Lula y las terribles realidades de la era de la contrarrevolución: Boletín n.º 45 (2026)

Reciban un cordial saludo desde el Instituto Tricontinental de Investigación Social (Tricontinental: Institute for Social Research).

Luiz Inácio Lula da Silva, universalmente conocido como Lula, se ha presentado en ocho ocasiones a la presidencia de Brasil desde 1989. Ha conquistado la jefatura del Estado en cuatro oportunidades (2002, 2006, 2022 y 2026), la última de ellas a los ochenta años de edad. A lo largo de su trayectoria política —desde su elección, en 1969, como presidente del Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo y Diadema hasta esta victoria más reciente—, Brasil ha permanecido sometido, bien a una dictadura militar (1964-1985), bien a un orden democrático en el que las antiguas clases dominantes y sus aliados de Washington han conservado una posición hegemónica. Esta correlación de fuerzas ha condicionado y restringido las posibilidades de transformación política y social durante los mandatos de Lula.

Bora Lula «¡Vamos, Lula!» fue la consigna que marcó esta contienda electoral. Pero ¿hacia dónde avanzar? Los trabajadores y campesinos brasileños, los habitantes de las periferias urbanas y los movimientos por la tierra y la vivienda tomaron las calles antes de la segunda vuelta electoral para impedir el retorno de la extrema derecha, representada por Flávio Bolsonaro, y reivindicar sus propias demandas. Sin embargo, después de tres mandatos presidenciales de Lula, las limitaciones de este proyecto político distan mucho de ser meras abstracciones. La conquista del poder ejecutivo, por sí sola, no permite desmantelar el poder del capital financiero, llevar a cabo una reforma agraria, erradicar la precariedad laboral ni transformar las instituciones mediante las cuales las élites económicas ejercen su autoridad. La victoria de Lula protege frente a la extrema derecha las conquistas democráticas y sociales alcanzadas tras arduas luchas, pero no modifica las difíciles condiciones estructurales que caracterizan esta era de la contrarrevolución.

Desde comienzos de la década de 1990, las fuerzas contrarrevolucionarias se han beneficiado de una nueva configuración de la hegemonía mundial, en el marco de un período que, mediante los eufemismos de neoliberalismo y globalización, hemos terminado por naturalizar. Los ciclos de dictaduras militares y golpes de Estado de las décadas anteriores ya habían procurado aplastar a las fuerzas de liberación nacional y a los movimientos socialistas. Sin embargo, la crisis de la deuda de los años ochenta y la disolución de la Unión Soviética alteraron decisivamente la correlación internacional de fuerzas, permitiendo la consolidación de aquella ofensiva contrarrevolucionaria. El imperialismo, cuya capacidad de acción había estado parcialmente contenida por la existencia de la Unión Soviética, adquirió entonces una mayor libertad para castigar a los gobiernos que desafiaran su autoridad.

Las denominaciones atribuidas a este período —neoliberalismo y globalización— describen aspectos fundamentales de sus políticas económicas y de sus procesos de integración, pero pueden oscurecer su verdadera naturaleza política. El concepto de contrarrevolución, por el contrario, permite identificar el desmantelamiento sistemático y organizado de las conquistas alcanzadas por las luchas socialistas, obreras y de liberación nacional. Asimismo, esclarece qué fuerzas avanzaron históricamente y cuáles se vieron obligadas a retroceder.

La creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1995 expresó la aspiración de consolidar un régimen comercial de alcance verdaderamente mundial. La imposición de normas comunes sometió a una misma disciplina a países cuyas trayectorias históricas y capacidades productivas eran profundamente desiguales, favoreciendo así los intereses de las grandes corporaciones. Paralelamente, las nuevas restricciones en materia de propiedad intelectual limitaron el acceso a las tecnologías indispensables para el desarrollo de las fuerzas productivas.

La liberalización de las cuentas de capital se aceleró, mientras que el Quinto Protocolo del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), de 1997, profundizó la apertura de los mercados financieros a las empresas extranjeras del sector. A medida que el capital adquiría una movilidad creciente, los Estados se enfrentaban a presiones cada vez mayores para competir por la atracción de inversiones. Las reformas neoliberales debilitaron los controles sobre los movimientos de capital, la supervisión pública del sistema financiero y los mecanismos de planificación centralizada.

Al mismo tiempo, las finanzas transnacionales experimentaron una expansión extraordinaria. BlackRock constituye un ejemplo elocuente del crecimiento de la industria de gestión de activos: el patrimonio bajo su administración pasó de 165.000 millones de dólares en 1999 a 15,5 billones de dólares en septiembre de 2026, una cifra que, en términos nominales, multiplica aproximadamente por noventa y cuatro su nivel inicial. Goldman Sachs ilustra una expansión semejante en los ámbitos bancario y de gestión de inversiones: sus activos totales aumentaron de aproximadamente 250.000 millones de dólares en 1999 a 1,81 billones en 2025, lo que representa un incremento superior a siete veces su valor original.

En buena parte de Europa y América del Norte, los partidos socialdemócratas y liberales se adaptaron progresivamente a la transformación neoliberal, abandonando sus antiguos compromisos con la ampliación del bienestar social y el fortalecimiento del poder de la clase trabajadora. Como consecuencia, las organizaciones situadas más a la izquierda tuvieron que asumir una parte considerable de la defensa de los derechos democráticos y de las conquistas sociales, precisamente cuando sus propias capacidades se encontraban debilitadas por las agresiones directas del imperialismo estadounidense, la reestructuración productiva iniciada en los años ochenta y la generalización de formas precarias de empleo.

Tras la disolución de la Unión Soviética, numerosos partidos comunistas y organizaciones de izquierda desaparecieron, modificaron su orientación ideológica o sufrieron retrocesos significativos. Los movimientos armados, por su parte, fueron debilitados por ofensivas militares sostenidas —como ocurrió con los maoístas de la India— o emprendieron prolongados procesos de desmovilización, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) en Turquía.

No obstante, durante este período también se produjeron avances históricos de considerable importancia: el fin del régimen del apartheid en Sudáfrica en 1994, el inicio del proceso bolivariano en Venezuela en 1998 y la abolición de la monarquía nepalí en 2008. Sin embargo, en cada uno de estos casos, las transformaciones nacional-democráticas se desarrollaron mientras las relaciones capitalistas de propiedad permanecían, en gran medida, intactas. El proceso bolivariano fue el que alcanzó mayores niveles de transformación, al modificar el orden político e impulsar la construcción de instituciones comunales de orientación socialista. Aun así, Venezuela no consiguió superar su dependencia estructural de las exportaciones de petróleo crudo.

En semejante contexto, los programas políticos de buena parte de la izquierda se articularon alrededor de tres ejes estrechamente relacionados: la defensa de las instituciones democráticas, la protección y ampliación del bienestar social y la construcción de instituciones multilaterales capaces de ensanchar los márgenes de autonomía para un desarrollo soberano. La experiencia brasileña bajo los gobiernos de Lula debe interpretarse dentro de este marco histórico más amplio.

Democracia

En 1975, Lula fue elegido presidente de su sindicato y, poco después, se convirtió en una de las principales figuras del movimiento obrero en su confrontación con la dictadura militar. Aunque hoy este episodio parece haber quedado relegado a la memoria histórica, la oleada de huelgas desarrollada entre 1978 y 1980, así como la fundación del Partido de los Trabajadores (PT) en 1980 —proceso en el que Lula desempeñó un papel protagonista—, contribuyeron a erosionar los cimientos del régimen autoritario y a acelerar la lucha por la redemocratización del país.

Estas movilizaciones formaron parte de un movimiento opositor mucho más amplio que finalmente puso término al gobierno militar en 1985. La movilización de la clase trabajadora, articulada a escala nacional con las luchas campesinas que confluirían en el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), fundado en 1984, amplió la reivindicación de derechos fundamentales: la libertad de organización sindical, la publicación de periódicos, la constitución de partidos políticos y la participación en los procesos electorales. En toda América Latina, la extrema derecha y sus aliados han recurrido a un amplio repertorio de instrumentos para revertir las conquistas democráticas y neutralizar a las fuerzas de izquierda. Estos mecanismos abarcan desde la instrumentalización política del sistema judicial —conocida como lawfare, ejemplificada por la destitución de Dilma Rousseff en Brasil en 2016 y la reciente detención de la excandidata presidencial ecuatoriana Luisa González hasta la intervención militar directa, como ocurrió con el ataque estadounidense contra Venezuela en enero de 2026 y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, integrante de la Asamblea Nacional.

La reelección de Lula preserva las conquistas democráticas obtenidas mediante prolongadas luchas populares. Sin embargo, esta victoria no garantiza, por sí misma, una ampliación de la participación ciudadana durante los períodos comprendidos entre las elecciones. El MST y otras organizaciones de masas, junto con colectivos juveniles e iniciativas digitales como el canal de WhatsApp Exército do Lula («Ejército de Lula»), que reunió a más de diez millones de seguidores, desempeñaron un papel activo en la movilización electoral, especialmente durante las semanas previas a la segunda vuelta. En los próximos años, los sindicatos, las organizaciones barriales, los movimientos campesinos y las agrupaciones de los sectores populares urbanos deberán ampliar su capacidad de organización y movilización social para conseguir que los procedimientos democráticos sean menos vulnerables al poder del dinero, la manipulación y las prácticas sistemáticas de intimidación. Asimismo, estas organizaciones tendrán que asumir un papel protagonista en la disputa por las ideas, los imaginarios y las sensibilidades colectivas, particularmente en aquellos espacios donde la ultraderecha ha consolidado posiciones de influencia, como las redes sociales y las comunidades religiosas.

Bienestar social

Durante sus tres mandatos anteriores, Lula impulsó políticas orientadas a ampliar el bienestar social mediante el fortalecimiento de los sistemas de salud, pensiones, educación, vivienda y transferencias de ingresos. El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) informó que la tasa de pobreza descendió del 27,3 % en 2023 al 23,1 % en 2024. Aunque esta última cifra continúa representando una proporción inaceptablemente elevada de la población, constituye el tercer descenso anual consecutivo. Detrás de estos porcentajes se encuentran millones de personas que han recuperado la posibilidad de satisfacer sus necesidades esenciales, niños y niñas que viven en condiciones de mayor seguridad y hogares que han logrado restituir, al menos parcialmente, su dignidad material.

La redistribución de la riqueza resulta indispensable, pero sus efectos permanecen limitados cuando no va acompañada de una transformación de las estructuras del poder económico ni del desarrollo de las fuerzas productivas. A lo largo del período posterior a la dictadura, Brasil ha experimentado un proceso persistente de desindustrialización, acompañado de niveles estructuralmente insuficientes de inversión, particularmente en infraestructura. Sin una base productiva más sólida y una expansión sostenida de los ingresos públicos, los programas sociales quedan expuestos a las negociaciones fiscales y políticas con los grupos económicamente privilegiados, en lugar de sustentarse sobre un crecimiento duradero de la renta nacional y una base tributaria más amplia. Los tres gobiernos de Lula consiguieron avances sociales significativos. No obstante, los compromisos políticos que hicieron posibles dichas conquistas también establecieron límites a su profundidad y alcance, al tiempo que desgastaron las alianzas necesarias para disputar cada nueva concesión del Estado. Es precisamente en ese agotamiento donde prospera la extrema derecha, que transforma la humillación derivada de la precariedad laboral en resentimiento contra los inmigrantes, las mujeres, las minorías y las organizaciones de izquierda. La defensa y ampliación de la dignidad humana continúa siendo una tarea extraordinariamente difícil mientras permanezcan intactas las relaciones sociales que reproducen la inseguridad económica y la vulnerabilidad material. En este complejo terreno de las emociones y experiencias cotidianas, las explicaciones simplistas y peligrosas de la extrema derecha encuentran condiciones propicias para arraigarse.

Multilateralismo

Desde su primer mandato, Lula se convirtió en un firme defensor del comercio y la cooperación Sur-Sur, concebidos como instrumentos para ampliar los márgenes de soberanía de los países del Sur Global. Brasil no se incorporó en 2004 al proceso de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), impulsado por Cuba y Venezuela. Sin embargo, en el marco de su compromiso con la integración regional, colaboró con Venezuela en la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en 2008. La constitución del grupo BRIC en 2009 reunió a importantes países del Sur Global en un bloque de cooperación comercial que, desde entonces, ha ampliado su composición y adquirido una participación creciente en los debates sobre la reforma de la gobernanza mundial. Poco antes de las elecciones, Brasil figuró, junto con Australia, Barbados, Canadá, la Unión Europea, la India y Kenia, entre los primeros copatrocinadores de Partners for Multilateralism (P4M), una iniciativa destinada a defender y reformar el sistema multilateral. Consideradas en conjunto, estas iniciativas reflejan la concepción de Lula según la cual Brasil debe desempeñar un papel de puente entre Occidente y el Sur Global, desarrollando una «política exterior activa y altiva» (política externa ativa e altiva).

Esta orientación implica que Brasil no debe limitarse a reaccionar ante las propuestas formuladas por las potencias occidentales, sino participar activamente en la configuración de las instituciones y plataformas multilaterales. No obstante, este tipo de cooperación reúne a gobiernos que representan proyectos de clase diferentes y, por consiguiente, no supone necesariamente la existencia de un programa compartido de transformación social. Su propósito, más limitado pero igualmente relevante, consiste en defender los espacios de soberanía nacional y ampliar el acceso a mecanismos alternativos de financiación del desarrollo, particularmente mediante instituciones creadas por los propios países del Sur Global, como el Nuevo Banco de Desarrollo, presidido actualmente por la expresidenta brasileña Dilma Rousseff. Estos tres ejes han permitido preservar conquistas indispensables durante la era de la contrarrevolución. Sin embargo, sus limitaciones se vuelven peligrosas cuando los programas concebidos para la defensa de los derechos y las instituciones existentes terminan convirtiéndose, como ocurre con demasiada frecuencia, en el horizonte último de la acción política. Los pueblos no solo necesitan liberarse del hambre; también deben comprender por qué la precariedad reaparece una y otra vez y construir la fuerza política necesaria para superar las estructuras que la reproducen. De lo contrario, la frustración social puede ser capitalizada por movimientos que prometen una rebelión ilusoria mientras consolidan el poder de los propietarios de la riqueza. Esto estuvo a punto de suceder en las reñidas elecciones brasileñas.

La contrarrevolución se reproduce, en parte, mediante un mecanismo profundamente ideológico: convencer a los oprimidos de que su emancipación es imposible. La victoria de Lula debe celebrarse como una conquista de las clases trabajadoras brasileñas, que se movilizaron por millones para derrotar a Bolsonaro. Sin embargo, es precisamente ahora cuando debe comenzar la verdadera tarea: fortalecer los movimientos populares, perseverar en la emancipación de quienes padecen las múltiples formas de sufrimiento y opresión, y construir una política económica soberana capaz de desarrollar las fuerzas productivas de Brasil. El porvenir del país no puede descansar indefinidamente sobre la extraordinaria capacidad de un solo dirigente para construir mayorías políticas y sociales. El desafío que se plantea no consiste simplemente en encontrar al próximo Lula, sino en reconstruir una izquierda capaz de formar, movilizar y hacer surgir a millones de Lulas: una fuerza colectiva que trascienda los liderazgos individuales y siente las bases de una transformación estructural, democrática y duradera. Quizás entonces podamos contemplar un cambio en el curso de la historia y asistir al ocaso de esta era contrarrevolucionaria, abriendo paso a una nueva época en la que nuestras aspiraciones revolucionarias encuentren, finalmente, las condiciones necesarias para hacerse realidad. En vísperas de las elecciones, un extraordinario grupo de artistas brasileños entre ellos Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Daniela Mercury, Xamã y Ebony interpretó «Bora Lula» como parte de la campaña electoral.

Puede que hoy la canción se escuche con menor frecuencia, pero su estribillo debería seguir resonando cada día en las calles de Brasil:

Nosso povo tá na rua

A mudança continua.

Nuestro pueblo está en las calles.

El cambio continúa.

Con afecto,

Vijay,

Fuente:https://thetricontinental.org/newsletterissue/lula-and-the-era-of-counterrevolution/