Las rutas marítimas en peligro, el orden marítimo bajo amenaza

Entre la defensa colectiva y la proyección global de poder: ¿cómo puede Alemania preservar su capacidad de actuación?

Desde el inicio de la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán, el estrecho de Ormuz ha puesto de manifiesto hasta qué punto las rutas marítimas son vulnerables y el orden político y económico mundial, frágil. En la actualidad, los actores que disponen de la capacidad y la voluntad de recurrir a los instrumentos del poder pueden amenazar puntos estratégicos de estrangulamiento marítimo y ejercer, por esta vía, presión política. Alemania debe adaptarse a esta nueva realidad de la política de poder, actuando conjuntamente con sus socios europeos. Para ello, entre otras medidas, necesita establecer un marco estratégico para su política de seguridad marítima y cooperar estrechamente con Estados socios, tanto tradicionales como emergentes, con el propósito de defender el orden internacional.

Las restricciones que afectan actualmente al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz son un síntoma del progresivo deterioro de uno de los principios fundamentales del derecho internacional del mar: la libertad de navegación. Las rutas marítimas revisten una importancia crucial para la economía y el comercio, la seguridad energética, el abastecimiento alimentario, así como para las políticas de seguridad y defensa. Durante mucho tiempo, Alemania y Europa han confiado en Estados Unidos y en su marina de guerra como garantes de estos pilares fundamentales. Hoy, sin embargo, se plantea la cuestión de si Washington sigue estando dispuesto y capacitado para desempeñar ese papel, tanto a largo plazo como a escala mundial. El cierre de facto del estrecho de Ormuz no es sino el ejemplo más reciente de una lista cada vez más extensa de restricciones impuestas a las rutas marítimas y de reivindicaciones territoriales ilegítimas sobre los espacios marítimos.

Esta situación ha puesto de manifiesto hasta qué punto son limitadas las opciones de Berlín. Mientras los Estados europeos incrementan sus capacidades de disuasión y defensa frente a Rusia, carecen al mismo tiempo de los recursos financieros y materiales necesarios para responder, a escala global, a las amenazas inmediatas y estratégicas que se ciernen sobre la seguridad marítima. Alemania debe abordar, por tanto, cómo posicionarse estratégicamente para garantizar su propia defensa nacional y contribuir a la defensa colectiva, pero también para conservar la capacidad de actuar en otras regiones del mundo y hacer frente, junto con sus socios internacionales, a las amenazas que pesan sobre las rutas marítimas, desde Ormuz hasta el puerto de Hamburgo.

La vulnerabilidad de las rutas marítimas y los estrechos estratégicos

Entre el 80 % y el 90 % del comercio mundial se transporta por vía marítima. Los estrechos estratégicos pueden convertirse en auténticos cuellos de botella para este intercambio. De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), el tráfico marítimo en este tipo de pasos está sujeto, por regla general, al derecho de paso en tránsito (artículo 37) o al derecho de paso inocente (artículo 17). La aplicación de uno u otro régimen depende de si el buque navega por alta mar o por una zona económica exclusiva. Estos derechos hacen posible el comercio internacional pacífico.

De manera análoga, casi la totalidad del tráfico mundial de datos, más del 95 %, circula a través de cables submarinos instalados en el lecho marino, con frecuencia siguiendo las rutas marítimas. De este modo, los mares y las vías de navegación constituyen una suerte de «superautopista» del orden político y económico globalizado.

Sin embargo, las rutas marítimas y los estrechos se ven amenazados de manera recurrente. Encierran una relación de dependencia asimétrica: mientras numerosos países y sus economías dependen considerablemente de determinados estrechos y corredores comerciales marítimos, apenas un puñado de Estados ribereños puede ejercer un control efectivo sobre ellos. Esta circunstancia abre la puerta a que tales dependencias se utilicen deliberadamente como instrumentos de poder. Esta estrategia se conoce como «interdependencia instrumentalizada».

La combinación de dependencia y restricciones a las rutas marítimas se manifiesta con particular claridad en el caso actual del estrecho de Ormuz. Como consecuencia de los enfrentamientos en torno a Irán y la península arábiga, entre febrero y junio de 2026 los precios mundiales del petróleo crudo aumentaron aproximadamente un 60 %; durante el mismo periodo, los precios del gas natural en Europa registraron un incremento cercano al 50 %. No obstante, junto al encarecimiento de los costes y las consiguientes presiones económicas, también hay quienes salen beneficiados. Rusia, sometida a las sanciones de Europa y de otros países, ha sabido aprovechar y continúa aprovechando las actuales condiciones del mercado. Durante ese mismo periodo logró incrementar considerablemente sus ingresos petroleros, que se duplicaron en abril de 2026. Esta evolución contradice abiertamente la intención declarada de Europa y Estados Unidos de limitar los ingresos petroleros rusos y privar así a Moscú de una de sus principales fuentes de financiación de la guerra.

Un número creciente de amenazas

El orden económico occidental se sustenta, en particular, en la premisa de que los estrechos estratégicos solo sufrirán interrupciones de manera sucesiva y que siempre existirán rutas alternativas a las que recurrir, al menos temporalmente. Además, Europa ha confiado en Estados Unidos y en su presencia naval global para garantizar la libertad de navegación y la continuidad de las cadenas de suministro. Sin embargo, las restricciones impuestas al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz forman parte de una cadena cada vez más extensa de perturbaciones que afectan a rutas marítimas esenciales.

Ya a comienzos de la década de 2000, la piratería y los robos a mano armada frente a las costas de Somalia provocaban alteraciones tan graves en el transporte marítimo mundial que numerosos miembros de la comunidad internacional consideraron necesaria una intervención militar. Sobre la base de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, en 2008 se puso en marcha la Operación Atalanta, bajo liderazgo de la Unión Europea, y en 2009 se creó la Fuerza de Tarea Combinada 151, de carácter multinacional. La rotación en el mando de esta última refleja que existe un amplio consenso internacional sobre la necesidad de garantizar la seguridad marítima: además de Estados Unidos y el Reino Unido, países como Kuwait, Pakistán y Tailandia también han asumido su dirección.

Aunque la piratería logró ser contenida durante cierto tiempo, parece haber regresado al golfo de Adén. El vacío de poder generado por la ausencia de un actor capaz de hacer cumplir la ley en el mar desempeña un papel importante en este resurgimiento, y los intentos de piratería vuelven a registrarse en cifras crecientes.

En 2021, el encallamiento del buque portacontenedores Ever Given paralizó el canal de Suez durante seis días. Los retrasos posteriores en la entrega de mercancías importadas afectaron directamente a Alemania y al resto de Europa. El incidente puso de manifiesto las consecuencias que puede desencadenar un solo acontecimiento en un punto estratégico de estrangulamiento marítimo.

En los últimos años, los hutíes han amenazado el tráfico marítimo en el mar Rojo y en el estrecho de Bab el-Mandeb. Entre octubre de 2023 y 2025 atacaron 178 buques con misiles y drones. En el marco de la misión EUNAVFOR Aspides, las fuerzas navales europeas, incluida la Armada alemana, intervinieron para proteger el tránsito de los buques mercantes; la Marina estadounidense también desempeñó un papel destacado en estos esfuerzos. Sin embargo, dado que los hutíes reciben el apoyo del régimen iraní, el riesgo de nuevas interrupciones persiste. La declaración de un bloqueo naval y las nuevas conquistas territoriales en septiembre de 2026 han agravado aún más este peligro.

Los desafíos planteados por los actores estatales

El estrecho de Malaca, situado entre Indonesia, Malasia y Singapur, es indispensable para el comercio diario entre Asia y Europa. También en esta zona se registran episodios aislados de piratería. Sin embargo, hay otro indicio de mayor trascendencia: Purbaya Yudhi Sadewa, ministro de Finanzas de Indonesia, aludiendo recientemente a los acontecimientos en el estrecho de Ormuz, planteó si los Estados ribereños del estrecho de Malaca deberían cobrar peajes por el tránsito a través de esta vía marítima. Ideas de esta naturaleza son indefendibles desde la perspectiva del derecho internacional, pero constituyen un símbolo del creciente desafío a las normas internacionales, incluso por parte de actores estatales. Si se toleran este tipo de conductas, la instrumentalización de las dependencias y la explotación de la posición geográfica en beneficio propio pueden convertirse en opciones cada vez más tentadoras.

Rusia también formula reivindicaciones territoriales que van más allá de rutas marítimas concretas. Para ello, recurre a una estrategia de lawfare, es decir, a la instrumentalización deliberada del derecho internacional al servicio de sus propios intereses. Moscú, por ejemplo, trata de conseguir que el Paso del Nordeste, en el Ártico, sea reconocido jurídicamente como parte de sus aguas territoriales. Mediante la reivindicación insistente y la proclamación de aguas bajo su soberanía, pretende someter una parte considerable de los espacios marítimos árticos a su control y a su propio régimen jurídico. Dicho de otro modo, busca sentar desde ahora las bases para ejercer en el futuro un control ilegítimo sobre las rutas marítimas. En esta estrategia cuenta con el respaldo de China, que, a cambio, obtendría derechos exclusivos propios en el Ártico.

Al mismo tiempo, China intenta imponer sus reivindicaciones territoriales en el estrecho de Taiwán y en amplias zonas del mar de China Meridional, desoyendo tanto el derecho internacional como a los Estados ribereños de la región, e ignorando incluso los laudos arbitrales internacionales. Para alcanzar este objetivo, no solo construye islas artificiales, sino que incrementa de manera sostenida la presencia de sus fuerzas navales y aéreas, de su guardia costera y de sus milicias marítimas, integradas por embarcaciones pesqueras civiles bajo control estatal. Estados Unidos también se encuentra entre quienes expresan preocupación por la creciente influencia china sobre las rutas marítimas: Washington advierte de que el canal de Panamá, cuya capacidad de tránsito ya se está viendo reducida por los prolongados periodos de sequía, está cada vez más expuesto a la influencia de China.

La infraestructura submarina del lecho marino se encuentra, de manera similar, sometida a riesgos cada vez mayores. Los cables submarinos ya no sufren únicamente daños accidentales, sino que son objeto, con creciente frecuencia, de actos de sabotaje deliberados atribuidos a Rusia y China. Esta situación se observa tanto en aguas europeas, como las del mar Báltico, como en la región de Asia-Pacífico, especialmente en torno a Taiwán. Las amenazas de los hutíes y de Irán de actuar contra los cables submarinos situados en los estrechos bajo su influencia refuerzan aún más la imagen de una infraestructura que permanece, en gran medida, desprotegida en el lecho marino.

Un problema cada vez más acuciante

Las restricciones al transporte marítimo no son nada nuevo. La situación se vuelve problemática cuando se producen varios incidentes, especialmente si estos tienen lugar de manera simultánea. Es entonces cuando quedan sometidas a una presión creciente las condiciones estructurales que sustentan las economías abiertas, entre ellas la seguridad general del abastecimiento.

Existen dos causas que se retroalimentan y explican las crecientes perturbaciones y amenazas a la libertad de navegación. La primera es que los Estados revisionistas desafían cada vez más las normas del derecho del mar e intentan reinterpretarlas en beneficio propio. La segunda radica en la proliferación mundial de tecnologías armamentísticas modernas y en su creciente accesibilidad, que ha permitido a actores no estatales y a Estados con capacidades militares más limitadas adquirir una capacidad de perturbación que antes estaba reservada exclusivamente a las potencias militares. Los casos de Irán en el estrecho de Ormuz y de los hutíes, respaldados por Teherán, en el estrecho de Bab el-Mandeb demuestran la existencia de una asimetría que juega a favor del agresor, tanto en términos de costes como de amenazas: las rutas comerciales mundiales pueden verse interrumpidas mediante recursos relativamente modestos, mientras que incluso las armadas más poderosas del mundo parecen capaces de contrarrestar este tipo de intervenciones destructivas únicamente a un coste muy elevado.

Estados Unidos, que durante mucho tiempo asumió el papel de garante de las rutas marítimas mundiales, prioriza ahora sus intervenciones en función de decisiones políticas y limitaciones prácticas. En medio de las enormes dificultades que ha encontrado para forzar la «apertura» del estrecho de Ormuz durante la guerra contra Irán, su capacidad para establecer una superioridad militar convencional —y, por consiguiente, para garantizar en última instancia la libertad de navegación— ha quedado sometida a serios interrogantes.

Las consecuencias trascienden ampliamente los mares afectados y, por ello, conciernen directamente a Alemania. Mucho más grave que el desvío a corto plazo del tráfico marítimo es el cambio estructural en el equilibrio de poder que lo provoca. El orden marítimo basado en normas, codificado durante décadas mediante tratados multilaterales y principios jurídicos, y garantizado en numerosas ocasiones por la presencia militar y la proyección de poder de Estados Unidos, se enfrenta cada vez más a los desafíos de actores tanto estatales como no estatales. Este orden no se derrumbará por el simple bloqueo de una única ruta marítima; sin embargo, un precedente sucede a otro hasta que, finalmente, los hechos consumados terminan imponiéndose. Hoy Irán sale victorioso en el estrecho de Ormuz; mañana podrían hacerlo los hutíes en Bab el-Mandeb, donde ya han establecido posiciones. Cuando no existe una potencia capaz de garantizar el orden, las interdependencias propias de la navegación mundial se transforman en una palanca que permite a determinados actores ejercer influencia sobre las rutas marítimas.

Capacidad de actuación y política de poder

Los conflictos y las crisis como los que se producen en el estrecho de Ormuz no se originan en Alemania ni en Europa, pero sus repercusiones se hacen sentir allí con toda claridad. La política de poder es decir, la amenaza de recurrir a instrumentos militares y su utilización efectiva para alcanzar los propios intereses ha regresado como uno de los elementos constitutivos de la competencia entre las grandes potencias a escala mundial. Esta constatación también es válida para el ámbito marítimo. Alemania debe asumir que la política de poder constituye uno de los componentes fundamentales de su capacidad de actuación.

Esto no significa, sin embargo, que sea necesaria una presencia militar permanente en los estrechos estratégicos ni que deban emprenderse acciones unilaterales. Lo que se necesita, por el contrario, es una planificación estratégica y la disposición a mantener las capacidades pertinentes y a utilizarlas, de conformidad con el derecho internacional y en colaboración con Estados socios, para proteger las rutas marítimas y preservar el orden mundial. Todo ello puede llevarse a cabo, por ejemplo, en el marco de la OTAN, la Unión Europea y otras alianzas y asociaciones.

Quienes solo son capaces de actuar cuando resulta necesario defender los principios del derecho internacional pueden ganarse el respeto de aquellos actores que únicamente entienden el lenguaje del poder. Al combinar la planificación estratégica de su política de seguridad marítima con una preparación operativa acorde con sus objetivos, Alemania puede contribuir, junto con sus socios europeos y extracomunitarios, a configurar un orden internacional en el que sea posible preservar la estabilidad y la previsibilidad.

La necesidad de actuar: de Ormuz al puerto de Hamburgo

Cuando las rutas marítimas y los estrechos estratégicos se ven amenazados o bloqueados, la capacidad de actuación exige un esfuerzo estratégico integral que atienda debidamente a las distintas dimensiones de la política de seguridad marítima. Esto implica que las opciones en materia de política de seguridad también deben ser diversas. En lugar de limitarse a reaccionar ante perturbaciones y crisis concretas a medida que se producen, Alemania debería adoptar un enfoque prospectivo para construir y reforzar su capacidad de intervención mediante tres líneas de actuación diferenciadas.

La primera consiste en desarrollar un conjunto de capacidades militares que permita a las Fuerzas Armadas llevar a cabo operaciones a larga distancia y de manera sostenida, más allá de sus ámbitos de actuación dentro del territorio nacional, de acuerdo con las exigencias de la defensa nacional y colectiva. La segunda pasa por garantizar la disposición política a proyectar poder, es decir, la determinación de utilizar esas capacidades como instrumentos de poder. La tercera línea de actuación consiste en intensificar la cooperación con Estados afines que compartan intereses estratégicos fundamentales, allí donde se restrinja la libertad de navegación y se vulnere el derecho internacional.

Los actores operativos, como la Bundeswehr, solo podrán responder tanto a las necesidades de la defensa nacional y colectiva como a las exigencias de proyección de poder y gestión de crisis en el seno de coaliciones multilaterales de intereses si se cumplen estos tres requisitos.

Los requisitos de la capacidad de actuación

En el caso de Alemania, la capacidad de garantizar la seguridad de las rutas marítimas requiere, ante todo, una Bundeswehr dotada de los mejores medios posibles. La preparación operativa de la Bundeswehr, cuya misión primordial consiste en actuar en el marco de la OTAN a lo largo de los flancos norte y este de Europa, está fuera de toda discusión. A partir de ahí, deben crearse las condiciones necesarias para disponer de suficientes efectivos y medios que permitan su despliegue, cuando sea preciso, más allá de las aguas nacionales. Para que la Armada alemana pueda cumplir su aspiración de estar «arraigada regionalmente y conectada globalmente», al menos debería contemplarse el aprovechamiento de sinergias entre sus capacidades navales, también con fines de gestión internacional de crisis. Esta dimensión constituye un complemento indispensable de los instrumentos de poder necesarios para hacer frente a las amenazas procedentes de adversarios como Rusia. Al mismo tiempo, una planificación estratégica puede evitar un nuevo e inesperado giro de ciento ochenta grados en la política de seguridad alemana.

Ambos enfoques son importantes. Los adversarios simétricos, como Rusia, pueden generar amenazas asimétricas en los cuellos de botella regionales y globales, desde el estrecho de Ormuz hasta el puerto de Hamburgo, precisamente en aquellos puntos en los que Alemania y Europa son especialmente vulnerables.

Hoy no existe contradicción alguna entre la protección de las rutas marítimas y la decisión acertada de volver a centrar la atención en la defensa colectiva. Dicha protección constituye un componente esencial de la planificación estratégica necesaria. Esto se aprecia con especial claridad si se tiene en cuenta la propia posición geográfica de Alemania. El canal de Kiel, que conecta el mar del Norte con el mar Báltico y constituye la vía navegable artificial más transitada del mundo, es un ejemplo especialmente ilustrativo de cómo las funciones de las principales rutas comerciales se entrelazan con las exigencias de la defensa nacional y colectiva. Además, el nuevo Concepto General de Defensa Militar (Gesamtkonzeption militärische Verteidigung) incluye la protección de las rutas marítimas internacionales y de las conexiones de comunicación entre sus cuatro prioridades estratégico-militares.

La renovada orientación hacia la defensa nacional y colectiva debe seguir siendo el principio estratégico fundamental de la política alemana de seguridad y defensa. Sin embargo, esta priorización no debe conducir al abandono absoluto de las capacidades de proyección exterior. Las pruebas de sistemas de armamento modulares para la fragata F125, denominada «fragata de estabilización», han demostrado cómo Alemania puede mantener paralelamente estas capacidades si pretende conservar su capacidad de respuesta ante las futuras amenazas que se ciernen sobre las rutas comerciales marítimas mundiales.

El potencial de mejora de Europa

En estos momentos, la adopción de una postura estratégica de tal amplitud tropieza con el problema de la sobreextensión. Las fuerzas navales alemanas y europeas están concentradas en construir una capacidad creíble de disuasión y defensa frente a Rusia. Por consiguiente, las capacidades necesarias para garantizar la seguridad de las rutas marítimas globales solo están disponibles, en el mejor de los casos, durante periodos limitados y bajo una intensa presión derivada de la necesidad de establecer prioridades. Para abordar este problema, es preciso adoptar una orientación estratégica que combine el desarrollo selectivo de capacidades militares, las modalidades de cooperación con los socios y un marco en el que una mayor parte de las respuestas a las demandas internacionales se asuma desde una perspectiva europea.

Del mismo modo, habida cuenta de la escasez de recursos financieros y humanos, este marco podría desempeñar un papel mucho más destacado en la planificación y ejecución de capacidades y operaciones. Esto es aplicable tanto a las plataformas navales como a la adquisición de sistemas de armamento. El objetivo debe ser desarrollar capacidades rentables que tengan en cuenta una realidad cada vez más evidente: la creciente disponibilidad de armas de precisión en grandes cantidades, fenómeno conocido como «masa de precisión» (precision mass).

La priorización y coordinación conjuntas de las actividades navales revisten una importancia igualmente decisiva. Por ejemplo, habría que examinar si la responsabilidad de liderazgo que Alemania viene asumiendo desde 2016 en la misión de apoyo de la OTAN en el mar Egeo debe seguir recayendo de forma permanente en una unidad alemana, o si existen soluciones alternativas que permitan aprovechar con mayor eficiencia las fuerzas disponibles.

Entretanto, una política exterior y de seguridad europea más estrechamente coordinada podría incrementar tanto la disponibilidad de medios como la eficacia operativa. Esto es especialmente pertinente en la región del Indo-Pacífico, donde los Estados europeos mantienen una presencia considerable, aunque hasta ahora solo han coordinado de manera limitada sus actividades terrestres y marítimas. Los despliegues de grupos de ataque de portaaviones que ya se han puesto en marcha y coordinado podrían servir de punto de anclaje para la creación de una fuerza operativa europea conjunta en el Indo-Pacífico. La rotación anual del país que asuma el liderazgo podría aumentar el peso diplomático de dicha presencia y, al mismo tiempo, facilitar una cooperación más intensa con socios tradicionales y emergentes. Además, permitiría superar, al menos parcialmente, la actual fragmentación de los despliegues nacionales.

Una vez aplicadas estas medidas de consolidación, habría que considerar iniciativas más ambiciosas y someter a revisión los paradigmas estratégicos vigentes. Entre ellas podrían figurar las operaciones de libertad de navegación (Freedom of Navigation Operations, FONOP), que hasta ahora han sido realizadas fundamentalmente por Estados Unidos con el propósito de preservar la libertad de navegación en todo el mundo, pese a que Washington tampoco ha ratificado la CONVEMAR. A la luz de la transformación de las prioridades políticas y militares estadounidenses, así como del creciente desafío que actores estatales y no estatales plantean a las normas del derecho internacional, resulta pertinente preguntarse si Alemania y Europa pueden permitirse seguir prescindiendo de las operaciones FONOP.

Hasta ahora, los despliegues navales europeos no se han llevado a cabo, por lo general, bajo una declaración explícita de que se trataba de operaciones FONOP ni con el propósito manifiesto de rechazar reivindicaciones marítimas claramente contrarias al derecho internacional. Sin embargo, el interés normativo de Europa en preservar un régimen del derecho del mar aplicable a escala global exige que el derecho vigente sea reafirmado de manera sistemática. Esta reafirmación resulta aún más necesaria si se tiene en cuenta la posibilidad de que los actores que ya están tratando de modificar el derecho marítimo en beneficio propio respondan con protestas de carácter confrontativo.

Cooperación con Estados afines

Una presencia europea conjunta fuera del continente abre nuevas oportunidades de cooperación con socios que afrontan desafíos de seguridad similares. Estos Estados afines son indispensables para mantener abiertas las rutas marítimas globales. Cuando Alemania y sus socios europeos mantienen una presencia conjunta, regular y visible en distintas regiones del mundo, refuerzan su legitimidad para defender las normas vigentes más allá de sus propias aguas territoriales. El ámbito marítimo constituye, en particular, un excelente punto de partida, ya que es precisamente en este terreno donde la defensa y aplicación del derecho internacional pueden articularse con la cooperación en materia de seguridad. Las actuaciones conjuntas en las regiones donde las amenazas son más inmediatas como las mencionadas anteriormente pueden contribuir a profundizar la cooperación con los socios y a fortalecer la resiliencia de la seguridad marítima.

El potencial desaprovechado en el golfo Pérsico

La guerra en torno al estrecho de Ormuz abre una oportunidad para reforzar la cooperación con los socios de la región. Hasta ahora, esta colaboración se ha mantenido en niveles limitados. Para corregir esta situación existe un marco institucional: la Iniciativa de Cooperación de Estambul (ICI) de la OTAN, puesta en marcha en 2004 y en la que participan Baréin, Kuwait, Catar y los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, su potencial todavía no se ha aprovechado plenamente.

Habida cuenta de las consecuencias devastadoras que el cierre de facto del estrecho de Ormuz ha tenido para estos Estados, se abre una ventana de oportunidad para que Alemania y la OTAN aprovechen las estructuras y los canales de comunicación existentes con el fin de desarrollar asociaciones de seguridad duraderas y sostenibles en la región. Por ejemplo, los Estados ribereños presentan carencias en la protección de sus infraestructuras marítimas críticas, especialmente en su dimensión submarina. En lo que respecta al propio estrecho de Ormuz, resulta necesario ampliar considerablemente las capacidades de desminado.

Una vez establecida la coordinación en el seno de la OTAN, Alemania podría aprovechar sus capacidades especializadas proponiendo a los socios de la ICI participar en las operaciones de desminado previstas en el estrecho de Ormuz. Esta clase de cooperación, orientada a generar confianza, podría constituir el punto de partida para una profundización de las asociaciones a largo plazo. Tanto en materia de lucha contra minas como de protección de infraestructuras marítimas críticas, podrían crearse mecanismos conjuntos de intercambio de conocimientos, ampliación de las capacidades existentes y desarrollo de otras nuevas. También existen intereses coincidentes en lo relativo a la seguridad de los cables submarinos. Más allá de ello, podrían surgir oportunidades para impulsar inversiones conjuntas y proyectos de adquisición de mayor alcance, por ejemplo, mediante el establecimiento de capacidades compartidas de reparación.

La lucha contra el lawfare en el Indo-Pacífico

Las reivindicaciones territoriales contrarias al derecho internacional y los desafíos al derecho de tránsito en el Indo-Pacífico deben afrontarse mediante una estrategia conjunta de contr lawfare, es decir, una respuesta jurídica coordinada frente a la instrumentalización del derecho. Esta estrategia podría comenzar con un alcance regional y ampliarse gradualmente hasta adquirir una dimensión global.

En términos concretos, esto supone consolidar las posiciones jurídicas acordadas multilateralmente e informar a la opinión pública sobre las posturas comunes, fundamentadas en la CONVEMAR, frente a las violaciones del derecho del mar. De este modo, la capacidad de definir las normas fundamentales del derecho marítimo no quedaría en manos de los actores que pretenden alterar el orden jurídico, sino que sería defendida en un marco multilateral. Además de los socios tradicionales, los países más indicados para incorporarse a este proceso son los Estados del Sudeste Asiático, que ya se encuentran en primera línea frente a este tipo de desafíos.

Uno de los enfoques que podrían adoptarse es la campaña filipina de «denuncia y señalamiento público» (naming and shaming). Manila ha desarrollado un instrumento que, al hacer públicas las acciones agresivas de la guardia costera china y de sus milicias marítimas en el mar de China Meridional, permite visibilizar las violaciones del derecho marítimo y atraer la atención internacional sobre estas actividades. Sin embargo, este instrumento solo resulta eficaz cuando el Estado denunciante es capaz de defender su posición ante una situación de emergencia mediante los medios adecuados y cuenta, además, con el respaldo de socios fiables. Desde la perspectiva de la política alemana, esto implica una participación más visible en las iniciativas de sus socios del Indo-Pacífico, por ejemplo, mediante declaraciones públicas en respuesta a incidentes documentados rigurosamente que constituyan intentos de vulnerar el derecho en el mar. Si esto se materializa, será más probable que esos mismos Estados respalden, a su vez, las preocupaciones europeas.

La urgencia de actuar aquí y ahora

Cuanto más arraigadas se vuelvan las prácticas revisionistas de interpretación del derecho, más difícil resultará contrarrestarlas eficazmente en una etapa posterior. Limitar este tipo de prácticas exige una interacción entre una posición normativa inequívoca, por un lado, y unas sólidas capacidades operativas y una cooperación internacional fiable, por otro. La aceptación realista de las nuevas condiciones de la política de poder debe ir acompañada de una mayor consolidación europea, con el fin de adquirir una auténtica capacidad de actuación estratégica.

Si Alemania pretende seguir defendiendo el derecho internacional, la libertad de navegación y la validez universal de estas normas, incluso en un contexto marcado por el retorno de la política de poder, debe respaldar esa pretensión con un contenido material tangible. Esto exige capacidades militares creíbles, una base industrial sólida, una logística operativa y, llegado el momento, la voluntad social y política de recurrir a estos instrumentos. Los actores revisionistas parten de la premisa de que no habrá un consenso, ni nacional ni internacional, y confían en que precisamente esa ausencia les permitirá imponer sus intereses a largo plazo.

Por tanto, lo que se necesita no es simplemente desarrollar capacidades aisladas, sino dotar a la política de seguridad marítima de un marco estratégico coherente. Una estrategia de seguridad marítima de esta naturaleza debería otorgar prioridad a los espacios marítimos, las rutas de navegación y los corredores comerciales que revisten una importancia vital para Alemania y Europa. Asimismo, tendría que determinar cómo y mediante qué mecanismos pueden protegerse estas vías de tránsito y de qué manera debe organizarse la cooperación con socios actuales y nuevos para salvaguardar el derecho internacional del mar.

Sin un marco estratégico de esta índole, las medidas individuales corren el riesgo de seguir siendo reactivas y estar desconectadas entre sí. Si Alemania y sus socios internacionales no se comprometen conjuntamente con la defensa del orden internacional, nadie lo hará por ellos en el futuro previsible.

*Dr. Julian Pawlak es investigador asociado (Associate) en la Unidad de Investigación sobre Seguridad Internacional de la Fundación Ciencia y Política (SWP). Este análisis se ha elaborado en el marco del proyecto «Análisis Estratégico de Amenazas y (Des)orden Nuclear» (STAND).

Fuente:https://www.swp-berlin.org/en/publication/sea-lanes-at-risk-maritime-order-under-threat