerdos. Este modelo se inspira en el controvertido acuerdo entre Italia y Albania impulsado por el gobierno de Giorgia Meloni, que permite mantener a los migrantes detenidos fuera del territorio italiano.
Mientras los políticos conservadores sostienen que estas políticas incorporan salvaguardias frente a posibles violaciones de los derechos humanos, sectores progresistas y especialistas en migración insisten en que el contenido de las nuevas normas no puede pasarse por alto. Refiriéndose al Reglamento de Retorno, Botenga subrayó: «Esta ley vulnera las obligaciones internacionales de Europa y los derechos humanos, incluida la prohibición de deportar a menores». Y añadió: «Hablemos con claridad: esto significa que niños podrán permanecer detenidos durante dos años junto a sus familias antes de ser enviados a campamentos situados en países con los que no tienen ninguna relación. Significa que una persona procedente de América Latina puede terminar olvidada en un campamento financiado en Egipto o en la India».
En la misma línea, Buzinkic sostiene que el derecho de asilo está siendo objeto de un ataque sin precedentes. En la práctica, personas procedentes de países considerados «seguros», como Marruecos, la India o Bangladés, dejarán de tener acceso efectivo al asilo. En una entrevista reciente afirmó: «Según la Unión Europea, allí no existe ningún peligro; por lo tanto, tampoco existe necesidad de conceder asilo».
«Lo que considero más alarmante», concluye Botenga, «es que la deshumanización absoluta de las personas, incluidos los niños, esté siendo celebrada por políticos de derecha y extrema derecha con consignas como “Devuélvanlos”. Esto marca verdaderamente una nueva etapa».
Ana Vracar es periodista especializada en salud en People’s Health Dispatch, un boletín quincenal publicado por People’s Dispatch y el People’s Health Movement. También es coordinadora regional del People’s Health Movement en Europa y copresidenta de su Consejo Ejecutivo.